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En
descomposición la democracia liberal en Bolivia
Por
Miguel Lora Fuentes (*)
Bolpress, 14/12/07
Aunque
con sobresaltos, la democracia liberal funcionó en las últimas
dos décadas en base a pactos y alianzas de minorías políticas
conservadoras. Cuando los empresarios y los partidos de
derecha gobernaban el país se hacía respetar las
instituciones y el estado de derecho a fuerza de estados de
sitio, violentas represiones y confinamientos de líderes
sociales opositores. Volcada la tortilla, los neoliberales
derrotados ideológicamente rompen las reglas democráticas,
incurren en la sedición e inclusive pretenden crear
republiquetas independientes, resentidas por haber perdido
en las urnas el control estatal.
El
sistema democrático y el estado de derecho en Bolivia viven
un periodo de franco deterioro, en gran parte por obra de
una minoritaria, pero eficiente oposición conservadora
reacia a aceptar mínimos cambios en la orientación de la
política económica del Estado. Los cambios que se están
produciendo en el país han provocado tomas de posición que
se han convertido paulatinamente en posturas y actuaciones
intransigentes que amenazan la pacífica convivencia de los
bolivianos. El discurso dominante puede llevarnos a un
enfrentamiento violento, advierte el defensor del Pueblo
Waldo Albarracín.
Albarracín
está pensando en los gobiernos regionales que cuatro
prefectos opositores al gobierno de Evo Morales pretenden
instalar “de facto” el 15 de diciembre en Santa Cruz,
Tarija, Beni y Pando. Los estatutos autonómicos que se
redactan en estos departamentos van mucho más allá de la
descentralización administrativa, configuran regiones autonómicas
más radicales que en Colombia y Paraguay (como confesó el
ideólogo de la autonomía cruceña Juan Carlos Urenda), y
enarbolan un modelo de desarrollo diametralmente distinto al
régimen nacionalista del gobierno nacional legítimo,
elegido con casi 54% de los votos en las últimas
elecciones.
Ya
lo ha dicho el presidente del Concejo Municipal de Santa
Cruz Oscar Vargas: Los estatutos autonómicos no buscan el
separatismo o la división del país sino que “son una
visión de país y una propuesta consolidada para
administrar el Estado Nacional de una forma diferente y más
cercana a la ciudadanía. Es una contrapropuesta al viejo
modelo de Estado frente a la realidad del siglo XXI que
necesita mucha más agilidad para la atención de los
problemas de la gente”.
En
ese afán, las fuerzas de derecha ignoran la
institucionalidad, si es que no la avasallan, al encargar la
redacción de estatutos autonómicos a sectores que carecen
de potestad legislativa, y que cometen el delito de sedición
al arrogarse la representación popular sin que hayan sido
elegidos democráticamente.
“Estamos
viviendo una regresión antidemocrática; Bolivia es un
Estado casi predemocrático en este momento, donde las
instituciones democráticas y los valores que emanan de la
Constitución hoy están en vilo porque no dependen ya de la
Constitución sino de la voluntad de quien los aplique”,
observa el presidente de la Comisión de Constitución de la
Cámara de Senadores Luis Vásquez (Podemos).
Por
un lado, explica Vásquez, un grupo pro gubernamental de 17
personas que no tiene ningún mandato ni capacidad
legislativa continúa reformando la Constitución que
supuestamente ya fue aprobada y revisada en detalle;
mientras en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Beni otro grupo de personas autonombradas como legisladores
escriben un estatuto autonómico sin tener un mandato de
ley. “Estamos muy próximos
a decir que Bolivia ya no es más un
estado de derecho…”, afirma este legislador.
Los
bandos en pugna tienen sus explicaciones. El oficialismo
entiende que no era lógico que una minoría timoneada por
la burguesía agroindustrial latifundista bloquee las
reformas reclamadas por una inmensa mayoría históricamente
marginada y hoy hambrienta de justicia. La derecha impugna
por ilegal e ilegítima la nueva Carta Magna redactada en la
Asamblea Constituyente, pese a que fue aprobada por mayoría
(165 votos de representantes de 10 partidos: al oficialismo
le faltaba sólo cinco votos para alcanzar los añorados
“dos tercios”) y convoca al desacato a pesar de que aún
tiene a mano dos referéndums para bloquear democráticamente
la constitución “masista”.
