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La
revuelta de los latifundistas
Por
Fortunato Esquivel
Argenpress, 16/04/08
El
maestro de escuela: –Dime, pues, ¿de dónde viene la
fortuna de tu padre?
El niño: –de mi abuelo.
El maestro: –¿y la de éste?
El niño: –de mi bisabuelo
El maestro: –¿y la de éste último?
El niño: –¡él la robó!
(Goethe)
El pasado
11 de abril, la Red Unitel informó sobre los conflictos de
Camiri, donde el Vice–Ministro de Tierras, Alejandro Almaráz,
era resistido y amenazado por belicosos grupos de
latifundistas opuestos al saneamiento de tierras que se
pretende ejecutar en la Provincia Cordillera del
Departamento de Santa Cruz.
¡No
tenemos miedo..carajo!, gritaban desde las trincheras que
armaron con troncos para defender las extensas tierras de
las que se apoderaron sin más ni más. Entre ellos se
destacaba el cow–boy, Ronald Larsen, que llegó a Bolivia
como parte del Cuerpo de Paz, es decir, como empleado de la
CIA y tras quedarse aparece poseedor de miles de hectáreas
en varias haciendas.
Almaraz se
encuentra realizando peritajes para proceder al saneamiento
de tierras, pues se sospecha que los latifundistas tras
recibir concesiones se apoderaron de otras miles de hectáreas,
quitándoselas a los guaraníes a quienes de paso
convirtieron en esclavos y mano de obra gratuita.
El
Vice–Ministro, no solo es rechazado por estos señores
feudales que prefieren autocalificarse como
“productores”, exigen su salida del lugar, pues no le
permiten ingresar a estas tierras que son del Estado. ¿A qué
le temen?, ¿Qué ocultan?, ¿No será que por esas alejadas
zonas existen laboratorios y pistas clandestinas que sirven
al narcotráfico?
Si son
poseedores legales, deberían facilitar el saneamiento, para
ser definitivamente reconocidos.
El actual
gobierno, pretende acabar con la existencia de inmensos
latifundios explotados con mano de obra esclava, porque eso
existe, fue denunciado desde hace muchos años y en los
siguientes días será puesto en conocimiento de Naciones
Unidas.
Lo cierto
es que desde la dictadura de Hugo Banzer, los latifundistas
se han reorganizado y nuevamente se sienten amos de miles y
miles de hectáreas del Estado, en tanto que otros miles de
originarios sufren sin tierra para sobrevivir.
Esta
situación hace urgente la necesidad de regular las
actividades de la agroindustria y la ganadería limitando
las tierras concedidas para su explotación. La nueva
Constitución, propone entre 5.000 y 10.000 hectáreas.
A los
latifundistas, les parecen muy “limitadas”, porque
seguramente sus vacas no podrán revolcarse a sus anchas en
semejantes extensiones de tierras absolutamente ociosas.
En el
pasado, los gobiernos dictatoriales, primero y neoliberales
luego, protegieron a una pequeña clase de ricachones contra
la inmensa mayoría de pobres. Ahora que llegó al gobierno
un proceso de cambios para favorecer a los sectores que ni
siquiera eran reconocidos como parte del Estado, los grandes
hacendados están echando el grito al cielo y al infierno.
Los
latifundistas se están armando hasta los dientes,
organizando paramilitares a partir de sus comités cívicos
y prefecturas. Se han contratado expertos extranjeros en
terrorismo y soldados de fortuna como se los denomina a
estos criminales desplazados del ejército norteamericano.
Los
intereses de pocos gamonales, están a punto de precipitar
al país en una confrontación que es atizada por el propio
embajador norteamericano que tras descuartizar Yugoslavia,
pretende hacer lo mismo en Bolivia, aprovechando la
controversia existente con los latifundistas.
El enorme
poder económico que poseen estos pequeños grupos
gamonales, puede desatar el asesinato de dirigentes
campesinos como ocurrió en el pasado reciente de Brasil,
Colombia y Guatemala.
