Bolivia

 

La caída de Solís Rada y la “nacionalización” del gas

A confesión de parte, relevo de prueba

Por Martín Squatter
Desde El Alto, Bolivia, para Socialismo o Barbarie, 28/09/06

“Es como si en nuestras casas elaboramos pan y luego de elaborar la masa vamos al horno y le decimos al dueño del horno, ‘señor, haga que esta masa sea cocida y salga el pan’. Yo he llevado la masa, el pan es mío y no estoy confiscando el horno: cuánto me van a cobrar por haber hecho el trabajo de hornear”  (Andrés Solís Rada, ex ministro de Hidrocarburos,18-09-06, www.econoticiasbolivia.com).

No podía haber definición más ajustada del carácter de pseudo “nacionalización” del gas que ha llevado a cabo el gobierno de Morales que la confesada por el propio Solís Rada (el ex ministro “nacionalizador”) en la conferencia de prensa que dio luego de su defenestración.

La propia paralización del proceso nacionalizador revela los límites de su carácter: haber declarado la “estatización” sólo del fluido, dejando en manos de las multinacionales (“el dueño del horno”)  todos sus activos. Porque en estas desventajosas condiciones, no hay otra alternativa que pactar con las “dueñas del horno” que mantienen el monopolio de la producción de los hidrocarburos.

Éste es el verdadero contenido de la crisis que ha vivido el gobierno de Morales en este terreno y que derivó, finalmente, en la salida del “duro” Rada. Es que la “renegociación” de los contratos con Petrobras, Repsol y Total, en estas limitadas condiciones, no ha logrado avanzar ni un tranco de pollo.

Crisis en la renegociación, ineficiencia y estafa al Estado

En más de 150 días que pasaron después de la “nacionalización” no se han cumplido las tareas mínimas que se habían acordado. Sin conseguir el 51% de las capitalizadas (por falta de fondos), apenas se logró transferir las acciones de la Administración del Fondo de  Pensiones a YPFB. Tampoco se pudo tomar el control de las refinerías de propiedad de Petrobras y de la compañía logística de Hidrocarburos, que fue, precisamente, el paso que “in extremis” intento dar Solís Rada y que al ser “congelado” por García Linera (luego de que Lula pusiera el grito en el cielo) derivó en la caída del ministro.

También está atrasado el reparto de fondos por la comercialización que realizan las empresas de carburantes dentro de la propia Bolivia. Todo esto acontece mientras las multinacionales se siguen llevando millones y millones. Y mientras la tan mentada “nacionalización”, hasta hace pocos días, no había acercado ni un dólar más al fisco desde que fue decretada.

En estas condiciones, Solís Rada tuvo que ser ratificado varias veces hasta terminar cayendo, acumulando acusaciones (ciertas) de inmensa “ineficiencia”. Y, por otro lado, no fue un factor de peso menor el rápido encaramamiento de una camarilla de burócratas en YPFB, los primeros en caer (no van a ser los últimos) con acusaciones de “estafa” al Estado.

La amenaza de la huelga de inversiones

Dentro de esto también está la presión de las multinacionales, que obviamente no se iban a quedar de brazos cruzados cuando se les pretendiera sacar una parte de las millonarias ganancias que obtienen del petróleo y el gas. Además de las presiones políticas y diplomáticas por parte de los gobiernos de Lula y Zapatero, Petrobras ha bajado la inversión  proyectada de 2.000 millones de dólares a...  90 millones. Y sólo para asegurarse los actuales niveles de producción (30 millones de metros cúbicos). Como si esto fuera poco, también ha paralizado la perforación de dos pozos en el campo San Alberto. Lula dice que no quiere “depender” de Bolivia, y por eso chantajea al gobierno de Morales con tratativas para invertir en otros países del continente.

Este chantaje, a pesar del carácter limitado e incluso tramposo de la “nacionalización” del MAS, debe ser rechazado por la izquierda que se considera revolucionaria en Brasil.

