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La
derecha ahora viene por el voto
Econoticiasbolivia,
11/07/08
La Paz.–
Bajo la batuta de la Embajada de Estados Unidos, la oligarquía
boliviana comenzó a utilizar todas sus armas para conseguir
el 10 de agosto el voto ciudadano que le permita consolidar
no sólo el poder que ha logrado conquistar en los valles y
el oriente, sino también erosionar seriamente el peso político
y electoral del presidente indígena Evo Morales con miras a
su posterior caída.
Una dura
guerra sucia contra Evo, difundida con extrema generosidad
por los principales canales de televisión, junto a un
cohecho electoral que se expresa en la apresurada entrega de
obras y dinero en las regiones, además de acusaciones de
fraude y amenazas de juicio en los tribunales, boicot en el
Parlamento, impugnaciones a la Corte Electoral y a la ley de
convocatoria al referendo y movilizaciones de protesta en
las calles y caminos, marcan esta imponente como millonaria
campaña contra el Gobierno, que aún tiene gran apoyo en
las ciudades del altiplano, pisa fuerte en el campo, pero
hace aguas en las ciudades del oriente y los valles.
El
bombardeo diario de noticias e imágenes muestran a Evo y a
los suyos como marionetas de presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, como instigadores y actores de un terrorismo de
Estado que dinamita estaciones de televisión, como
destructores de la economía y de la democracia, como
causantes del alza del costo de vida, como promotores de la
división de la patria y como impulsores del racismo y del
odio entre regiones y pueblos. La intención de esta campaña
negra es lograr que las clases medias urbanas abandonen al
dirigente cocalero que ganó las elecciones de fines del
2005 con el 53 por ciento de apoyo electoral.
Vale
todo
Para ello,
parlamentarios, dirigentes cívicos, periodistas,
empresarios, intelectuales y librepensadores a sueldo,
economistas y hasta miembros de la curia usan y abusan de
los espacios en los grandes medios para atacar día y noche
al Gobierno.
En esta
batalla, todo vale para reconquistar el voto popular que, en
Bolivia, casi siempre ha ido a consolidar el dominio político
de la oligarquía y la derecha. Las urnas han favorecido
pocas veces en la historia a los candidatos ajenos a la
oligarquía o a los radicales de izquierda y cuando ocurrió
aquello esa adhesión ha sido muy efímera1.
Por ello,
siguiendo la instrucción del embajador norteamericano
Philip Goldberg, la oligarquía avanza en sus intentos por
deslegitimar la gestión de Morales, acentuando el
descontento popular que crece por el alza del costo de vida
y tratando de que más segmentos de la clase media urbana se
alejen del “indio presidente”.
En
campaña, de mala gana
En las últimas
horas, las organizaciones cívicas y empresariales del
oriente y los valles, especialmente de Chuquisaca,
Cochabamba, Beni y Pando, también se han sumado a esta
campaña y han dejado de lado su negativa a ir al referéndum,
que mantenían hasta la víspera, por considerar que esta
consulta sólo favorece a Evo y pone en riesgo la
continuidad de dos o tres de sus prefectos.
El único
que resiste la decisión de la Embajada es el prefecto de
Cochabamba, Manfred Reyes Villa que, consciente de que no
saldrá airoso de las urnas, sigue denunciando la defección
del resto de sus colegas, que habían mantenido la decisión
de no someterse al referéndum revocatorio, hasta que llegó
el embajador Goldberg y la contraorden de Washington.
Y es que,
en rigor, la oligarquía, los prefectos (gobernadores)
derechistas y los 100 poderosos clanes, que controlan la
tierra y los grandes negocios, han aceptado a regañadientes
la instrucción de Washington para medirse en las urnas con
Evo Morales el próximo 10 de agosto.
En esa
fecha, Morales, su vicepresidente, Alvaro García Linera, y
ocho prefectos se someterán al veredicto popular que
definirá si se interrumpe ahora sus mandatos o si
permanecen en sus cargos durante los próximos dos años y
medio.
Cabeza
de la oposición
Según la
acusación del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, la cabeza
de la oposición y el organizador de la conjura oligárquica
es el embajador de Bush.
"Yo
espero que Goldberg no esté volviendo (a Bolivia) para
unificar a la oposición de cara al revocatorio, sabemos que
la oposición está divida en torno al revocatorio, yo
espero que no venga a unificar, a hacer de articulador político
de la oposición", dijo Rada, quien denunció que, el
mismo día del retorno, a principios de julio, el prefecto
de Beni, Ernesto Suárez, y otros líderes políticos de la
derecha se reunieron con los norteamericanos.
Un día
después de esta reunión, Suárez, junto al prefecto de
Santa Cruz, Rubén Costas, anunció oficialmente la decisión
de los opositores para ir al revocatorio del 10 de agosto,
algo a lo que se habían opuesto tenazmente hasta antes de
que retornara Golberg desde Washington, donde fue convocado
para evaluar las relaciones con Bolivia y ajustar la política
estadounidense con relación a Morales.
Después de
estas reuniones y decisiones, Goldberg se reunió en La Paz
con Morales para tratar de mejorar, por lo menos en lo
formal, las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Luego de ello, Evo dijo que las declaraciones de Rada eran
de “orden personal” y no comprometían la opinión del
conjunto del gobierno boliviano, según aseguró a la prensa
el canciller David Choquehuanca.
El
poder de los gringos
Un día
antes de que Evo y Goldberg se reunieran en Palacio, el
ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció
que la Embajada de Estados Unidos gobernó Bolivia durante
los regímenes democráticos neoliberales.
