Autonomistas cruceños anuncian la creación de un impuesto a la tierra...

Pero los latifundios no se tocan

Bolpress, 16/05/08

(UPIC–Tierra).– Las dirigencias políticas y empresariales de Santa Cruz anuncian la creación de un impuesto a la tenencia de la tierra para financiar programas de asistencia social, en un intento de disimular la orientación pro latifundista de la autonomía departamental.

El prefecto Rubén Costas, desde ayer autodenominado “gobernador del departamento autónomo de Santa Cruz”, declaró al diario El Deber que el movimiento autonomista está obligado a demostrar que su modelo sirve “para salir de la pobreza, lograr la igualdad, el equilibrio, la inclusión social y la democracia directa”.

En un acto público realizado el 2 de abril en el Parque Industrial de la capital cruceña, Costas anticipó que la “doctrina social” de la autonomía configurará una especie de “socialismo democrático y humanístico con solidaridad” en la región. Ese día, la autoridad comprometió seguro de salud para todos los habitantes del departamento y una inversión de 150 millones de dólares para planes de vivienda en la ciudad y provincias.

El 2 de abril, Costas dijo amenazante que “el sector agropecuario tendrá que ir pensando en pagar impuestos fuertes para que los municipios construyan caminos y aumenten las fuentes de trabajo”.  Y si estos sectores privilegiados le presionan, si quieren volver a hacer de las suyas o “tener derecho al contrabando, a la partidocracia y a la prebenda, renunciaré ese mismo día”.

Luego de instalar la asamblea legislativa y emitir la primera ley departamental en calidad de “gobernador”, Costas insistió en que el verdadero cambio en democracia depende de la responsabilidad social del empresariado y de que “los agropecuarios paguen un verdadero tributo por la tierra, como propuso el Comité Cívico, para que esos recursos sean distribuidos a los municipios y se inviertan en su desarrollo”.

El secretario de hacienda del “gobierno autónomo de Santa Cruz” José Luis Parada confirmó que una de las principales tareas de los 28 asambleístas del departamento será la aprobación de nuevos impuestos.

La tierra no es de quien la trabaja sino de quien paga

La elite autonomista de Santa Cruz y el prefecto Costas están convencidos de que llevan adelante una verdadera revolución en paz, “sin odio y sin quitarle nada a nadie, como hace el gobierno que recorta recursos del IDH”. En su criterio, Santa Cruz se ha convertido un “bunker de la libertad y la democracia” que defiende una forma de vida productiva fundada en el respeto absoluto de la propiedad privada pequeña, mediana y grande. “No hay que avergonzarse de generar riqueza, no hay que tener envidia al que tiene”, decía Costas en la campaña previa a la consulta del 4 de mayo.

La autonomía de Santa Cruz defiende el mismo modelo occidental de libre mercado y democracia liberal derrotado en las calles en 2003 y en las urnas en 2005. En ese marco, la prioridad de la política agraria autonomista no es modificar la actual estructura propietaria de la tierra –caracterizada por una alta concentración en latifundios improductivos–  sino multiplicar las exportaciones en alianza con transnacionales del agronegocio.

El estatuto autonómico aprobado el 4 de mayo confiere al gobierno departamental potestades legislativas y reglamentarias exclusivas para ejecutar una política de tierras neoliberal que tolera la existencia de mucha tierra sin trabajar, la excesiva desigualdad en el acceso y que, al parecer, no reconocerá la función económica social (FES) como parámetro fundamental para determinar la propiedad agraria.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia Gabriel Dabdoub, uno de los cuadros del movimiento autonomista, declaró hace poco que la concentración de tierras no es el problema central sino el uso que se da a la tierra. Por tanto, no corresponde fijar un límite a la tenencia de tierras “porque si alguien quiere trabajar podrá comprar y acceder a la tierra... Aquí estamos hablando de principios y de derechos”.

Días antes del referéndum, el empresario Branko Marinkovik, presidente del Comité Pro Santa Cruz, opinó que “el tema tierras siempre estuvo muy mal manejado por los gobiernos. Lo hicieron mal el MNR y el MAS”. Pero “se acabó el conteo de vacas, (ahora) lo importante no es cuántas hectáreas tiene el propietario sino que la tierra produzca y se pague impuestos al municipio. Ahora lo recaudado va a La Paz y lo distribuye el gobierno central. Ese dinero tiene que ir a los municipios cruceños para hacer pavimentos y dar agua potable donde falte”.

En el antiguo proceso agrario (Ley INRA de 1996), la exigencia de trabajo (FES) era burlada  y suplantada con la presentación de papeles y documentos en el saneamiento sin comprobación en campo. Lo curioso de todo es que el propietario, para demostrar que no abandonó el predio, simplemente pagaba impuesto sin necesidad de demostrar que producía o trabajaba la tierra. Según la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria Nº 3545, el cumplimiento de la FES es el requisito fundamental para conservar el derecho propietario de la tierra.

