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Levantamiento
terrateniente en la provincia Cordillera
“Que
no se metan en nuestros asuntos”
Bolpress,
11/04/08
Los
grupos de poder y sus representantes políticos minimizan
las múltiples críticas que les llegan desde el exterior y
del interior del país, o simplemente las descalifican. El
presidente de Senado Oscar Ortiz (legislador de Podemos y
represente director de la burguesía agroindustrial cruceña)
dijo que ningún funcionario extranjero tiene derecho a
opinar sobre la legalidad o ilegalidad de lo que se hace en
el país. Su camarada de partido, el diputado ganadero
Antonio Franco, rechazó de plano la existencia de indígenas
cautivos, descalificó decenas de investigaciones de
“extranjeros que no conocen la realidad nacional” y
declaró que no aceptará que “vengan extranjeros a
decirnos cómo vivir”.
La
brigada parlamentaria de Podemos prepara una interpelación
a la ministra de Desarrollo Rural Susana Rivero, al
Viceministro de Tierras, al Director Nacional de Tierras, al
Director Nacional del INRA, al Ministro de Trabajo, al
Viceministro de Trabajo y al Defensor del Pueblo para que
expliquen por qué el gobierno quiere dar una TCO a los
guaraníes en la zona más rica. Podemos exige a las
autoridades que muestren a 500 familias cautivas en las
haciendas del chaco.
Los
legisladores de derecha defienden a los patrones en el plano
mediático. Los hacendados recurren a la acción directa
para evitar que se entregue a los indígenas guaraníes las
reservas más grandes de gas y agua de la región. El
hacendado norteamericano Ronald Larsen disparó al vehículo
de Almaraz para intimidarlo y emboscó dos veces a una
comisión del INRA que se dirigía a la localidad de Alto
Parapetí para iniciar el saneamiento de la TCO.
En
la noche del jueves 10 de abril, aproximadamente 300
personas al mando de hacendados y ganaderos cercaron el
hotel donde se alojan la ministra Rivero y el viceministro
Almaraz en la ciudad de Camiri. Armada con palos y piedras,
y gritando consignas racistas contra “collas” e indígenas,
la muchedumbre quiso expulsar a ambas autoridades de la
provincia Cordillera y así detener el saneamiento.
En
la turba habían soldados de la ultraderechista Unión
Juvenil Cruceñista al mando del ganadero Juan Carlos
Santiesteban, autodenominado presidente de la Unión de
Productores Agropecuarios del Sur, el más duro de todos y
dueño de 1.885 hectáreas. Santiesteban declaró en Unitel
que Almaraz es un “cobarde”.
En
la ciudad de Santa Cruz, el presidente de la Cámara
Agropecuaria del Oriente (CAO) Mauricio Roca convocó a los
agropecuarios a movilizarse en defensa de sus tierras hasta
el 4 de mayo, día del referéndum en el que se aprobará un
estatuto autonómico que establece que “la tierra y el
desarrollo agropecuario son competencias exclusivas del
departamento y del futuro gobierno departamental”.
La
reveladora declaración de Roca confirma lo que muchos
observadores vienen diciendo desde hace meses: la patronal
de Santa Cruz impulsa la autonomía para proteger sus
intereses, principalmente sus tierras. Según Roca, “lo
que estamos viendo en (la provincia) Cordillera son los últimos
pataleos del centralismo” porque después del 4 de mayo él
y los suyos serán “autónomos”.
Los
ganaderos de Cordillera iniciaron un paro indefinido con
bloqueo de caminos a las cero del viernes. Comenzaron a
reunir miles de caballos para movilizarse a todos los puntos
de bloqueo desde la media noche. Declararon que no tienen
nada que negociar con las autoridades; los más radicales
están dispuestos a iniciar la “revolución” contra el
gobierno del “indio” Evo Morales.
