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Los
desafíos de la nueva YPF
Por
Claudio Katz (*)
Enviado
a Socialismo o Barbarie, 18/04/2012
La
intervención de YPF y la introducción de una gestión
estatal de la empresa son medidas necesarias para comenzar a
revertir la depredación energética. Pero constituyen tan
solo un punto de partida para recuperar los recursos
petroleros.
Durante
una década REPSOL lideró el vaciamiento de pozos, reservas e
instalaciones pre-existentes. Extrajo lo máximo posible sin
invertir y expatrió ganancias en forma escandalosa. Esta
conducta no irritó a ninguno de los críticos neoliberales de
la expropiación en curso. Ahora cuestionan la "violación
orden jurídico", olvidando el total incumplimiento de
los contratos por parte de la firma. Esta doble vara es
congruente con su habitual aprobación de los atropellos
contra los derechos de los asalariados o jubilados. Nunca
extienden a estos sectores los principios de la seguridad jurídica.
Falacias
neoliberales
Los
derechistas están recreando los fantasmas del 2001-2005 y
repiten los mismos argumentos que difundieron luego del
default. Advierten contra las terribles consecuencias de
"aislarse del mundo", omitiendo su récord de pronósticos
fallidos.
Algunos
exculpan a REPSOL afirmando que sufrió un castigo de precios
desfavorables. Pero silencian los sucesivos ajustes de los últimos
años, la autorización para liquidar divisas en el exterior y
el permiso para exportar a costa del auto-abastecimiento. Las
objetadas retenciones móviles a las ventas externas fueron
una tenue compensación del terrible drenaje que sufrió el país.
Tampoco recuerdan que la falta de inversiones se remonta a los
años 90, cuando el combustible era muy caro en dólares.
Los
voceros locales de REPSOL afirman que la expropiación
ahuyentará las inversiones, que se necesitan para recomponer
la producción. Pero el desarrollo petrolero de Argentina
nunca provino de los capitales foráneos. Fue un resultado de
la propiedad estatal del crudo y del equilibrio entre
exploración y explotación de pozos, que se logró mediante
un sistema integrado de extracción, refinación y
comercialización. Este régimen fue demolido con la
privatización y debería ser recompuesto para reconstruir el
abastecimiento.
Cualquier
paso en esa dirección es visto por la derecha como una
expresión de "populismo, caja o demagogia
nacionalista". Pero con su sostén de la privatización
ya demostraron cómo conciben el ideal opuesto de conductas
republicanas, maduras y responsables.
Los
defensores más descarados de REPSOL alertan contra el
inminente conflicto entre argentinos y españoles que suscitará
la expropiación, como si la firma afectada fuera la
representación del pueblo ibérico. En realidad es una
empresa privada de dudosa propiedad hispana, puesto que el
grueso de su capital se encuentra distribuido en varios
centros financieros del mundo. Como se especializa, además,
en localizar sociedades en paraísos fiscales, potencia la
evasión impositiva que ha deteriorado las finanzas españolas,
precipitando el brutal ajuste que padece ese país.
REPSOL
es naturalmente defendida por una monarquía y un gobierno
reaccionario, que continúan desplegando soberbia neo-colonial
con creciente despiste. La repetición local de esa diatriba
es particularmente chocante. Como la firma recurrirá a sus
aliados de Europa y el G 20 para generar un conflicto jurídico
internacional, es imperioso que Argentina se retire del CIADI.
Ese tribunal ya tiene preparado un fallo a favor de la
petrolera.
¿Empresa
mixta o estatal?
Los
principales problemas de la nueva YPF no se ubican en el
flanco externo. Es evidente que el gobierno decidió la
expropiación por necesidad y no por convicción. Estaba
acuciado por la caída de la producción y la consiguiente
obligación de financiar importaciones con los pocos recursos
que tiene la Tesorería. Presionado por esas circunstancias
introdujo un giro de 180 grados en su idilio previo con la
empresa afectada. Negoció sin resultados un compromiso de
mayor inversión y finalmente optó por el choque con sus
viejos socios. La expropiación no forma parte de una
estrategia prevista, ni obedece al gran caudal de votos
logrado en los últimos comicios.
La
reconstrucción de YPF se encuentra ahora en manos de quienes
participaron en su destrucción. Gran parte de la elite actual
de funcionarios protagonizó el desguace menemista de la
empresa y el remate de sus acciones. Su responsabilidad en el
descalabro energético de los últimos ocho años es
inocultable. De Vido es la antítesis de Mosconi. Por su
despacho pasaron todas las autorizaciones requeridas para
convalidar el aniquilamiento de YPF.
