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El
Gobierno ya no hará nada para detener la conjura de los 100
clanes, trata de minimizar el referéndum secesionista y
ocultar su gran derrota política
Evo
alza las manos ante el poder de la oligarquía
Econoticiasbolivia,
14/04/08
La Paz.–
En el extremo de la impotencia y atrapado por su política
conciliadora, el gobierno del presidente indígena de
Bolivia alzó las manos ante la rebelión oligárquica y
anunció que ya no hará nada para intentar frenar el ilegal
e inconstitucional referéndum autonómico con el que la
oligarquía quiere legitimar el poder que ejerce de facto en
el oriente y los valles del país.
En los últimos
días, todos en el gobierno, desde el presidente Morales
hasta el último de sus ministros, ratificaron que no frenarán
la consulta popular prevista para el 4 de mayo en Santa Cruz
y que no usarán ni la ley, ni la fuerza pública ni la
movilización de masas para detener la conjura regional que
apunta fortalecer el victorioso retorno de la extrema
derecha al poder.
Incluso,
aquellos que pugnaban al interior del Gobierno por la
declaratoria de un “estado de sitio” y el uso combinado
del Ejército, la Policía y las organizaciones sociales
para frenar a la oligarquía, cambiaron de postura y optaron
por tratar de minimizar el referéndum y por ocultar la
severa derrota política que está por sufrir el gobierno de
la izquierda indigenista a manos de los 100 poderosos clanes
familiares, que dirigen la revuelta por la autonomía,
manejan la economía, controlan la tierra y que cuentan con
el masivo apoyo de la población civil y las organizaciones
cívicas, vecinales y empresariales en Santa Cruz, Beni,
Pando, Tarija y parcialmente en Cochabamba y Chuquisaca.
En una
concentración con los cocaleros de Yungas, el presidente
Morales aseguró el viernes que no impediría la consulta y
convocó a la población de Santa Cruz a abstenerse a votar
y a la población del resto del país a marchar ese mismo día
en defensa de la unidad nacional en las ciudades del
altiplano.
¿Una
simple encuesta?
“Esa
consulta sobre el Estatuto Autonómico en el departamento de
Santa Cruz, prevista para el 4 de mayo próximo, sólo será
una encuesta pública, sin ningún valor legal (…) será
un ejercicio ciudadano que está cuestionado desde distintos
ámbitos y que no representa mayor preocupación para el
Gobierno”, dijo este viernes el ministro de la
Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien a principios de mes
había convocado a detener la conspiración oligárquica.
"El
referéndum que se pretende llevar adelante en el
departamento de Santa Cruz –había dicho antes–– debe
ser frenado, tiene que pararse por la voluntad unánime de
todos los bolivianos que amamos a este país y los medios de
comunicación tienen un mandato histórico para preservar
este contexto de unidad nacional”.
El ministro
Quintana había advertido que "la Patria está signada
de un peligro de fragmentación" e interpeló a los
bolivianos y a sus instituciones que "no pueden hacerse
de la vista gorda, no pueden dar un paso al costado y ser
ajenos a la ruptura de la integridad nacional".
Otro de los
que exigía hacer algo desde el Gobierno para detener el
referéndum, como el diputado del oficialista Movimiento al
Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, también dio un paso atrás.
"Vamos a ver hasta donde llegan y a partir de allí
vamos a iniciar todas las acciones que debemos iniciar (…)
Queremos ver qué es lo que van a hacer", dijo.
En este
escenario, el propio comandante en jefe de las Fuerzas
Armadas, el general Luis Trigo Antelo, abogó este jueves
por dejar hacer a los sediciosos. "Sabemos que el referéndum
es un tema que va ir adelante y tiene que ir, la población
dirá si está de acuerdo o no con su voto", dijo el
general nacido en Santa Cruz y que denunció que su familia
era amedrentada por “gente anónima” en esa ciudad.