Comanda
el “levantamiento terrateniente” en la provincia
Cordillera un pequeño grupo de propietarios que comienza a
perder los hilos del poder regional. Al momento de cierre de
este reporte, sólo 100 de los 30 mil habitantes de la
ciudad de Camiri vivaban la “autonomía” en las puertas
del hotel de Rivero y Almaraz.
Indigenas marcharán a Santa Cruz por
la tierra y contra la autonomía de
los patrones
Camiri: terratenientes aislados
Bolpress, 11/04/08
(UPIC–Tierra y ABI).– En la semana
que pasa, hacendados y ganaderos de la provincia Cordillera
del departamento de Santa Cruz llamaron dos veces a
paralizar la ciudad de Camiri, principal centro urbano de la
región, para obligar al gobierno a que suspenda el
saneamiento de tierras. El miércoles, cumplieron el
"paro" y bloquearon rutas vecinales sólo los
interesados y sus peones. Este viernes, la población camireña
no acató el "paro indefinido con bloqueo de
caminos" convocado por la patronal local.
En la víspera, el alcalde Gonzalo
Moreno aseguró en una asamblea de ganaderos que toda la
población de Camiri acataría el paro de este viernes. La
autoridad y otros funcionarios públicos controlados por los
terratenientes esperaban que la gente se manifieste contra
el saneamiento y expulse a la ministra de Desarrollo Rural
Susana Rivero, al viceministro de Tierras Alejandro Almaraz,
al director nacional de INRA Juan Carlos Rojas y a otros
funcionarios de gobierno que permanecen en esa ciudad hace más
de una semana planificando el saneamiento en la localidad de
Alto Parapetí.
La movilización patronal ha sido
particularmente violenta desde el 27 de febrero, cuando
grupos de choque cerraron las oficinas del INRA en Camiri y
echaron a los técnicos. El 29 de febrero, el viceministro
Almaraz, el director del INRA y el presidente de la Asamblea
del Pueblo Guaraní (APG) Wilson Changaray, entre otros,
fueron emboscados y amenazados de muerte en la puerta de
entrada de la hacienda "Caraparicito" cuando se
dirigían a la comunidad de Iviyeka para iniciar el
saneamiento. El 4 de abril, el Viceministro fue agredido
nuevamente en el mismo lugar.
El 10 de abril, una caravana de vehículos
de las alcaldías de la provincia y de la Prefectura y Comité
Cívico de Santa Cruz transportó a una turba hasta el Hotel
JR de Camiri, donde se aloja la comisión gubernamental. A
las nueve y media de la noche quedaban 100 personas, la
mayoría de la Unión Juvenil Cruceñista. Algunos gritaban
"¡Muera la Ministra!, ¡Muera Almaraz! ¡Viva la
autonomía! ¡fuera de Camiri!", acompañados por una
ruidosa banda de música.
El
bloqueo comenzó a las 3 de la mañana en Cuevo a 50
kilómetros al sur de Camiri, Boyuibe e Ipati, en los kilómetros
30 y 85. Como ya lo habían hecho el miércoles, los
ganaderos y sus peones levantaron promontorios de tierra y
derribaron árboles sobre las principales rutas vecinales.
Pero no se atrevieron a actuar igual en la ciudad de Camiri.
Los movimientos sociales aglutinados en
el Comité Cívico de Camiri no apoyaron la movilización de
los patrones contra el saneamiento de tierras y contra la
titulación de un territorio indígena guaraní en Alto
Parapetí. En la ciudad no hubo ningún paro y la población
trabajó con normalidad.
El desacato puso de manifiesto que los
terratenientes y sus representantes en la Prefectura, Alcaldía
y otras instituciones locales ya no gozan de la confianza de
las organizaciones sociales de base. Ahora Camiri encarna
las tendencias de la actual situación política nacional: a
un lado están las fuerzas autonomistas/regionalistas de los
patrones, y al otro el movimiento popular que reivindica la
autonomía provincial y la recuperación de los recursos
naturales para beneficio de todo pueblo boliviano..