La
iniciativa de expropiación es positiva, pero sus reales
efectos dependerán de las próximas medidas. Una decisión
clave se juega en el manejo de la indemnización. No se puede
pagar por lo que es nuestro, ni premiar con mayores fondos a
quienes descapitalizaron la empresa. Todavía hay que
averiguar cuáles fueron las ganancias reales que acumuló
REPSOL con la distribución de utilidades a costa de los
activos energéticos y con la expansión internacional de la
compañía, utilizando los recursos del subsuelo nacional.
Antes
de hablar de cualquier valuación de la empresa (por cotización
bursátil, contable o patrimonial) hay ver los resultados de
una auditoría, que esclarezca el estado de los pozos y de los
daños ambientales. Si se utilizan los fondos del ANSES, las
reservas del Banco Central o la emisión de nueva deuda para
pagarle a REPSOL, se repetirá la vieja historia de un estado
bobo que se hace cargo de las pérdidas ocasionadas por ex
concesionarios.
La
nueva YPF es concebida como una sociedad anónima, siguiendo
un modelo de empresa mixta muy distante de la vieja compañía
íntegramente estatal. Esta decisión es errónea y conspira
contra el proyecto de reconstrucción energética. No es
casual que existan tantos ejemplos internacionales de manejo
totalmente público de un recurso vital. Ese modelo de
propiedad pública mantuvo la tasa de exploración requerida
en el pasado para un país como Argentina, que tiene reservas
limitadas y de costosa extracción.
La
necesidad de un largo proceso de inversión no es compatible
con los idealizados esquemas de compañías mixtas, que ya
fueron ensayados en la primera etapa de privatización de YPF.
Un test próximo de los problemas que enfrenta este modelo,
saldrá a flote cuando deba resolverse la situación del grupo
Eskenazi. Esta familia quedó como socia minoritaria de la
nueva YPF, luego de haber perpetrado un fraude superior a las
tropelías cometidas por REPSOL. Compró su participación sin
poner un solo peso, recurriendo a un crédito a pagar con la
distribución de utilidades. Su permanencia está en duda,
desde el momento que deberá cancelar ese préstamo con su
propio dinero. Si se concreta su deserción: ¿Quién se hará
cargo de ese paquete? ¿El estado mediante pérdidas
adicionales? ¿O habrá una transferencia a otros
"capitalistas amigos" (Bulgheroni, Cristóbal López,
Lázaro Báez, Eurekian), que ya se quedaron con varias áreas
sin realizar ninguna inversión?
El
peligro de la sociedad mixta no radica sólo en esos
favoritismos. La fuerte presencia del capital privado dentro
de la compañía exige operar con criterios de rentabilidad
inmediata, que obstruyen la prioridad inversora. Este modelo
induce, además, al aumento de los precios en boca de pozo por
la presión por lograr mayores utilidades, generando un
encarecimiento adicional del combustible.
Gestión,
legislación y propiedad
El
gobierno promete una administración profesional de la nueva
YPF. Pero esta meta exige no sólo conocimientos técnicos,
sino también gran independencia del lobby petrolero. Si las
firmas privadas participan del directorio, aumentará el
peligro de repetir los vicios del pasado (endeudamiento
indebido de la compañía) o incurrir en nuevos desaciertos
(uso de los recursos para financiar el bache de
importaciones). Es evidente la trascendencia de definir cómo
se administrará la compañía y ENARSA brinda un mal
antecedente inmediato. Resulta imprescindible dotar a YPF de
un genuino control social, popular y de los trabajadores.
Pero
el mayor problema radica en lo que sucederá con el 70% de la
actividad petrolera que actualmente se desarrolla fuera de
YPF. El gobierno no ha definido qué tipo de modificaciones se
introducirán, en un sector regido por principios neoliberales
de libre disponibilidad del crudo por parte de los
concesionarios.
La
revisión de los contratos suscriptos con esas normas recién
ha comenzado y en su gran mayoría afectó a pozos marginales.
El proyecto de ley en curso no aclara qué ocurrirá con el
marco legal que habilitó la atomización del sector y la
proliferación de una gran variedad de gravosos convenios. Aquí
se impone la inmediata recuperación de la atribución del
estado para controlar toda la comercialización interna y
externa, fijando las condiciones y los precios de extracción
y procesamiento.
