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La
derecha obtuvo los muertos-bandera que buscaba
Al
límite la “revolución” democrático burguesa del MAS
Por
Miguel Lora Fuentes
Bolpress, 25/11/07
El proceso
de reformas económico sociales que se lleva adelante en
Bolivia ha llegado a un punto de inflexión. De aquí en
adelante, ningún intento de conciliación con las minorías
de derecha parece viable, a no ser que el régimen
nacionalista del MAS modere aún más sus reformas y
renuncie definitivamente a la “revolución democrática”
que pregona. La derecha pateó el tablero del debate democrático
en la Asamblea Constituyente y ya obtuvo los muertos-bandera
que buscaba para desacreditar, y eventualmente derrocar, al
gobierno “tirano” del MAS. El prefecto Rubén Costas
declaró “persona no grata” en Santa Cruz al Presidente
de la República Evo Morales, mientras que cinco prefecturas
preparan la instalación de gobiernos autonómicos “de
facto” y llaman abiertamente al desacato de la “mal
parida” Constitución Política del Estado aprobada en
grande el sábado.
Favorecido
con el 54 por ciento de los votos en los comicios de 2006,
una verdadera paliza electoral para la derecha, el gobierno
del MAS supuso que podría gerentar la democracia liberal
sin mucho sobresalto mientras se aprobaba un paquete mínimo
de reformas en la Constituyente. Pero, muy pronto, el régimen
quedó prácticamente inmovilizado por una intrincada telaraña
de normas y leyes escritas expresamente para mantener el
sistema; sometido
a la voluntad de nada menos que de una minoritaria oposición
que comenzó a conspirar contra el “indio” desde el
mismo momento en el que se sentó en la silla presidencial;
y, lo peor, sin la menor posibilidad de reconducir la
Constituyente, es decir “el gran escenario de acuerdos y
pactos estructurales de la sociedad para resolver los
conflictos que han atravesado la sociedad boliviana desde su
formación como Estado en 1825”. (Vicepresidente Alvaro
García Linera).
La convulsión
social en Sucre de las últimas 36 horas -que deja como
saldo preliminar tres muertos y más de una centena de
heridos-, confirma una vez más la tesis de que si bien Evo
Morales llegó al gobierno, las mayorías oprimidas aún no
han tomado el poder, como en su momento demostraron el
choque sangriento entre obreros y empresarios en Huanuni y
los enfrentamientos entre cocaleros y fuerzas de derecha en
Cochabamba a principios de año.
El gobierno
de Morales reconoció esta limitación y apostó por la
Asamblea Constituyente como escenario de lucha por el poder
y contra el carácter colonial y monocultural del Estado
liberal, en el entendido de que existían dos caminos para
dirimir la pugna abierta: la guerra civil o el armisticio
social. Cerrada una de las dos vías, ¿qué papel asumirá
el régimen en este momento de transición? ¿Evo querrá
pasar a la historia como el Kerensky boliviano; preferirá
seguir los pasos del ex presidente Hernán Siles, cuyo
gobierno fue la antesala de la más despiadada dictadura del
capital que ha conocido el país; se definirá de una vez
como lo hizo su “abuelo mayor” Fidel Castro?
La
derecha nunca quiso debatir y pateó el tablero en la
Constituyente
La derecha
llegó diezmada a la Asamblea Constituyente, proponiendo un
proyecto de desarrollo nacional derrotado en la vida real,
en las calles y en las urnas. En calidad de fuerza política
minoritaria, tuvo que defender el viejo liberalismo
occidental ante un renovado indigenismo comunitario
mayoritario, en un momento en el que se revela a escala
planetaria la inviabilidad ambiental, política y social del
modelo de desarrollo capitalista. Derrotada y sin discurso,
la derecha no vio otra salida que patear el tablero y salir
corriendo por la ventana.
Las elites
económicas siempre se opusieron a la Constituyente. Se
necesitaron siete años de permanente lucha, con mucha
sangre derramada en el camino, para obligarlas a debatir con
el movimiento popular asuntos de los que casi nunca se
hablaba: el modelo de desarrollo capitalista, los límites
de la democracia liberal representativa, el latifundio, la
propiedad de los recursos naturales... Prácticamente
obligada, la burguesía tuvo que discutir la caracterización
y la estructura del Estado colonial.
Los
intereses contrapuestos de la burguesía nacional peona de
las transnacionales y de los mayoritarios sectores sociales
empobrecidos quedaron en evidencia apenas instalado el
debate. Aunque parezca irónico, los movimientos sociales
que se abrieron paso con la acción directa callejera luego
fueron abanderados de la continuidad del debate democrático,
mientras que la derecha exacerbó los sentimientos
provincianos y demostró estar dispuesta a dividir el país
a través de una guerra civil sangrienta para preservar los
intereses de las clases dominantes y asegurarles, al menos,
algunos pedazos de país convertidos en territorios autonómicos.
El MAS
nunca planteó un cambio revolucionario en el sentido
estricto del término. El Presidente Morales ha repetido
hasta el cansancio que respetará la propiedad privada
-inclusive los grandes latifundios “productivos”- y que
garantizará seguridad jurídica para las transnacionales,
con las cuales no ha roto. Las reformas nacionalistas de
Morales respetan y hasta garantizan los intereses de la
burguesía nacional. Promueven el reconocimiento de culturas
y formas de producción y de propiedad comunitarias no para
que reemplacen sino para que “convivan” con la economía
capitalista.