El poder debilitado
Los grupos de poder de la provincia
Cordillera de Santa Cruz comienzan a peder el control de la
política regional desde que los gremios populares retomaron
las riendas del Comité Cívico y desde que 15 mil personas
reunidas en cabildo desconocieron a todas las autoridades
"vendidas" a los patrones.
En el centro de la telaraña del poder
regional se encuentran los hermanos Gonzalo Moreno García,
alcalde de Camiri, y el diputado de Podemos Ronald Moreno,
propietario del chaco y portavoz de los ganaderos. Ronald,
conocido como "Choco Moreno", fue expulsado de ADN
por manejos irregulares de dinero e "inconducta
partidaria".
Su hermano Gonzalo militó en Unidad y
Progreso de Ivo Kuljis, pasó por el MBL y, ante una
denuncia de acoso sexual, juró al MNR para que la Fiscal
emenerrista Clara Céspedes lo salve de la cárcel. Terminó
en UCS, partido que lo hizo alcalde.
Gonzalo Moreno es acusado de grandes
negociados en la Alcaldía, entre ellos la venta de 1.200
tambores de asfalto líquido donados por la Prefectura de
Santa Cruz y que fueron vendidos en un proceso de licitación
irregular. La propia Prefectura emitió un informe
estableciendo un daño económico de 300 mil bolivianos por
la venta del asfalto. Gonzalo, al igual que su hermano, es
un acérrimo defensor de los ganaderos de Alto Parapetí.
El prefecto de Santa Cruz Rubén Costas
es conocido en Camiri como primo de los Moreno y se lo
vincula en negociados como la compra de terrenos con
sobreprecio.
El brazo operativo de la estructura de
poder de los terratenientes es el subprefecto de la
Provincia Marcelino Apurani, operador de Bonifacio
Barrientos, capitán grande y actual senador de Podemos,
cuya representatividad es cuestionada por la APG por haber
traicionado los intereses de los guaraníes.
Se comenta con insistencia que el
presidente del Comité Cívico Provincial, elegido en de
manera "trucha", responde al Comité Cívico Pro
Santa Cruz.
La red de influencia del clan político
y familiar de Camiri tiene el apoyo de algunos dirigentes de
OTBs, que curiosamente ganan sueldo de la Alcaldía de
Camiri. Estos funcionarios
incondicionales al Alcalde son Teresa Yañez,
presidenta de la OTB Cordillera Norte; Juan Carlos Lara,
presidente de la OTB Barrio Obrero; Jorge Pogasi, presidente
de la OTB San José; Elizabeth Aldunate, vicepresidenta de
la OTB San José; Noel Iturre, presidente de la OTB
Iturralde y padre del concejal de la UCS Noel Iturre
Balcazar.
Además, son parte de la red de apoyo
al alcalde los dirigentes del Mercado a la cabeza de su
secretario ejecutivo Everth Borda, Gloria Lara del Club de
Madres, y los eternos dirigentes del Transporte Cimar
Rosales y Héctor Peña.
También apoyan al Alcalde René
Chavez, Elias Escalante, y el controvertido Evan Echalar, ex
alcalde de UCS y del MSM, con cuentas pendientes con la
Prefectura de Santa Cruz y despedido de YPFB
Los tentáculos del clan político –
familiar alcanzan a la apetecida Gerencia de YPFB. Se
comenta que Edmundo Pérez financió la campaña de Ronald
"Choco" Moreno con dinero de Repsol y Andina.
Controlan la Asociación de Ganaderos
de Camiri Javier Antunez, hermano de Hernán Antunez,
administrador de la "Cerámica Roja CAMIRI" que es
de propiedad de la Alcaldía de Camiri. Su asesor Hector
Vallejos es jefe de la desaparecida ADN.