La
propiedad provincial del subsuelo constituye otro impedimento
para alcanzar esa meta. Mantiene el poder discrecional de los
gobernadores para manejar un recurso de toda la nación. El
compromiso de sindicatura común que se ha establecido con las
provincias para el manejo de YPF, no se extiende al resto del
sector y sólo pospone la necesidad de reintroducir la
propiedad nacional. Marginar a las provincias no petroleras de
la nueva conducción de YPF no contribuye a esa recomposición.
Con
la expropiación se abre un nuevo capítulo de historia
petrolera. Hay condiciones nacionales e internacionales muy
favorables para reconstruir nuestro cimiento energético,
avanzando hacia una empresa totalmente pública. Sólo este
esquema permitirá equilibrar los costos de extracción con
los precios requeridos para el desarrollo industrial. Este
manejo es indispensable para diversificar la matriz energética,
reducir la dependencia de los hidrocarburos y evitar un mayor
deterioro del medio ambiente.
El
logro de estos objetivos exige afectar los intereses
capitalistas que hasta ahora protegió el gobierno y adoptar
una actitud soberana frente a las presiones externas. La
movilización popular con banderas propias es el gran
instrumento para esta acción.
*
Profesor de UBA-CONICET y miembro de EDI (Economistas de
Izquierda).
La Argentina, cerca
de quedarse sin
reservas
de gas y de petróleo
Por Randy Stagnaro
Observatorio Petrolero Sur, 07/08/2009
La exploración, base para el hallazgo
de nuevos yacimiento, se desplomó. la mayoría de las
empresas sólo perfora más pozos en las zonas ya explotadas y
no invierten.
Las reservas argentinas de petróleo y
gas están en franca decadencia desde hace años. En 1999 había
un 25% más de petróleo y casi un 100% más de gas en reserva
que hoy. Eso quiere decir que se extrajo más de lo que se
repuso, incluso a pesar de que la producción de petróleo
viene cayendo desde 1999 y la de gas se mantiene más o menos
estable desde 2004. El año pasado, por caso, la cantidad de
petróleo extraído duplicó al repuesto en las reservas,
aunque la producción cayó un 5% frente a 2007.
Uno de los indicadores más claros es la
relación producción/reservas: a un nivel dado de producción,
las reservas sin nuevas incorporaciones durarán equis
tiempo. En 1989, el horizonte era de 14 años para el petróleo
y 32 años para el gas, hoy es de 10 y 8 años,
respectivamente.
La única manera de incrementar las
reservas es por medio de inversiones de riesgo, sea para
explorar nuevos campos o para ampliar las reservas de los que
ya están en producción. Pero después de la crisis de
2001/2002, las empresas petroleras las redujeron y las
estatales (Enarsa y las provinciales) sólo han acompañado a
las privadas como accionistas en las concesiones otorgadas y
no realizan operaciones.
El último gran descubrimiento de petróleo
fue El Trapial, en 1991, en Neuquén; en gas, hay que
remontarse a Loma de la Lata, también en esa provincia, hacia
1978. Luego, las nuevas reservas incorporadas siempre han
entrado en dosis modestas.
Mientras tanto, la demanda de petróleo y
gas se mantiene en niveles elevados porque no hay energía de
reemplazo (nuclear, hidroeléctrica o biomasa). De continuar
este cuadro, advierten los analistas consultados, el país
perderá el autoabastecimiento y necesitará importar cada vez
más hidrocarburos a medida que se van secando los actuales
yacimientos.
El consenso que existe sobre cómo será
el final de esta película se quiebra a la hora de analizar
las causas, aunque aparecen tres factores constantes: la política
oficial, las actividades de las empresas y la geología.
Para Jorge Lapeña, ex secretario de
Energía del gobierno de Raúl Alfonsín, con la caída de
reservas el país está pagando tributo a un modelo que se ha
mostrado ineficaz para recuperarlas. “Antes, el Estado era
dueño del recurso, YPF lo explotaba y Gas del Estado lo
canalizaba, y en esa política centralizada estatal, los
privados ofrecían bienes y servicios. Este modelo cambió con
la privatización de 1992 y la reforma de la Constitución de
1994, por las que los privados y las provincias actúan sin
ninguna coordinación. A este modelo le falta un timón”,
dijo.
