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Persecuciones,
ejecuciones, desapariciones, fraude, corrupción
Terrorismo
de estado en Filipinas
Por
Philippe Revelli (*)
Enviado
especial
Le Monde
diplomatique No. 14, edición Perú, junio 2008
Como si las
desastrosas consecuencias de las “reformas” de la década
de 1990 no hubiesen sido suficientes, la crisis alimentaria
golpea de lleno a los filipinos. El precio del arroz, su
alimento base, ha aumentado vertiginosamente. La tensión es
tal que, en abril, la armada distribuyó varias tropas en
los barrios más pobres de Manila. El 1 de mayo, comandos de
elite de la policía se desplegaron por los grandes ejes de
la capital, mientras que las unidades antidisturbios, en
estado de alerta máxima, protegían los edificios
gubernamentales.
Comuna de
Baggao, provincia de Cagayan, al norte de la isla de Luzón.
El 11 de noviembre de 2006, Joey Javier se dirigía a una
reunión de la organización campesina Kagimungan que presidía.
“Había llovido mucho la noche anterior –recuerda
Dominga Javier– y, después de pasar el puente, el
triciclo se atascó. Mi marido descendió para empujar. Fue
en ese momento que se acercaron dos hombres y le dispararon
a quemarropa. La base militar está a menos de cien metros,
pero nadie intentó detener a los asesinos.”
Dos semanas
más tarde, Anthony Licayoyo, quien lo reemplazó a la
cabeza de la organización, también fue asesinado. Al mes
siguiente, su sucesor, Pedro Frances, logró escapar a un
atentado. El 21 de enero de 2007, otros dos militantes de
Kagimungan fueron muertos a balazos. El 7 de agosto,
balearon la casa de Ambot Asucena, responsable del sector
juvenil de la organización. La víctima pudo identificar a
sus agresores antes de morir: militares del 21º Batallón
de Infantería. Finalmente, el 9 de septiembre, dos
campesinos miembros de Kagimungan fueron secuestrados por
soldados del 17º Batallón de Infantería; sus cadáveres,
recuperados poco después, mostraban signos de tortura.
“En julio
de 2006 –explica Isabelo Adviento, actual presidente de
Kagimungan– el Ejército se instaló en la Municipalidad
de Baggao, donde se encuentra el núcleo duro de nuestro
movimiento. El mismo mes, incendiaron las instalaciones de
Radio Cagayan, que acabábamos de inaugurar, y durante los
meses siguientes, se multiplicaron las ejecuciones. Los
soldados entran en las casas, convocan a los habitantes a
reuniones de propaganda donde nos presentan como cómplices
de la guerrilla; obligan a los campesinos a ‘rendirse’
–¿pero rendirse de qué?–, a servir de guía para el Ejército
o a sumarse a la milicia paramilitar de las CAFGU (1).”
Kagimungan es una organización legal que agrupa a los pequeños
agricultores de la provincia. Estos últimos años, la
asociación impulsó la lucha contra el sistema de aparcería
actualmente en vigor, logrando que los campesinos dejaran de
entregar el 50% de su cosecha a los “señores de la
tierra”; también consiguió imponer a los comerciantes
condiciones de venta de las cosechas menos desfavorables
para los pequeños productores (2).
Últimamente,
Kagimungan se hizo eco de la preocupación de sus miembros
frente a los riesgos de expropiación e introducción de
cultivos genéticamente modificados vinculados a la
implementación del “North Luzon Super Economic
Planship”. Este extenso programa económico prevé la
construcción de un puerto ultramoderno en el norte de la
isla, la creación de zonas francas y el desarrollo de
cultivos destinados a la exportación. Lanza un llamado
masivo a los capitales extranjeros y, al decir de las
autoridades, los dirigentes de Kagimungan serían hoy los
“últimos obstáculos” para su puesta en marcha. “Una
manera de indicar el blanco a los asesinos”, interpreta
Adviento quien, por razones de seguridad, abandonó su
ciudad y cambia frecuentemente su lugar de residencia.