El Alcalde de Camiri es dueño de radio
América y de Canal 5 que operarían ilegalmente. El
concejal Rodolfo
Curcuy, propietario "chuto" de tierras en Alto
Parapeto, es dueño de Canal 3. La Alcaldía de Camiri
controla radio Popular, radio Camireño, radio Guaraní,
Canal 9, Canal 11 y Radio Continental.
Los ganaderos del Chaco reciben apoyo
directo del Comité Cívico Provincial, de los comités cívicos
"truchos" de Lagunillas, Cuevo, Gutierrez, todos
vinculados al Comité Cívico Pro Santa Cruz y a la Unión
Juvenil Cruceñista.
Las nuevas fuerzas políticas
El Comité Cívico de Camiri aglutina a
los sectores populares de vecinos y dirigentes de OTBs,
comerciantes, dirigentes y trabajadores petroleros, maestros
urbanos, rurales, la Distrital de Educación, trabajadores
de salud, y otros. Hace poco fue posesionado el flamante
Comité Cívico Juvenil integrado por universitarios de la
facultad Integral del Chaco de la UAGRM, de la INSPOC
(normal) y de los barrios.
El Comité Cívico de Camiri es
reconocido como la genuina representación de los camireños
a partir de la última movilización por una verdadera
nacionalización de los hidrocarburos. En esas
jornadas de lucha los barrios populares se organizaron en
las "Coordinadoras" de las zonas Norte y Sud.
El Comité es aliado estratégico de la
Asamblea del Pueblo Guaraní y apoya la demanda de tierra de
los guaraníes en Alto Parapetí. El ente cívico respalda
el saneamiento en la provincia Cordillera y la redistribución
de tierras, por ahora concentradas en manos de unas cuantas
familias.
Marchan a Santa Cruz
La Confederación de Pueblos Indígenas
de Bolivia (CIDOB) convocó a una marcha el 22 de abril
desde la localidad de San Ramón, provincia Ñuflo de Chávez,
hasta la ciudad de Santa Cruz, en defensa de la tierra,
contra la consulta autonómica del 4 de mayo, y por la
consolidación de las autonomías indígenas.
El vicepresidente de la CIDOB Pedro
Nuni informó a la Agencia Boliviana de Información (ABI)
que la concentración en San Ramón y la posterior
movilización demostrará que los indígenas de tierras
bajas no participarán en el "referéndum ilegal"
convocado por las logias.
Nini dijo que la CIDOB hará conocer a
la comunidad internacional la decisión definitiva de los
pueblos indígenas de declararse autónomos en sus regiones.
Los originarios de los llanos
orientales entregaron al Vicepresidente Álvaro García la
declaratoria de autonomías indígenas de 11 regionales de
los 34 pueblos indígenas, entre elos los Chiquitano,
Ayoreo, Yuracaré, Mojeño y Guarayos.
"Le hemos pedido al Vicepresidente
que, como Presidente nato del Congreso, a la brevedad
posible ponga a consideración del Parlamento el proyecto de
ley que le hemos entregado en el marco de la declaración de
las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas",
manifestó Nuni.
En la III Reunión de la Comisión
Nacional del CIDOB se determinó también que ninguno de los
pueblos indígenas participe en el referéndum convocado por
las elites cruceñas para el 4 de mayo.
La marcha también será una expresión
de apoyo a la Asamblea del Pueblo Guaraní "que está
resistiendo a las amenazas y amedrentamientos de los
terratenientes del Chaco boliviano".
La marcha será un acto de defensa del
territorio y la continuidad del saneamiento de tierras que,
por mandato de la ley, lleva adelante el Instituto Nacional
de Reforma Agraria (INRA) en Alto Parapetí, pese a la
oposición terrateniente.