Y observó que esa falta de conducción
derivó en que desde fines de los 90 las empresas petroleras
pudieron destinar inversiones a extraer las reservas de petróleo
y el gas sin hacer lo propio con la exploración para
encontrar nuevas. “Nadie les indicó lo contrario”, afirmó.
“Eso es estricta lógica empresaria”,
refutó Nicolás Gadano, autor del libro “Historia del Petróleo
en la Argentina” y estudioso del tema. Según Gadano, el
error fue haber impulsado una elevada demanda de gas sin que
hubiera una oferta que la sustentase. “Cuando se decidió
esta política gas–intensiva, se venía del descubrimiento
de Loma de la Lata y se creía que habría otros similares que
no llegaron a esa magnitud”, señaló.
Hasta fines de los 80, sostuvo Gadano,
faltaban infraestructura y mercado para el gas. “A partir de
los 90, se crearon en exceso, con gasoductos de exportación,
plantas de fertilizantes y de industrialización del gas,
nuevas petroquímicas, generadoras térmicas y el GNC. Ahora
no hay gas para tanta demanda”.
Existe una relación directa entre la
creación de infraestructura y el valor del crudo con el tamaño
de las reservas. Petróleo y gas conocido pero sin salida por
falta de infraestructura (oleoductos o gasoductos de
transporte) no se consideran reservas probadas sino probables;
lo mismo pasa si el costo de extracción es superior a la
ganancia. “Un aumento en el precio del crudo o del gas
permite explotar reservas con viabilidad económica que antes
eran inviables; lo mismo pasa cuando se crea infraestructura y
se generan mercados”, señaló Miguel Fryziak, de la
consultora MVR, especializada en certificar reservas.
La pendiente
Los analistas, sin embargo, esperan que
se produzca un incremento de las reservas tras el reciente
acuerdo que aumenta el precio del gas doméstico, la puesta en
marcha de los programas Petróleo Plus y Gas Plus y la firma
del último contrato entre ocho petroleras y la Nación para
construir un gasoducto a través del Estrecho de Magallanes.
Las reservas probadas de gas de Tierra del Fuego son las más
grandes del país y suman el 17% del total.
Entre 2004 y 2008, las reservas de gas de
todo el país cayeron a la mitad y las de petróleo, un 16%.
Eso es grave porque quiere decir que se está rompiendo el
circuito. Sin exploración, no hay reservas probables; sin
probables, se agotan las probadas.
“A un país le conviene la exploración
porque agrega reservas nuevas”, señaló Daniel Montamat,
consultor y ex secretario de Energía. Sin embargo, la
exploración está por el suelo. Hasta 1999, los pozos de
exploración representaban un promedio del 10,5% del total de
perforaciones realizadas. A partir del año 2000, ese
porcentaje cayó al 5%, con mínimos de 2% en 2002 y 2003.
Para el decenio 2000–2009, el promedio se derrumbó a un mínimo
de 39 pozos de exploración anuales. Esto explica la caída de
las reservas. “El que no busca no encuentra”, sentenció
Lapeña.
En realidad, la escasa reposición de
reservas de los últimos años vino por el incremento de la
tasa de recuperación in situ, es decir, en los yacimientos ya
productivos.
“Las inversiones fueron para tecnología
de recuperación secundaria y hasta terciaria, con las que se
logra incrementar la cantidad de petróleo y gas extraíbles
de un yacimiento”, explicó Montamat.
Ese fue el camino de Pan American Energy
(PAE), una rara avis del sector, que entre 2004 y 2008 duplicó
las reservas de petróleo de su concesión Anticlinal
Grande–Cerro Dragón, ubicado entre Chubut y Santa Cruz, al
tiempo que la producción de crudo creció un 20%.
Hoy allí se encuentra la mayor reserva
de crudo del país, lo que llevó a PAE a liderar el ranking
de reservas petroleras por empresa.
Total hizo lo propio en Aguada Pichana (Neuquén),
al que le agregó un 26% más de reservas probadas de gas
desde 2005 con trabajos de recuperación secundaria y
terciaria. Tecpetrol incrementó las reservas de gas de
Aguaragüe (Salta) un 17% entre 2004 y 2008 y mantuvo
niveladas las de petróleo en El Tordillo (Chubut) en el mismo
lapso. Como estos yacimientos están en producción, sostener
el nivel de reservas indica que la reposición ha sido tanta
como la extracción.