La situación
es extremadamente peligrosa, porque la historia de nuestra
América, nos recuerda claramente que estas abusivas castas
latifundistas, provocaron a los originarios despojándoles
de sus ancestrales tierras, los que no tuvieron otra
alternativa que defenderse, originando en Colombia la
aparición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y el ejército de Liberación Nacional
(ELN).
En nuestro
país, ya se produjo una experiencia de esta naturaleza en
el norte cruceño, donde hace varias décadas apareció una
organización denominada Unión de Campesinos Pobres
(UCAPO), que se dedicó a reivindicar el derecho de los
campesinos originarios a poseer alguna extensión de tierra
para su sobrevivencia.
El pasado
mes de marzo, la Fundación TIERRA publicó “Los barones
del Oriente”, una investigación que pretende esclarecer
el poder de los latifundistas orientales. Según los datos
que contiene, apenas 40 familias son el centro del poder
económico regional con haciendas de más de 20.000 hectáreas.
El
resistido Vice–Ministro de Tierras Almaraz, reveló hace
poco que apenas 17 familias, empresas y personas
individuales, poseen en conjunto nada menos que medio millón
de hectáreas en Santa Cruz.
Un ejemplo,
la familia Saavedra Bruno, recibió el Consejo de Reforma
Agraria 16.129 hectáreas, pero en el saneamiento se comprobó
que se había apoderado de 73 mil, por lo que se sanearon
solo 17 mil. Otro ejemplo: La familia Monasterio Nieme,
consiguió 13.533 hectáreas, pero se mensuraron 78.340,
terminando saneadas algo más de 50 mil.
En Santa
Cruz, cuatro beneficiarios tienen predios con más de 50.000
hectáreas y en conjunto poseen casi 803.000 hectáreas. En
Beni 10 familias son dueñas de otro medio millón de hectáreas.
En Pando 9 familias acaparan unas 800 mil hectáreas.
Entonces estos potentados, tienen sobradas razones para
invertir grandes cantidades de dinero para subvertir el
orden establecido, porque son protagonistas de una desigual
tenencia de tierras.
Un
pretexto: La autonomía
Los
ladrones de tierras, están poseen actualmente la dirigencia
de comités cívicos y otras organizaciones empresariales
con gran influencia, porque además son dueños de medios de
comunicación, adecuadamente utilizados para embaucar a la
ciudadanía.
Al no tener
razón para defender la fraudulenta posesión de tierras,
estos grupos apelaron al pretexto de las autonomías
departamentales, que claramente apuntan, no a una
descentralización, ni siquiera federalización del país,
sino a su secesión hasta rematar en una presunta
“independencia” de Santa Cruz.
El 11 de
diciembre de 2008, el periódico La Razón publicó una
fotografía en la que aparecía un manifestante luciendo un
gran billete de “Cien Cruceños”, la supuesta moneda de
la futura República de Santa Cruz.
El espía
de la CIA Ronald Larsen, se apoderó ilegalmente de
numerosas, tierras que ahora “defiende” exigiendo la
salida del Vice–Ministro Almaráz, quien se encuentra en
Camiri.
El propio
paladín del Comité Cívico cruceño, Branko Marinkovic, se
apoderó de extensas tierras de originarios guarayos y la
Laguna Corazón. Estas cosas ocurren únicamente por la
existencia del tráfico de influencias y la circulación de
los dineros de la corrupción que pueden poner de rodillas a
abogados y autoridades estratégicamente situadas en la
cadena que conduce a la concesión de tierras.
Estos
delincuenciales gamonales feudales, pretenden ahora
convertirse nada menos que en “defensores de la democracia
y la libertad”, olvidando momentáneamente que financiaron
golpes militares.
Alejandro
Saravia, en su artículo “La mascarada autonomista: Los
intereses detrás de Marinkovic, Costas y Quiroga”,
preguntaba: ¿No fue acaso en Santa Cruz, donde los grandes
narcotraficantes ofrecieron en 1980 un financiamiento de
cuatro millones de dólares al golpista García Meza? ¿No
estaba en esa reunión Edwin Gasser, dueño del mayor
ingenio azucarero del país y dirigente de la Liga Mundial
Anticomunista, además de Pedro Bleyer, presidente de la Cámara
Industrial de Santa Cruz?
