El problema de la tierra en el campo argentino

¿Reforma agraria o socialización?

Por José Luis Rojo
Socialismo o Barbarie, periódico, 17/07/08

“El monopolio de la propiedad de la tierra es una premisa histórica, y sigue siendo el fundamento permanente del modo capitalista de producción”
(Karl Marx, El Capital, Tomo III, volumen 8)

Cualquier programa para el campo argentino tiene que partir del problema de la propiedad de la tierra. Hay que delimitar cuestiones teóricas, históricas y las que tienen que ver con qué relaciones sociales y fuerzas productivas alentar luego de la expropiación de los grandes propietarios y capitalistas agrarios.

Básicamente, se trata de saber si la tarea planteada es la de crear –y / o fortalecer– una clase de pequeños y medianos propietarios (como defienden las corrientes de la izquierda campestre) o pasar –lisa y llanamente– a formas socializadas de producción. Aclaramos desde el vamos que este interrogante lo planteamos para la zona núcleo pampeana y no para el resto del país caracterizado por una enorme diversidad de situaciones y cuyo programa es más complejo.

La propiedad privada de la tierra como fundamento del capitalismo

Un primer aspecto a abordar es el de la propiedad de la tierra. Se trata de la expropiación de los terratenientes y la burguesía agraria, problemática que corrientes como el PCR y el MST siquiera pueden plantearse al haberse puesto incondicionalmente al servicio de la Sociedad Rural.

Partamos de un hecho: bajo el modo de producción capitalista la propiedad privada de la tierra está naturalizada. Porque la propiedad privada de los medios de producción (y la tierra debe considerarse como un medio de producción “natural”) es uno de los supuestos de este modo de producción, cuyo cimiento es la separación del verdadero productor –es decir, el trabajador asalariado urbano o rural– de las condiciones de la producción, sean estas máquinas-herramientas o la tierra.

El capitalismo normalizó que la tierra tenga dueños capitalistas privados: “La propiedad de la tierra presupone el monopolio de ciertas personas sobre determinadas porciones del planeta sobre las cuales pueden disponer como esferas exclusivas de su arbitrio privado, con exclusión de todos los demás”[1].

Aquí hay una “contradicción”, aunque característica y fundamento mismo del sistema. Porque la tierra, como tal (“tierra materia”), salvo cuando se trata de las mejoras que se la hagan a la misma (“tierra capital”), a priori, no está mediatizada por el trabajo humano: “Hay ramas de producción en las que ciertos medios de producción naturales, por ejemplo, las tierras de labor, los yacimientos de carbón, las minas de hierro, los saltos de agua, etc., son indispensables para que el proceso de producción pueda efectuarse y sin los cuales no pueden producirse las mercancías correspondientes (...). [Este] medio de producción (...) no es trabajo materializado sino un don natural. ¿Acaso [sé] podría fabricar tierra, agua, minas o yacimientos de carbón? ¡Claro que no! Por tanto, la propiedad privada sobre los elementos naturales, tales como la tierra, las aguas, las minas, etc., la propiedad de esos medios de producción, de estas condiciones naturales de la producción, no es una fuente de la que fluya valor, ya que el valor no es otra cosa que tiempo de trabajo materializado. Esta propiedad es, sin embargo, una fuente de ingresos. Es un título, un medio que permite al propietario de los medios de producción (...) apropiarse la parte del trabajo no retribuido arrebatada a los obreros por los capitalistas (...). Claro está que si la tierra se hallase como un bien elemental a la libre disposición de cualquiera, faltaría uno de los elementos fundamentales para la formación del capital. Este medio de producción esencialísimo que es, además, aparte del hombre mismo y su trabajo, el único medio de producción original, no podría enajenarse ni apropiarse, ni, por tanto, enfrentarse con el obrero como propiedad de otro y convertirle en obrero asalariado”[2].

