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24
de marzo: marcha de Congreso a Plaza de Mayo
No
dejemos que los K lo transformen en efeméride
Socialismo
o Barbarie, 20/03/08
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La
lucha contra la impunidad no es una pieza de museo
El 24, movilicémonos
masivamente a Plaza de Mayo
Hoy
en día hay más de 850 causas abiertas contra los milicos
genocidas y sus cómplices. Son contados los que
fueron enjuiciados y que hoy se pudren en una cárcel. Más
allá de las promesas del procurador general de la Nación,
Righi, el gobierno no está haciendo nada serio por estas
causas ni tiene intenciones de hacerlo. Los militares que
hoy en día están presos fueron puestos ahí por la movilización
del pueblo en las calles y no por los oficios “K”.
Fue la movilización popular, junto con la actividad y
organización de los organismos de derechos humanos
independientes y los ligados a los partidos de izquierda, los
que conquistaron la sentencia por “genocidio” para
Etchecolatz y su prisión, los que pusieron a Von Wernich
preso y los que ahora hemos logrado el gran triunfo que
la Cámara Federal declare los delitos de la Triple A como
de lesa humanidad.
El
gobierno quiere apaciguar y dejar en el pasado los crímenes
de la dictadura militar. Prefiere que los milicos se mueran
de viejos o se suiciden antes que impulsar sus juicios y
condenas. Los museos y las plazas, junto con la defensa de
la corporación militar, son obra del gobierno. Los milicos
presos y todas las acciones que llevaron a la resolución de
las causas son obra de un pueblo que no olvida ni perdona
y que junto a los organismos de derechos humanos
independientes de la política K, luchan por el castigo a
todos los genocidas, por la memoria, la verdad y la
justicia.
Este
24 de marzo requiere que todos salgamos a las calles y
marchemos a Plaza de Mayo contra la represión de ayer y de
hoy y sus responsables y cómplices: los milicos, los
partidos patronales, la burocracia sindical y el propio
gobierno K.
Porque no queremos que quede sólo en la memoria la lucha
de los 70, denunciamos el enKubrimiento del gobierno y
pedimos la unificación de las causas y la cárcel común
para todos los genocidas. Porque como en los 70,
luchamos hoy contra la explotación y la miseria
capitalista, enfrentando a las patotas de la
burocracia que manda ésta y el gobierno, como en la línea
60, y nos organizamos para seguir recuperando posiciones
sindicales y políticas para llevar a la realidad esa
perspectiva socialista por la que dieron su vida más de
30.000 compañeros y compañeras.
El
nuevo MAS concentra a partir de las 15 en Plaza Congreso.
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El
24 de marzo de 1976 está inscrito en la historia del pueblo
argentino como una de sus fechas más funestas. Representó
un ataque directo a la vanguardia obrera, estudiantil y
popular que alcanzó a plantear la necesidad de una ruptura
con este capitalismo semicolonial que padecemos.
30.000
compañeros y compañeras desaparecieron por el terrorismo
de Estado con la complicidad de toda la clase capitalista.
Entre ellos, decenas de compañeras y compañeras del PST,
antecesor del nuevo MAS. Miles más tuvieron que exiliarse,
dentro y fuera del país.
Un
operativo de vaciamiento
Pero,
al mismo tiempo, de ser una de las fechas más aciagas de la
historia argentina, los aniversarios del golpe militar se
fueron transformando –con los años y a justo título–
en una de las mayores jornadas de movilización y lucha
popular del país.
Sin
embargo, este 32º aniversario viene “apagado” bajo la
forma de un “feriado largo”... Es que el gobierno K (Néstor
y Cristina) al tiempo que vienen levantando las banderas de
los derechos humanos para intentar apropiárselas, lo hacen
de tal manera que buscan vaciarlas de todo contenido realmente
movilizador. Es decir, de todos aquellos elementos de
cuestionamiento a la connivencia de la patronal, los políticos
del PJ y la UCR y las propias instituciones de la democracia
de ricos, cómplices todos ellos, de una y mil formas, de
que a lo largo de todos estos años haya continuado la
impunidad, salvo para algunos pocos casos muy puntuales.
