La derecha arma un gobierno de facto en Sucre

Econoticiasbolivia, 06/03/08

Un cabildo popular desconoce la autoridad del prefecto elegido por Evo Morales y nombra a su propia gobernadora. La oligarquía ya controla seis de los nueve gobiernos regionales de Bolivia. La conspiración avanza

Sucre.- Una multitudinaria concentración popular urbana, dirigida por los sectores más reaccionarios y derechistas de la capital histórica de Bolivia, desconoció la autoridad del presidente Evo Morales y nombró en rebeldía y total desacato de la ley a su propio prefecto (gobernadora).

Agitando la bandera de la autonomía y las más sentidas reivindicaciones económicas y sociales de los pueblos pobres y postergados del sur de la República, el cabildo popular realizado la tarde de este jueves en Sucre echó del cargo de prefecto a Ariel Iriarte, elegido por Evo Morales, y colocó en su reemplazo de forma interina a la opositora Sabina Cuéllar.

Desde La Paz, el Gobierno central ratificó su rechazo a esta acción, calificándola de “ilegal” y “subversiva”.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que el Gobierno de Morales no reconocerá la legalidad del nuevo prefecto, ya que su designación no está enmarcada en ningún precepto legal.

Quintana señaló que el Ejecutivo se enmarcó en la legalidad para ratificar a Ariel Iriarte como prefecto interino de Chuquisaca hasta que se seleccione a un nuevo prefecto en las elecciones del 29 de junio.

Una región dividida

En el Cabildo participaron masivamente las fuerzas y organizaciones cívicas, vecinales, sociales, estudiantiles y empresariales de la ciudad, y que se han convertido en acérrimos opositores al presidente Morales desde que el Gobierno impidiera que la Asamblea Constituyente considerara la posibilidad de trasladar la sede de los poderes públicos desde La Paz hacia Sucre.

En esta concentración no estuvieron presentes los campesinos e indígenas, que son la mayoría poblacional de Chuquisaca y que respaldan al presidente Morales.

Se fortalece la oposición

Con la elección de Cuéllar, ya son seis los prefectos (de los nueve que tiene el país) que están en contra de Morales y que trabajan en la preparación de referéndums regionales sobre la autonomía, en franco desacato a la ley (ver: Evo pide tregua, pero la oligarquía avanza más y más”).

A fines de febrero, el Parlamento nacional, controlado en mayoría por Morales, aprobó tres leyes, convocando a referéndum nacional sobre la nueva Constitución Política del Estado y dejando en la ilegalidad los referéndums regionales sobre autonomía convocados por los prefectos.

Esta ley señala que el Congreso Nacional es la única instancia democrática facultada para convocar a referéndum departamental sobre los estatutos autonómicos, con lo que ratificó la ilegalidad con la que están operando los prefectos y organizaciones empresariales y cívicas del oriente y los valles.

Pisando la ley

La norma establece que mientras no existan gobiernos departamentales conformados por órganos ejecutivos y deliberantes elegidos por voto popular, será el Congreso quien llame a consultas departamentales.

La ley interpretativa sancionada, que cuenta de un solo artículo, señala en su artículo 1.- "Se interpreta el artículo 6to. parágrafo 3ro. de la Ley No. 2769 en sentido de que en tanto no existan gobiernos departamentales, entendiéndose a estos como gobiernos conformados por órganos ejecutivos y órganos deliberantes elegidos ambos por voto popular, en el marco de la autonomía departamental, el referéndum departamental será convocado exclusivamente por el Congreso Nacional".

Pero esto tiene sin cuidado a la oposición derechista, que está embarcada de lleno en un proceso sedicioso, que viola la ley y que no quiere conciliar con Morales, que intenta por todas las vías llegar a un acuerdo con la oligarquía (ver: Congreso no frena la rebelión oligárquica”).

Referéndum y autonomía

Por ello, en la concentración popular de Sucre también se aprobó que el 27 de abril se realizará el referéndum autonómico, a pesar de que éste ya es ilegal e inconstitucional, pero que cuenta con amplio respaldo popular, especialmente en las áreas urbanas de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.

La autonomía es una legítima e histórica demanda de casi todos los pueblos del interior de Bolivia y que ha sido hábil y demagógicamente recogida por la oligarquía, que se ha fortalecido con ella y se bañado en multitudes con extraordinaria facilidad, dada la defección del Gobierno de Morales y de toda la izquierda que han abandonado esta bandera y, en general, toda la lucha regional para mejorar la condición de vida y de trabajo de los pueblos y regiones más pobres.

Por ahora, el presidente Morales controla todo el occidente boliviano (La Paz, Oruro y Potosí), además de las áreas rurales de los valles (Cochabamba y Chuquisaca), mientras que la oligarquía ya ejerce de facto el gobierno en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y tiene predominio en las áreas urbanas de Chuquisaca y Cochabamba (ver: En Bolivia hay dos gobierno”).

Oficial: precios de los alimentos suben en casi 30%

Econoticiasbolivia, 06/03/08

Las familias con bajos ingresos reducen el consumo de alimentos y/o reemplazan los más nutritivos y caros por otros más baratos y de menor calidad. los pobres comen menos

La Paz.- Los precios de los alimentos y bebidas de consumo popular aumentaron en las principales ciudades de Bolivia en casi 30 por ciento entre enero de 2007 y febrero de 2008, revela un informe oficial.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que obtuvo en exclusiva la agencia Econoticiasbolivia, los precios de los alimentos aumentaron en 19,84 por ciento en el 2007 y en otro 6,48 por ciento adicional en los dos primeros meses del 2008.