Es decir, hay tierras buenas y malas, fértiles e infértiles. Pero en tanto “tierra materia” esto nada tiene que ver con el trabajo humano. Si la pampa húmeda es cómo es, esto es un subproducto de la evolución natural. La nación argentina “heredó” esta fertilidad natural por estar asentada donde lo está.

Precisamente: Argentina tuvo la “suerte” (o la desgracia, según la clásica apreciación de Milcíades Peña) de asentar sus reales sobre una zona de fertilidad privilegiada según los estándares internacionales. ¿Con qué derecho, entonces, un determinado grupo de personas, puede monopolizar porciones de la misma?

Atención. Con esto sólo queremos destacar la tremenda contradicción que significa la propiedad privada de la tierra. Lo hacemos sin perder de vista lo ya señalado: que la propiedad privada de la misma es una relación económico-social por excelencia del capitalismo, el que se funda, precisamente, en la separación del trabajador de las condiciones de producción, sean éstas “naturales” o “artificiales”.

El hecho que haga valer su monopolio sobre porciones del planeta, a priori, no aporta nada para que la tierra sea como es. Por ejemplo, en el caso del campo argentino, que España haya traído –por decir– cinco vacas en el 1550 y a los cien años había 5.000, 50.000 o 500.000 cabezas de ganado es como si “dios” existiese: originalmente, no tuvo nada que ver con la mano del hombre ni, a priori, con trabajo humano incorporado (que no es otra cosa que el contenido del capital)[3].

Los dueños de la pampa húmeda

El programa agrario socialista revolucionario se apoya en un eje fundamental: las grandes extensiones de tierra deben ser expropiadas. Es decir, tiene que ser confiscada esta “máquina natural”, fuente de la productividad agraria porque, entre otras cosas, el hombre no hizo nada para que sea como es[4].

“Ningún revolucionario serio puede llamar a otra cosa que a la expropiación de la única riqueza real que tiene la Argentina, a saber, la pampa. Todo lo demás, sencillamente, no tiene importancia. Renunciar a la revolución agraria, es decir, a la nacionalización y expropiación de toda la tierra y a su explotación por un Estado obrero, equivale a dejar en manos de la burguesía la principal riqueza nacional”[5]. Y se agrega: “Regalar la principal fuente de riqueza de tal manera, equivaldría a pedirles a los obreros venezolanos que renuncien al petróleo, a los bolivianos al gas o a los chilenos al cobre”[6].

Esto se combina con consideraciones históricas que sólo señalaremos muy suscintamente. Es sabido que luego de la “Campaña del Desierto” Roca repartió las tierras conquistadas al indio entre sus generales. Esa tierra repartida en la zona más fértil del campo argentino es uno de los orígenes de la oligarquía “nacional”. Esto juntamente con la famosa Ley de Enfiteusis de Rivadavia de 1820 y las heredades que venían de la colonia: “(...) desde las primeras apropiaciones de tierra –vía el eufemismo de las genocidas ‘campañas del desierto’, la Ley de Enfiteusis y otros mecanismos puestos en práctica por los distintos gobiernos ‘patrios’ para ‘repartir’ con ‘generosidad’ estos lares– demostrando que el ‘granero del orbe’ no pertenecía ni por asomo al conjunto de la población. El censo de 1914 mostraba que la propiedad de la tierra era de muy pocos: el 5% de los propietarios disponía del 55% de las explotaciones”[7].