No es el pueblo sino un puñado de
propietarios de la provincia Cordillera los que
rechazan el
saneamiento de tierras
Almaraz a los hacendados:
“No nos
hemos ido ni nos vamos a ir de Camiri”
Bolpress, 07/04/08
(UPIC–Tierra).– No fue el pueblo de
Camiri sino algunos ganaderos, terratenientes y cívicos de
la provincia Cordillera de Santa Cruz los que el sábado
dieron 24 horas de plazo a una comisión del Viceministerio
de Tierras y el INRA para que abandonen la región y
desistan de iniciar el saneamiento de tierras. Este lunes,
organizaciones y movimientos sociales de Camiri manifestaron
su apoyo al proceso agrario, y el viceministro de Tierras
Alejandro Almaraz reiteró que no abandonará esa ciudad
hasta concretar el saneamiento como manda la Ley.
En varias oportunidades, las
autoridades intentaron dialogar con los empresarios y
ganaderos de la región para informarles sobre el proceso de
saneamiento, pero éstos respondieron a los llamados con
violencia. Los empresarios conformaron grupos armados para
defender sus propiedades, intervinieron la oficina del INRA
en Camiri, echaron a sus funcionarios; secuestraron y
amenazaron de muerte al Viceministro y al Director del INRA,
dos veces atacaron con piedras y armas de fuego a brigadas
oficiales y emitieron votos resolutivos advirtiendo que las
autoridades “no tenía pisada” en la región. Los
ganaderos amenazan con bloquear caminos desde las cero horas
del miércoles en toda la provincia.
Los empresarios despliegan una intensa
campaña de desinformación para confundir a la población,
conscientes de que sus acciones contra el saneamiento
perjudican a la gran mayoría de propietarios agrarios,
entre ellos 10 mil familias de pequeños propietarios, cuyos
predios son “inexpropiables”, y también a comunidades
indígenas guaraníes que obtendrán una TCO en Alto Parapetí.
“No nos hemos ido, ni nos vamos a ir.
Nos iríamos si es que todo el territorio de la provincia
Cordillera fuese la propiedad privada de los hacendados que
nos han exigido irnos. Pero no lo es. Ellos tendrán sus
haciendas –que entre paréntesis deben sanear y
regularizar–, pero sus haciendas no son la provincia
Cordillera. Probablemente nos iríamos si el pueblo de
Camiri y de la provincia Cordillera nos lo exigiera, pero
entendemos que no es así, que la representatividad de los
señores que han exigido nuestra partida no es la del pueblo
de toda la provincia…”, dijo Almaraz en una conferencia
de prensa ofrecida este lunes en la plaza principal 12 de
Julio de Camiri.
Cumplido el plazo de 24 horas de los
hacendados, “estamos aquí en la plaza principal de Camiri
el Director Nacional del
INRA, miembros de las brigadas del INRA y del Viceministerio
de Tierras, absolutamente firmes en la decisión de cumplir
nuestra función legal, el mandato de la ley y del gobierno
nacional de ejecutar el proceso de saneamiento para darle
una solución institucional pacifica y democrática al
problema de la tierra, en este caso de la TCO de Alto
Parapetí”, dijo la autoridad.
La autoridad insistió en que se
cumplirá el mandato de la ley y del pueblo boliviano, y que
se hará el saneamiento, reconfortado por el apoyo de la
gente trabajadora y del pueblo de Camiri al proceso agrario.
200 jóvenes camireños se reunieron en la plaza central
para manifestar su apoyo al saneamiento, en tanto que
algunos comerciantes y transportistas aclararon que son unos
pocos ganaderos los que quieren echar a las autoridades.
“No han sido las organizaciones vivas
y populares de Camiri las que siquiera se han pronunciado
sobre este tema… No son los del combativo Comité Cívico
quienes se han pronunciado en contra del proceso agrario; no
son los campesinos, los obreros o los gremiales; quienes nos
piden que nos vayamos son un grupo de ganaderos que
perseveran una actitud sediciosa y de desacato al marco
normativo en vigencia. Lo peor es que mantienen relaciones
de servidumbre en sus haciendas sometiendo a los indígenas
guaraníes”.