Guerra
sucia ultraliberal
“La
situación en la provincia de Baggao es emblemática de lo
que sucede en otras partes del país –estima Renato Reyes,
secretario general de Bayan, una coalición de
organizaciones populares–. En nombre de la lucha
antiterrorista, la presidenta Gloria Macapagal Arroyo libra
una guerra sucia contra todos los que se oponen a su política
ultraliberal.” Desde que fue elegida, en 2001, la
Presidenta aseguró en efecto que convertiría a Filipinas
en un país del primer mundo gracias a la liberalización
del comercio y de las inversiones, reformas fiscales y la
privatización del patrimonio del Estado.
Reyes
describe un panorama clásico en muchos países del Sur:
“El rápido crecimiento del que se jacta el régimen es
una burbuja inflada por los préstamos y el ingreso masivo
de capitales extranjeros. Con el fin de atraer a los
inversores, el gobierno cuestiona el derecho laboral,
concede grandes porciones del territorio a las
multinacionales mineras, abre zonas protegidas a la
exploración petrolera, firma acuerdos comerciales que
condenan a nuestros campesinos para reemplazarlos por
monocultivos destinados a la exportación o a la producción
de agrocarburantes...”.
Algunas
cifras dan una idea del impacto de esta política sobre las
condiciones de vida de la mayoría de los habitantes: el 80%
de la población vive con menos de un dólar y medio por día;
el número de niños menores de quince años no
escolarizados aumentó de 1,8 a 3,1 millones entre 2001 y
2006; el 26% de los beneficiarios de la reforma agraria (3)
fueron obligados a vender sus tierras, y esta nación agrícola
es actualmente uno de los principales importadores mundiales
de arroz. “De todas formas, Filipinas dispone de
organizaciones populares dinámicas, a menudo forjadas en la
lucha contra la dictadura o los movimientos de oposición a
las bases militares estadounidenses, que enfrentan las
decisiones económicas del gobierno –continúa Reyes–.
Para tratar de acallar estas voces, el gobierno implementa
una política de terror que califica de ‘estrategia
contra–insurreccional’.”
De hecho,
uno tras otro, los gobiernos filipinos enfrentaron la
presencia de movimientos de lucha armada. Fundado en 1969,
el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), guerrilla de extracción
marxista, contaría con aproximadamente ocho mil
combatientes distribuidos en sesenta y dos frentes que
cubren el conjunto del territorio, mientras que los
independentistas musulmanes del Frente de Liberación Islámico
Moro (FLIM), del Frente de Liberación Nacional Moro (FLNM)
y los grupos de Abu Sayyaf se encuentran en las islas de
Mindanao, Sulú y Joló, al sur del archipiélago (4).
Aunque haya
iniciado negociaciones con las diferentes facciones
–excepto el grupo con Abu Sayyaf– la presidenta Arroyo,
siguiendo los pasos de George W. Bush en su cruzada
antiterrorista, privilegia la mano dura. Las conversaciones
de paz con el NEP están interrumpidas desde 2004 y, en
abril de 2007, alegando rumores de golpe de Estado, la
Presidenta decretó el estado de emergencia nacional y
declaró la guerra total a los grupos armados. “El estado
de emergencia no existe en la Constitución filipina
–analiza Reyes– pero, detrás del efecto del anuncio,
estas declaraciones significan una carta blanca dada al Ejército
para continuar e intensificar su guerra sucia.”
Desde 2001,
las Fuerzas Armadas filipinas pusieron en marcha el Oplan
Bantay Laya I, reemplazado a partir de 2007 por el Oplan
Bantay Laya II. Concebidos sobre el modelo de la Operación
Fénix llevada a cabo por los estadounidenses durante la
guerra de Vietnam, tienen como blanco los supuestos apoyos
civiles a los grupos rebeldes. Una estrategia que Norberto
Gonzales, secretario de la Presidencia responsable de los
Asuntos de Seguridad, justificó en varias oportunidades:
“La guerrilla que combatimos ya no es una guerrilla clásica,
se infiltró en nuestro proceso democrático”.
Las
acciones del general Jovito Palparan, designado a la cabeza
de las Fuerzas Armadas de la región de Luzón Central a
partir de agosto de 2005, son al respecto ejemplares.