Medios
de Comunicación
La revuelta
de los latifundistas, está adecuadamente apoyada y
sobretodo manipulada por los grandes medios de comunicación
que en conjunto son propiedad del poderoso clan gamonal
poseedora de enormes extensiones de tierras.
La Red Uno
de la familia de Ivo Kuljis, tiene intereses en la Cabaña
Agropecuaria Modelo, además de inversiones en plantaciones
de soya, sorgo y maíz, es propietaria de la incubadora
Avicruz S.A., la Cabaña Kupel, dedicada al ganado de raza
Nelore. Le pertenece también el Grupo Ganadero “K de
Oro”.
Al margen
tiene intereses en el Banco Económico, la Fábrica de papel
Kupel, FexpoCruz y numerosas otras empresas.
Cadena
“A”, propiedad de Luis Miguel, Mario Mercado Rocabado,
Mauro Bertero y familia. Todos ellos ligados además a la
minería, la hotelería y otras empresas.
La Red
Unitel de alcance internacional y con diez repetidoras,
propiedad de Osvaldo Monasterio Añez y familia, está
ligada a intereses en el Banco Ganadero, Gaseosas Mendocina,
Zona Franca de Puerto Suárez, Empresa Ceibo, productora de
Alcohol y derivados, Estancia Monasterio dedicada a la cría
de ganado de raza Nelore, la Cabaña Sausalito y otros.
La Red PAT
que recientemente paso a manos de la familia Daher
igualmente ligada a fuertes intereses comerciales y de la
agroindustria.
La Red
Bolivisión, anteriormente propiedad de Ernesto Asbún, está
ahora en manos de un empresario mexicano que lo adquirió
aparentemente sin la autorización de la Superintendencia de
Telecomunicaciones.
Todos estos
medios y otros escritos, respaldan y apoyan activamente el
ilegal proceso autonómico liderado por los cívicos cruceños
presentando informaciones sesgadas, manipuladas
intencionadamente por periodistas que resignaron su
profesionalidad en razón de la “necesidad” de trabajar.
Hay
que revertir siglos de despojo
Los
campesinos originarios, suelen llamar “Pachamama” a la
tierra porque la respetan y reconocen en ella su valor
sagrado. Para ellos la tierra es vida, lugar sagrado y
centro integrador de la vida y su comunidad. En el Chaco,
los guaraníes con mayor razón saben que la madre tierra
alimenta a sus hijos y que por ello mismo es preciso
cuidarla, pidiendo permiso para sembrar y no maltratarla.
Pero en la
colonia, la conquista llegó marcada por el saqueo a favor
de los vencedores. De la noche a la mañana, los que
habitaban estas tierras, se enteraron que las tierras que
habitaban desde sus ancestros le pertenecían en adelante a
los conquistadores y por lo tanto tuvieron que pagar tasas,
tributos y trabajar en las minas de Potosí a donde eran
llevados por fuerza.
Muy pocos
de ellos pudieron “recomprar” sus propias tierras, los más
las perdieron a favor de los recién llegados. Los
originarios comenzaron a sentirse “extranjeros en su
propia tierra”. A fines del siglo 19 un levantamiento de
guaraníes en las tierras donde ahora es resistido el Vice
Ministro Almaraz, provocó una terrible matanza que casi
terminó con los originarios.
Apiaguaiqui
Tumpa, había encabezado los levantamientos, al igual que
tres hermanos Katari en Chayanta, Julián Apaza (Tupaj
Katari) y Bartolina Sisa en La Paz, Ignacio Muiba y Andrés
Guayocho en Moxos.
Pero esos
levantamientos terminaron con dolorosas masacres, porque los
más pobres jamás cuentan con armas para defender lo que
sus ancestros les dejaron. Así mismo está ocurriendo en
estos momentos en el Chaco, donde latifundistas que no
logran explicar cómo obtuvieron las tierras que detentan,
pretenden que las cosas sigan igual.
Exigen que
no se lleve a cabo el saneamiento de tierras, que sus
esclavos sigan en las mismas condiciones y que el Estado no
diga nada y el Vice Ministro se vaya del lugar.