Las
fuerzas de derecha en el Congreso admiten que las autonomías,
para ser legales, necesitan de la Constitución
recientemente aprobada, la cual reconoce formalmente a los
gobiernos departamentales. “Nosotros fuimos a un referéndum
autonómico de carácter vinculante a la Asamblea
Constituyente, pero ésta tiene demasiadas ilegalidades,
irregularidades e inconstitucionalidades como para
que nosotros la reconozcamos como tal. Entonces, fruto de
esa ilegalidad, los departamentos que le dijeron Sí a la
autonomía pueden presentar un proyecto de estatuto que será
sometido a un referéndum o a un cabildo, ya no tanto
buscando la legalidad sino la legitimidad”, razona el
senador Walter Guiteras de Podemos.
El
hecho es que esta batalla por un pedazo de papel (la
Constitución es un referente simbólico que no siempre se
acata) está degenerando en una abierta pugna por el poder
que podría desembocar en la división del país.
¿Republiquetas?
El
estatuto autonómico aprobado por Santa Cruz atenta contra
la unidad de los bolivianos y la integridad del territorio,
observa con preocupación el Vicepresidente Álvaro García
Linera. El estatuto hace de Santa Cruz un departamento autónomo
con competencias exclusivas en la legislación y
administración de la educación, tierra, agricultura y
ganadería, asuntos forestales, áreas protegidas,
biodiversidad, tributos departamentales, hacienda,
ordenamiento territorial y transporte terrestre; organización
de instituciones autónomas, régimen electoral
departamental, entre otras. El estatuto crea una “ciudadanía
departamental”. “Ni en sociedades federales de larga
tradición se habla de una ciudadanía diferenciada
territorialmente y de la aberración jurídica de controlar
el movimiento migratorio de sus habitantes”.
Las
dirigencias empresariales quieren “Policía Autonómica”
que descuartiza a la Policía Nacional. “De aprobarse esa
propuesta el día de mañana no va a faltar alguien que
proponga que se descuartice a las Fuerzas Armadas y así a
la larga se descuartiza el país”, comenta el
Vicepresidente.
Es
enormemente peligroso que la tierra dependa de la Prefectura
del departamento. “Si el departamento pide administrar
directamente sus tierras, la provincia pedirá lo mismo,
como el cantón y la comunidad indígena, llegando a un país
donde cada pueblo querrá asumir de manera discrecional la
legislación sobre los recursos naturales como la tierra”.
Además, los que siempre se lotearon tierras con el favor
político seguirían haciendo uso discrecional del recurso
desde la Prefectura.
Los
líderes opositores desafían a las fuerzas del orden
El
pueblo cruceño seguirá redactando el estatuto autonómico,
un acto de legítimo derecho de un pueblo que ha seguido
todos los pasos legales, hasta conseguir su autonomía,
declaró el senador cruceño de Podemos Oscar Ortiz. Hasta
el sábado se elaborarán también las preguntas para el
referéndum departamental, informa el diputado Pablo Klinski
(Podemos) presidente de la Asamblea Preautonómica. Habían
pensado aprobar el estatuto en un cabildo, pero a última
hora decidieron someterlo a un referéndum departamental
“tal y como corresponde porque se quiere aplicar esta
autonomía en base a la legalidad”.
El
Presidente Evo Morales sentenció: “Si el estatuto autonómico
no se enmarca en la nueva Constitución, con toda seguridad
será un estatuto de facto y por tanto ilegal e
inconstitucional”. El presidente de la Cámara de
Diputados Edmundo Novillo (MAS) advirtió que si se
insistiera en aplicar un tipo de autonomía irregular, el
gobierno central “está facultado para aplicar las leyes y
la Constitución Política del Estado para hacer respetar y
preservar la unidad del país ante todo”.
El
Prefecto cruceño Rubén Costas reveló que el gobierno habría
movilizado más de seis mil efectivos de la Novena División
del Ejército para militarizar Santa Cruz (muchos estarían
ingresando a la ciudad como civiles) con una inversión
cercana a los cinco millones de dólares. Pero el dirigente
regional opositor puso en entredicho la actuación de
instituciones responsables de la seguridad ciudadana y del
orden público.
“El
pueblo cruceño no tiene por qué atemorizarse. No temo a
los trascendidos que dicen que las cabezas (del movimiento
autonomista) podrían ser detenidas en cualquier momento.
Primero van a tener encarcelar a dos millones de cruceños.
Que no se atrevan a meternos presos, se los recomiendo sin
bravuconadas. Es una advertencia: no sean estúpidos porque
eso es echar gasolina al fuego. (Los gobernantes) no van a
declarar estado de sitio porque saben que no será acatado
por el pueblo”, declaró Costas.