Al día siguiente de la consulta autonomista, el gerente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) Edilberto Osinaga declaró que la autonomía es una garantía y da seguridad al sector productivo para que siga invirtiendo.

Y es que si se llegara a ejecutar la política agroindustrial autonomista, sustentada en la explotación de la tierra para satisfacer las necesidades del mercado mundial, la burguesía local se enriquecería a velocidad geométrica controlando la producción de materia prima para generar agrocombustibles legalizados por el estatuto autonomista.

La ola de inversiones en agrocombustibles replanteó el agronegocio en todo el mundo y profundizó las relaciones entre familias de terratenientes del sur, ricas e influyentes políticamente, y poderosas transnacionales del norte como Archer Daniels Midland (ADM) y Cargill que ya están presentes en Santa Cruz.

Autonomistas crean un parlamento cruceño

Bolpress, 15/05/08

La Prefectura cruceña comenzó a implementar la autonomía departamental de facto con la creación de un Consejo de Promoción de Comercio Exterior y transformando el Concejo Departamental en Asamblea Legislativa. Rubén Costas ya no es prefecto sino “gobernador” de Santa Cruz.

Según Costas, su región da un paso trascendental en la política nacional al convertir a Santa Cruz en un "gobierno autónomo departamental" al mando de un "gobernador". Los indígenas cruceños se denominan desde ahora "oriundos". Esta es la verdadera revolución, declaró el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) Eduardo Paz. Murió el centralismo y nació la Bolivia autónoma, comentó el presidente de la Brigada Parlamentaria cruceña Pablo Klinsky.

El presidente del Senado Oscar Ortiz (Podemos), representante político del movimiento autonomista cruceño en el Congreso, dijo que la transformación del Consejo Departamental en Asamblea Legislativa Departamental está contemplada en el estatuto autonómico aprobado el domingo 4 de mayo con más del 85% de los votos. “En eso se sustenta su legitimidad y legalidad”, aseguró.

La Asamblea Legislativa se dispone a debatir 17 regímenes especiales en el ámbito económico y la distribución de recursos departamentales.

El asesor de Hidrocarburos y Minería de la Prefectura de Santa Cruz Juan Padilla declaró al diario La Prensa que el gobierno departamental, en aplicación del Estatuto Autonómico aprobado el 4 de mayo, no permitirá que las regalías petroleras sean enviadas a la administración central en La Paz y que la región cobrará directamente a las empresas por la explotación del gas y petróleo en el territorio departamental.

Por otro lado, Ortiz aseguró que el reciéntemente creado Consejo de Promoción de Comercio Exterior es un organismo que existe en casi todos los gobiernos del mundo, ya sean países federales o unitarios, para promover el desarrollo económico a través de las exportaciones regionales.

La Asamblea Legislativa creada en Santa Cruz es “absolutamente inconstitucional porque usurpa el mandato constitucional encomendado al Congreso de la República”, comentó el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana. En su criterio, este tipo de acciones impulsadas por la Prefectura cruceña “son castillos de arena” ya que las instituciones sólidas nacen al amparo de la Constitución.

El diputado Jorge Silva (MAS) dijo que la Asamblea Legislativa y el Consejo no son reconocidos por la Constitución Política del Estado y por tanto no tienen ninguna validez legal.

El defensor del Pueblo Waldo Albarracín recordó a las autoridades y líderes cívicos cruceños que la Constitución Política del Estado vigente es la ley suprema. Por tanto, aplicar un estatuto autonómico en contra de la Constitución significa una vulneración del Estado de Derecho.

“Estos señores hablan de que en Bolivia no se cumple la ley y que el gobierno ha dado por el suelo la institucionalidad, pero son ellos los que constantemente hacen eso”, afirmó el senador Antonio Peredo (MAS)

El presidente de la Cámara de Diputados Edmundo Novillo consideró que la conformación de una Asamblea Legislativa y una Delegación para la Producción y la Exportación tienen un afán de desestabilización política y buscan el derrocamiento del Presidente Evo Morales.

Los legisladores oficialistas advirtieron que quienes vulneran la legislación y la Constitución Política del Estado pueden ser sometidos a juicio penal por sedición.

Por eso ahora urge conformar el Tribunal Constitucional, instancia donde se canalizarán todas las medidas impulsadas por los sectores opositores. “Los fallos del Tribunal bajarán todo el show de ilegalidad al que llevaron al pueblo cruceño y que en el fondo no tiene validez”, dijo Novillo.

Para el diputado Gustavo Torrico, las decisiones que se toman en Santa Cruz son “bravuconadas” para “calentar el ambiente para el Referéndum Revocatorio”.

Según Ortiz, lo que hay que hacer ahora es seguir trabajando hasta lograr una Constitución que reconozca plenamente las autonomías departamentales con su brazo ejecutivo, el gobernador del departamento, y un brazo legislativo, la Asamblea Departamental.