El gobierno
hizo concesiones; el ala conservadora jamás sometió a
escrutinio público sus dogmas y no retrocedió un milímetro
en su posición. La Junta Democrática de Bolivia, el nuevo
partido de derecha conformado por los dirigentes cívicos y
políticos más reaccionarios de Santa Cruz, Beni, Pando,
Tarija, Cochabamba y Chuquisaca, propone construir una
“República libre y organizada en un estado soberano de
derecho”, cuya forma de gobierno sea el sistema democrático
y cuya organización territorial se base en el régimen
autonómico departamental y descentralizado. Reconoce “la
propiedad estatal en los recursos naturales no
renovables”, pero reclama respeto absoluto para la
“propiedad privada y el libre comercio como motores del
desarrollo del país”.
Sintiéndose
amenazados y perseguidos, los cívicos y prefectos de la
“media luna” y sus expresiones políticas recurrieron a
distintas estrategias para retrasar, desviar y sabotear el
debate en la Asamblea. Al comenzar las discusiones, su
principal bandera fue que la nueva Constitución se apruebe
por dos tercios de voto como garantía de respeto a las
“minorías”. Luego combatieron el carácter
“originario” del Foro y el Estado “Plurinacional”. Más
tarde impulsaron la lucha de un minúsculo grupo político
chuquisaqueño que puso en brete al foro exigiendo debatir
un asunto marginal: la “capitalía plena”.
Muchos
afirman que el diálogo en la Constituyente nació muerto.
¿Qué podía esperarse de la negociación con sectores políticos
ultraconservadores que bloquean cualquier propuesta de
cambio, por más moderada que sea? ¿Acaso el MAS no corría
el riesgo de entibiar cada vez más la “revolución democrática”
en pos de la concertación?
Momento
de decisiones
Quedan en
nada los acuerdos a los que arribaron el MAS y
representantes políticos de la Suprapartidaria (UN, MNR,
CN, AS, MOP, ASP, MBL, MCSFA y el independiente Lindo Fernández,
ex Podemos). Las
nueve fuerzas políticas habían acordado construir un
Estado “unitario, social de derecho, plurinacional,
comunitario y autonómico”, un “avance histórico” según
el Vicepresidente Alvaro García Linera porque se reconoció
la dimensión plurinacional y comunitaria del Estado social
de derecho y la dimensión autonómica y descentralizada,
sin excluir a nadie y articulando los grandes ejes de
tensionamiento y de demanda que caracterizaron a la Bolivia
republicana.
La comisión
política delineó las bases de un Estado integrador y
plural asentado en la “complementariedad
intercivilizatoria” que reconoce una “economía
plural” on tres formas de propiedad: la estatal, la
comunitaria y la privada, todas ellas conducidas por un
Estado planificador que ejerce la dirección integral del
desarrollo económico. Se perfila una Constitución Política
del Estado “mestiza”, anunció en su momento el jefe de
Unidad Nacional Samuel Doria Medina.
Los
integrantes de la Suprapartidaria decidieron “fomentar y
promocionar” el área comunitaria de la economía como
alternativa solidaria, tanto en el campo como en la ciudad,
y a la vez se comprometieron a respetar la propiedad
privada, la sucesión hereditaria, la propiedad individual y
colectiva sobre la tierra, la iniciativa empresarial y la
seguridad jurídica.
Podemos de
Jorge Quiroga, la fracción política más conservadora de
la Asamblea, no participó en los debates de la
“Suprapartidaria”, a diferencia de otros representantes
de fuerzas conservadoras como el MNR y Unidad Nacional. A último
momento, la centro derecha rompió los pactos y dejó solo
al MAS y a otras fuerzas minoritarias que aprobaron el sábado
un primer borrador de la nueva Carta Magna con las
consecuencias conocidas.
Los
acontecimientos en Sucre agudizan la polarización política
y profundizan una larga crisis estatal caracterizada por el
antagonismo, la inestabilidad y la incertidumbre. Sin
embargo, también se abren nuevas perspectivas porque en
momentos de crisis se gestan los cambios y los soldados
toman partido. Los sectores movilizados en Sucre no tardarán
mucho tiempo en pedir cuentas a sus líderes cuando se
aclare el trasfondo de la reivindicación regional impuesta
artificialmente en un momento constitutivo. Demorará un
poco más la sociedad cruceña en entender que su gobierno
autonómico será ilegal mientras no sea reconocido por la
Constitución.
Según el
Vicepresidente García Linera, el país vive un momento de
crisis estatal “en proceso de resolución” en el que
combaten dos fuerzas antagónicas: la derecha integrada por
la burguesía agroindustrial del oriente (Branco Marinkovic
y los cívicos de la media luna), pequeños grupos radicales
“semifascistas” (que aparecieron en Sucre) y sus brazos
políticos (Podemos, MNR, UN), y un nuevo bloque de poder de
“pequeños productores” del área urbana y rural
(campesinos, artesanos, comerciantes y segmentos del
empresariado privado vinculados al mercado interno) y una
burocracia estatal con influencia económica que tiene a
mano importantes “resortes” o herramientas de cohesión
social como la inversión pública (bonos para los ancianos
y los estudiantes, grandes obras de infraestructura, etc.).
No hay
empate catastrófico entre los dos bandos, asegura García
Linera, sino el surgimiento de resistencias locales de
elites que carecen de un proyecto de sociedad viable y creíble
frente al nuevo bloque de poder. El mandatario opina que la
resolución del tensionamiento y la definición de la nueva
personalidad del Estado está más cerca de lo que parece.
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