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El
Congreso no frena la rebelión oligárquica
Econoticiasbolivia,
29/02/08
El
Parlamento, dominado por el MAS, convoca a referéndum sobre
la nueva Constitución e ilegaliza las consultas autonómicas
separatistas. Desde las regiones llaman al desacato y siguen
armando sus propios gobiernos
La
Paz.– Intentando frenar la subversión de la oligarquía
separatista, con la que aún pretende concertar una gran
alianza nacional aunque ahora desde una posición de más
fuerza, el gobierno del presidente Evo Morales promulgó
esta mañana tres leyes que, por una parte, convocan para el
domingo 4 de mayo a un referéndum nacional sobre su
propuesta de nueva Constitución Política del Estado y que,
por otro lado, ponen al margen de la ley las consultas autonómicas
convocadas por los opositores.
De
inmediato, los dirigentes cívicos, empresariales y
regionales, alineados con las fuerzas de la oligarquía del
oriente y los valles, rechazaron las medidas y ratificaron
sus proyectos autonómicos orientados a consolidar el poder
que ya de facto ejercen en cuatro de los nueve departamentos
del país.
Usando
a plenitud su mayoría parlamentaria, y en medio de
presiones y golpes contra los opositores, la bancada del
gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) había aprobado al
atardecer del jueves tres leyes: una modificatoria para
llevar adelante simultáneamente dos referéndums (el
domingo 4 de mayo), una segunda ley de convocatoria para la
consulta constituyente (para definir si se aprueba o no la
propuesta gubernamental de Constitución Política del
Estado) y dirimitoria (para definir si los latifundios
tienen una extensión de 5 mil o 10 mil hectáreas), y una
tercera ley interpretativa referida a la convocatoria de
referéndum departamental que anula los referéndums autonómicos
regionales.
"Ahora
el pueblo es quien debe definir con su voto si aprueba o
rechaza la nueva Constitución Política del Estado",
dijo el vicepresidente Álvaro García Linera, quien convocó
otra vez a los opositores a llegar a un acuerdo para juntar
las demandas populares con las exigencias empresariales.
En
respuesta, el presidente del Senado, el opositor Óscar
Ortiz (de la ultraderechista Podemos), calificó las tres
leyes de ilegales. “La nueva Carta Magna que pretende
imponer el MAS no será acatada por la población”, dijo,
mientras los los prefectos de Santa Cruz y Beni, Rubén
Costas y Ernesto Suárez, ratificaron que proseguirán con
sus referéndums autonómicos a pesar de lo definido por el
Parlamento.
Costas
dijo que la aprobación de los referéndums por el Congreso
Nacional responde a "la desesperación del Gobierno por
su fracaso en su intento totalitario. Tras lo sucedido, todo
el país va a volcar sus ojos a los procesos de autonomía
con más esperanzas".
“Es
un atropello, es un golpe a la democracia”, agregó Ortiz,
quién convocó a la “resistencia civil. Ya no estamos
viviendo en democracia”.
Referéndum
y autonomía
Este
jueves, al fracasar la solicitud de tregua planteada por el
gobierno y que sólo había servido para envalentonar más a
la oligarquía, el plenario del Congreso Nacional sancionó
dos referéndums para el 4 de mayo, el constituyente y el
dirimidor, además de la ley interpretativa sobre la
convocatoria de referéndum departamental.
En
la Ley de Referéndum Dirimidor se establece la consulta
para restringir la propiedad individual de la tierra a un máximo
de 5 mil o 10 mil hectáreas (equivalentes a la cuarta parte
o la mitad de la extensión de la ciudad de Santa Cruz que
tiene 20 mil hectáreas).
Esta
restricción lastima los intereses de un reducido número de
latifundistas y los obligaría, en caso de aprobarse, a
redistribuir sus haciendas entre los miembros del clan
familiar, tal como lo hacen desde los últimos años la
mayor parte de ellos (las propiedades se subdividen a nombre
de los hijos, hermanos, primos y otros familiares para
burlar la ley y evitar la denuncia pública de
acaparamiento).
Según
un informe del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), conocido por Econoticiasbolivia, un
centenar de familias tiene en sus manos 25 millones de hectáreas,
cinco veces más que dos millones de campesinos que trabajan
en otras cinco millones de hectáreas y que subsisten a
duras penas en los minifundios, degradados por la
sobreexplotación agrícola y la baja productividad.