Los
dirigentes indígenas y campesinos, como Isaac Avalos de la
Confederación que apoya a Morales, también dieron marcha
atrás en la organización del boicot a la realización de
la consulta. Otros planes para tomar las calles y las ánforas
el mismo día de la consulta, con apoyo de organizaciones
sociales del interior del país, también quedaron en nada
en los barrios urbanos y provincias donde aún hay apoyo
para Morales.
Con
la venda en los ojos
Todos en el
Gobierno, desde el presidente Morales y el vicepresidente
Alvaro García Linera dicen y repiten, ahora, que el referéndum
del 4 de mayo, que aprobará los Estatutos Autonómicos que
se orientan a legitimar la intención oligárquica de
construir un Estado propio en Santa Cruz (con Parlamento
propio, Policía propia, control de la tierra, de los
impuestos y los recursos naturales) no tendrá ninguna
validez jurídica ni tendrá ningún efecto real. Todos en
Gobierno, desde el presidente Morales y el vicepresidente
Alvaro García Linera, intentan autoconvencerse de que no
están viviendo la peor de sus derrotas políticas.
La realidad
de estos días, sin embargo, parece muy distante de estos
deseos. Este es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre en
Camiri, en el departamento de Santa Cruz. Allí, un grupo de
hacendados latifundistas y que mantienen en una virtual
esclavitud a casi un millar de guaraníes han detenido, con
apoyo de la población, el proceso de saneamiento de tierras
y golpean, balean y vejan a los indígenas, a las
autoridades y funcionarios del Gobierno de Morales. Allí,
el objetivo de los hacendados es impedir el ingreso de las
autoridades y policías hasta el 4 de mayo, porque a partir
de allí la distribución y decisión sobre las tierras
estarán en manos del prefecto (gobernador) de Santa Cruz,
el derechista Rubén Costas y los 100 clanes que son dueños
de 25 millones de hectáreas de las tierras más fértiles
de oriente y los valles, cinco veces más que la que poseen
en conjunto dos millones de campesinos pobres.
Casi en
simultáneo, en Sucre, la capital de la República, grupos
de adherentes del derechista Comité Interinstitucional, que
ejercen el poder de facto en la ciudad, propinaron una dura
paliza y casi lincharon al diputado del MAS, Wilber Flores,
en una clara demostración de que las autoridades y
adherentes de Morales no tienen ahora pisada en varias
regiones del país, y que será mucho peor después del 4 de
mayo a medida que alce la cabeza el fascismo y se acreciente
el racismo y el odio contra los altiplánicos.
Cifras
y legitimidad
Tras
constatar su debilidad, el Gobierno de Morales apunta a
iniciar negociaciones después del 4 de mayo, con ayuda de
la Iglesia Católica, organizaciones internacionales y
gobiernos amigos (Kirchner, Lula y otros). Confían también,
tal como lo señalan a través de la prensa, que en el referéndum
cruceño habrá mucha abstención y que muchos votarán por
el NO.
“Cada vez
es mayor el respaldo internacional que recibe el Gobierno
del presidente Evo Morales para iniciar el diálogo con
sectores de oposición y así buscar una salida pacífica y
dentro de los límites de la legalidad a la actual crisis
política que vive el país” dijo el canciller David
Choquehuanca al destacar el apoyo de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) y la Unión Europea, además de asegurar que
“la comunidad internacional no reconocerá los resultados
que arroje la consulta sobre el estatuto autonómico de
Santa Cruz”.
“Ese
referéndum apenas es una encuesta sin carácter vinculante
que cuesta 11 millones de bolivianos y que ninguna
autoridad, institución o ciudadano está obligado a
acatar”, agregó el vicepresidente García Linera.
Entre los
funcionarios del Gobierno de Morales se confía en que los
resultados del referéndum del 4 de mayo no serán tan
contundentes como los alcanzados por el propio Morales en
diciembre del 2005, cuando llegó al 54 por ciento de los
votos. Otra, sin embargo, es la percepción de los
organizadores de la consulta que estiman entre 70 a 90 por
ciento de apoyo ciudadano.
Con estas
cifras, la oligarquía separatista obtendría una
legitimidad mayor que la Morales, ya que cada voto a favor
de la autonomía equivaldría un voto en contra del primer
presidente indígena de Bolivia.