Almaraz llamó a la sensatez, a la
tranquilidad y a la solidaridad en este momento en el que
los bolivianos pueden hacer justicia ayudando a que
comunidades indígenas recuperen una parte de todo lo que
fue su territorio.
A pesar del hostigamiento armado de los
hacendados, el viceministro Almaraz y el director de Tierras
Cliver Rocha informaron por separado que el gobierno
continuará con el proceso de saneamiento, un proceso que
podría demorar aproximadamente dos meses.
Apoyo popular
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG),
sindicatos mineros, fabriles, colonizadores y otras
organizaciones sociales repudian las acciones de las
“logias” del oriente y exigen al gobierno que ejerza su
autoridad y ponga a raya a la “oligarquía empresarial,
latifundista y usurera”.
La APG repudió la agresión
latifundista en la hacienda Caraparicito, se declaró en
emergencia y convocó a las 26 capitanías a sumarse a la
lucha por la reconstitución territorial y la liberación de
indígenas cautivos en el chaco cruceño
La APG censuró al diputado de Podemos
Ronald Moreno; al subprefecto Marcelino Apurani; al alcalde
de Camiri Gonzalo Moreno; a los consejeros departamentales
de la provincia Cordillera y al representante cívico
provincial Franz Michel porque sacan cara por los patrones y
le dan la espalda al pueblo.
La organización exigió al gobierno
cumplir la normativa agraria vigente y los convenios
internacionales que protegen los derechos humanos de los
pueblos indígenas.
El líder de la Confederación de
Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) Adolfo Chávez informó
que una comisión viajará al chaco cruceño y convocó a
todos los indígenas de Cordillera para que apoyen a sus
compañeros del municipio de Lagunillas, y refuercen la
movilización por el saneamiento en Alto Parapetí.
Los recientes hechos en el chaco cruceño
pusieron al descubierto que las elites políticas y
empresariales de la ciudad capital no sólo respaldan el
levantamiento armado de los terratenientes del chaco sino
que mantienen estrechas relaciones con ellos, especialmente
con Ronald Larsen, el norteamericano que protagonizó los
dos hechos violentos en contra de las autoridades de
gobierno.
En los últimos días, los grandes
propietarios de tierra de la provincia Cordillera han
declarado con insistencia que la “autonomía” que se
aprobará el 4 de mayo en Santa Cruz no es una “bandera”
más sino una herramienta legal que preservará sus
intereses.
En ese contexto, el Sindicato Mixto de
Trabajadores Mineros de Huanuni pidió al gobierno “mano
dura” contra la oligarquía empresarial latifundista que
emprende una gran ofensiva para recuperar todo el poder político
que perdió en las luchas sociales de 2003 y 2005.
Los mineros de Huanuni aseguran que
“sólo la aplicación de las agendas de 2003 y 2005
garantizará la desarticulación y derrota de la oligarquía”,
y exigen al gobierno medios y recursos para derrotar el
estatuto autonómico tramposo elaborado a gusto de los
latifundistas y transnacionales, y el referéndum del 4 de
mayo impuesto con “chantaje, prebendalismo y terror”.
A su turno, las principales
organizaciones sociales de la ciudad de El Alto anunciaron
que “defenderán el proceso de cambio y al gobierno” y
que velarán “por la unidad de Bolivia por encima de
cualquier interés sectario o personal de grupos mezquinos,
que solo cuidan su bolsillo, y especula con los precios de
alimentos que llegan desde el oriente (aceite, azúcar,
carne y otros)”.
“Esos grupos de poder económico
––señala el documento firmado por la FEJUVE, COR y
otras organizaciones—que se favorecieron con grades
extensiones de tierras entregadas gratis como favor político
por gobiernos de facto y por gobiernos neoliberales
pretender imponer una autonomía de facto de manera
completamente ilegal”.
La Federación de Colonizadores de
Bolivia dio un ultimátum al Prefecto cruceño hasta el 19
de abril para que suspenda su referéndum.
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