Piden
paz
Las
Fuerzas Armadas y la Policía hicieron saber que están
preocupadas por la magnitud de la crisis política, mientras
que el gobierno norteamericano recomendó a sus ciudadanos
no viajar a Bolivia “debido a las revueltas que se han
dado en el país ante la futura reforma constitucional que
se prepara”.
Como
nunca, representantes de instituciones tan distantes como la
Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación de
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se sentaron a la
misma mesa para pedir a las partes confrontadas que depongan
conductas hostiles y que moderen sus discursos, además de
condenar los actos de racismo, la violencia y la
intolerancia.
La
Defensoría del Pueblo, la Fundación Unir, la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la
Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de
Bolivia (CSTPB), la Asociación de Periodistas de Bolivia,
el Círculo de Mujeres Periodistas, la Federación Sindical
de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, instituciones de
la Iglesia Católica como la Fundación Jubileo y la
Pastoral de Movilidad Humana, la Iglesia Metodista, el Capítulo
Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y la
Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música
clamaron al gobierno, prefectos y cívicos de seis regiones
que dejen a un lado los discursos y acciones radicales y se
pongan a dialogar, recordando que los valores superlativos
que todos debemos cuidar y proteger ahora son la democracia,
la unidad nacional y la convivencia fraterna. La directora
de la Fundación Unir y ex defensora del Pueblo Ana María
Romero de Campero dijo que en un régimen democrático no
deberían asustar las ideas e intereses contrapuestos.
Pero
una duda queda: ¿se puede dialogar, concertar y respetar un
valor fundamental de la democracia como es el respeto al
otro en un momento de agudización de la lucha de clases?
*
Es periodista. Trabajó en los matutinos Presencia, La
Prensa, Los Tiempos y el semanario Pulso. Fue profesor en la
Universidad Pública El Alto. En la actualidad es editor de
Bolpress.com.
La
derecha patea el tablero
Serpal
(Servicio de Prensa Alternativa)
Bolpress, 12/12707
Oruro
fue la ciudad que albergó la última y decisiva sesión de
la Asamblea Constituyente. Tras deliberar durante casi 17
horas aprobó la nueva Constitución Política del Estado
que será votada en referéndum por todo el pueblo
boliviano. Esta vez no hubo violencia como en Sucre, ni
tampoco presencia militar. Miles de campesinos, mineros de
Huanuni, vecinos de Oruro, indígenas y pobladores que
llegaron de El Alto, acamparon en el exterior del Centro de
Convenciones. Improvisaron fogatas para aguantar la larga
vigilia a la intemperie que se inició al caer la tarde del
sábado y se prolongó durante la noche y la madrugada con
una temperatura entre 2 y 3 grados sobre cero. Casi al
mediodía del domingo se escucharon los gritos de júbilo y
la emocionada entonación del himno boliviano, que cerraron
la histórica sesión.
El
proyecto de reforma fue aprobado en la reunión plenaria de
la que participaron 164 de los 225 constituyentes. En su
primer artículo, establece que "Bolivia se constituye
en un Estado unitario social de derecho plurinacional
comunitario, libre, autonómico y descentralizado,
independiente, soberano, democrático e intercultural. Se
funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico,
jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso
integrador del país." Contiene los conceptos claves
del compromiso asumido por el presidente Evo Morales de
"refundar la nación" y dar paso a un estado
inclusivo, que termine con la ancestral marginación de
millones de ciudadanos.
La
dirigente indígena Silvia Lazarte, presidenta de la
Constituyente clausuró el plenario agradeciendo el esfuerzo
realizado por los asambleístas que cumplieron el compromiso
de aprobar la nueva norma antes del plazo del 14 de
diciembre. Atrás quedaba más de un año de estériles
esfuerzos por conseguir que los sectores de la oposición
conformados por los políticos desplazados por la victoria
electoral del MAS y de otros partidos menores participaran
de forma constructiva en los debates y posibles acuerdos.