Abandonando las zonas de fuerte actividad de la guerrilla,
sus tropas se desplegaron alrededor de los polos de
desarrollo económico, especialmente allí donde el
ambicioso proyecto de construcción de una red de
autopistas, el Global Gateway Project (5), enfrenta una
fuerte oposición de los campesinos que fueron expulsados de
sus tierras o amenazados de expulsión y de los
transportistas que, con la implementación de peajes, deben
asumir costos adicionales.
Grupos
paramilitares operan en colaboración con el Ejército y, sólo
durante 2006, ochenta y tres líderes y militantes de
izquierda, campesinos, defensores de los derechos humanos
fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en la región
de Luzón Central.
Por
supuesto, el general Palparan niega haber ordenado estos
asesinatos. Explicó sin embargo que las ejecuciones
extrajudiciales “ayudan” al Ejército en su combate
contra “quienes incitan al pueblo a luchar contra el
gobierno”, y son “pequeños sacrificios” que deben
consentirse en nombre de la lucha contra–insurreccional
(6). En el sitio internet de las Fuerzas Armadas (7), los
blancos de esta lucha están claramente identificados: “En
Roman Polintan, Fabian Hallig y Aurora Brocquil (8), el
Partido Comunista y el NEP encuentran aliados y
propagandistas...”. Y en la televisión australiana, ante
el asombro de la periodista Karen Percy, el general Palparan
reconocía sonriente: “Es posible que haya alentado o
inspirado a algunas personas a hacer justicia... con sus
propias manos” (9).
Desde
luego, en agosto de 2006 el gobierno creó la Comisión
Melo, encargada de investigar algunos casos de ejecuciones,
pero la inconsistencia de los resultados no hace más que
confirmar la ausencia de voluntad política del régimen
para poner fin a estas exacciones. Y si bien es demasiado
temprano para juzgar la eficacia del Writ of Amparo (10), la
organización de defensa de los derechos humanos Karapatan
señala que “el mismo día de la promulgación de la ley,
la Presidencia enviaba una directiva al Departamento de
Defensa con el fin ‘impedir la divulgación de secretos
militares y las interferencias hostiles en las operaciones
vinculadas a la seguridad nacional’”.
Quebrar
la resistencia
El 26 de
noviembre de 2007, el relator especial de Naciones Unidas,
Philip Alston, declaraba: “Algunos sectores de las Fuerzas
Armadas implementaron una estrategia deliberada de ejecución
de líderes de organizaciones de izquierda (...), eliminaron
a líderes de la sociedad civil, incluyendo a defensores de
los derechos humanos, sindicalistas, impulsores de la
reforma agraria (…) y restringieron el espacio del
discurso político”. A la teoría de los militares que
atribuye gran parte de las ejecuciones extrajudiciales a
presuntas purgas en el seno de la guerrilla, responde que ésta
“sólo puede considerarse un intento cínico de trasladar
las responsabilidades”. Y agregaba: “Las instituciones
judiciales desviaron su camino con la persecución de los líderes
de la sociedad civil en vez de sus asesinos”.
Coordinador
del partido de izquierda Bayan Muna en la provincia de
Benguet, Joe Cawidig lo sufrió en carne propia. Desde el 1
de octubre de 2007 está detenido por sus presuntos vínculos
con el NEP. “En realidad –afirma Santos Mero, dirigente
provincial de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera
(APC) (11)–, se le reprocha sobre todo su compromiso en
favor de las poblaciones indígenas y de sus luchas.”
Situada en la parte central de la isla de Luzón, la región
de la Cordillera –a la que pertenece la provincia de
Benguet– posee importantes reservas de oro y cobre que,
desde el siglo XIX, despiertan la codicia de las compañías
estadounidenses. Actualmente, las concesiones otorgadas a
las multinacionales mineras se extienden sobre 1,2 de los
1,8 millones de hectáreas que cubren la región de la
Cordillera, y el gobierno pretende dar prioridad a la
llegada de nuevas inversiones en este sector.