Pero de conjunto, las empresas petroleras
no han mejorado el nivel de sus reservas y justifican su falta
de inversión por las políticas del Gobierno nacional, “que
nos desalentaron, por la vía del control de precios internos
y las retenciones y los valores de corte a las exportaciones,
y plancharon el precio del crudo y el gas”, según un
directivo de una petrolera local.
Hay caídas de reservas fuertes, como las
de las grandes petroleras Repsol YPF y Petrobras en sus
yacimientos más importantes: siempre según la Secretaría de
Energía, entre 2004 y 2008, Loma de la Lata perdió el 60%
del gas en reserva y Puesto Hernández, el principal
yacimiento de petróleo de Petrobras en el país, el 55%.
También hay un problema con la geología.
A principios de los 60, por cada 100 pozos de exploración
perforados se descubrían 71 millones de metros cúbicos de
petróleo. En 2004, esos 100 pozos sólo agregaron 8 millones
de metros cúbicos de reservas nuevas.
En el país hay contabilizadas 24 cuencas
sedimentarias en tierra y en el mar. Sólo cinco están en
producción y las otras han sido exploradas pero queda mucho
por hacer. Eso sí, se trata de inversiones más caras y con
mayor riesgo.
La nueva tecnología abrió un nuevo
panorama para encarar el desafío geológico. El offshore
asoma como una oportunidad “porque como se ha explorado
poco, está la expectativa de que se puede encontrar un
hallazgo importante”, refirió Montamat. Pero sólo las
grandes pueden ir al mar. YPF, Petrobras, Total, PAE,
Wintershall, Sipetrol y Enarsa son las que están invirtiendo.
Y hasta ahora con resultado negativo: seis pozos perforados en
el Atlántico Sur desde 2008 dieron muy pocos hallazgos.
¿Cuánta inversión se necesita para
recuperar las reservas? No hay una cifra definida, pero
algunos trabajos la ubican en una franja que va de los US$ 500
millones anuales sin offshore a los US$ 1.000 millones anuales
con exploración en el mar. La cifra, que debería repetirse
durante varios años para lograr resultados, suena lejana para
las billeteras de las petroleras, de Enarsa y las
provinciales.
En este cálculo estaría una de las
razones por las que la ley de incentivo a la exploración, que
permite deducciones fiscales pero obliga a asociarse a Enarsa
en la inversión, quedó en el olvido. “Esa ley fue un
fracaso porque el problema es mucho mayor al del ritmo de
depreciación de un activo en el balance”, observó Gadano.
Con offshore o sin él, los analistas
plantean que hacen falta “reglas de juego claras en materia
de precios y mercados”. Montamat agregó la elaboración de
una estrategia de largo plazo “que saque al sector de la
trampa cortoplacista que le propone el Gobierno”.
Si no se incrementan las reservas por la
vía de nuevos yacimientos, la producción de petróleo y gas
seguirá estancada o declinará. La solución de más pozos en
un mismo yacimiento provoca que las reservas se terminen
antes.
La falta de reservas, en definitiva,
puede llegar a tener un costo económico mucho más elevado
que las inversiones necesarias para recuperarlas, porque a
medida que se agoten y los pozos dejen de producir, quedarán
sin uso los equipos petroleros y las contratistas cerrarán.
Finalmente, una empresa petrolera vale
por lo que tiene en reservas. Recientemente, las petroleras
chinas CNOOC y CNPC mostraron interés en comprar Repsol YPF
debido a su amplio abanico de reservas en el norte de África,
Arabia, la Argentina y otros países de la región. La
pregunta es si la eventual venta de la principal petrolera que
opera en el país servirá para incrementar las reservas o sólo
tendrá por objetivo extraer las actuales para alimentar la
enorme maquinaria productiva china.
Posición del OPSur ante el proyecto de
ley de Soberanía Hidrocarburífera
Un buen puntapié para iniciar el debate
Sin embargo, no creemos que la medida
apunte a
la raíz de la situación
Observatorio Petrolero Sur, 19/04/2012
La tan esperada medida de avance efectivo
del Estado sobre el petróleo y el gas es hoy en día una
realidad. No se ven mayores inconvenientes a una aprobación
directa en el Congreso Nacional.