De
aprobarse la consulta popular, dejando en 5 mil o 10 mil
hectáreas la extensión máxima del latifundio individual,
la mayor parte de los clanes familiares mantendrán la
propiedad de todas sus tierras, por lo que su poder y
dominio sobre el territorio se mantendrá sin excesivas
modificaciones.
Nueva
Constitución
El
proyecto de nueva Constitución, elaborada por el MAS,
garantiza la vigencia de todas las formas de propiedad
(tanto estatal como privada y comunitaria), el respeto a los
inmensos latifundios productivos que son la fuente de la
pobreza campesina y el minifundio, el respeto a la inversión
extranjera y a las transnacionales que siguen saqueando
Bolivia, reconoce los derechos de los pueblos indígenas,
autoriza autonomías regionales limitadas y da paso a la
reelección de Morales.
En
este texto constitucional no hay lugar para la revolución
agraria ni para la estatización de la minería ni los
hidrocarburos. La nueva Constitución apuntala, en el fondo,
la perspectiva gubernamental de impulsar el capitalismo
andino, en la visión de Morales de convertir a Bolivia en
un socio confiable de las transnacionales. En la concepción
gubernamental, la industria petrolera, minera,
agroindustria, banca, servicios de telecomunicaciones, energía,
industrias seguirán en manos de las grandes compañías
privadas transnacionales, algunas de ellas con fuertes lazos
con el capital boliviano
Ilegalidad
de consultas autonómicas
Una
tercera ley señala que el Congreso Nacional es la única
instancia democrática facultada para convocar a referéndum
departamental sobre los estatutos autonómicos, por lo que
ratifica la ilegalidad con la que estaban operando los
prefectos y organizaciones empresariales y cívicas del
oriente y los valles.
La
norma establece que mientras no existan gobiernos
departamentales conformados por órganos ejecutivos y
deliberantes elegidos por voto popular, será el Congreso
quien llame a consultas departamentales.
La
ley interpretativa sancionada, que cuenta de un solo artículo,
señala en su artículo 1.– "Se interpreta el artículo
6to. parágrafo 3ro. de la Ley No. 2769 en sentido de que en
tanto no existan gobiernos departamentales, entendiéndose a
estos como gobiernos conformados por órganos ejecutivos y
órganos deliberantes elegidos ambos por voto popular, en el
marco de la autonomía departamental, el referéndum
departamental será convocado exclusivamente por el Congreso
Nacional".
La
conspiración no cesa
Desde
las primeras horas de este viernes, las principales cadenas
de televisión y radios difundían profusamente las
declaraciones de la dirigencia cívica, política y
empresarial ligada a la oligarquía que ratificaba su
rechazo a las leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas
por Evo Morales.
Casi
todos ellos convocaban a la “resistencia civil” y
aseguraban que “los procesos autonómicos no se detendrán
ni a bala”.
Presidente
promulga convocatoria a referéndums
para la nueva CPE
ABI,
29/02/08
La
Paz.– El presidente Evo Morales Ayma promulgó este
viernes a las 09.43 la Ley Nº 3836 de convocatoria al referéndum
dirimidor de la extensión del latifundio y la Ley Nº 3837
para la consulta que validará el proyecto de nueva
Constitución que se aprobó en Oruro el 9 de diciembre de
2007.
Asimismo
promulgó la Ley Nº 3835, norma interpretativa referida a
la convocatoria de referéndum departamental.
El
acto tuvo lugar en el frontis de Palacio Quemado, en plena
plaza Murillo, donde varios sectores sociales se asentaron
para presenciar el acto por el cual será el pueblo quien
defina el futuro de la nueva Carta Magna.
"Es
importante que ahora todos, juntos comencemos a trabajar
unidos para socializar nuestra nueva constitución",
afirmó el presidente de la Federación Nacional de
Cooperativistas Mineros de Bolivia, Andrés Villca.
Manifestó
que esta es la primera vez que los cooperativas están
reconocidos en la nueva Constitución y señaló de igual
forma que todos los sectores sociales que antes estuvieron
excluidos ahora son reconocidos.
Convocó
a todos a votar por el Sí a la nueva Constitución este 4
de mayo.
En
la víspera el Congreso Nacional, en su quinta sesión
extraordinaria, en la que participaron 83 diputados y 17
senadores, la mayoría del Movimientos Al Socialismo (MAS),
sancionó las tres leyes.
Tras
la promulgación se instruyó a la Corte Nacional Electoral
(CNE) e instancias correspondientes la administración de
los dos procesos de consulta.