Más
problemas
Por ello,
algunos funcionarios de la administración gubernamental ven
mayores problemas después de la votación. Según el
viceministro de Descentralización, Fabián Yacsik, los
porcentajes en la votación podrían favorecer la ruta
trazada por el prefecto Costas hacia la negociación o
impulsar más a los más radicales que no quieren negociar
nada con Evo.
“Hoy día
los prefectos tienen nueve competencias de ejecución que
les da la ley y 20 atribuciones administrativas (…) pero
con los Estatutos los Gobiernos autónomos tendrán 66
competencias, 43 son exclusivas, legislan y ejecutan, otras
12 son compartidas y 11 competencias ejecutivas (…) y eso
puede ser muy difícil de negociar”, dijo.
El
precio de dormir con el enemigo
Entre los
que alientan el separatismo también se hacen cálculos y
muchos estiman que tras realizar cuatro referéndums en
Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, y tras avanzar en
Chuquisaca y Cochabamba, podrían incluso pedir el recorte
de mandato del presidente Morales, que sigue, pese a todo,
en su afán por conciliar con la oligarquía en vez de
enfrentarla, por lograr la unidad con ella en vez de buscar
derrotarla.
En esta política
conciliadora con la oligarquía, Morales abandonó en los
dos últimos años la movilización callejera y la acción
directa de masas, que eran su mayor fortaleza, reemplazándolas
por una inútil verborrea, por la menuda maniobra en las
sesiones parlamentarias y por una abierta defensa de la
propiedad privada y de los grandes latifundios productivos,
con un resultado que era absolutamente previsible.
“Evo
levanta a la derecha”, titulaba un informe de
Econoticiasbolivia de hace más de un año, en el que se señalaba
que: “El carismático presidente indígena de Bolivia, Evo
Morales, dilapidó en menos de seis meses su victoria
electoral en el oriente y sur del país, donde por omisión,
debilidad y su tímido reformismo revitalizó a una oligarquía
que asume rasgos fascistas, que ahora tiene gran arraigo
popular y que por la fuerza arrincona y aterroriza a las
organizaciones campesinas e indígenas”.
Ya por
entonces, los hechos eran por demás elocuentes. “El
jueves 14 de diciembre de 2006 cerca de tres mil vecinos y
trabajadores se concentraron en uno de los barrios más
pobres de la ciudad de Santa Cruz para respaldar la política
de Morales y repudiar las acciones de la oligarquía, que
amenaza con dividir al país si no se atienden sus
exigencias de autonomía. Un día después, los oligarcas
lograban en esa misma urbe la adhesión de casi 300 mil
personas que clamaban por la autonomía regional y
condenaban al gobierno central. Una diferencia de uno a
cien, en una plaza que paradójicamente se había inclinado
electoralmente el 2 de julio de 2006 en favor del partido
del presidente Morales con el 26% de los votos”.
“Hasta
ahora, Evo no atina siquiera arrebatar a la derecha las
banderas de la autonomía, tampoco lesiona ni hiere sus
poderosos y millonarios intereses y no mejora en nada las
precarias condiciones de vida de las empobrecidas mayorías
del área urbana y rural. Evo ha perdido sus bases en el
oriente”, señalaba el informe difundido en enero del
2007.
Desde
entonces, el avance de la derecha ha ido casi al mismo ritmo
en que Morales perdía poder y presencia en las regiones del
oriente y los valles. Hoy, Evo ya no tiene pisada en
ciudades como Sucre y sólo puede visitar, de manera fugaz y
protegido por militares y policías, en “operación
comando”, las ciudades de Santa Cruz, Trinidad, Tarija y
Cobija.
Derrota
sin atenuantes
Y esa es
una severa derrota política para un Gobierno que, tras
ganar las elecciones de diciembre del 2005 con el 54 por
ciento de los votos, buscó una gran acuerdo nacional con la
oligarquía, en el marco de un proceso de cambio que
normalice y profundice el funcionamiento del capitalismo,
con respeto a la propiedad privada y a la inversión
extranjera, con empresarios que paguen impuestos y no eludan
la ley, con mejor calidad de vida para la gente y sin tantas
discriminaciones sociales y raciales contra los indígenas.