Tanto PODEMOS, el partido dirigido por el ex presidente
Jorge Quiroga como la Unidad Nacional y otras fuerzas
menores boicotearon desde el primer dia la posibilidad de
que la Constituyente pudiera sesionar y cumplir el mandato
del voto popular de reformar la Constitución. El empresario
Samuel Doria, derrotado candidato presidencial de uno de los
partidos derechistas, había expresado en setiembre del año
pasado que la Asamblea Constituyente "estaba herida de
muerte". De allí en más todo fue esquivar la
posibilidad de negociaciones. La táctica fue entorpecer
cada vez que se producía una convocatoria. Se utilizaron
los más diversos argumentos, pero manteniendo siempre la
denuncia sobre la intención "totalitaria" de Evo
Morales mezclada con alusiones a una presunta
"revancha" del indigenismo, y el eficaz anzuelo de
mencionar que se pretendía marginar a las regiones más prósperas
y productivas de Bolivia, en una clara alusión a Santa
Cruz.
Allí,
las clases dirigentes ( empresarios, latifundistas ) ya venían
"calentando" el ambiente para que ese sentimiento
prendiera en la población, y lograr respaldo para impulsar
una amenaza secesionista. Para ello cuentan con recursos
económicos y con los grupos de choque de la Unión Juvenil
Cruceñista . El anuncio gubernamental de redistribuír los
beneficios de las riquezas y recursos de determinadas
regiones, les facilitó conformar "la media luna"
autonomista con el apoyo de los Prefectos y los Comités Cívicos
de Tarija, Beni y Pando. En Sucre, que fue sede de la
Constituyente, atizaron el tema de la capitalidad, una
antigua reivindicación desde fines del siglo 19 en la que
la ciudad perdió la condición de residencia del Poder
Ejecutivo, derivando en incidentes violentos, agresiones y
saqueos que pusieron en riesgo la continuidad de las
deliberaciones, y dejaron un saldo de 3 muertos, decenas de
heridos e importantes daños materiales. ( ver SERPAL 360
"Bolivia: los cambios en peligro" en
www.serpal.info ). La suma de esa serie de tácticas
hostiles y bloqueadoras tenía un objetivo estratégico: el
fracaso absoluto de la Constituyente.
"Necesitamos
que nos apruebe el pueblo"
La
cerrada intransigencia de la oposición a tratar cualquier
reforma importante de la Constitución, se correspondió con
una progresiva dificultad del gobierno por revalidar el
mandato popular obtenido en las urnas : "refundar la
nación". También abandonó el intento de alianzas con
los sectores mas permeables a la prédica contra los
cambios, para neutralizar así la polarización. En ese
contexto, la presión de la mayoría de los medios de
comunicación fue revirtiendo el objetivo primordial del
voto mayoritario de los bolivianos. Esos medios
"olvidaron" que el mandato de la Constituyente era
reparar siglos de discriminación, de injusticia. Y la
constante pasó a ser "evitar el totalitarismo".
No hay que negar la habilidad desplegada por aquellos grupos
que tras manejar arbitrariamente el poder, incluso
incrustados en sangrientas dictaduras militares, ahora
incorporan a su vocabulario "la defensa de la
democracia" y rechazan la posibilidad de quedar
marginados. En estos meses han trabajado arduamente para que
se borrara la historia, en especial la de los últimos
decenios. Con este "todo vale" de argumentos
tramposos y denuncias victimistas, pretenden tender un manto
de olvido sobre las causas profundas que llevaron a que una
amplia mayoría de los bolivianos votara por Evo Morales,
por el MAS, por el cambio. Con tanta sencillez como con razón,
la indígena Silvia Lazarte afirmó al cerrar la sesión
final: "seguramente algunas agrupaciones y partidos no
van a estar de acuerdo, pero los que estamos aquí no
necesitamos que nos acepten, sino que nos apruebe el
pueblo". Y añadia: "no hemos hecho este trabajo
para la gente que intentó llevar al fracaso a la
Constituyente. Lo hemos hecho por nuestro país. No estamos
acabando hoy nuestro trabajo para irnos a nuestras casas a
descansar". Consideró que es necesario "seguir
trabajando si queremos que se apruebe en el referéndum. Es
nuestra responsabilidad garantizar que el esfuerzo que
hicimos, termine bien".
Pero
ahora el objetivo de la oposición es desacreditar el texto
aprobado. Fracasado su propósito de que la Asamblea no
aprobara la reforma antes del plazo previsto, ahora intentan
que no llegue al referéndum. Por eso llaman "la mal
nacida" a la nueva Constitución, y convocan
movilizaciones y desobediencia civil. No debatieron su
contenido en 15 meses en la Constituyente, pero tampoco
ahora hacen referencia al texto. Y sin embargo, ese
contenido es el que intentan frenar por todos los medios.
Ese texto contiene las modificaciones fundamentales que
reclamaba gran parte de la sociedad boliviana, por eso es de
lo que menos hablan.