García
Linera: referéndums responden a la negativa opositora al diálogo
El
vicepresidente, Álvaro García Linera, aseguró la noche
del jueves que la aprobación de convocatoria a referéndums
dirimidor y de aprobación o rechazo de la nueva Carta
Magna, para este 4 de mayo, responde a la negativa de los
políticos, cívicos y prefectos de oposición a concretar
un gran acuerdo nacional.
"El
pueblo boliviano sabe que el presidente del Congreso ha
hecho todos los esfuerzos posibles para encontrar en el
camino del diálogo y la concertación con las regiones, con
los prefectos y hemos recibido el rechazo incomprensible,
brutal al diálogo y a la concertación", manifestó
después de la clausura de la quinta sesión ordinaria del
Congreso Nacional.
García
Linera dijo que el resultado del trabajo de la sesión
conjunta de las cámaras de Diputados y Senadores no da
argumento alguno a que pueda ser cuestionado porque fue
producto del diálogo y con una presencia mayoritaria de dos
tercios.
Por
lo que la decisión de rechazar o de admisión del texto de
la nueva Constitución Política del Estado ahora está en
manos del pueblo boliviano, que deberá asistir a las urnas
el domingo 4 de mayo de 2008.
"Agotado
la posibilidad de diálogo el Congreso ha aprobado esta
convocatoria y ahora será el pueblo quien tendrá que
definir con su voto el futuro del país, será el pueblo que
con su voto que defina si aprueba o no el proyecto de nueva
Constitución", insistió el Vicepresidente de la República.
Evo
pide tregua, pero la oligarquía avanza más y más
Econoticiasbolivia,
28/02/08
La
política conciliadora de Evo envalentona más a los 100
clanes que dirigen la conspiración. Los sindicatos y los
trabajadores comienzan a recuperar su independencia de clase
y se movilizan por más salario, más derechos y para
arrebatar el poder económico de la oligarquía
La
Paz.– La envalentonada oligarquía boliviana rechazó la
tregua ofrecida por el gobierno del presidente Evo Morales y
prosiguió adelante en sus planes de convocar a ilegales
referéndums regionales con lo que quieren refrendar su
autonomía de facto y formalizar el control casi absoluto
que ejercen sobre las regiones más ricas de Bolivia.
“No
existe la posibilidad de negociar ni retroceder en este
tema“, dijo tajante el líder del derechista Comité Cívico
de Santa Cruz, Branco Marinkovic, al rechazar ayer la
solicitud del vicepresidente Álvaro García Linera, quien
solicitó una tregua de 60 días en los preparativos para
los referéndums regionales en Santa Cruz, Beni, Pando y
Tarija. En ese plazo, el gobierno de Morales consideraba que
podía armonizar su proyecto de nueva Constitución Política
del Estado con los estatutos autonomistas.
Desairado
por la derecha oligárquica, con la que busca un acuerdo de
largo aliento para compartir el poder según admitió el
propio García Linera, el gobierno de indígenas y
campesinos pobres va perdiendo apoyo popular en las ciudades
día que pasa, producto del incesante alza del costo de vida
y la casi total ausencia de cambios positivos en la precaria
situación económica y social de la gente más empobrecida.
Aunque
con grandes dificultades organizativas, los sindicatos y las
organizaciones populares urbanas han comenzado a retomar su
independencia de clase y cuestionan la política
gubernamental de conciliación con la burguesía y su
abandono de las principales reivindicaciones políticas y
económicas a favor de los más pobres (nacionalización
real de gas, petróleo y minerales, tierras para campesinos,
mejor salario para obreros y desmantelamiento del
neoliberalismo). Ellos reclaman un combate real contra la
oligarquía, las transnacionales y el imperialismo y una
mejora sustancial de sus condiciones de vida y de trabajo.
Ofensiva
ultraderechista
Desde
la derecha, el acoso sobre el gobierno se hizo más patente
este miércoles, a pocas horas que el vicepresidente García
Linera demandara una pacificación. “El tirano más rudo
no podrá contra los hombres más libres. No va a lograr que
este proceso se pare, es irreversible, esto no lo detiene
nadie“, dijo desafiante el prefecto (gobernador) de Santa
Cruz, Rubén Costas, que ratificó la convocatoria a una
consulta popular para el domingo 4 de mayo, fecha en la que
los terratenientes y burguesía oriental intentan aprobar un
estatuto autonomista que, aunque es ilegal e
inconstitucional, les faculta para conformar su propio
Parlamento, su propia Policía y tomar el control total
sobre la tierra, la educación y los impuestos (ver “La
oligarquía arma su propio Estado”).