La recuperación en el control y gestión
del petróleo y el gas por parte del Estado nacional ha sido
bandera y objetivo político de numerosas organizaciones, de
las cuales somos parte. Sin embargo, no creemos que la medida
apunte a la raíz de la situación y pueda ser tomada como
punto de inflexión en la superación del marco regulatorio
neoliberal, por lo menos hasta este momento. A su vez, el
debate público –donde primó un punto de vista económico
en desmedro de abordajes ambientales y sociales– se ha
centrado únicamente en el por qué y el cómo. El para qué
de la medida, según el proyecto de ley, apunta a alcanzar el
autoabastecimiento energético y el equilibrio de la balanza
comercial. Sin embargo no se llega a dilucidar el día después
con mayor profundidad, los únicos indicios son el explícito
interés sobre los cuestionados yacimientos no convencionales.
La formación Vaca Muerta –que se ubica principalmente en
territorio de la provincia de Neuquén– es la que más
intereses despierta –aunque también existen otras cuencas
en el país–; el escenario futuro, podría ser de profundo
riesgo ambiental y social para gran parte del país, como lo
demuestra la experiencia internacional.
Que el árbol no nos tape el bosque
Si bien celebramos la medida creemos que
debe ser el puntapié inicial y no el cierre del debate energético,
que se ha circunscripto a un abordaje económico. Consideramos
que aún hay mucha tela para cortar.
Todavía no ha habido un pronunciamiento
sobre los pasos a seguir respecto al marco regulatorio
neoliberal que actualmente rige el sector, principalmente los
decretos de la era menemista 1.055/89, 1.212/89 y 1.589/89. La
vigencia de la desregulación y la libre disponibilidad del
recurso lo definen como un commodity y no como un bien estratégico,
más allá del supuesto cambio de paradigma que significaría
la expropiación de las acciones de YPF, expuesto en la
fundamentación del proyecto.
Asimismo, no se ha planteado el aumento
de las regalías para todo el sector, en la Argentina los gravámenes
son de los más bajos a nivel mundial y en clara disonancia
con el camino emprendido en los últimos años por otros países
de región. El aumento de las regalías sería una forma
genuina de capturar parte de la renta petrolera de todo el
sector, no únicamente de una empresa –que hoy detenta menos
de un tercio de la extracción total de petróleo y gas.
La implementación de un plan de transición
energética hacia una matriz ambiental y socialmente
sustentable, sostenido con aportes de la potencial recuperación
de la renta hidrocarburífera, tiene que ser parte del debate.
No debería encerrarse únicamente en si el Estado debe
intervenir o no en el control de los hidrocarburos o la
recuperación de la renta petrolera, como condición
excluyente de cualquier otra medida. La amplitud e
integralidad de aristas, por sus profundas implicancias
sociales y ambientales, debería aunarnos en un debate. Esto
no solamente mejoraría considerablemente el modelo energético
que tenemos y queremos, sino que también apuntalaría qué país
nos gustaría construir para nuestra generación y las
venideras; este sería efectivamente un ejercicio de soberanía
energética.
Contradicciones: extracción para exportar y
autoabastecerse
Dos de los puntos más destacables de la
medida son la declaración de interés público del sector y
sus diversas etapas, como lo expresa el artículo 1 del
proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, y la
creación del Concejo Federal de Hidrocarburos. Ambas darían
mayores herramientas al Ejecutivo nacional, sumando la parcial
expropiación, para un control más férreo del sector.
Consideramos que tanto en el proyecto como en los debates
posteriores, la primera plana del gobierno nacional se ha auto
exculpado de cualquier responsabilidad que le quepa en los
casi 9 años que lleva al frente de la Casa Rosada. Asimismo,
ha corrido del eje la responsabilidad que tendrían que asumir
los gobernantes provinciales, quienes muchas veces han actuado
como representantes de las trasnacionales para lograr el
mantenimiento y el incremento de los beneficios empresariales.
En este sentido, la incorporación del grupo Eskenazi dentro
de YPF no es mencionada por parte de los funcionarios
nacionales, ni en el proyecto ni en los debates públicos. El
rol y función que juegan los empresarios locales, en alianza
con las trasnacionales, es olvidado en la definición de
soberanía hidrocarburífera que propone el kirchnerismo. Este
craso error, y en virtud del potencial escenario de alianza
con el sector privado para acceder a los futuros niveles de
inversión requeridos, no puede ser dejado de lado. Desde este
espacio no esperamos que se ‘rasguen las vestiduras’, sino
que subrayamos que el diagnostico oficial no repara en la
necesidad de un cambio estructural del sector en ningún
momento.