“Queremos
socios, no patrones”, decía el presidente Morales.
“Queremos
compartir el poder con esas élites”, complementaba su vicepresidente,
Alvaro García Linera.
La
orientación política gubernamental no dejaba lugar a
dudas. “Desde que llegamos al Gobierno hemos definido una
estrategia de distribución pactada del poder. Lo que
Bolivia está atravesando hoy es, en esencia, un proceso de
amplia y generalizada lucha y redistribución del poder. Es
algo que va más allá de un gobierno. Y la historia nos
enseña que la lucha por el poder puede tener tres
desenlaces clásicos: Que el sector emergente desplace
directamente, mediante cualquier medio posible, al bloque
anterior. Que este bloque de poder antiguo logre derrotar,
contener, cooptar o aplastar al bloque emergente. O que
entre ambos se logre redistribuir el poder. Como Gobierno
hemos optado por la tercera opción. Apostamos a un proceso
de redistribución pactada del poder con un nuevo núcleo
articulador: el movimiento indígena”, decía García
Linera (Ver: Las élites se redistribuyen el poder).
En
respuesta, la rancia oligarquía boliviana, que tiene un
visceral y profundo odio contra los indios, contra los
pobres, dejó hacer a Morales durante gran parte del 2006
para que hiciera lo que ella no podía hacer: desvirtuar las
luchas populares por la nacionalización del gas y el petróleo,
legalizar los contratos con todas las transnacionales que el
pueblo quería expulsar del país y armar una Asamblea
Constituyente entre los representantes del MAS y los de la
oligarquía, sin la participación directa de las
organizaciones que derrocaron a los ex presidentes
neoliberales Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa.
De ahí en
más, oleados y sacramentados los contratos petroleros,
puestas a salvo y acrecentadas las millonarias ganancias de
los pulpos transnacionales del gas y el petróleo, la
oligarquía, con el apoyo y cobertura de la Embajada de
Estados Unidos, frenó, bloqueó y ganó las calles,
enarbolando la bandera de la autonomía, fortaleciéndose
con cada error de Morales, ganando fuerza con cada concesión
de Morales.
Ahora, a
tres semanas del referéndum autonómico, la derecha está
lista para asestar un duro golpe a la administración
gubernamental, frenando el proceso de cambio iniciado en las
jornadas del 2003 y 2005, cuando el pueblo derrocó a dos
regímenes neoliberales.
Frente a
ello, los sectores sociales y sindicales que han comenzado a
desmarcarse del control gubernamental señalan que sólo la
lucha frontal contra la oligarquía impedirá el retorno de
la derecha al poder. “Sólo la aplicación de las Agendas
de 2003 y 2005 garantizarán la desarticulación y la
derrota de la oligarquía. Los mineros de Huanuni exigimos
del Gobierno asumir las medidas más enérgicas para
desmontar el fraude del referéndum autonómico y aplicar de
una vez por todas los verdaderos cambios estructurales en el
país. Los mineros, fieles a nuestra tradición de lucha
revolucionaria exigimos al gobierno entregarnos los medios y
recursos necesarios para aniquilar las logias cívicas y
empresariales que a lo largo del país, especialmente en la
media luna, engañan al pueblo y pretenden sembrar el odio,
sangre y división de la Patria”.
“Convocamos
a todos los sindicatos, trabajadores y pueblo de Bolivia
sumarse a este pronunciamiento y hacer frente a la amenaza
de división de nuestra patria por parte de la oligarquía
empresarial, latifundista, trasnacional y usurera”,
agregan los mineros proletarios que consideran que sólo con
una verdadera nacionalización del gas y las minas y
expropiando a los latifundistas se podrá frenar la
conspiración oligárquica, mantener la unidad nacional y
avanzar hacia mejores días para los bolivianos.
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