La oligarquía arma su propio estado

Econoticiasbolivia, 13/12/07

La Paz.– Terratenientes y la rancia burguesía, con masivo respaldo popular, intentan formalizar el poder que ya de facto ejercen en cuatro de las nueve regiones de Bolivia. Alistan su propio Parlamento, su propia Policía y el control total sobre la tierra, la educación y los impuestos. Evo, por ahora, sólo mira y amenaza. La clase obrera se pone en pie de combate.

En abierta rebeldía contra el gobierno legalmente establecido del presidente indígena Evo Morales, las fortalecidas fuerzas de la oligarquía boliviana dieron anoche un nuevo paso en su intento por formalizar el poder que ejercen de facto en los valles y llanuras de Bolivia al aprobar su denominado “estatuto autonómico”.

El texto de 155 artículos, que sienta las bases para la conformación de un gobierno independiente, con capacidad de legislar y definir el uso de sus recursos, fue aprobado por una autoconvocada Asamblea Provisional Autonómica, en Santa Cruz, la región más próspera del país, donde se concentra gran parte de la riqueza natural (gas, petróleo, tierras, bosques, hierro) y que es desde hace un año el bastión de la oligarquía terrateniente y de la burguesía comercial financiera local.

La carta autonómica fue recibida con júbilo por las clases medias, empresarios, vecinos y gran parte de los trabajadores urbanos del oriente, aunque con fuerte rechazo y críticas por los sectores campesinos e indígenas.

Tras la aprobación del estatuto “en grande”, de inmediato en La Paz el gobierno del presidente Morales, que ejerce poder en el altiplano y que aún mantiene bajo control total al Ejército y la Policía, advirtió que la “autonomía de facto decretada por la oligarquía era ilegal, antidemocrática y conspirativa”. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada,había advertido con una intervención policial y militar si Santa Cruz declaraba su autonomía y rompía la unidad del país.

Al margen de la ley

Como lo reconocen sus propios autores, la carta autonómica no se basa ni en la Constitución Política del Estado en vigencia ni en la que fue aprobada en Oruro por las fuerzas leales al presidente Morales el domingo pasado y que exacerbó el clima de enfrentamiento que vive Bolivia, virtualmente partida en dos, con dos poderes en pugna abierta por el control de territorio.

El texto autonómico establece que Santa Cruz es un departamento autónomo, una demanda de gran arraigo popular en casi todas las regiones del interior del país (excepto La Paz) y que ha permitido que la oligarquía tenga la dirección y control de un vasto movimiento popular, que tiene fuertes rasgos reaccionarios y racistas, profundos sentimientos regionalistas, un acendrado odio hacia los altiplánicos y duras expresiones fascistas.

El punto central del estatuto se encuentra en el artículo seis, en el cual se detallan las competencias exclusivas que tendrá el nuevo poder. Entre ellas se incluyen la competencia legislativa para tener su propio Parlamento, la organización de instituciones públicas autónomas, entre ellas de la Policía, que no dependan del poder central, un régimen electoral departamental, y el control, dominio y administración de la tierra, agricultura y ganadería, asuntos forestales, áreas protegidas, biodiversidad, gas, petróleo, tributos departamentales, hacienda, educación, ordenamiento territorial, transporte terrestre y reconocimiento de personerías jurídicas, entre otras.

Es un levantamiento

“Este es un levantamiento terrateniente, un levantamiento del gamonalismo más retrógrado y conservador contra democracia, contra la unidad y contra el proceso de cambio y revolución agraria", dijo en La Paz el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.

Por ahora, el Ejército y la Policía, cuyos altos mandos responden a Morales, están en apronte, al igual que las organizaciones sindicales urbanas y campesinas que han comenzado a exigir que se corte de raíz la conspiración fascista y se liquide el creciente poder de la oligarquía. Algunos dirigentes, como Roberto de la Cruz de la combativa ciudad de El Alto, cuestionaron la extrema pasividad del gobierno de Morales para con los sediciosos. Otros más radicales, vinculados a mineros de Oruro y maestros de La Paz, plantearon como salida a la crisis la inmediata expropiación y reversión de todos los inmensos latifundios en los que concentra la tierra y que son la base del poder económico y político de la oligarquía.

Presión revolucionaria

En este escenario, la combativa Central Obrera de Oruro, timoneada por los mineros proletarios, la vanguardia revolucionaria de Bolivia, dijo que “las autonomías departamentales que se pretenden ejecutar de facto están al margen de la ley y sólo es un pretexto y argumento trillado para tener potestad regional de parte de la oligarquía de disponer de nuestros recursos naturales en su beneficio”.

“Las autonomías departamentales no solucionarán el problema del desempleo y pobreza porque no altera la propiedad de nuestros recursos que continúan en manos de los mercenarios y trasnacionales. Sólo la aplicación de las Agendas del 2003 y 2005 (una verdadera nacionalización de los hidrocarburos y de la minería, expulsando a las transnacionales, y una nueva reforma agraria que liquide el latifundio) de la cual nunca hablan los oligarcas serán verdadero despegue hacia la construcción de una nueva sociedad”.