Cien años después la cosa no parece haber mejorado nada... Y a no olvidar que estamos hablando de la tierra de la pampa húmeda, la más rica del país: “cinco grupos económicos y 35 grupos agropecuarios lograron ampliar sus dominios en el campo en los ‘90. Los primeros son Bunge y Born, Loma Negra (Amalia de Fortabat), Bemberg, Wertheim y el ingenio Ledesma (familiar Blaquier). En total poseen 396.765 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, lo que arroja un promedio de 79.353 hectáreas cada uno. Por su parte, los grupos agropecuarios están constituidos mayormente por familias de la aristocracia, que dieron origen a la Sociedad Rural. Son 35, que reúnen un total de 1.564.091 hectáreas, a razón de 44.688 hectáreas cada una. Figuran familias como Gómez Alzaga, Anchorena, Balcarce, Larreta, Avellaneda, Duhau, Pereyra Iraola, Ballester, Zuberbuhler, Vernet Basualdo, Pueyrredón, Bullrich, Udaondo, Ayerza, Colombo, Magliario y Lanz, etc. En total existen en la provincia de Buenos Aires 1.294 propietarios con más de 2.500 hectáreas: 799 los que tienen entre 2.500 y 4.999; 242 entre 5..000 y 7499; 92 entre 7.500 y 9.999; 108 entre 10.000 y 19.999 y 534 de 20.000 en adelante. En conjunto son dueños de 8.8 millones de hectáreas, algo más del 32% del total de la provincia!”[8].

Está claro que en estas condiciones, y pese a quien le pese, la primera tarea revolucionaria en el campo argentino pasa por la expropiación de los grandes propietarios y capitalistas del campo!

Expropiación y socialización

A partir de esta elemental definición, se trata de saber si en la zona núcleo pampeana, la expropiación debe ser llevada adelante impulsando una reforma agraria, clásica tarea del tipo revolución burguesa en el campo (supuestamente defendida por las corrientes de la “izquierda” pro campo). Reforma agraria que implicaría el reparto la tierra de la gran propiedad en beneficio de pequeños productores privados. O si, por el contrario, dadas las características específicas de la pampa húmeda, lo que está planteado es pasar –lisa y llanamente– a la estatización de las grandes propiedades y su puesta en producción bajo formas –sociales y económicas– socializadas.

Desde estas páginas defendemos esta segunda opción. Es que en la zona núcleo pampeana, la realidad es que la producción se encuentra ya bajo condiciones de un altísimo nivel de “socialización”. Por ejemplo, es ampliamente reconocido que la causa central del actual predominio de grandes propietarios –de más de 20.000 hectáreas– en el campo argentino se debe a la posibilidad de aprovechar las economías de escala que hacen más pronunciada la reducción del costo por hectárea a medida que aumenta la superficie trabajada.

Es decir, se está en presencia de una enorme tecnificación, una relativamente baja cantidad de trabajadores por superficie explotada (sólo 5 trabajadores cada 1.000 hectáreas en promedio; al menos en el caso de la soja), parte de ellos muy calificados y la práctica inexistencia de campesinos sin tierras.

Además, como ha sido señalado por muchos analistas, una parte sustancial de los pequeños y medianos propietarios son rentistas o productores agrarios capitalistas de pleno derecho[9].

“En los últimos quince años, el proceso de transformación en la forma de organización y de desarrollo técnico-productivo del campo ha provocado una acelerada concentración de la producción (...). Se produjo una revolución tecnológica (...) basada en la siembra directa y las semillas transgénicas (...). Este cambio tecnológico demanda mucho menos trabajo manual y mucho más capital. Se necesitan millonarias inversiones en máquinas para siembra directa que son distintas a las tradicionales. Por eso mismo surgieron contratistas –la mayoría son además medianos y grandes ‘productores’– que van por los predios con sus maquinarias a realizar el trabajo, que en la agricultura tradicional podían llevar de uno a dos meses, según la extensión, y hoy se realiza en uno o dos días (...). En ese contexto aparecen los fondos de siembra –pools– que tienen el capital suficiente para comprar y aplicar ese nuevo paquete tecnológico en economías de escala. Pero son los tradicionales grandes propietarios de tierras (...) los que han avanzado en concentrar cada vez más la producción en sus manos. Y esto fue así porque los chacareros que no pudieron acceder a este nuevo paradigma productivo-tecnológico les resulta mucho más rentable alquilar la tierra que trabajarla”[10].

Y agrega el autor: “Lo que se ha verificado, es una enorme concentración de la producción sobre tierras arrendadas, lo que ha provocado una profunda alteración de la estructura económica y social del campo. La propiedad de la tierra sigue tanto o más concentrada que antes. Eduardo Basualdo destaca que en la zona pampeana el 86,4% de la producción agrícola sigue en las mismas manos que hace un siglo.