Y
esto mismo es lo que explica que el gobierno haya decretado
el 24 de marzo como feriado nacional. Es que al decretarlo
feriado (día no laborable donde la mayoría opta por
quedarse en la casa), lo que se hace es transformar el 24 de
marzo en pura efemérides, en un acto oficial, consolidando
un camino institucional, por arriba, para la lucha
por la memoria, la verdad y la justicia, que
tradicionalmente conquistó las calles y el apoyo de las
grandes mayorías.
Lamentablemente,
este operativo de vaciamiento viene teniendo como soportes
principales la cooptación de importantísimos
organismos de derechos humanos como las Madres y las Abuelas
de Plaza de Mayo, así como también todavía la confianza
entre diversos sectores sociales de que el gobierno de
Kirchner encarcelará a “todos los genocidas”…
Tres
condenas en cuatro años
Más
allá de la vergüenza de que a un año y medio de la
desaparición de Jorge Julio López no haya una sola pista
de su paradero y perpetradores, y que en el caso de Carlos
Fuentealba no se mueva un dedo para evitar que Jorge Sobisch
se desentienda de su evidente responsabilidad política en
el asesinato del compañero, está el hecho de que pasados
varios años de la anulación de las leyes de impunidad han
sido juzgados solo tres genocidas. Se trata de los
casos del “Turco” Julián, Etchecolatz y el cura Von
Wernich: muy poco para un gobierno que se vanagloria ser
el de los “derechos humanos”!
¿Cómo
funciona la política K en este terreno? Se trata del
intento de apropiarse de las banderas de los derechos
humanos por medio de una política “reformista” ultra
liviana por que lo que busca es sólo avanzar con algún
que otro caso ejemplificador al tiempo que, en realidad,
el objetivo de fondo es recomponer las mismas
instituciones genocidas perpetradoras directas de estos
asesinatos en masa.
Y
el “mecanismo” para llevar esto a cabo es la consciente
apelación al paso del tiempo. Y esto incluye la
cerrada negativa a la unificación de causas por
centros de detención, que permitiría condenar a cientos de
genocidas de un saque, al tiempo que evitar la exposición
de los testigos no sólo al peligro de que les pase lo que a
López, sino a tener que rememorar una y otra vez el horror
inhumano al que fueron sometidos por las Fuerzas Armadas.
Que
esto es así no lo dicen sólo diversos organismos de
derechos humanos, la izquierda o nuestro partido.
Recientemente, estuvieron las declaraciones de los tres ex
camaristas del juicio a las Juntas Militares del año 1985
en este mismo sentido. Gil Lavedra, Torlasco y D’Alessio
acaban de poner de manifiesto la urgencia de “acelerar en
lo inmediato todas las causas por violación a los derechos
humanos en la dictadura” y creen que el gobierno posee un alto
grado de responsabilidad en este delicado tema por su
“ineficiencia, desorientación o ignorancia”. Con
diferentes matices, plantean la necesidad de “unificar las
850 causas que hoy están desperdigadas en diferentes
juzgados”. Y consideran que los testigos de las causas
corren “serio peligro”, a la vez que están convencidos
de que al paso al que hoy marcha la Justicia los juicios
podrían “demorarse por una década (…). Si no se
unifican las causas, los testigos terminarán desgastándose
o muriéndose, en el peor de los casos” (La Nación,
10-3-08).
A
estas alturas, ya se trata de algo más. Es que como parte
de la orientación de “normalización” política del país
que impulsa Cristina K, incluso el “reformismo light” al
que apeló en este terreno Néstor Kirchner podría estar en
cuestión, buscándose alguna nueva suerte de “punto
final” que acabe con la “intranquilidad” que aun
en estos juicios a “cuentagotas” se genera en diversos
ámbitos del poder.
