Inflación, retenciones y rentabilidad agrícola

Ganan como nunca

Por Nicolas Arceo (*) y Javier Rodríguez (**)
CENDA (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino), marzo 2008

Incluso con el aumento de retenciones y con los actuales precios internacionales, la producción agraria mantiene niveles de rentabilidad elevadísimos.

El incremento de las retenciones a las exportaciones de los principales productos agrícolas y la transformación de su alícuota fija en móvil refuerzan la desvinculación de los precios internos respecto de los vigentes en el mercado internacional. Las retenciones a las exportaciones ya han demostrado su efectividad como un instrumento insustituible en el combate de la inflación, en un contexto de alza de los precios externos. La importancia de esa herramienta se hace más nítida ante los magros resultados que se observan en el último tiempo con los acuerdos de precios, muchas veces implementados caricaturescamente.

La necesidad de incrementar los niveles de retenciones queda en evidencia al observar los precios de los principales cultivos agrícolas durante los últimos meses. Con respecto al valor promedio que registraron en 2006 y 2007, en la actualidad se observa un aumento del 86,9 por ciento en el caso del girasol, de un 75,7 por ciento en la soja y de un 59,2 y 43,4 por ciento en el caso del maíz y del trigo, respectivamente. El precio internacional de estos productos en dólares constantes es el más alto de los últimos 25 años, con la única excepción del maíz, que registró cifras similares en 1996.

Como se ha señalado desde las organizaciones agrarias, la aplicación de retenciones como medida antiinflacionaria tiene como contracara la reducción de la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias. La amenaza es que podría contraer la producción. Pero este argumento no es válido en la coyuntura actual: los niveles de imposición vigentes no la afectan negativamente.

Los elevados precios internacionales, juntamente con el mantenimiento de una moneda depreciada, han permitido un incremento muy significativo de la rentabilidad en el sector agropecuario en la post-convertibilidad, aun con la aplicación de retenciones. En 2007 se ubicó un 72 por ciento por encima de la registrada durante la vigencia del plan de convertibilidad (ver cuadro). En este contexto, la elevación de las alícuotas de exportación no sólo no genera una reducción de los márgenes de rentabilidad con respecto a los registrados en la campaña 2006/07 sino que, más aún, involucra un alza del 43 por ciento de mantenerse los precios vigentes.

Estos altos niveles de rentabilidad en el sector agropecuario se han traducido en un extraordinario incremento en el valor de la tierra, especialmente en la región pampeana. Por ejemplo, en 2007 el precio en dólares de la tierra en la región maicera de la provincia de Santa Fe se ubicó un 171 por ciento por encima de los valores registrados en el quinquenio 1995-1999. A comienzos de 2008, los precios continúan evidenciando una tendencia alcista. El incremento general de la rentabilidad presenta, sin embargo, ciertas heterogeneidades al interior del sector. En este sentido, el aumento de la alícuota de las retenciones podría afectar la rentabilidad en las pequeñas explotaciones, como consecuencia de los menores niveles de rentabilidad preexistentes originados en las escalas de producción más chicas.

No menos importante en cuanto medida adoptada es el efecto de la ampliación de las retenciones diferenciales sobre la propia producción agropecuaria, a través de la modificación de las rentabilidades relativas entre las distintas producciones. El incremento de las retenciones a la producción sojera eleva la rentabilidad relativa de otros cultivos, así como de la producción ganadera. En el caso de esta última actividad, que mantiene una elevada rentabilidad absoluta, la mejora de la relativa podría permitir la expansión ganadera en terrenos antes dedicados a la producción agrícola. Se trata de un efecto relevante por cuanto podría evitar, en el mediano plazo, las significativas restricciones en la oferta que han afectado ya el abastecimiento de los mercados internacionales.

En pocas palabras, el aumento de la alícuota de las retenciones hace prever una mayor recaudación fiscal, sin afectar negativamente la producción primaria. Queda, sin embargo, todavía pendiente un debate acerca de qué se hace con esos fondos adicionales que ingresan a las arcas públicas. Esa es la segunda parte de esta historia que no está aún precisada.

(*) Investigador de Flacso y de Cenda.
(**) Investigador de la UBA y de Cenda. www.cenda.org.ar

La disputa por la renta agraria

Por Javier Rodriguez (*)
CENDA, mayo 2008

Gran parte del actual debate acerca del aumento del impuesto a las exportaciones de soja y girasol gira, en realidad, no tanto en torno de la alícuota que debe fijarse, sino sobre si deben o no aplicarse retenciones. Quienes sostienen que no deben aplicarse retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios plantean que se trata de un impuesto distorsivo, que modifica por tanto las señales de precios. El carácter de distorsivo para estos autores (que creen que todo debe dejarse en manos de los mecanismos de mercado) es suficiente para desechar por completo dicha herramienta. Sin embargo, poco se han molestado en analizar los efectos de lo que ellos denominan distorsión.

Las retenciones cumplen diversas funciones que son innegables. En primer lugar, reduce el precio de los alimentos en el mercado interno. Una política de alimentos baratos es esencial para el desarrollo integrado de un país. Adicionalmente, en un contexto de inflación como el existente a nivel nacional, y con precios internacionales en alza, el incremento de las retenciones es un instrumento necesario en la lucha antiinflacionaria. En tercer lugar, con las retenciones se pueden modificar las rentabilidades relativas de las distintas producciones, de forma que para los productores sea tan rentable producir soja, como otros cultivos o productos pecuarios. Desde ya, las retenciones sirven para captar una parte de la renta agraria. Y he aquí uno de los ejes del debate.