Este complejo panorama permite acercarse a la comprensión de la actuación de la Federación Agraria en el conflicto, que ha desorientado a quienes todavía consideran que sigue siendo una entidad que defiende a los pequeños productores arrendatarios. Giberti ilustra que ‘el clásico chacarero arrendatario, la imagen tradicional del socio de la FAA, prácticamente desapareció porque muchos se transformaron en propietarios’. Muchos pasaron a ser arrendadores de los pools o de los grandes propietarios, lo que explica la indiferencia que manifestaron al proyecto de Ley de Arrendamiento y que sólo se preocupen por la defensa de la renta sojera, que es la que les brinda el alquiler de sus tierras. Por eso Giberti señala que ‘ese cambio de estructura social hace que el chacarero típico de hoy tenga enfoques muy distintos del de antaño. Es un pequeño propietario’ (...). La FAA se ha convertido en una entidad que representa fundamentalmente a pequeños propietarios que no trabajan la tierra, sino que la alquilan para vivir de rentas”[11].

Para completar el cuadro, sobre la caracterización de la CRA y la Sociedad Rural se señala que: “la primera concentra un grupo de entidades regionales, representando a propietarios con extensiones de tierra de un promedio de 1.000 hectáreas, que para la región pampeana significa un patrimonio de 8 a 10 millones de dólares (...). En tanto, la Sociedad Rural sigue representando a grandes propietarios pero con otra estructura de negocios: también han incorporado la agricultura, cuando antes eran casi exclusivamente ganaderos”[12].

Expropiación, pequeña propiedad y cooperación

Entonces, en las condiciones concretas de comienzos del siglo XXI y no de las fantasías de la izquierda campestre, la tarea de la reforma agraria quedaría kilómetros por detrás del desarrollo ya existente de las fuerzas productivas y, sobre todo, no tendría un sentido anticapitalista.

Por el contrario, entendemos que lo que está planteado –cómo está dicho– es pasar a la expropiación de las grandes extensiones y su puesta en producción bajo formas de trabajo socializadas: “Lo que no se puede es prometer la ‘distribución’ a los chacareros de la tierra expropiada (...). Menos con la pretensión de ‘repoblar’ la pampa, como si la urbanización pronunciada de la Argentina fuera el resultado del atraso agrario y no, en realidad, de una productividad única en el mundo. Semejante medida sería un desastre que nos llevaría a la destrucción de las fuerzas productivas alcanzadas por nuestro país en su desarrollo histórico”[13].

Esto no quiere decir que se debería expropiar a todos los propietarios. No planteamos esto: dependerá de la extensión de los predios. En el caso de propietarios y/o productores familiares que no empleen mano de obra asalariada y que por la extensión de sus tierras y los volúmenes de producción no configuren empresas capitalistas propiamente dichas y prefieran seguir trabajando la tierra de manera independiente, se les respetará esta decisión.

Además, es sabido que la zona extra-pampeana tiene características muy distintas a la del núcleo: hay gran cantidad de minifundistas y también un campesinado sin tierras desplazado precisamente por la expansión de la frontera agrícola vía la soja. Se trata de extensiones de una, cinco o diez hectáreas en provincias como Santiago del Estero, Formosa, Salta, Chaco, etc.

En estos casos, sí se aplicaría un programa más tradicional de reforma agraria, entregando tierras a los sin tierras o devolviéndoles sus predios a las poblaciones originarias que así lo reclamen y alentándolas, en todo caso, a poner en pie formas de producción cooperativas.

En este último caso, se trata de los derechos históricos de las comunidades. Es decir, los derechos de propiedad comunal que remiten a algo muy distinto que a la propiedad privada capitalista o a la apropiación violenta de porciones del planeta que es la base material de la renta capitalista de la tierra.