Los mineros repudian, además, la política conciliadora de Morales. “Rechazar la convocatoria del Gobierno a una tregua y concertación con la minoría fascista que hoy convulsiona el país, utilizando  millonarios recursos de las trasnacionales y el gobierno norteamericano. La clase trabajadora y el pueblo ha sufrido en carne propia los resultados de este tipo de concertaciones que siempre son un retroceso para el pueblo y ventajas para los opresores. El pueblo sabe que los cambios son con lucha decidida del pueblo que el gobierno no tiene el derecho de traicionar”, agrega la arenga de la Central Obrera de Oruro que ha logrado burlar el control político e ideológico que ejerce el gobierno sobre los sindicatos (ver más abajo: "Los mineros se ponen en pie de combate").

Represión fascista

En Santa Cruz, el Estatuto autonómico fue aprobado bajo la atenta mirada de unos 700 huelguistas de hambre, instalados hace once días en carpas en la plaza central de Santa Cruz, donde son constantes las palizas y golpizas contra los altiplánicos que osan pasar por el centro de la ciudad. Allí operan con absoluta impunidad las bandas fascistas, las fuerzas que respaldan al presidente Morales lucen acorraladas.

“A cada hora, a cada dos horas nos llaman los compañeros, denunciando que los están pegando, que los están maltratando o robando, es increíble lo que está sucediendo, porque realmente ya no hay respeto a nada”, dice Isaac Avalos, principal dirigente de la Confederación de Campesinos y parlamentario del partido de Morales.

En el sur del país, en las ciudades de Sucre y Tarija, como más al norte, en Beni y Pando, también operan las organizaciones juveniles fascistas para amedrentar a los partidarios de Morales y a los dirigentes sociales e indígenas. Allí también se realizan huelgas de hambre contra Morales y su cuestionado proyecto de nueva Constitución, que propugna, en los central, una economía mixta, el respeto a la propiedad privada y al latifundio y la convivencia entre la precaria economía campesina, la informalidad empobrecedora y una limitada participación estatal junto a los grandes terratenientes, la burguesía financiera comercial y los pulpos transnacionales.

Dos gobiernos

Desde las últimas semanas, en los hechos, en Bolivia hay dos gobiernos. Uno, el legal, del presidente indígena Evo Morales, tiene masivo apoyo campesino y el control del altiplano (La Paz, Oruro y Potosí). El Ejército y la Policía responden aún a su mando. Los sindicatos y las clases medias lo apoyan, aunque sin mucho entusiasmo. En los valles y llanuras del oriente y sur del país, pesa más, en cambio, la oligarquía latifundista y la burguesía financiera–comercial, que cuenta con la adhesión militante de las clases medias y la sumisión de los sindicatos y organizaciones cívicas y populares. Ellos conspiran y quieren escindir al Ejército para derrocar al “indio presidente”.

Bolivia está partida en dos. En seis de las 10 más grandes ciudades bolivianas gobierna de facto la oligarquía. Allí, nadie respeta a Evo Morales y emerge con fuerza el racismo, el separatismo y las bandas fascistas. Allí, la izquierda indigenista no tiene discurso ni consignas y está arrinconada y perseguida (ver: “En Bolivia hay dos gobiernos” en www.socialismo-o-barbarie.org/bolivia_arde/071209_a_haydosgobiernos.htm ).

Los mineros se ponen en pie de combate

Econoticiasbolivia, 13/12/07

La vanguardia proletaria cree que en Bolivia llegó la hora de aplastar a la oligarquía para avanzar hacia una verdadera revolución en los andes

La Paz.– Los mineros proletarios, la vanguardia de los trabajadores bolivianos, convocaron al pueblo a movilizarse para aplastar la conspiración fascista y avanzar por la senda revolucionaria más allá del tibio reformismo gubernamental en la perspectiva del socialismo.

“Es la oportunidad histórica de resolver a favor de los oprimidos la lucha antagónica de los pobres contra los ricos y superar de ese modo, en la práctica, los objetivos de la Constitución reformista aprobada en la Constituyente (dirigida por el MAS de Evo Morales, NdE)”.

En un documento público, los revolucionarios mineros, mediante la Central Obrera Departamental (COD) de Oruro, señalaron que era necesario y posible que las masas bolivianas recuperen la iniciativa y ejecuten una política revolucionaria. “La iniciativa perdida por las masas después de la derrota de la derecha el 2003 es posible y necesario recuperarla  en los momentos actuales de tensionamiento y aguda polarización de fuerzas”, dice.

No más treguas

La COD de Oruro considera que no hay espacio para la conciliación de clases. “El gobierno de Evo Morales surgido como consecuencia de las luchas sangrientas del pueblo contra la oligarquía, tiene como base de su política la concertación y la convivencia con el enemigo de clase, compuesto por los pocos ricos de este país, culpables de la pobreza, atraso y desempleo en nuestro país”.