El
texto aprobado
La
nueva Constitución aprobada por una mayoría de los
Constituyentes tiene 411 artículos, divididos en cinco
partes con 50 capítulos. Además de la definición del
Estado Boliviano que consta en su primer artículo, el texto
establece que la soberanía reside en el pueblo y se ejerce
en forma directa. Define a Bolivia como un estado pacifista
y que rechaza la guerra como método de solución para los
diferendos o conflictos entre estados. También señala su
respeto por la soberanía de los estados y prohibe explícitamente
la instalación de bases militares extranjeras en el
territorio nacional.
El
documento aprobado respeta y garantiza la libertad de religión
y creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones.
Establece la independencia del Estado con la religión. ( En
el texto anterior se reconocía a la religión católica,
apostólica y romana y establecía con ella especiales
relaciones y acuerdos.)
Sobre
el control social, tema no mencionado en la constitución
actual, el nuevo texto en el artículo 242 indica que el
pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada,
participará en la toma de decisiones de las políticas públicas.
La sociedad civil organizada ejercerá el control social a
la gestión pública en todos los niveles del Estado y en
empresas públicas, mixtas y privadas que administren
recursos fiscales o presten servicios públicos. La sociedad
civil establecerá sus propias normas para cumplir con sus
funciones. Tendrá la facultad de denunciar e instruir a las
instituciones correspondientes para investigar y procesar en
los casos que sea necesario.
Los
recursos son del pueblo
En
el artículo 306 afirma que "el modelo económico
boliviano es plural (...) está constituído por las
siguientes formas de organización económica: la
comunitaria, la estatal y la privada". En otro artículo,
indica específicamente que "garantiza la propiedad
privada, siempre que el uso que se haga no sea perjudicial
al interés colectivo". En el 307 añade que
"todas las formas de organización económica
establecidas por la Constitución gozarán de igualdad jurídica
ante la ley". Y en el 308 establece que "toda
actividad económica debe contribuir al fortalecimiento de
la soberanía económica. No se permitirá la acumulación
privada de poder económico en grado tal que ponga en
peligro la soberanía económica." También se
constitucionaliza el hecho de que el Estado "podrá
intervenir en toda la cadena productiva de los sectores
estratégicos, buscando garantizar su abastecimiento para
preservar la calidad de vida de todas las bolivianas y todos
los bolivianos". Éste régimen prohíbe el monopolio y
oligopolio privado y establece prioridad a la inversión
nacional por sobre la extranjera.
En
otros artículos que hacen referencia a la estructura económica,
afirma que "el Estado garantizará la creación,
organización y funcionamiento de una entidad de planificación
participativa que incluya a representantes de las
instituciones públicas y de la sociedad civil
organizada." También expresa que "la
industrialización de los recursos naturales será prioridad
en las políticas económicas, en el marco del respeto y
protección del medio ambiente y de los derechos de los
pueblos y naciones indígena –originario–, campesino y
sus territorios. " En el artículo 318, precisa que
"la inversión boliviana será priorizada frente a la
inversión extranjera". En otros´apartados afirma que
"la administración económica y finaciera del Estado
se rige por su presupuesto. Las asignaciones atenderán
especialmente la educación, la salud, la alimentación, la
vivienda y el desarrollo productivo." Indica que
"no prescribirán las deudas y los daños económicos
causados al Estado; y que éste "protegerá y fomentará
las organizaciones económicas campesinas, y las
asociaciones u organizaciones de pequeños productores
urbanos. Con respecto al turismo, afirma que será
considerado " como una actividad económica estratégica,
que deberá desarrollarse de manera sustentable, y tomando
en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto del medio
ambiente." También se ratifica el principio de que la
tierra es de quien la trabaja bajo la forma de cumplimiento
de Función Económica Social (FES) y se prohíbe y
caracteriza el latifundio, como un predio que incumple la
FES y practica la servidumbre y esclavitud, en cuyo caso será
expropiado sin indemnización.
Por
su parte, el artículo 398 referido a la extensión de la
tierra para ser considerada latifundio irá a un referéndum
dirimidor, al no conseguir los 2/3 de voto del total de los
presentes. Ese referéndum debe ser convocado dentro de los
próximos cuatro meses. Las propuestas a votar son las que
fijan en más de 5.000 o en más de 10.000 hectáreas la
extensión que debe ser considerada latifundio. Lo resuelto
pasará a formar parte del cuerpo total del nuevo texto, que
ya entonces será sometido completo al voto de los
ciudadanos bolivianos.