Las cifras oficiales, que casi siempre son un pálido reflejo de lo que realmente ocurre en los mercados de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, muestran el creciente deterioro de la economía popular producto del alza de precios. Así, en los últimos 14 meses, los productos alimenticios consumidos dentro del hogar aumentaron en casi 30 por ciento, en tanto que los productos consumidos fuera del hogar aumentaron en alrededor del 23 por ciento.

Este constante alza de los precios de los alimentos afecta en mayor medida a los sectores de bajos ingresos, especialmente a los trabajadores, obreros y empleados con ingresos fijos. Los sectores de clase media e informales urbanos también sufren el impacto de esta escalada de precios, agravando las penurias y condiciones de pobreza de la población (un tercio pasa hambre y otro tercio apenas tiene lo suficiente para la alimentación).

Sin embargo, donde el daño es más intenso es en los hogares más pobres, donde, según el INE, destinan cerca de la mitad de sus ingresos para cubrir sus gastos de alimentación, por lo que el alza de los precios en casi 30 por ciento produjo una reducción del consumo alimentario de las familias y/o el reemplazo de alimentos más nutritivos y caros por otros más baratos y de menor calidad. Los pobres consumen y comen menos que antes.

Sectores beneficiados

La información oficial refleja que, en promedio, el precio de los cereales y pan aumentó en el 2007 en más de un tercio (37,96 por ciento), las carnes rojas y blancas en una cuarta parte (23,49 por ciento), los aceites, grasas, leche y productos lácteos en otra cuarta parte, las leguminosas en casi la mitad (44,14 por ciento) y las frutas y conservas en otro tercio (32,76 por ciento).

En los dos primeros meses del 2008 se registran alzas adicionales importantes en leguminosas, aceites y grasas por encima del 13 por ciento, en las frutas de casi el 10 por ciento y algo menos en carnes, cereales y lácteos. Estos datos oficiales son sólo promedios hacia el final de febrero y no reflejan lo que ocurrió en los días anteriores, cuando los precios eran mucho mayores.

Los sectores beneficiados con este notable incremento de precios son los grupos empresariales de la agroindustria cruceña y los medianos y grandes productores asentados en los valles y el altiplano, además de las empresas importadoras.

Según el ministro de Hacienda, Luis Arce, los empresarios privados, que controlan gran parte de la economía nacional, serían los principales responsables de esta situación.

"Los precios no los define el Gobierno, no los define el Estado, los definen los privados”, dijo al acusar a los agropecuarios de ser los generadores de la ola de especulación que sacude los mercados de abasto, por su presunto afán por lograr ganancias extraordinarias y al mismo tiempo desestabilizar al gobierno del presidente Evo Morales.

Los campesinos siguen igual

Entre los empresarios se admite que hay un aumento de sus utilidades, aunque rechazan que estén en una cruzada especulativa y menos por motivos políticos. De todos modos, esta bonanza contrasta con la precaria situación de los pequeños productores agrícolas y campesinos, que no se habría modificado significativamente en los últimos meses, ya que los precios de sus productos no subieron tanto como los producidos por las grandes empresas.

Así, los datos oficiales muestran que en el 2007 los productos que menos subieron de precio fueron las verduras y hortalizas (2,77 por ciento), los tubérculos, raíces y derivados (12,50 por ciento) y bebidas (3,29 por ciento).

Esta situación se revirtió parcialmente en el 2008. Así, los datos del INE muestran que las verduras y hortalizas aumentaron en un tercio (37,04 por ciento), mientras que los tubérculos y raíces disminuyeron en 3 por ciento.

Otro factor que impide que el aumento de precios beneficie directamente a los campesinos es la presencia de fuertes y múltiples cadenas de intermediarios que sacan una muy buena tajada, rescatando productos en el campo a muy bajo precio y revendiendo estos productos en las ciudades, primero a los mayoristas, y luego al detalle, con precios mucho más elevados para los consumidores y amas de casa.

Un informe del no gubernamental Centro de Investigación y promoción del campesinado (CIPCA) sostiene que no es evidente que los pequeños productores sean ganadores netos con esta subida de precios. “El efecto positivo dependerá de su capacidad de apropiarse de la subida, de presentar excedentes productivos al mercado en momentos de altos precios y de su dependencia de los mercados para conseguir su seguridad alimentaria”.

Crisis política y social

La subida de precios también se ha convertido en otro gran frente de batalla entre los sectores opositores político-empresariales que tienen enorme poder en oriente y los valles de Bolivia y la izquierda indigenista que gobierna en el altiplano. Unos como otros se acusan de ser los causantes de este mal que afecta a la economía popular y el bolsillo ciudadano, reducido casi siempre a pocas monedas y mucha amargura.

Los primeros responsabilizan por la creciente inflación, que en dos meses del 2008 ya llegó a 3,74 por ciento, a la política gubernamental que consideran “errática” y “equivocada” por gastar más de lo necesario, por no apoyar la producción agropecuaria y por desalentar la inversión en el agro.

Desde la trinchera gubernamental, el juicio también es categórico: los responsables del aumento del precio de los alimentos serían los empresarios que estarían especulando con los productos para alcanzar, con igual avidez, un doble objetivo, como son lograr ganancias extraordinarias con el hambre de la gente y desgastar políticamente al gobierno nacional.

Lo cierto, sin embargo, es que un alza de alimentos que alcanza casi al 30 por ciento provoca un significativo deterioro de la economía popular, ocasionando la pérdida del poder adquisitivo de los salarios (los obreros ganan en promedio 1.000 bolivianos, los empleados 1.700 y los trabajadores por cuenta propia 700), reduciendo el consumo de los hogares más pobres y disminuyendo el poder de compra de los ahorros de las clases medias.

Bolivia: Alza acumulada de precios de los alimentos (en porcentaje)

Fuente: INE / Elaboración: Econoticiasbolivia