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Los
pueblos indígenas excluidos del
“Estatuto Autonómico”
Por
Gonzalo Colque
Bolpress,
11/04/08
Fundación
Tierra.– El próximo 4 de mayo en Santa Cruz el
cuestionado Estatuto Autonómico buscará legitimarse con el
Referéndum. Los interesados confían en que saldrán
victoriosos porque sencillamente la gente votará pensando
que se trata de un apoyo a favor de una autonomía
departamental anhelada con todo derecho. Y es que la Autonomía
y el Estatuto no son un sólo cuerpo sino dos aspiraciones
muy distintas entre sí. El pueblo cruceño desea regirse y
manejarse por sí mismo en el marco de un Estado mayor
(Bolivia) y eso está expresado en el “Sí a la Autonomía”,
pero ciertos grupos de poder en Santa Cruz desean regirse y
manejarse sin ser parte de Bolivia y –lo más grave– sin
incluir plenamente a los sectores populares de la población
cruceña ni a los pueblos indígenas. Esta última intención
es lo que expresa nítidamente el Estatuto Autonómico.
El
reconocimiento de los pueblos indígenas es bastante
singular en el Estatuto. Para empezar los pueblos indígenas
han sido divididos sin mayor argumento en “pueblos indígenas
oriundos” por un lado, y el resto de indígenas que no
tienen derechos, ni existencia. Los pueblos indígenas
privilegiados son cinco –que no son todos los existentes
en Santa Cruz– y están señalados claramente para que no
haya ninguna duda: Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo y
Mojeño.
Según
el censo del 2001, el 37 por ciento de la población cruceña
declaró pertenecer a algún pueblo indígena, cifra que no
es marginal desde cualquier lado que se mire. A pesar de
este dato que nos dice que dos de cada cinco cruceños son
indígenas, lo cierto es que los cinco “pueblos indígenas
oriundos” reconocidos, representan a menos de la mitad de
los indígenas que viven en Santa Cruz, es decir al 40 por
ciento. Los quechuas y aymaras que son la mayoría (56 por
ciento) ni siquiera son mencionados, al igual que el resto
de otros pueblos indígenas (4 por ciento). La pregunta
ineludible a los redactores del Estatuto es ¿Cómo reforzarán
la unidad de Bolivia, que reza el primer artículo autonó–mico,
sin tomar como elemento unificador a los indígenas que
fueron y son la mayoría del país? Paradójicamente, esta
exclusión indígena se plantea en el departa–mento con
mayor diversidad de pueblos indígenas.
Pero
la exclusión de los pueblos indígenas no acaba ahí. Según
el Estatuto, el órgano legislativo que estará compuesto
por veintiocho miembros, reconocerá a los cinco pueblos indígenas
mediante cinco representantes (uno por pueblo), esto es el
18 por ciento de los miembros. Esta representación política
de los indígenas no deja de ser sólo meramente simbólica,
sin ninguna capacidad real de influencia, ya que no está
acorde con el peso poblacional de los indígenas ni
contempla a todos los pueblos. Otra forma, ya no política
sino económica de exclusión establecida en el Estatuto, es
vía distribución de regalías departamentales. Los cinco
pueblos oriundos recibirían el 10 por ciento de las regalías
departamentales pero con la condición de que la utilicen en
“sus correspondientes Tierras Comunitarias de Origen
(TCO)”. Esto significa que se reconocen derechos económicos
sólo si los pueblos indígenas oriundos viven en sus
territorios rurales ancestrales o estén aislados de las
ciudades. Pero la realidad es otra. A excepción de los
Ayoreos, la mayoría de la población indígena de Santa
Cruz vive en centros urbanos mayores y menores.
El
Estatuto en cuestión no sólo peca por su carácter
excluyente sino sobre todo por su intento de convertir una
región de un país de mayorías indígenas en un reducto
blancoide. Una vez más, los indígenas son utilizados e
instrumentalizados, en el mejor de los casos, para paliar en
parte algunos sentimientos de culpa y, en el peor de los
casos, para justificar la formación de un gobierno
departamental separador del resto del país, cuya cabeza
tendría poderes cercanos a los de un Emperador.
En
esa medida, el Estatuto no es un avance positivo hacia la
deseada reconstrucción de la nación boliviana y la
corrección de la exclusión indígena. Todo lo contrario:
profundiza la exclusión indígena, territorializa los
derechos indígenas en un verdadero “apartheid”,
consolida la distribución inequitativa de la tierra y recursos
naturales y cierra todo intento por aplicar una nueva
reforma agraria en Bolivia.