Como
dice el oligárquico diario La Nación (insospechable
de simpatía con la lucha democrática), el “ex presidente
Néstor Kirchner (…) no puso todo su caudal político en
juego para imprimir mayor velocidad a las causas, y su gestión,
que dio casi de inmediato el guiño para reabrir los
juicios, terminó con apenas dos condenas en sus cuatro años
y medio de administración”. Peor aún, Gil Lavedra,
Torlasco y D’Alessio muestran desconfianza en la
política de la Cristina Kirchner para continuar con alguna
política de castigo a los militares genocidas. Incluso, en
el boletín oficial K que es el diario Página 12
Mario Wainfeld prefiere la hipocresía y habla de una
“cuestión de pilas” ante la falta de iniciativa de
Cristina K en este terreno…
Jorge
Julio López y Carlos Fuentealba
Por
si lo anterior fuera poco, están los escandalosos casos de
López y Fuentealba, en los cuales la impunidad es total.
Y por más que el gobierno se reclame como el de los
“derechos humanos”, la impunidad que subsiste
respecto de hechos del ayer se reproduce en la de hoy.
El
fusilamiento del docente Carlos Fuentealba, en el
marco de la gran huelga salarial que dieron los docentes el
año pasado, y la impunidad que rodea a su asesinato son
muestras de que cuando el gobierno habla de “derechos
humanos” se trata de una letanía que nada tiene que ver
con la impunidad que se desliza bajo sus narices.
Mucho
menos cuando se le encarga a la CTERA-CTA reducir la lucha
por el castigo a los responsables materiales y políticos
del fusilamiento del docente… a los estrechos marcos de
la provincia de Neuquén (ver nota en esta misma edición).
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Declaración
Agrupación 8 de Mayo - Lista Marrón
A 32 años del golpe genocida
Pocas
veces un organismo de los trabajadores toma posición pública
sobre hechos políticos, este es el caso de los compañeros
de la Lista Marrón del SUTNA agrupación mayoritaria en el
cuerpo de delegados y que dirige la seccional. Transcribimos
la declaración hecha por los compañeros ante el 32
aniversario del golpe. Al cierre de esta edición se
realizaba un acto en homenaje a los 3 compañeros
desaparecidos de FATE (SoB).
Desde la Agrupación 8 de Mayo, Lista Marrón, adherimos y
convocamos al acto organizado por colectivo Memoria, Verdad
y Justicia en repudio al golpe militar perpetrado el 24 de
marzo de 1976.
Aquel golpe fue el mayor ataque a la clase obrera Argentina
y fue dirigido contra los que salían a la pelear por sus
derechos y en contra una política económica que
beneficiaba a los grandes capitalistas del momento y
descargaba hambre y miseria sobre los trabajadores.
Por esto, esta agrupación independiente de los
sindicalistas entregadores, de la patronal y del gobierno
que beneficia a los capitalistas de hoy, DECLARA:
1.- No a la impunidad de ayer y de hoy
2.- Juicio, castigo y cárcel común a los genocidas y
represores
3.- repudiamos a las patotas sindicales antiobreras,
complices del gobierno y la patronal que atacan a los
trabajadores.
4.- Responzabilizamos a los gobiernos de turno por los
ataques a los cuerpos delegados independientes, como los del
Casino Bs. As, Dana Spicer y Línea 60.
Porque la memoria no se altera, no se compra ni se reprime,
convocamos a todos los compañeros de FATE a formar una
columna de trabajadores para marchar el día 24 de marzo a
plaza de mayo para decir:
1. ¡Presente María Rosa Mora
González –de Fate electrónica– desaparecida el
19/04/76!
2. ¡Presente Gustavo Adolfo
Norberto Becker Martínez –de Fate SAICI– desaparecido
el 27/03/76!