En
lo que hace al tema de los hidrocarburos, 160 asambleístas
aprobaron con su voto el artículo 359 que le otorga al
pueblo la propiedad de los hidrocarburos. El artículo
aprobado señala que los hidrocarburos, en cualquier estado
que se encuentren, son de propiedad inalienable e
imprescriptible del pueblo boliviano. También fue aprobado
el artículo 360 que determina que será el Estado el que
promoverá el desarrollo integral en el campo energético.
Se dará prioridad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) a suscribir contratos bajo el régimen de
prestación de servicios, con empresas, públicas, mixtas o
privadas, bolivianas o extranjeras. El nuevo texto indica
que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos es una
empresa autárquica, de derecho público, con autonomía de
gestión. En caso de aprobarse en el referéndum el proyecto
de la Constitución Política del Estado (CPE), todos los
departamentos del país y el Tesoro General de la Nación (TGN)
tendrán regalías por la explotación de los recursos
hidrocarburíferos. De acuerdo con la normativa actual, sólo
los departamentos productores (Santa Cruz, Tarija y
Cochabamba), además de los no productores Beni y Pando,
reciben regalías. En cambio con el proyecto de la nueva CPE,
son tomados en cuenta todos los departamentos del país,
aunque aún no se fija el porcentaje para las regiones no
productoras.
El
artículo 368 del proyecto señala: "Los departamentos
productores de hidrocarburos percibirán una regalía del
once por ciento de su producción departamental fiscalizada
de hidrocarburos. De igual forma, los departamentos no
productores de hidrocarburos, y el TGN, obtendrán una
participación en los porcentajes, que serán fijados
mediante una ley especial".
No
habrá reelección indefinida
Uno
de los temas que fue "bandera de enganche" de la
oposición para reforzar sus argumentos sobre la intención
"totalitaria" de Evo Morales era el de fijar la
reelección indefinida en la nueva Constitución. El nuevo
texto descarta esa posibilidad y establece la reelección de
manera continua por una sola vez y esto es válido para
presidente, vicepresidente, diputados, representantes
departamentales, alcaldes y prefectos. . El nuevo texto
constitucional también contempla la posibilidad de
revocatoria de mandato para las mismas autoridades
nacionales y locales. Para la elección de presidente y vice,
se aprueba la segunda vuelta electoral en el caso de que
ningún candidato obtenga el 50 % más uno de los votos.
La
nueva Constitución termina con la inmunidad que disfrutaban
hasta ahora los senadores y diputados. El texto aprobado en
detalle en el plenario de Oruro establece que los asambleístas
no gozarán de inmunidad. Termina también con la reelección
indefinida que establece la norma actual. La nueva fija un
mandato de cinco años y limita la posibilidad de reelección
a dos periodos continuos.
La
cuestión de la capitalidad estuvo a punto de provocar
nuevamente diferencias insalvables en la sesión final. Los
asambleístas de Chuquisaca, fuertemente presionados por los
sucesos de la semana anterior en Sucre, no quisieron aparecer
como renunciando a esta reivindicación. Que la cuestión
provoque riesgos de ruptura entre los representantes del MAS
o de sus aliados, pone en evidencia la vulnerabilidad a las
maniobras de la oposición. Para algunos asambleístas no
está claro que la capitalidad es un debate secundario que
en ningún caso puede poner en riesgo la aprobación de un
cuerpo de reformas que suponen grandes avances sociales y de
control democrático de los recursos y las riquezas del país.
Finalmente, las diferencias se saldaron con una resolución
ambigua que indica que "Sucre es la capital de
Bolivia", pero sin indicar que poderes alberga. La
actual no la menciona como capital, pero afirma que es
la sede del Poder Judicial. ( El ejecutivo y el legislativo
están en La Paz ).
La
salida al mar
El
tema marítimo, una antigua reivindicación del pueblo
boliviano que perdió su salida al mar en la guerra del Pacífico
librada con Chile (1879–1884), no figura en el actual
texto constitucional. El nuevo, aprobado en Oruro afirma que
"el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e
imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano
Pacífico y su espacio marítimo. La solución efectiva al
diferendo marítimo a través de medios pacíficos, y el
ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio,
constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del
Estado boliviano.
En
materia educacional, el texto vigente dice que el derecho de
una persona es adquirir instrucción por lo menos primaria.