El actual
gobierno, aparentemente encamina sus políticas agrarias
hacia un nuevo orden, como consecuencia de numerosas y
masivas concentraciones que desembocaron en la Marcha por el
Territorio y la Dignidad de los pueblos orientales en 1990.
Esperamos
que los pueblos originarios de nuestras tierras encuentren
verdadera justicia, frente a la que pretenden imponer los
ladrones de tierras, atrincherados en los comités cívicos
y organizaciones empresariales, ahora dispuestos a provocar
hasta el descuartizamiento de la patria, para imponer sus
intereses.
¿Qué
títulos tienen los latifundistas?
En Alto
Parapetí, el saneamiento es resistido. ¿Entonces cómo
probarán su derecho, los que dicen ser dueños de esas
tierras?. Quizás es adecuado terminar esta nota, citando
una arenga del asesinado presidente Manuel Isidoro Belzu en
1865, cuando otro gobierno sensible a su cargo, pretendía
devolver las tierras a sus legítimos dueños.
Belzu decía
en uno de sus populares discursos: “Ha sonado ya la hora
de pedir a la aristocracia sus títulos y a la propiedad
privada sus fundamentos… La propiedad privada es la fuente
principal de la mayor parte de los delitos y crímenes en
Bolivia, es la causa de la lucha permanente entre los
bolivianos, es el principio dominante de aquél egoísmo
eternamente condenado por la moral universal. ¡No más
propiedad, no más propietarios, no más herencias! ¡Abajo
aristócratas! ¡La tierra sea para todos! ¡Basta de
explotación del hombre por el hombre!"
Ronald
Larsen y otros patrones de la provincia Cordillera apedrean
y disparan a indígenas y funcionarios del Estado; es la
segunda agresión en un mes
Hacendado
norteamericano arma grupos de choque
para defender latifundios en el chaco cruceño
Bolpress,
04/04/08
Atacaron
con piedras, petardos y balas a funcionarios del
Viceministerio de Tierras y del INRA en inmediaciones de la
hacienda Caraparicito, ubicada en la Localidad de
Lagunillas, aproximadamente a 80 kilómetros de Camiri. Los
autores intelectuales y materiales de la agresión son
ganaderos y hacendados, entre ellos un ciudadano
norteamericano vinculado a las elites políticas y
empresariales de la capital cruceña.
Aunque el
saneamiento en la zona beneficiará a 10 mil pequeños
propietarios y consolidará una TCO a favor de comunidades
indígenas guaraníes, muchas de ellas explotadas
laboralmente, los hacendados y ganaderos conformaron
“comités de defensa” con gente armada para impedir el
ingreso de funcionarios de gobierno y paralizar los trabajos
de saneamiento.
No es la
primera vez que los terratenientes de la provincia
Cordillera de Santa Cruz impiden con violencia el
saneamiento de sus haciendas. El 29 de febrero secuestraron
y amenazaron de muerte a las máximas autoridades agrarias
nacionales y dispararon a las llantas de su vehículo.
A las 10 de
la mañana de este viernes 4 de abril, la comisión oficial
integrada por 40 funcionarios del INRA y del Viceministerio,
resguardada por un contingente policial de 40 efectivos,
reanudó los trabajos de saneamiento en la localidad Alto
Parapetí, y otra vez encontró la resistencia violenta de
los hacendados.
La caravana
fue detenida en la localidad de Ipati por un grupo de gente
a bordo de más de una decena de vehículos que amenazó a
los conductores con quemar los vehículos que transportaban
a los funcionarios de gobierno. Sin embargo, el contingente
rompió el bloqueo y continuó su camino, bajo asedio
permanente de amenazantes ganaderos que los perseguía a
bordo de seis vehículos.
A las
15:30, los representantes del gobierno llegaron a la
hacienda “Caraparicito”. La vía estaba totalmente
bloqueada por un remolque sin llantas de ocho metros de
largo, varios troncos y piedras. Detrás de estos obstáculos
los hacendados levantaron una barricada y más atrás
colocaron una cisterna en medio del camino.
Comenzó
una fuerte discusión seguida de insultos y empujones. Los
ganaderos desconocieron al gobierno de Evo Morales. “Esto
les va a durar unos días más porque ya no estarán
ustedes”, dijo uno de los propietarios, en alusión al
estatuto autonómico que el empresariado cruceño pretende
aprobar el 4 de mayo.