Desde la doctrina del laissez faire critican las retenciones por constituir una transferencia de recursos de un sector específico. Omiten señalar que se trata de un impuesto que va sobre la renta, y no sobre ganancias, dados los niveles de rentabilidad presentes. Sin embargo, y esto es lo más contradictorio, nada dicen cuando la transferencia de renta ocurre, ya no por obra de un impuesto, sino a raíz de una sobrevaluación cambiaria. Esto es lo que ocurría en los años noventa, cuando la sobrevaluación actuaba en detrimento de los ingresos percibidos por exportaciones. Un trabajo que hemos publicado desde Cenda hace ya unos años mostraba que en realidad las transferencia debidas a la sobrevaluación eran mayores que las que se daban debido a las retenciones, en el año 2005.

Las transferencias de renta son un fenómeno prácticamente inherente a las mismas, toda vez que éstas son ganancias que sobrepasan los niveles medios. Por ello, el debate que debe darse no radica en torno de si se aplican o no retenciones, sino en para qué se las aplica, es decir, cuál es el destino que se le da a esa masa de riqueza.

La existencia de renta abre la posibilidad de potenciar el desarrollo industrial y agropecuario de un país. Pero eso no lo garantiza la mera presencia de renta. Tampoco es garantía que sea apropiada por medio de un impuesto. Para que la renta sirva para impulsar el crecimiento integrado del país, las retenciones deben inscribirse en un plan de desarrollo agropecuario e industrial. Lamentablemente, nada de ello se observa en la actualidad.

La actual crisis deja como evidencia que el tipo de cambio y las retenciones no constituyen una política de desarrollo agropecuario. Que hacen falta políticas específicas que se complementen con las macroeconómicas para el desarrollo integrado de este sector. Pero no hay que confundirse: no es un problema exclusivo de este sector. Exactamente lo mismo debe decirse de la industria, donde ocurre algo similar. Sostener el tipo de cambio, si bien es una herramienta necesaria, no constituye por sí mismo una política industrial. Tampoco lo son medidas adoptadas de manera aislada. La actual controversia sobre las retenciones deja también nítidamente otra evidencia: la transferencia de recursos por la transferencia misma pierde legitimidad. Las transferencias en el marco de un plan de desarrollo posibilitan la mejora del bienestar de toda la población.

(*) Economista del Cenda.

De paros y riquezas sociales

Por Juan Iñigo Carrera (*)
CENDA, mayo 2008

“El campo” para porque, según dice, la sangría de las retenciones lo ahoga e impide su desarrollo. En vez de discutir en el aire pongamos cifras a la cuestión.

“El campo” era enemigo jurado del gobierno en 1973-1975. La razón parecería obvia si se considera que, en particular mediante el monopolio estatal sobre el comercio de granos, el 44 por ciento del excedente del sector agrario fluyó fuera de él, dejándole sólo un promedio anual de 17 mil millones de pesos (en poder adquisitivo de 2007, como todas las cifras siguientes). Entonces, “el campo” apoyó la dictadura y festejó que su propio representante, José Alfredo Martínez de Hoz, terminara con aquel monopolio. Claro que, a través de la política activa del Estado nacional para sobrevaluar el peso, en el promedio de 1978-1981 “al campo” se le escapó el 42 por ciento de la suma de la ganancia y la renta del suelo agrarias, quedándole el equivalente anual a 15 mil millones pesos.

Después, “el campo” se enamoró de Carlos Menem, porque sacaba las retenciones, y votó a Fernando de la Rua, porque seguía la misma política. Pero, nueva sobrevaluación del peso mediante, en el promedio 1991-2001 escapó “del campo” un 50 por ciento del excedente agrario, dejándole sólo 8 mil millones de pesos anuales.

Durante 2002-2007, primero por la subvaluación del peso y luego por la suba de los precios mundiales, el excedente agrario aumentó un 83 por ciento. Pero la parte que quedó para “el campo” creció un 219 por ciento, ya que sólo debió ceder el 23 por ciento de éste. Recibió así un promedio anual de 27 mil millones de pesos. En 2007, esta suma ascendió a 39 mil millones de pesos.

Con todo, “el campo” añora la política neoliberal y aborrece la política “intervencionista” de ideario “nacional y popular” del Gobierno. Sin embargo, ambas políticas, aparentemente irreconciliables, se hermanan en la continuidad del flujo de la renta del suelo agrario hacia fuera “del campo”. Lo cual muestra que dicho flujo es una condición inherente a la estructura económica argentina en su unidad. Y, por lo tanto, que es una condición para la apropiación de riqueza social por “el campo” mismo.

Según el Gobierno, las retenciones son en beneficio de la población trabajadora. Sin embargo, en el año 2007 el salario promedio de la economía apenas arañaba el poder adquisitivo que tenía en 2001. A su vez, este salario equivalía escasamente al 56 por ciento del de 1973-1974. Con semejante evidencia no puede sino concluirse que la riqueza social apropiada mediante las retenciones, y en su momento mediante la sobrevaluación del peso, sólo sirve para alimentar un proceso nacional de acumulación de capital que, mientras reproduce prósperamente hoy a los llorosos propietarios rurales, condena a la clase trabajadora al empobrecimiento aun en pleno auge económico.

(*) Economista. Docente de la UBA.