El nuevo, fija que la educación es obligatoria hasta el
bachillerato, gratuita. El artículo 97 garantiza la
inamovilidad del personal docente, conforme a la ley.
Sobre
los medios de comunicación, la reforma aprobada por los
constituyentes menciona en el artículo 107 que el Estado
garantiza el derecho a la libertad de expresión, opinión y
de información, a la rectificación y a la réplica y el
derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de
difusión sin censura previa. Además, reconoce la cláusula
de conciencia de los trabajadores de la información. El artículo
siguiente dice que los medios de comunicación no podrán
conformar, de manera directa o indirecta, monopolios u
oligopolios. Otro punto explica que el Estado apoyará en la
creación de medios de comunicación comunitarios.
La
ofensiva antipopular
Los
prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba
decidieron desconocer el proceso de la Asamblea
Constituyente, y afirmaron que el próximo sábado aprobarán
sus respectivos estatutos autonómicos. La decisión los
coloca en una posición de ruptura con el gobierno elegido
hace dos años por todos los bolivianos precisamente para
que llevara adelante los postergados cambios sociales, políticos
y económicos. Ese bloque agrupa a las regiones más prósperas
del país y con el texto constitucional actual son las únicas
que reciben regalías por los recursos de hidrocarburos que
tienen bajo su territorio.
El
gobernador de la rica Santa Cruz Rubén Costas, dijo que
"los bolivianos no aceptarán la nueva constitución
porque se trata de una imposición que atenta contra la
unidad nacional y la libertad de los bolivianos."
Costas, como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz
viene promoviendo la autonomía de la región desde antes
que Evo Morales asumiera la presidencia. El 23 de enero del
2005 fué proclamado como "gobernador de facto" y
llegó a anunciar la creación de un gobierno autónomo
regional. En esa oportunidad, los grupos de choque
ultraderechistas ocuparon violentamente varios edificios públicos.
Ahora Costas se dirigió al país a través de un canal de
televisión con un Cristo crucificado de fondo argumentando
la defensa de "la unidad nacional". El presidente
de la Asamblea Provisional Autonómica de Santa Cruz y
diputado por Podemos, Pablo Klinsky, alertó que la
Constitución del MAS es "absolutamente ilegal" y
no será reconocida por los departamentos de la "media
luna". Klinsky está vinculado a los grupos violentos
que han agredido reiteradamente a partidarios de Evo Morales
o a manifestantes indígenas y campesinos y no suele ocultar
su discurso racista y excluyente con el que sustenta su
apoyo a la autonomía regional.
Otro
de los personajes claves de la estrategia de la oposición
es Branco Marinkovic, un empresario aceitero de origen
croata poseedor de 30.000 hectáreas, que acompaña el
discurso de Costas y que preside el Comité Cívico de Santa
Cruz. Recientemente en una nota publicada en Bolpress,
Alejandro Saravia afirmaba que "lo que Marinkovic
defiende son, ante todo, los intereses económicos de una
oligarquía local que se ha apoderado, gracias a su apoyo a
las pasadas dictaduras militares, de recursos y tierras del
Estado. Esa minoría tiene actualmente el monopolio del
discurso mediático y ha articulado un discurso de la
identidad cruceña que es, en muchos aspectos, excluyente y
racista." Y añadía una caracterización que resulta
clave para comprender la afinidad entre las "rebeldías"
encabezadas por esa oligarquía local y los partidos
derechistas ligados con las pasadas dictaduras militares o
con los gobiernos neoliberales recientes: "este grupo,
en el que se confunden y codean los intereses del presidente
del Comité pro Santa Cruz, los Sánchez de Losada y los
Quiroga, hará lo posible y lo imposible para mantener a
Bolivia en su condición de colonia neoliberal". Y eso
es precisamente lo que está sucediendo.
El
alcance y profundidad de esta verdadera conspiración contra
la voluntad popular expresada en las urnas hace dos años,
puede medirse en la radicalización del discurso de Rubén
Costas. La nueva constitución que deberá ser aprobada en
referéndum es desconocida y considerada "ilegal".