3. ¡Presente Oscar Alejandro
Lagrotta Alisen –de Fate electrónica– desaparecido el
26/04/76!
4. ¡Presentes por los 30.000 compañeros desaparecidos!
5. ¡Presentes por los derechos humanos!
6. ¡Presentes por el derecho de los trabajadores!
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Al
mismo tiempo, el flagrante enKubrimiento que hizo el
gobierno nacional de Néstor Kirchner, y que continúa su
esposa, sobre la desaparición del testigo en el juicio
contra Etchecolatz, Jorge Julio López, demuestra los
claros límites que tiene el “gobierno de los derechos
humanos”. No se puede pensar en una política de
enjuiciamiento contra los genocidas que sea seria y se
demuestra incapaz de proteger a los testigos. Mucho
menos que no quiera hacerse cargo de las consecuencias que
una investigación en serio sobre la desaparición de López
tendría.
“A
un año y medio de la desaparición de López, la
investigación judicial sobre su destino es un fracaso. Así
lo admitió el juez de la causa Arnaldo Corazza, y agregó
que no tiene ninguna pista concreta” (Página 12,
18-3-08).
Como
es sabido, en la investigación inicial del hecho (y luego,
nuevamente, cuando el “allanamiento” al penal de Marco
Paz), no sólo la Justicia caratuló el hecho como
“persona perdida” (en vez de “desaparición forzada de
persona”), sino que el gobierno K se ha negado una
y otra vez a apartar de la investigación a la propia
policía provincial íntimamente vinculada a Etchecolatz!
Es
que Cristina K quieren llevarle paz y ganarse la confianza
del ejército genocida, el mismo que asesora a los militares
sobre cómo protegerse de los juicios que ella dice impulsar
(ver nota de Página 12 del 5 de marzo, “La Armada
ofrece apoyo a los procesados en una oficina a metros de la
del comandante Godoy”).
De la dictadura a las
patotas K
Entre
amplios sectores se sabe lo que fue y lo que costó la
dictadura. También se comprende lo que implica el
fusilamiento del docente Carlos Fuentealba y la desaparición
de López. Pero todavía la vasta mayoría no saca las
conclusiones sobre la creciente política represiva del
gobierno de Cristina K contra las luchas obreras.
Es
que cuando se ha salido a luchar, como en FATE, Dana, el
Subte y el Casino, al gobierno y a las patronales no les
alcanza con utilizar la represión “legal” de la
Prefectura, la Gendarmería y la Policía…
Por
esto, en el último período se ha ido evidenciando un
elemento nuevo, que de alguna manera rememora situaciones
similares (aunque más graves) vividas en el país en la década
del 70. Y es que el gobierno K ha empezado a hacer uso
de un mecanismo de represión “ilegal”, que no
tiene cara y actúa en las sombras. Se trata del retorno
de las patotas sindicales contra los sectores de
la vanguardia obrera que salen a luchar desconociendo los
cuerpos orgánicos de la burocracia. Este ha sido el caso
del Hospital Francés, de la UTA en la línea 60 y el Subte,
del SOMU en el Casino, del SMATA en DANA.
Es
un recurso extralegal que el gobierno de los Kirchner
utiliza para avanzar sobre las nuevas posiciones sindicales
recuperadas por el activismo independiente y la izquierda y
enfrentar cualquier cuestionamiento sindical o salarial que
desborde a las burocracias. Es decir, “el gobierno de los
derechos humanos” no duda en movilizar a las patotas
sindicales para romperles los huesos a los activistas
independientes. O, más grave aún, dar rienda suelta a
verdaderos “grupos de tareas”, como los que secuestraron
y torturaron a los compañeros del Casino a fines de enero.
Por todas estas razones, y para quebrar el intento de
transformar esta fecha en efeméride, el 24 hay que salir
masivamente a las calles, concretando una gran movilización
de Congreso a Plaza de Mayo y en todas las plazas del país.
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