“En ese sentido, su política de pactos con la derecha que terminaron en acuerdos de claro retroceso para el  pueblo  como se puede advertir en la Ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente y los acuerdos de la suprapartidaria, entre otras, nunca conformarán a la clase capitalista, detentadora del poder y de los gobiernos durante la casi totalidad del periodo republicano, así como también no serán solución definitiva a los problemas de nuestro pueblo empobrecido aunque mayoritario”, dice un comunicado enviado a Econoticiasbolivia.

Para los mineros y trabajadores bolivianos no hay duda sobre los peligros que acechan a los trabajadores. “La coyuntura nos muestra con crudeza esta realidad. El gobierno prácticamente ha sido desconocido por las prefecturas y comités cívicos de la media luna (en cuatro de las nueve regiones de Bolivia, NdE) arrastrando a sectores desinformados por un discurso regional y racista. El desacato civil y las autonomías de facto decretados por estas organizaciones facciosas son un desafío al que tenemos que enfrentar todo el pueblo movilizado”.

Plan de lucha

En el análisis político de los mineros, la nueva Constitución aprobada por la Constituyente, y que aún debe ser llevada a referéndum, puede ser superada en los hechos por la dinámica revolucionaria.

“Aunque la redacción de la nueva carta magna mantiene el espíritu concertado en la suprapartidaria y preserva la existencia del gran capital trasnacional  y privado, este tema es el centro del conflicto que alinea a las fuerzas populares y revolucionarias frente a la reacción derechista.

La posición de la clase trabajadora no puede ser otra que el de encabezar una lucha tenaz por: a) desenmascarar la confusión desatada por la media luna y b) imponer la profundización del proceso actual con la aplicación de las agendas. Es la oportunidad histórica de resolver a favor de los oprimidos la lucha antagónica de los pobres contra los ricos y superar de ese modo, en la práctica, los objetivos de la Constitución reformista aprobada en la Constituyente”.

Poder revolucionario

El llamamiento laboral se orienta a movilizar y organizar a las masas para construir desde abajo el poder revolucionario. “Dentro de la democracia directa enunciada por la nueva Constitución se limita a las asambleas y cabildos a tener carácter simplemente deliberativo. Con la acumulación y radicalización de la lucha de los sectores mayoritarios contra la oligarquía convirtamos a esos legítimos mecanismos de las masas en fuentes de decisión y poder del pueblo, es decir en verdaderas asambleas populares a lo largo del territorio boliviano.

“Los acontecimientos que se avecinan con una abierta conspiración derechista nos obligan, ahora más que nunca, a mantenernos movilizados en torno a nuestra organización matriz la Central Obrera Boliviana conformando junto a todas las organizaciones sociales núcleos de defensa y consolidación del proceso con la aplicación de las Agendas del 2003 y 2005”, agrega la arenga de los mineros bolivianos.

Agenda revolucionaria

La agenda revolucionaria contempla, a decir de la COD de Oruro, las siguientes demandas:

• Recuperación de los recursos naturales, hidrocarburíferos, mineros, forestales, tierra, territorio, etc.

• Reversión de las Empresas Capitalizadas durante el oscuro periodo neoliberal, ENDE, ENTEL, ENFE, etc.

• Abrogación del decreto inconstitucional 21060 y las demás leyes neoliberales, ley de capitalización, de Reforma de Pensiones, de Reforma Educativa, de Minería, de Concesiones, del estatuto del Funcionario Público, de Municipalidades, etc.

Es decir anular y aniquilar el modelo económico neoliberal implantado a partir del año 1985, como parte del sistema capitalista decadente y explotador.

“Por el titubeo del MAS  y su carácter democratista y electorero se dieron las sucesivas salidas constitucionales que derivaron en la ascensión mayoritaria de Evo Morales al gobierno, en la esperanza de que con su gobierno se derribaría al modelo neoliberal y se  implementaría las Agendas del 2003 y 2005”.

“Lamentablemente, el  gobierno del MAS se constituyó en prisionero de la minoría derechista que es ejecutora política de las trasnacionales, latifundistas y terratenientes. Esta minoría logró pactos y acuerdos que desnaturalizan la lucha del pueblo de Bolivia y permiten a la oligarquía recuperar un protagonismo que fue aplastado el 2003 y 2005”.

“Hoy, esa oligarquía que es minoría del país y son los pocos ricos que acumulan a costa del sacrificio de los trabajadores y pueblo empobrecido, conspiran abiertamente y articulan un golpe de estado que terminará con el proceso de transformaciones estructurales que el  pueblo pretende imponer con su lucha”.

Marchar separados, golpear juntos

“A la clase trabajadora, organizada en torno a su gloriosa Central Obrera Boliviana, le corresponde, en función a su responsabilidad histórica, el de movilizarse y unificar a todos los pobres del país para hacer frente a ese abierto desafío de los ricos, preservando la independencia política de los trabajadores, consagrada en su Declaración de Principios”. 

“La táctica de responder  juntos a la conspiración derechista, aunque caminemos por vías diferentes nos permitirá aplastar definitivamente a la conspiración oligárquica, manteniendo nuestro planteamiento central de lucha por la aplicación de las Agendas que son parte de las transformaciones económicas y sociales por las cuales siempre lucharon los trabajadores y pueblo pobre de Bolivia”, agrega la COD orureña.