Criminalización de la protesta

Paremos la ofensiva del gobierno contra los luchadores

Por Ana Vázquez
Socialismo o Barbarie, periódico, 10/11/11

A los compañeros presos por causas políticas y gremiales, más de 5.000 luchadores suman los compañeros procesados por el gobierno en estos momentos. Algunos de ellos, como Martino y recientemente el “Pollo” Sobrero, recuperaron su libertad pero continúa su causa.

Esta cifra tan alta y escalofriante es el testimonio, en el ámbito de la justicia, de la persecución sistemática a todos los que salen a enfrentar, en todo el territorio del país, los planes antiobreros y antipopulares del gobierno.

No registra los compañeros asesinados, los que continúan detenidos, los heridos y golpeados por las fuerzas represivas o las patotas de la burocracia, a las que están acostumbrados a ver aparecer frecuentemente en acción los trabajadores de la provincia de Santa Cruz.

En la provincia de Santiago del Estero, los campesinos del agrupamiento MOCASE, junto a otros que luchan por sus tierras enfrentan 500 procesos. Se calculan en 250 los miembros de la comunidad mapuche de Neuquén que también están procesados por reclamos territoriales. A éstos se suman 30 dirigentes del Sindicato Ceramista de Neuquén.

La misma suerte corren activistas organizados contra la contaminación ambiental de las mineras en provincias como San Juan y Catamarca.

Los trabajadores ocupados se llevan las palmas

Si bien la ofensiva es global, hacia todos los que luchan, es hacia los trabajadores ocupados donde el gobierno ha largado el ataque más importante para intentar desarticular el proceso de organización y recomposición de la vanguardia independiente.

En ATE denuncian 700 compañeros procesados; los trabajadores ferroviarios enfrentan juicios por corte de vías desde el 2004, entre ellos el mismo “Pollo” Sobrero, y otros como Flavio Bustillo, Daniel Méndez y Jorge Ospital.

También numerosos dirigentes y activistas del movimiento estudiantil están procesados, como Martín Fernández, por apoyar la lucha de los docentes de Santa Cruz. En esta gran huelga de la provincia no alcanzaron los palos y las patotas, y hay procesados 60 trabajadores, así como 53, junto con Martín, fueron detenidos en la concentración de apoyo en la Ciudad de Buenos Aires y continúan sus causas abiertas.

Compañeros delegados, miembros de comisiones internas y activistas de un número significativo de fábricas de Zona Norte están agrupados en distintas causas por cortes de la ruta Panamericana que tramitan ante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, que depende de la Cámara de Apelaciones de San Martín. Entre muchos otros, se encuentran: Carlos Zerrizuela, delegado del Frigorífico Rioplatense; Hugo Costilla, delegado de Paty; Carlos Ruiz y Diego Kondracki de la fábrica CAT; miembros de la comisión interna de Kraft. También están incluidos los dirigentes del PO y el MST, Néstor Pitrola y Vilma Ripoll.

Un número importante de todos aquéllos que han cometido el “delito” de participar de cortes de ruta en conflictos como la gran huelga de Kraft del 2009, en apoyo a los de Pepsico, en la manifestación en repudio al asesinato de Mariano Ferreyra organizada a las pocas horas del hecho, ha ido a engrosar los expedientes abiertos en ese Juzgado.

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín se empieza a abarrotar de estos juicios, para que no queden dudas de que el que proteste en esa arteria crucial para la comunicación y el transporte de la ciudad y el conurbano bonaerense va a tener que vérselas con la Justicia. Una gran megacausa y sus colaterales contra los luchadores de esa zona obrera del Gran Buenos Aires.

Aplicar el garrote “en su medida y armoniosamente” (o no, depende de las circunstancias) y aplicar penas en forma indiscriminada y en amplia escala a los que realicen medidas de protesta, corten calles, rutas o se organicen para pelear contra la patronal, el gobierno y la burocracia, es la consigna gubernamental.

Sin tapujos, el gobierno articula los mecanismos de la justicia para intentar dar un escarmiento a gran escala. Para el que ya tuvo condena; para el que tiene un juicio abierto, tenga temor a que también lo despidan, lo sancionen o lo penen y el que todavía no lo tiene, piense que puede correr la misma suerte en poco tiempo.

Con esta megaofensiva, intentan acallar la protesta obrera y popular. Desde abajo, en forma unitaria e independiente, continuemos la nuestra para lograr el desprocesamiento de todos ellos y parar el atropello K.