En esta línea, las palabras de la
presidenta Cristina Fernández son claras en el sentido de que
esta medida no es una ‘estatización’. La invariabilidad
del status jurídico de la empresa, que continuará siendo una
sociedad anónima, refuerza la idea de que su comportamiento
no distará de la lógica de sus pares. El nuevo rumbo que se
imprimirá en YPF y en todo el sector, de acuerdo al proyecto,
apuntaría por un lado al autoabastecimiento (que revierta la
tendencia deficitaria en la balanza energética y comercial)
pero también, y paradojalmente, a la generación de saldos
exportables. En otro de los puntos del proyecto se sostiene
que la extracción hidrocarburífera “racional” apuntará
a contribuir al modelo de acumulación imperante como
prioridad, estimulando la competitividad de la economía en su
conjunto.
La insustentabilidad como eje
¿De qué forma será posible que
Argentina pueda autoabastecerse, garantizar el recurso a las
generaciones venideras y, al mismo tiempo, exportar? La
tendencia declinante de las reservas hidrocarburíferas no
solamente son motivo del saqueo rampante del subsuelo
emprendido por las trasnacionales, sino también un signo de
que las cuencas tradicionales del país han llegado al llamado
‘peak oil’ o punto máximo de extracción (de
hidrocarburos baratos y de fácil acceso). ¿Cómo paliar esta
situación? Desde despachos empresariales y públicos la
resolución a este dilema es la extracción de hidrocarburos
de yacimientos no convencionales.
Argentina es la tercera reserva mundial
de gas según un informe de la consultora Advanced Resources
International Inc. –contratada por el Departamento de Energía
de EEUU–, repiten sin cesar los funcionarios
gubernamentales. Omiten, sin embargo, que un estudio oficial
del gobierno de Polonia redujo a un tercio las cifras que la
misma consultora atribuía a ese país –presentado ante la
opinión pública como el ‘paraíso de los yacimientos no
convencionales’ de Europa. O incluso EEUU, donde las
reservas declaradas por las empresas empiezan a ser
cuestionadas por estar ‘infladas’.
Tampoco los impactos ambientales y
sociales que ha significado el desarrollo de este tipo de
explotación en EE.UU. son tenidos en cuenta a la hora de
proponer su implementación. La prohibición que pesa sobre
estas técnicas de producción en Francia y Bulgaria o las
moratorias que impusieron algunos estados de EE.UU., Sudáfrica,
Australia y el Reino Unido de Gran Bretaña, entre otros,
tampoco se mencionan.
La industrialización masiva de áreas
rurales, la afección de economías regionales, el uso
indiscriminado de agua, la pérdida de soberanía alimentaria
por parte de agricultores, la contaminación comprobada (por
la Agencia de Protección Ambiental –EPA– de EEUU) sobre
tierra y agua y el indudable impacto sobre la salud de los
habitantes serían datos menores para el discurso económico
desplegado en los últimos días.
Sin embargo, el ministro de Planificación
Federal y ahora interventor de YPF, Julio De Vido, ha dicho
que Repsol deberá pagar por los pasivos ambientales. El
gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, ha sido el precursor
en este sentido y anunció que demandará a Repsol por el
pasivo ambiental que dejó la operación de la compañía en
territorio provincial. Pero, una vez más, la preocupación
ambiental es una variable de negociación en donde lo que no
se pone en tela de juicio es al sector en su conjunto, sino
que se cuantifica la naturaleza como si fuera una mera mercancía.
En el marco de la crisis ecológica global, que tiene entre
sus principales razones la quema de hidrocarburos, el país
pospone necesarios debates sobre una de transición energética
y una verdadera sustentabilidad.
Nos preguntamos si el aumento de participación en
el sector por parte del Estado nacional redundará en una
adecuación de la industria a los derechos de los pobladores
locales. Vasta información documenta las recurrentes
violaciones de derechos humanos por empresas privadas,
especialmente sobre campesinos y pueblos indígenas. En este
sentido, nos alerta y preocupa la benevolente mención –en
los fundamentos del proyecto de ley– de la prioridad que
tiene en México la extracción de hidrocarburos por sobre
cualquier otra forma de ocupación y uso de la tierra. ¿Hasta
dónde estarán dispuestos el Estado nacional y los
provinciales a avanzar con la frontera hidrocarburífera? ¿En
qué medida se garantizará un ambiente sano para las
generaciones presentes y futuras de continuar profundizando la
matriz hidrocarburífera?
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