“Rápidamente
–explica Mero– los pueblos autóctonos se opusieron a la
expansión de las compañías que destruyen los suelos,
contaminan los ríos, provocan deforestación y
desplazamientos de poblaciones. Hoy, la APC se moviliza
frente a esta industria destructora, la construcción de
nuevas represas destinadas a proveer energía, y exige la
indemnización de las comunidades afectadas así como la
recuperación de los sitios abandonados.”
Pero la
organización pagó caro su espíritu combativo. En julio de
2006, Markus Banguit, miembro de su junta directiva fue
asesinado en una parada de autobús y el mismo mes, el automóvil
del Dr. Constancio Clanes, otro dirigente de la APC, fue
ametrallado cuando acompañaba a su hija a la escuela. Su
esposa fue asesinada en el atentado. Él y su hija, heridos,
se exiliaron en Canadá.
La
Universidad de Filipinas, tradicional centro de oposición
al poder, tampoco quedó a salvo. El 26 de junio de 2006,
Karen Empeño y Sherlwin Cadapan, militantes de la Liga de
Estudiantes Filipinos, fueron secuestradas por militares
cuando estaban de visita en la casa de sus padres en la
provincia de Bulacan. Nunca más aparecieron.
Militante
de una organización campesina e hijo de una figura histórica
de la oposición a la dictadura, Jonas Burgos fue
secuestrado el 28 de abril de 2007 a la salida de un centro
comercial de la capital, y llevado en un vehículo que luego
sería identificado como perteneciente al Ejército. “No
tenía ningún compromiso político –explica Sunshine
Matutine, joven directora de televisión– pero el
secuestro de Jonas me conmovió y, cuando unos amigos de la
IFC (Independant Filmaker Cooperative) me convocaron para
producir un video sobre este tema, acepté
inmediatamente.” Quince videastas participaron de esta
iniciativa. Quince videos, agrupados en una película
titulada Rights, que debían difundirse en septiembre de
2007 en un importante complejo cinematográfico de la
capital… La víspera del estreno, la Comisión de Censura
prohibió su proyección, por considerar que la película
sería “parcial”.
Contrapunto:
el mismo año, en la isla de Mindanao, la multinacional
estadounidense Dole anunció un plan de despidos al cual se
opuso la organización sindical Kilusang Mayo Uno (KMU).
Convocados a reuniones celebradas en el predio de la empresa
y rodeados por el Ejército, los trabajadores asistieron a
la proyección de una película violentamente antisindical
en la cual los militantes de KMU son tratados de cómplices
del NEP. Esta película recurrió a actores filipinos de
moda, pero carece de créditos, tampoco figura el nombre del
director (12)... “¡Un modelo de imparcialidad!”,
ironiza Daisy Arago, directora del CTUHR (13), antes de
agregar: “Existe una estrategia coordinada de empresas y
autoridades para destruir los sindicatos, desmantelar el
derecho laboral y garantizar a los inversores una mano de
obra dócil”.
“Con
alrededor de novecientas ejecuciones extrajudiciales desde
2001, el régimen de Gloria Macapagal Arroyo puede jactarse
de haber sido peor que el de (el ex dictador) Ferdinand
Marcos –comprueba Jigs Clamor, secretario general de
Karapatan (14)–, y cuarenta y siete periodistas asesinados
en los últimos seis años ubican a los filipinos en el
segundo puesto (después de Irak) entre los países más
peligrosos del mundo para esta profesión.”
“Como
jefe supremo de las Fuerzas Armadas –recuerda Philipp
Alston– la Presidenta debe tomar medidas concretas para
impedir que operaciones contra–insurreccionales tengan
como blanco o conduzcan a la ejecución de muchas personas
que trabajan para organizaciones de la sociedad civil.”
Por su parte, el Senado estadounidense amenaza a Filipinas
con suspender la ayuda de Estados Unidos.
Las
acusaciones de fraude electoral, especialmente en el
escrutinio de 2004, y varios casos de corrupción que
comprometen a la propia Presidenta, a miembros de su familia
y a su entorno cercano, contribuyeron también a que cayera
el nivel de popularidad de Macapagal Arroyo. La Presidenta
que, en sus apariciones públicas, está siempre acompañada
por el general Hermógenes Esperon, jefe del Estado Mayor,
no tiene más remedio que apoyarse cada vez más en el Ejército,
y un gran número de militares (en actividad o retirados)
fueron nombrados en los servicios públicos y la
administración.
