China

Capitalismo realmente salvaje

Cárceles ilegales, imposibles de ocultar en China

Por Gordon Ross
Inter Press Service (IPS), mayo 2010

Beijing.– Cada vez son más las personas que denuncian haber estado en centros de detención clandestinos en varias localidades de China, sólo por haber denunciado los atropellos sufridos por las autoridades provinciales y municipales.

Xu Cong Yang estuvo preso en una de las llamadas “cárceles negras”, tras acusar a la empresa estatal de seguros, que él había contratado, de robarle joyas y una rara colección de sellos en 2003.

Como la aseguradora negó la acusación, Xu decidió recurrir a un tribunal local, pero fue detenido y golpeado, según él, por hombres contratados por la misma empresa.

En 2008 decidió recurrir a la justicia de Beijing. Pero antes de los Juegos Olímpicos de 2008, fue otra vez detenido y pasó tres meses en una pequeña celda.

“Me dejaban varios días sin comer”, dijo a IPS en un café de la capital mientras mostraba fotografías suyas ensangrentado y magullado, tras la golpiza de 2003. “Me tenían todo el tiempo esposado”, añadió, mostrando las cicatrices aún visibles en sus muñecas.

Las “cárceles negras”, como se conoce los centros de detención improvisados y secretos, se usan para evitar que la gente haga reclamos ante las autoridades de Beijing o de otras ciudades.

Los querellantes en China suelen ser encarcelados sin el debido proceso, sufrir golpizas y hasta ser violados por sus captores, según un informe divulgado en noviembre de 2009 por la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.

Los sótanos de edificios de apartamentos o de propiedades estatales en los suburbios suelen adaptarse como prisión. También se usan cuartos de hoteles, de residencias para enfermos y de centros psiquiátricos.

Las autoridades locales están detrás de las detenciones ilegales, avergonzadas de que los ciudadanos recurran a Beijing por reclamos locales, según el informe de HRW.

Las cárceles negras se transformaron en una industria artesanal. Los funcionarios provinciales reciben unos 44 dólares al día por mantener personas presas.

Unas 10.000 personas son detenidas al año en esas prisiones, según HRW, y muchas de ellas varias veces.

Las 38 personas entrevistadas para el informe denunciaron que las dejaron sin comer y sin dormir y que sufrieron amenazas y otros castigos físicos.

En 1949 se estableció una agencia estatal para procesar demandas y, en 1954 se crearon dependencias provinciales y locales para recibir cartas de protestas y reclamos personales.

Los ciudadanos interesados en presentar una demanda no tienen apoyo y deben recurrir a Beijing, señaló Wang Songlian, investigador de la organización no gubernamental Defensores de Derechos Humanos de China.

Las cárceles negras llamaron la atención de la población en octubre de 2009, cuando una mujer de 21 años denunció a la policía haber sido violada por uno de los guardias. El responsable fue condenado a ocho años de prisión.

Miles de personas han desaparecido desde 2003, mientras las autoridades miran para otro lado, señala HRW.

“Eso no existe en China”, declaró a la prensa un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores en abril, informó la organización.

“No hay cárceles negras” en China, aseguró el gobierno en un documento enviado a las Naciones Unidas en junio de 2009.

Finalmente, la revista Outlook, publicada por la agencia de noticias estatal Xinhua, informó en diciembre la existencia de 73 centros de detención clandestinos sólo en Beijing.

Liu Jie es una activista que estuvo detenida en una de las cárceles negras tras denunciar en Beijing que un funcionario de la nororiental provincia de Heilongjiang había tratado de sobornarla en 1997.

En 2007 la trasladaron a un campo de trabajos forzados de Heilongjiang en represalia por distribuir cartas reclamando una reforma estatal en la materia. En los 18 meses que estuvo detenida pasó periodos incomunicada, fue golpeada y la dejaron hasta cinco días sin comida ni agua.

A los 58 años, Liu sigue luchando por los derechos de los querellantes, pese al sufrimiento que debió soportar.

Además, sus actividades son vigiladas. Incluso hay espías del gobierno entre los ciudadanos que demandan al estado.

“Las autoridades prohíben a los demandantes alquilar una habitación”, dijo Liu a IPS. “Los siguen a todas partes. No tienen recursos ni dinero ni poder”, añadió.