Los
ganaderos gritaban que no había cautivos en sus haciendas,
aunque los guaraníes que acompañaban a la comisión
oficial les desmentían. Los periodistas que cubrían estos
incidentes preguntaron por qué impiden el saneamiento si no
existen indígenas cautivos en sus predios, pero los
hacendados no respondieron. Luego de un forcejeo se logró
retirar el primer remolque y la comisión avanzó con la
policía.
En ese
momento salió de su hacienda el norteamericano Ronald
Larsen, gritando y amenazando directamente al viceministro
de Tierras Alejandro Almaraz. En el secuestro del 29 de
febrero, este mismo personaje intimidó a Almaraz con armas
de fuego. El grupo de choque de los hacendados comenzó a
lanzar petardos, cohetes y piedras a diestra y siniestra,
hiriendo en la cara a un policía y a un guaraní, y también
a un concejal de Lagunillas. La policía tuvo que usar gases
lacrimógenos para frenar la agresión. Luego se negoció
una tregua, sin que ninguna de las partes haya abandonado
sus posiciones.
Ambos
bandos permanecen en sus posiciones: el contingente oficial
integrado por 40 funcionarios, 36 policías y alrededor de
50 indígenas guaraníes, frente al “comité de defensa”
ganadero integrado por 50 personas, algunas armadas y
equipadas con radioreceptores.
¿Quién
es Larsen?
Un
norteamericano protagonizó dos agresiones a una comisión
oficial en menos de 40 días. Este extranjero levantisco que
contrata matones para evitar que los guaraníes obtengan una
TCO en Alto Parapetí se llama Ronald Larsen.
Larsen,
relacionado con el Cuerpo de Paz, llegó al chaco boliviano
en 1968 y al año siguiente compró la hacienda de
Caraparicito. Con los años, su hacienda se convirtió en un
complejo turístico con atractivos naturales, gimnasio, sala
de juegos, comedor, sala de reuniones, biblioteca, sauna e
hidromasaje.
Las
haciendas ganaderas del Chaco son parte de un proyecto turístico
impulsado por la Prefectura de Santa Cruz. La inversión de
las propiedades privadas, con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), alcanza un millón de dólares,
según un reporte del Nuevo Día (5 de junio de 2007).
Larsen está
bien relacionado con la jerarquía política del
departamento. La Prefectura cruceña eligió a Caraparicito
como ejemplo de manejo ambiental. Dentro de la hacienda de
2.800 hectáreas existe una “Reserva Natural de Patrimonio
Privado” de 2.335 hectáreas. El 4 de junio de 2007,
Larsen recibió en su hacienda al prefecto Rubén Costas, al
presidente del comité cívico Branko Marinkovic, y al
presidente de la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) en
ese entonces Gabriel Dabdoub.
Todo
por la tierra
Larsen y
los hacendados de la provincia Cordillera, en alianza con
las elites de Santa Cruz, conformaron un “comité de
defensa” en la provincia Cordillera integrado por medianos
y grandes propietarios, en ellos Juan Carlos Santistevan,
dueño del predio Mandioty de una extensión de 1.885 hectáreas;
y la familia de Elvy Abbet de Malpartida, dueña del predio
Itacay de 9.783 hectáreas.
Los más
activos del clan son los Larsen. Según datos del INRA, el
padre, Ronald Larsen, es dueño de Caraparicito de 3.377
hectáreas y de Caraparicito II, de 3.399 hectáreas. Su
hijo Duston posee el predio Yaguapoa de 2.696 hectáreas.
Todas estas propiedades se ubican en los cantones Choreti,
Camiri y Cuevo (Santa Cruz); y Sapirangui y Guembe
(Chuquisaca).
De un total
de 98.875 hectáreas en Alto Parapetí, 51.512, el 52 por
ciento de toda la tierra, se concentran en 14 predios
categorizados como empresas. Las 40 pequeñas propiedades
identificadas en el lugar suman una superficie de 7.755 hectáreas,
es decir el 7,8% de la tierra.
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