Marinkovic
y Costas son dos de los principales voceros de los 100
clanes que dirigen desde el oriente y los valles de Bolivia
la rebelión oligárquica contra el gobierno indígena y
campesino de Morales que controla el altiplano (La Paz,
Oruro y Potosí) y parcialmente los valles (área rural de
Cochabamba y Chuquisaca) (ver “La rebelión de los 100
clanes”).
Presión
latifundista
La
rebelión oligárquica también avanza en las regiones de
Beni y Pando, fronterizas con Brasil, y donde los clanes
latifundistas ejercen un poder despótico y casi absoluto.
El prefecto Ernesto Suárez de Beni convocó ayer a la
consulta, luego de que la Corte Departamental Electoral
certificara que había más firmas de las necesarias para
convocar un referéndum departamental.
En
Pando, el primer vicepresidente del Comité Cívico, Ricardo
Shimokawa, dijo que en las próximas horas la Corte
Electoral entregará la validación de más de 10.000 firmas
y de inmediato el Consejo Departamental autorizará al
prefecto Leopoldo Fernández a seguir los pasos de sus
colegas Costas y Suárez y llamar un referéndum para
validar la carta autonómica que fue redactada el pasado 15
de diciembre.
Con
estas acciones, la oligarquía del oriente y los valles, que
enarbola la bandera de la autonomía regional y por ello
cuenta con la masiva adhesión de organizaciones
empresariales, cívicas, sociales y populares urbanas,
desestimó la intención del gobierno para ablandar su
proyecto de Constitución e incluir las demandas autonómicas
y reivindicaciones de la oligarquía.
Referéndum
revocatorio
Desairado
por los terratenientes y la burguesía, las fuerzas leales
al presidente Morales intensificaron su presión sobre el
Parlamento para que convoque a un referéndum revocatorio
con el que quieren lograr un respaldo en las urnas para Evo
y paralelamente intentar defenestrar a alguno de los
prefectos opositores, antes de que avancen hacia sus autonomías
separatistas.
El
revocatorio es asumido como una presión desde el
oficialismo para forzar a la oligarquía a buscar un gran
pacto social sobre la base de mantener la unidad nacional,
el respeto a la democracia formal, a la propiedad privada, a
la inversión privada nacional y extranjera, y mantener en términos
menos conflictivos la vigencia de dos gobiernos, uno en el
altiplano con Evo a la cabeza y otro en las regiones del
oriente y los valles dirigido por la oligarquía.
"Si
se mantienen la actitud de la intransigencia, de seguir
violentando el ordenamiento jurídico, de seguir
presionando, de seguir colocando ultimátum y una actitud
radical, el diálogo está condenando al fracaso",
alertó García Linera.
"Si
este último esfuerzo fracasa no será por voluntad del
Congreso sino por la presión de actores políticos externos
sociales como regionales que no están apostando al diálogo",
agregó.
Expectativas
oligárquicas
Sin
embargo, la oligarquía, que viene fortaleciéndose desde
los dos últimos años, cree que puede seguir acumulando
fuerzas y poder con la política de confrontación contra
Morales, que día que pasa pierde apoyo en las ciudades casi
en la misma proporción en que se devalúan los salarios y
aumentan los precios de los alimentos.
Aunque
aún son una minoría, los sectores más reaccionarios de
los 100 clanes familiares, que concentran en sus manos las
tierras y tienen el control casi absoluto de la
agroindustria, el comercio exterior, la banca y los grandes
medios de comunicación, pugnan por defenestrar al “indio
presidente”, mientras que otros creen que el derrocamiento
de Morales no está aún al alcance de sus manos, pero sí
su desgaste.
Los
sediciosos cuentan con el directo apoyo y financiamiento de
la Embajada de Estados Unidos y su representante Philip
Goldberg, que por ahora trabaja para consolidar la virtual
división de Bolivia, con Morales en el altiplano y los
gobernadores derechistas en la otra mitad del país. En los
hechos, esta división es aceptada y tolerada por el
gobierno de Evo y su Movimiento al Socialismo (MAS).
Desborde
por la izquierda
Por
ello, desde la óptica de los sindicatos revolucionarios, se
considera que el gobierno de Evo, ––que representa los
intereses económicos y políticos de los indígenas y
campesinos, la mayoría de ellos pequeños propietarios de
parcelas, y de los microproductores urbanos––, está
manteniendo en pie el neoliberalismo y favoreciendo más a
los grandes empresarios que a los trabajadores y
asalariados.