Los
hacendados que esclavizan indígenas,
declaran guerra por la
tierra hasta el 4 de mayo y
piden a la ONU que no se meta
Bolpress,
10/04/08
Un
enviado de Naciones Unidas recuerda a las autoridades cruceñas
que su obligación es mantener el estado de derecho y
castigar a quienes violan el derecho a la tierra de los
guaraníes
Hacendados,
agroindustriales y políticos de derecha descalifican
diversos informes de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), de la Organización de Estados Americanos (OEA), de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la
Defensoría del Pueblo de Bolivia y de otras instituciones
nacionales y extranjeras que ratifican la existencia de indígenas
semiesclavizados en haciendas. Ganaderos y hacendados exigen
a los observadores extranjeros que no se metan en asuntos
internos. El movimiento patronal manda a sus grupos de
choque a apedrear, balear, hostigar e insultar a las
autoridades que intentan liberar a los cautivos, y ordena a
sus representantes en el Congreso que interpelen a los
ministros masistas que quieren redistribuir la tierra.
En
la última década, veedores de la Comisión Internacional
de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el Relator Especial de
las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas,
entre otros comisionados, constataron con preocupación que
comunidades guaraníes sobreviven en situación de
servidumbre en tres departamentos de Bolivia como resultado
del despojo histórico de sus territorios y de la
concentración de la tierra en latifundios generalmente
ilegales.
Están
documentadas serias violaciones de los derechos humanos.
Esta gente trabaja entre 10 y 12 horas al día sin recibir
salario, sin beneficios sociales y sin seguro de salud.
Entregan a sus hijos a los patrones por un año en calidad
de “criados” para que los inscriban en la escuela a
cambio de sus servicios.
El
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de
los indígenas Rodolfo Stavenhagen visitó el país del 4 al
25 de noviembre del 2007 para observar personalmente la
situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de los indígenas. Su diagnóstico alarma.
Según
Stavenhagen, es grave el rebrote de expresiones de racismo,
más propio de una sociedad colonial que de un Estado democrático
moderno. Le preocupa que funcionarios públicos, políticos
y grupos de presión inciten a la violencia y a la
discriminación de indígenas, sobre todo mujeres indígenas;
las frecuentes expresiones de contenido racista anti indígena
en algunos medios de comunicación masiva, “que con
frecuencia sacrifican los principios de objetividad e
imparcialidad en pos de intereses partidarios”.
Los
numerosos casos documentados de agresión y ataques en
contra de líderes indígenas y de defensores de derechos
humanos, con el apoyo de los poderes económicos y políticos
locales, constituyen un fenómeno preocupante que refleja lo
difícil que es construir una sociedad plural y democrática
en Bolivia.
Stavenhagen
reconoce los avances en los procesos de saneamiento y
titulación de tierras en el marco de la nueva Ley de
tierras, pero todavía hay muchos obstáculos. La negación
del acceso a la tierra y el territorio sigue siendo la
principal preocupación de las comunidades indígenas del país
y la principal fuente de los abusos a sus derechos.
El
relator censuró las agresiones de un grupo de hacendados y
políticos al Viceministro de Tierras Alejandro Almaraz y
otros funcionarios públicos en la región del Chaco de
Santa Cruz que, en cumplimiento de la ley, intentan sanear
los territorios ancestrales del pueblo guaraní, “muchos
de cuyos integrantes continúan viviendo en situación de
servidumbre”.
Stavenhagen
recordó a las autoridades del departamento de Santa Cruz
que tienen “la obligación de velar por mantener el estado
de derecho y evitar y castigar todo acto de violencia que
vulnera la solución pacífica de los ancestrales problemas
relacionados con los derechos de los pueblos indígenas a su
libertad, autonomía y tierras”.
El
Relator manifestó su preocupación por el referéndum
“unilateral sobre la autonomía departamental al margen de
la Constitución Política del Estado”, y por el proyecto
de estatuto autonómico “que incluye algunas disposiciones
de tinte racista altamente lesivas para los derechos humanos
de los pueblos indígenas de este departamento,
concretamente en el proyectado artículo 161”.
El
artículo observado señala que "de acuerdo al Convenio
169 de la OIT y el Convenio de Naciones Unidas sobre Pueblos
Indígenas, el pueblo cruceño reconoce con orgullo su
condición racial mayoritariamente mestiza, y, en esa
medida, su obligación de conservar la cultura y promover el
desarrollo integral y autónomo de los cinco pueblos indígenas
oriundos del departamento: Chiquitano, Guaraní, Guarayo,
Ayoreo y Mojeño, de conformidad a lo establecido en este
Estatuto”.
Stavenhagen
recordó que los derechos humanos de los pueblos indígenas
están garantizados por las leyes nacionales que ratifican
el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, los cuales deben
ser respetados por todos los niveles de gobierno,
especialmente en el marco del debate sobre las autonomías.
El relator de la ONU llamó a las autoridades y al pueblo
cruceño a no permitir que se vulneren los derechos humanos
de los pueblos indígenas de Santa Cruz en el nombre de la
legítima aspiración a la autonomía departamental.
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