Mientras el ex presidente Jorge Quiroga, del derechista
PODEMOS hablaba de sabotear el referéndum cuando sea
convocado, Costas parece dispuesto a quemar etapas y tomar
atajos para voltear al presidente Evo Morales. Mientras por
un lado se asume como defensor del "estado de
derecho" supuestamente vulnerado por el presidente,
lanzó un ataque público contra los más altos jefes
militares de Bolivia. Llamó "cobarde" al
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia,
Wilfredo Vargas, quien ha manifestado públicamente su apoyo
a las reformas sociales impulsadas por Evo Morales. Su
ofensiva se completó con la calificación de
"servil" para el comandante en jefe del Ejército,
Freddy Bersatti a quien acusa de "plegarse" al
"imperialismo chavista". Por si su intención no
quedaba clara, insinuó que "no todos" los
oficiales compartirían la posición de esos mandos. O sea
que Costas, adalid del "estado de derecho",
intenta quebrar el compromiso y la fidelidad constitucional
de los mandos militares al presidente elegido por el pueblo.
Demasiada similitud con el discurso de los partidos
derechistas chilenos en el 73, que acusaron de "amigo
de Salvador Allende" al Gral. Prats, provocando su
renuncia y la designación para la Comandancia del Gral.
Augusto Pinochet, quien pocos dias más tarde encabezaría
el cruento golpe militar y la instauración de su dictadura
fascista. Como en aquel entonces, la conjura tiene también
respaldos internos y externos, unos visibles y otros
ocultos. Estos últimos, como en una jugada de ruleta
apuestan sus fichas a la posibilidad de volver al
"orden" anterior. Pero no es un juego. Lo que
pretenden es regresar a los gobiernos dóciles, a la
legislación entreguista, a los derechos recortados o
inexistentes, sin importarles el coste que ello pueda
suponer para el pueblo boliviano, que suele ser quien pone
los muertos, los huérfanos, los represaliados.
La
dramática encrucijada se completa con el papel que cumplen
los medios de comunicación, que casi sin exclusiones dan
sustento a los pasos que van dando los sectores de la
oposición y responsabilizan al gobierno de todo lo malo que
sucede en el país.
Un
ejemplo: tras la aprobación en general de la nueva
Constitución por la mayoría de los asambleístas, el
diario "Los Tiempos" de Cochabamba afirmaba en un
editorial: " Está claro que la pretendida
"refundación" del país se hará por la vía del
enfrentamiento y el conflicto, tal como ha elegido el
gobierno actual."
Una
investigación realizada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación
UNIR–Bolivia reveló días pasados que 16 medios escritos
del país sesgaron la información sobre la Asamblea
Constituyente. Representantes del PNUD, UNIR, la Asociación
Boliviana de Carreras de Comunicación y el Observatorio
Nacional de Medios (Onadem) informaron que el resultado se
desprende la publicación de notas informativas y
editoriales de 5.220 ejemplares publicados en los nueve
departamentos del país desde el 7 de agosto de 2006 y el 9
de agosto de 2007. De acuerdo a una encuesta realizada por
el PNUD, después de un año de instalado el foro
constituyente, la población nacional se siente poco
informada e insatisfecha pese a la gran cantidad de
informaciones. El estudio indica que además de la falta de
contenido en la presentación de los hechos que se
sucedieron en el cónclave, las informaciones fueron
elaboradas con "un claro sesgo negativo en la información
sobre la Asamblea, toda vez que vez que las informaciones
generadas a lo largo de los 12 meses sobre la Constituyente
giraron en torno al conflicto y medidas de presión,
relegando los debates sobre las propuestas. Y añade:
"Fue visible la ausencia de profundidad, la tendencia
al tratamiento sensacionalista y la falta de pluralismo en
la consulta de fuentes". Pero este lenguaje técnico es
demasiado amable con la realidad. Cualquiera de nosotros
puede hacer su propia valoración, accediendo a los
titulares de portada o a los editoriales de "La
Prensa", "Opinión", "Los Tiempos",
"El Deber" u otros medios de tirada nacional.
Hace
más de dos años, cuando el pueblo boliviano dió su apoyo
a Evo Morales y a sus propuestas de cambio, afirmamos que
era un trance histórico. Nunca ese pueblo hermano se había
aproximado tanto a la posibilidad de "dar vuelta la
historia", esa que escribían siempre los mismos o sus
herederos. Y era previsible que ese anhelo de transformación
social y de justicia encontraría una cerrada resistencia de
los nichos de privilegio acostumbrados al poder.
Tras
una maquillada y supuesta aceptación de los resultados
electorales, ahora aparece el verdadero rostro de esa
derecha, parte de la cual fueron cuadros de las
administraciones dictatoriales que soportó el país. Se
siente nuevamente fuerte y por eso ahora "patea el
tablero". Cree llegado el momento para recuperar eso
que consideran "el orden natural de las cosas".
Serán los bolivianos quienes tendrán la última palabra.
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