Tiene que ver con aquellas explotaciones de autoconsumo de un verdadero campesinado (no el que corta las rutas con sus 4 por 4) y que no dedica el centro de su actividad a producir mercancías e incorporar valor.

Porque el campesinado –como tal– es un productor “precapitalista”. Incluso aunque sea en parte productor mercantil, es precapitalista. En todo caso una parte de su producción es para el autoconsumo y la otra es para el mercado. Y esta última es producción mercantil simple (M-D-M): no genera plusvalor y su ciclo productivo no se hace en función de la ganancia sino para satisfacer sus necesidades por la vía de la venta de parte de su producción para comprar otras mercancías que necesita. Es decir, vende no para acumular capital sino para comprar lo que imperiosamente necesita.

Esto es distinto, antagónico, con los productores capitalistas agrarios que llevan a cabo la producción al solo efecto de la ganancia, de generar un plusvalor y a los que de manera absolutamente tramposa los medios de comunicación y cierta “izquierda” caracterizan como “campesinos”!

En todo caso: “Se puede conceder que por razones políticas (la necesidad de fracturar el frente único burgués en el campo), se establezca un tratamiento diferente para las fracciones más pobres de la pequeño burguesía rural, la que no explota fuerza de trabajo. Pero esta concesión debe limitarse a garantizar su supervivencia, no a estimular su acumulación”[14].

Las enseñanzas revolucionarias del siglo XX

Lo que está planteado es poner en pie un plan nacional integral agrícola-ganadero que dé una respuesta anticapitalista y socialista de conjunto. Esto, integrando variables –dependiendo de las zonas– como los diversos tipos de propiedad (socializada, cooperativa e individual), las mejores vías para el desarrollo de las fuerzas productivas y la evaluación acerca de la existencia real o no de pequeños productores y/o campesinos sin tierras. Toda una combinación de factores que en las revoluciones anticapitalistas del siglo XX en general, y en la rusa revolucionaria socialista en particular, demostró ser extremadamente compleja.

Detengámonos un momento en esto. Particularmente en el caso ruso, es sabido que Lenin intentó de todo. Primero avanzar “manu militari” en las condiciones de la guerra civil y le fue pésimo. Después reintrodujo el dinero cuando el comienzo de la NEP. Reincorpora el dinero porque nadie producía nada y en las ciudades había un hambre creciente.

Pero luego de la muerte de Lenin hubo una desviación extremo-oportunista: el “campesinos enriqueceos” y la “industrialización a paso de tortuga” fueron las palabras de orden de Stalin y Bujarin ya en pleno proceso de burocratización de la revolución. Orientación frente a la cual se alzó valientemente Trotsky y el resto de la Oposición de Izquierda.

Este curso derechista del estalinismo en ascenso llevó a una dramática crisis y a un nuevo y brutal lock out agrario. En respuesta a él, el estalinismo en ascenso pasó a otro desastre pero de signo contrario: una orientación ultraizquierdista y represiva que impulsó la “colectivización” forzosa del campo. Es decir, una falsa colectivización sin democracia obrera ni socialización de la producción que liquidó las fuerzas productivas del campo ruso por varias décadas.

Se trata, en definitiva, de cuestiones muy complejas que han dejado todo tipo de enseñanzas. Enseñanzas que no pueden servir de atajo para argumentos capituladores del estilo de los que –en este caso– esgrime el MST cuando acusa de “estalinismo”... a los que no apoyamos el lock out agrario patronal y sostenemos que el eje del programa agrario en nuestro país pasa por la expropiación.

En síntesis: hay toda una serie de “encadenamientos” en lo que tiene que ver con el  programa agrario para nuestro país. Pero un punto decisivo tiene que ver con la expropiación de los grandes propietarios de la tierra. Expropiación a la que inmediatamente se le agrega la estatización bajo control de los trabajadores de los grandes productores capitalistas: pools de siembra, grandes contratistas, proveedores de insumos, acopiadores, exportadores, agro-industriales e industrias de maquinaria agrícola.