Buscando la renegociación sin expropiación

Evo Morarles ha dimitido a Solís Rada y entregado la dirección de la negociación al vice (García Linera) al frente de un equipo de cuatro ministerios que incluyen al ministro privatizador del Mutún, Villegas.

El propio Linera, en una reciente reunión en el Brasil, ha salido a declarar que la empresa subimperialista Petrobras, “es un socio estratégico de Bolivia”.

El cambio de dirección evidencia un paso atrás en las “formas” de la negociación: la gestión anterior buscaba forzar la renegociación mediante operativos “espectaculares” como la detención (por unas horas) de funcionarios de las multinacionales por “defraudación al estado”.

En estos últimos días, después del recambio de dirección, YPFB ha salido raudamente a negociar lo que sea con tal de aliviar un poco el panorama político, que viene bastante conflictivo con lo de la Constituyente y la ola de conflictos reivindicativos que se está sucediendo.

Ante la presión de que las empresas tienen que “ceder en algo y ya”, el gobierno salió a reforzar la negociación haciendo recordar que los 78 contratos que se realizaron antes del decreto de nacionalización no tienen validez porque no fueron refrendados por el Congreso Nacional. Es decir, no respetaron el artículo 59 de la Constitución Política del Estado aún vigente.[1]

Por esto, con el fin de que “se cumplan con los plazos establecidos”, el gobierno salió a realizar las negociaciones con las petroleras, ya que faltan menos de 40 días para que se  cumpla el término de los 180 días que había dado para establecer los nuevos contratos con fecha tope el 1ª de noviembre de este año.

En este sentido, las empresas petroleras (Petrobras, Repsol YPFB y Total) empezaron a pagar las obligaciones que tenían con el Estado por los campos gasíferos San Antonio y San Alberto. Estos pagos son el 32 % del valor de la producción: una suma de 161,7 millones de dólares, que corresponden a los meses adeudados hasta octubre, pagaderos hasta diciembre.

Este monto iría a parar a YPFB para el “fortalecimiento de la compañía” y poder tener un poco más de margen de acción y así poder comprar una parte de las acciones de las empresas.

Hace falta una verdadera expropiación

En este marco, no se prevé ninguna sanción a las empresas: sólo se les pide que “regularicen su situación reviendo los contratos”, y lo pasado, pisado. Es decir, el gobierno sólo quiere que las empresas permanezcan en Bolivia explotando el petróleo y el gas en mejores condiciones para el Estado y con  más fondos para afrontar las exigencias de su gobierno. Por eso sigue ratificando la presencia de Repsol, que se vio implicada en un caso de estafa al Estado con su controlada Andina. O incluso de Petrobras, que plantea (como ya hemos señalado) que no invertirá un peso más que lo que tiene planificado por la supuesta “falta de seguridad jurídica”. Mientras tanto, Morales vive aclarando, una y mil veces, que “no se echará ni expropiará a ninguna empresa haga lo que haga”.

En síntesis: la crisis de las ultimas semanas, así como los regateos con las multinacionales, muestran los enormes límites de la pseudo-nacionalización. Sin que las empresas hidrocarburíferas estén en manos del Estado bajo control de los trabajadores sin indemnización alguna, todo se reduce a la búsqueda de una renegociación de mejores condiciones contractuales, pero conservando el poder de chantaje en manos de las empresas.

La parábola de la “nacionalización” sólo del fluido, que deja la producción en manos de las multinacionales, se cierra mostrando los límites del “nacionalismo reformista” del MAS. Se trata de acuerdos que siquiera llegan a establecer empresas mixtas en los marcos de la puesta en pie de mecanismos capitalistas de Estado, pareciéndose más a una suerte de “neoliberalismo regulado”.

Una auténtica nacionalización sólo puede ser llevada a cabo de la mano de la clase obrera, tomando el control y la administración directa de todos los medios de explotación, transporte y comercialización de los hidrocarburos.


Nota:

1. El artículo en cuestión, en su párrafo quinto, sostiene que el Congreso Nacional debe “autorizar y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado, así como los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales”.