La oligarquía quiere poner a Evo de rodillas

Econoticiasbolivia, 24/06/08

La Paz.- Aprovechando al máximo la cobardía política del gobierno indígena de Bolivia, los prefectos derechistas, la oligarquía y los 100 clanes dueños de la tierra y los grandes negocios pusieron contra la pared al presidente Evo Morales, al negarse a poner a votación sus mandatos y conminarle a reconocer a los cuatro gobiernos autónomos rebeldes.

Los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba rechazaron la noche de este lunes la realización del referendo revocatorio de mandato popular del 10 de agosto próximo, demandaron recortar el mandato presidencial, llamar a nuevas elecciones generales sin Evo y condicionaron el diálogo con Morales al reconocimiento de sus estatutos autonómicos.

Tras lograr un masivo apoyo electoral en cuatro de los nueve departamentos de Bolivia, la oligarquía coronó su victoria sobre Evo Morales al desahuciar el referendo del 10 de agosto que debía definir si el Presidente Morales, su Vicepresidente Alvaro García Linera y ocho de los prefectos permanecían o no en sus cargos.

En los hechos, el revocatorio ya no corre, puesto que los prefectos derechistas, la oligarquía y los 100 clanes tienen el suficiente poder para impedir su realización en el oriente y valles del país, en medio país. Allí, el poder lo ejerce esta oligarquía y ni siquiera el propio Morales puede ingresar a esos lugares, tomados por los sediciosos y sus bandas fascistas que tienen arrinconados a los sectores populares e indígenas.

El revocatorio era una de las última esperanzas para el alicaído gobierno de Morales, para tratar de recuperar la legitimidad y apoyo perdidos en los dos últimos años, producto de su errática y suicida política de contemporizar con la derecha y castrar la lucha de los sindicatos y organizaciones sociales que querían liquidar el poder de una oligarquía que trabaja bajo la instrucción directa de la Embajada de Estados Unidos.

"Quiero pedirle a los prefectos respetar las normas, las leyes de la República. Yo no pedí el revocatorio, eso lo recuerda bien el pueblo boliviano; en octubre y noviembre algunos prefectos pidieron el revocatorio y acepté para que nos sometamos al voto del pueblo boliviano", dijo como respuesta Morales, quien ha despilfarrado el apoyo popular obtenido el 2006 y ha entregado sin batalla ni vergüenza el control de medio país a la oligarquía, que paradójicamente estaba arrinconada y aterrorizada en los años 2003 y 2005, cuando sendas insurrecciones populares echaron abajo a dos gobierno neoliberales.

El plan derechista

El plan de la oligarquía tiene tres objetivos: i) impedir la realización del referéndum revocatorio, del que puede salir parcialmente debilitado, ii) archivar definitivamente el nuevo proyecto de Constitución Política del Estado, aprobado por las fuerzas oficialistas de la Asamblea Constituyente, para evitar la posible reelección de Evo desde el 2010 y iii) cercar aún más al gobierno de Morales durante los siguientes dos años.

Reunidos en el autodenominado Consejo Nacional Democrático (Conalde), los prefectos de Pando, Leopoldo Fernández; de Beni, Ernesto Suárez Sattori; de Tarija, Mario Cossío; de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, además de dirigentes cívicos regionales, conminaron a Evo a cumplir sus demandas.

Los prefectos demandaron la inmediata devolución de 200 millones de dólares del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las regiones, el reconocimiento de sus gobiernos autónomos, incluidos sus Parlamentos regionales y su potestad para armar su propia Policía, controlar la tierra y dictar leyes por encima de las nacionales, como prerrequisitos para iniciar un diálogo con miras a un gran acuerdo nacional.

Ejes del acuerdo nacional

Para los prefectos, la oligarquía y los 100 clanes este acuerdo nacional, que quieren armar ahora que cuentan con el respaldo electoral de sus regiones y el apoyo ciudadano, se orienta a convalidar la existencia de dos gobiernos paralelos en el país hasta las elecciones nacionales del 2010, en las que aspiran a derrotar a las fuerzas indígenas y campesinas, y así retomar todo el poder a nivel nacional. En esas elecciones, si no hay un cambio en la actual Constitución, Evo Morales no podría volver a postularse.

Por ello, los prefectos derechistas, la oligarquía y los 100 clanes quieren impedir que se apruebe la nueva Constitución Política del Estado que posibilita que Evo pueda volver a postularse.

La opción de Evo

En cambio, Morales y los suyos siguen apostando al revocatorio del 10 de agosto para recuperar legitimidad y apoyo electoral, y al mismo tiempo derribar a uno o dos prefectos opositores. Con ello, creen que podrán llegar a un acuerdo político con la oligarquía en términos más favorables para ellos, atenuando todos los cambios insertos en la nueva Constitución a cambio de habilitar a Evo para las elecciones del 2010.

Desde el inicio de su Presidencia el objetivo central de la política de Evo fue lograr que las élites indígenas y campesinas compartan el poder con la oligarquía y los 100 clanes.

Según admitió el vicepresidente García Linera hace un año, los indígenas no quieren arrebatarle el poder a la oligarquía, no quieren desplazarla, y lo que intentan es compartir el poder, quieren manejar Bolivia con los que hasta ahora siguen siendo los dueños de vidas, haciendas y las mayores riquezas del país.