“La
continuación de la política económica neoliberal impide
la planificación de la economía, ocasionando la subida
desmesurada, incontrolable y abusiva de los artículos de
primera necesidad generando una inflación que, en los
hechos, ha superado el 15%. Los trabajadores bolivianos,
tanto del sector público como privado, exigimos la reposición
urgente del valor adquisitivo de los salarios de acuerdo al
costo de vida y la canasta familiar”, señala un
pronunciamiento del ampliado de la Central Obrera
Departamental de Oruro.
“El
Gobierno sostiene que para un aumento de salarios tendría
que incrementar el IVA y el IT (Impuesto al Valor Agregado y
a las Transacciones). Sin embargo no explica por qué en la
Ley 3787 de 24 de noviembre de 2007 rebaja la alícuota del
impuesto minero al oro que explotan las trasnacionales del
7% al 5%. Asimismo debe responder el por qué de la
promulgación de la Ley 3788 de la misma fecha donde se
mantiene la devolución del IVA y los CEDEIMS
a los exportadores de hidrocarburos, minerales y
productos derivados. Igualmente debe explicar por qué el
impuesto del 82% a los hidrocarburos decretado en mayo del
2006 ahora es simplemente 50%”, agrega.
Retroceso
y conciliación
Según
el análisis de los obreros, los dos primeros años del
gobierno de Morales constituyeron un retroceso para los
trabajadores y sindicatos que ilusamente confiaron en una
política más progresista de Morales y de su gobierno
campesino–indígena.
“El
largo plazo concedido al Gobierno desde su posesión en
enero del 2006 sólo significó retroceso para el movimiento
obrero y popular por la política de concertación con la
minoría oligárquica asumida por el gobierno del MAS,
facilitando la rearticulación de la derecha a través de
sus partidos MNR, PODEMOS, UN, NFR, ADN, MIR y otras
agrupaciones que bajo la máscara de ciudadanas sólo
defienden los intereses de los terratenientes y empresarios
trasnacionales”.
“
El verdadero proceso de cambio no puede tener otro contenido
que el de ejecutar las Agendas por las cuales el pueblo
derramó su sangre y que son parte fundamental del Pliego Único
Nacional de la COB:
a)
Recuperación y nacionalización de nuestros hidrocarburos,
yacimientos mineros, forestales y demás recursos naturales
b)
Reversión de las empresas capitalizadas al Estado
c)
Abrogación del Decreto 21060 y las leyes
neoliberales que fueron aprobadas en las décadas pasadas
(Ley de Capitalización, de Pensiones, de Reforma Educativa,
de Municipalidades, del Estatuto del Funcionario Público,
de Concesiones, de Inversiones, de Minería, de Tierras,
etc)”.
Guerra
contra los ricos
El
documento aprobado por los dirigentes de la Centra Obrera de
Oruro, que está bajo la dirección de los mineros
proletarios, expresa que la única vía para derrotar a la
oligarquía conspiradora es arrebatarle las tierras, las
minas, los bosques, el gas y sus grandes capitales.
“La
posición de los trabajadores es inalterable con respecto a
la “media luna” y sus portavoces prefecturales, cívicos
y paramilitares. No permitiremos la división de la Patria y
rechazamos el pacto o concertación planteada por estos
oligarcas y terratenientes que, a fin de mantener sus
privilegios, utilizan todos los medios a su alcance para
distorsionar, confundir y provocar enfrentamientos entre los
pobres del país”.
“Los
ricos son una minoría pero que posee la casi totalidad de
la riqueza nacional. Ese poder económico les permite
manipular y corromper a círculos de poder. Es hora de
arrebatar esa fuente de poder económico irracionalmente
utilizado para los pobres de nuestro país que son la mayoría
que siempre estuvo excluida del poder soportando
discriminaciones étnicas, raciales, de género, etc”,
agrega el documento de los trabajadores.
Otro
pronunciamiento de la Federación de Mineros también
advierte: A los Prefectos debemos manifestar que no
dudaremos en utilizar la fuerza obrera para encausar
nuestras demandas reivindicativas que propusimos con el
cambio estructural político, económico y social, si el
Gobierno y los Prefectos no leen lo que en verdad el pueblo
precisa, seremos los obreros y el pueblo boliviano los que
impongamos una política SOCIALISTA”.
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