Sin
embargo, en el seno mismo de la institución militar...
“mal pagos, obligados a realizar actividades
anti–insurreccionales peligrosas y desmoralizantes (...)
los oficiales más jóvenes no admiten los privilegios y la
riqueza de que gozan los oficiales superiores sedentarios
instalados en Manila, ni la política errática de un poder
civil sospechado” (15). Situación que originó varios
intentos de golpe de Estado que fueron siempre abortados. El
último, ocurrido el 29 de noviembre 2007, cuando una
treintena de militares conducidos por el senador Antonio
Trillanes –ex oficial, ya instigador de un intento de
golpe de Estado en 2003– tomaron un gran hotel de la
capital y llamaron a derrocar al gobierno.
La reacción
de las autoridades no se hizo esperar: un tanque derribó
las puertas del hotel y los amotinados, que no opusieron
ninguna resistencia, fueron detenidos. De paso, detuvieron
también a una treintena de periodistas presentes en el
lugar y confiscaron su material. Pero es sin duda la
presencia, junto a militares rebeldes, de un obispo, Mons.
Julio Labayen, y del ex vicepresidente de la República,
Teofisto Guingona, lo que mejor refleja el descrédito del régimen,
incluso en el seno de la oligarquía nacional.
(*)
Periodista.
(1)
Citizens Armed Forces Geographical Unit. En virtud de
un decreto de 1991, el Ejército puede armar y entrenar a
grupos de civiles.
(2) Logros
que los grandes propietarios de tierras y comerciantes,
aprovechando los golpes recibidos por Kagimungan, no
tardaron en cuestionar.
(3) Lanzado
en 1988, el Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP)
preveía redistribuir 4,7 millones de hectáreas de tierras
agrícolas entre 8,5 millones de campesinos sin tierra. Muy
controvertido, fue sin embargo reanudado en 1998. En 2004,
las cifras oficiales dan cuenta de 3,4 millones de hectáreas
asignadas a 1,9 millones de pequeños agricultores.
(4) Carmen
A. Abubakar, “Interminable conflicto en Filipinas”,
Informe–Dipló, 17–9–03 (www.eldiplo.org).
(5) Este
programa prevé la construcción de autopistas para unir el
puerto de Subic Bay (antigua base naval estadounidense
reciclada) con el aeropuerto de Clark y las zonas francas de
Clark y Hacienda Lusita. Viene acompañado del desarrollo de
monocultivos para la exportación.
(6)
Philippine Daily Inquirer, Manila, 2–6–05 y
28–10–05.
(7)
www.afp.mil.ph/0/news/propagadists.php
(8)
Respectivamente dirigentes de Bayan, de la Alliance of
Concerned Teachers (ACT), una organización de docentes, y
de Kilusan para sa Pambansang Demokrasya (KPD), otra
agrupación de organizaciones populares.
(9)
Entrevista difundida en la televisión australiana el
5–5–07,
www.abc.net.au/foreign/content/2007/s2096113.htm.
(10)
Promulgada en septiembre de 2007, esta ley se basa en un
principio análogo al del hábeas corpus, que puede ser
invocado en caso de detención arbitraria o presentado por
cualquiera que se considere amenazado.
(11)
www.cpaphils.org
(12) El Ejército
organizó la proyección de la misma película en varias
otras empresas.
(13)
Center for Trade Union and Human Rights,
www.ctuhr.org/index.php? option=com_frontpage&Itemid=1.
(14) Con
209 ejecuciones extrajudiciales, el 2006 fue un año negro,
y Karapatan atribuye a la movilización y la presión
internacional el hecho de que, de enero a octubre de 2007,
esta cifra se haya reducido a 68.
(15) David
Camroux, “Les Philippines, d’un coup d’Etat à
l’autre”, Le Monde diplomatique, París, junio de 2006.
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