“Desde que llegamos al Gobierno hemos definido una estrategia de distribución pactada del poder. Lo que Bolivia está atravesando hoy es, en esencia, un proceso de amplia y generalizada lucha y redistribución del poder. Es algo que va más allá de un gobierno”.

“Y la historia nos enseña que la lucha por el poder puede tener tres desenlaces clásicos.  i) Que el sector emergente (indígena-campesino) desplace directamente, mediante cualquier medio posible, al bloque anterior. ii) Que este bloque de poder antiguo (la oligarquía) logre derrotar, contener, cooptar o aplastar al bloque emergente. iii) O que entre ambos se logre redistribuir el poder”.

“Como Gobierno hemos optado por la tercera opción. Apostamos a un proceso de redistribución pactada del poder con un nuevo núcleo articulador: el movimiento indígena”, dijo el ideólogo del gobierno indígena, un ex guerrillero que ahora predica la conciliación de clases y la vigencia del “capitalismo andino”.

El gran temor de Morales

Y es precisamente esta política de conciliación con la oligarquía la que explica la debacle en la que está sumida la administración de Morales, que teme mucho más  a un desborde de las masas que a la propia oligarquía y al fascismo.

Según confesó hace una semana a la revista local “Cosas”, el presidente indígena teme que un desborde social de los trabajadores y campesinos arrase con la burguesía agrofinanciera y acabe con su proyecto de impulsar la inversión extranjera y su capitalismo andino sustentado sobre la base del respeto a la inversión privada nacional y extranjera.

“¿Sabes de qué tengo miedo? Quiero que sepan que no tengo miedo a la oposición (derechista, NdR). Como decía, eso es parte de una lucha permanente, histórica durante la Colonia y la República, durante el modelo neoliberal. No le tengo miedo ni a un golpe de Estado, ni a un grupo de fascistas-racistas (…)  los conspiradores, el Gobierno de Estados Unidos junto a esos grupos oligárquicos (…) El miedo que tengo es que la gente que nos apoya se levante, que los sectores opositores menores arrasen, es una gran confrontación, a eso tengo miedo yo”.

“No sé si han escuchado cuando he ido a Llallagua (centro minero), todos los dirigentes mineros y mayormente el campesino indígena: “Presidente, díganos hora y fecha, y vamos a ir a Santa Cruz (a acabar con la burguesía, NdR)”, dijo Morales.

Salida revolucionaria

Por ello, aunque está contra la pared y casi a merced de la oligarquía, Morales se sigue resistiendo a movilizar a las fuerzas sociales contra los prefectos derechistas y los 100 clanes. Y ello lo saben los oligarcas.

La nueva escalada de la derecha oligárquica y fascista se da tras que fuera abortada, desde el Palacio de Gobierno, la huelga y bloqueo de caminos que estaba alistando para el 16 de junio la Central Obrera Boliviana (COB) para obligar al presidente Morales a sofocar la rebelión de los ricos y, al mismo tiempo, atender de inmediato las demandas sociales y económicas de los más pobres.

La movilización de la COB, desbaratada por el mismo Evo y los sindicalistas que le son leales, buscaba presionar para que se cumpla con la denominada “agenda de octubre”, que postula la expropiación a dominio estatal de las empresas transnacionales del gas, petróleo y minerales, la expropiación de los latifundios y la entrega de tierras para los campesinos, el aumento general de sueldos y salarios, el control de precios de los alimentos y la aprobación de una nueva ley de pensiones.

La frustrada ofensiva popular se orientaba a liquidar el poder económico de la oligarquía y de los 100 clanes (expropiando sus tierras y nacionalizando las agroempresas alimentarias), retomando las banderas de las insurrecciones populares del 2003 y 2005 que acorralaron a las fuerzas que hoy fogonean contra Morales.

Éxito de Bush

Todo lo que está ocurriendo en Bolivia, con el imparable avance de la oligarquía y del separatismo es un triunfo de la administración norteamericana de Bush, asegura el sociólogo James Petras.

“A causa de la completa incompetencia y falta de liderazgo político nacional del presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, el Estado boliviano se está atomizando en una serie de departamentos autónomos, pues ya otros Gobiernos regionales intentan usurpar el poder político y hacerse cargo de sus recursos económicos. Desde el principio, el régimen Morales-García Linera firmó una serie de pactos políticos, adoptó políticas y aprobó concesiones a las elites oligárquicas de Santa Cruz, que permitió que reconstruyeran efectivamente su base política natural de poder, sabotearan una asamblea constitucional elegida y socavaran efectivamente la autoridad del Gobierno central”.

“El éxito de la derecha se ha producido en menos de dos años y medio, lo que es especialmente sorprendente si se tiene en cuenta que en 2005, el país vivió una sublevación popular importante que sustituyó a un Presidente de derecha, cuando millones de trabajadores, mineros, campesinos e indios se apoderaron de las calles. Es un tributo al absoluto desgobierno de Morales y García Linera que el país haya pasado tan rápida y decisivamente desde un estado de poder popular insurreccional a un país fragmentado y dividido, en el que una élite agroexportadora separatista se ha hecho con el control del 80% de los recursos productivos del país, mientras el Gobierno central elegido protesta débilmente”.