"En
estos 30 últimos años, la Embajada de Estados Unidos
expandió su poder sobre todo el sistema de partidos políticos.
Lo que quiere decir que desde la Embajada se gobernaba el
Parlamento, el Poder Judicial y el Ejecutivo", aseguró
a la agencia gubernamental ABI2.
Votos
y balas
Durante
todo el siglo XX, Bolivia fue una virtual semicolonia de los
Estados Unidos, que utilizaba indistintamente el voto
popular y las urnas como el golpe militar y el terrorismo de
Estado para mantener su poder y dominio. Democracia y
dictadura servían a un mismo fin y desde antaño eran
utilizadas para preservar sus intereses y acrecentar sus
millonarias ganancias derivadas del saqueo de las materias
primas y los recursos naturales. Así, según las
circunstancias y la magnitud de la resistencia y movilización
del pueblo, se servían de la papeleta electoral o de la
metralla militar para detener la lucha popular
antiimperialista.
En octubre
del 2003, agotada la salida militar, tras fracasar una
sangrienta represión que no pudo impedir el derrocamiento
del gobierno neoliberal, elegido democráticamente en las
urnas, la insurrección popular que amenazaba con barrer a
las transnacionales y avanzaba hacia una revolución fue
orientada desde arriba hacia las urnas a fines del 2005.
El pueblo
alzado, dueño de las calles, dio su voto por Evo Morales y
lo convirtió en Presidente para que gobierne a favor de los
pobres, para que eche a las transnacionales y ponga a raya a
la arrinconada y temerosa oligarquía.
Pero, al
cabo de dos años y medio de gobierno, la realidad era otra:
la oligarquía controla medio país, las transnacionales
ganan a manos llenas con el gas, los minerales y la soya,
mientras los pobres siguen igual o peor que antes.
Viraje
de las clases medias
Por ello,
la Embajada está segura que gran parte de la clase media
urbana, que había apostado al “cambio” al decepcionarse
del neoliberalismo y del saqueo del país, ya estaba de
vuelta y lista para darle la espalda al “indio
presidente”. Los referéndums realizados los últimos tres
meses en Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, donde
hubo una fuerte votación a favor de las autonomías
propiciadas por la oligarquía, confirman, por lo menos
parcialmente, este viraje en contra de Evo. En las ciudades
del Altiplano, especialmente en La Paz, las clases medias
urbanas también están insatisfechas y sobre ellas recae el
grueso de la guerra sucia desatada por la derecha.
En esta
guerra, Evo y los suyos también hacen su parte, y usan todo
lo que pueden para enlodar a sus adversarios, entregar obras
y cheques en un claro cohecho electoral, usando y abusando
de los funcionarios públicos y de los bienes del Estado en
su favor.
Sigue
el empate
Según las
reglas definidas para el referéndum revocatorio, que aún
son cuestionadas por los prefectos y la oligarquía para
deslegitimar la gestión de Evo, se precisa por lo menos 54
por ciento de los votos válidos para revocar el mandato de
Morales o más de un millón y medio de votos en su contra,
una cifra que muy pocos creen que se pueda alcanzar.
Las
proyecciones más creíbles, por lo menos hasta ahora, señalan
que Evo, su vice y sus principales opositores serán
ratificados en sus cargos, lo que consolidaría el doble
poder que se da en Bolivia, con los dos primeros gobernando
en el altiplano y los derechistas con el control del oriente
y los valles.
Concluido
el referéndum, la proyección de Evo es lograr un gran
acuerdo nacional con la oligarquía para preservar la
democracia representativa y fortalecer el funcionamiento del
capitalismo andino. También quiere lograr la aprobación de
una nueva Constitución Política que otorgue, por lo menos
en lo formal, más derechos a las poblaciones indígenas y
abra paso a su reelección a partir del
2010.
La derecha,
en cambio, ya no quiere ningún pacto con Evo, menos su
nueva Constitución y su posible reelección, y apuesta a
desgastarlo y a impedir que se mantenga en el gobierno más
allá del 2010, cuando concluye oficialmente su mandato de
cinco años.
Organizaciones
populares
En las
organizaciones campesinas, sociales, sindicales y populares
urbanas, leales al Presidente, la consigna es votar a favor
de Evo y en contra de los prefectos derechistas. Hasta
ahora, la Central Obrera y los sindicatos más radicales,
que han comenzado a recuperar su independencia de clase
frente al gobierno campesino, no se han pronunciado sobre
ello, aunque han advertido que el voto no derrotará a la
derecha ni frenará la
conjura oligárquica.
Según el
combativo sindicato de mineros de Huanuni, que tiene gran
peso en la orientación de la Federación de Mineros y de la
propia Central Obrera, la única posibilidad para impedir la
victoria de la derecha es profundizar la lucha contra la
oligarquía y las transnacionales, expropiando los
yacimientos petrolíferos, las minas y las tierras de los
latifundistas.
“Nuestra
lucha debe ir dirigida a arrebatar la fuente de su poder
económico de esta minoría oligárquica y latifundista. Eso
significa luchar por el cumplimiento de las Agendas de 2003
y 2005, nacionalizando las empresas trasnacionales y
recuperando las empresas capitalizadas. Así herimos de
muerte a los gamonales, frenamos el saqueo, generamos
fuentes de trabajo y superamos, en los hechos, la pobreza
ancestral a la que nos ha sometido el capitalismo y
neoliberalismo”, dice uno de sus pronunciamientos que
cuestiona la permanente política conciliadora de Evo con la
burguesía.
“El
gobierno ya no
puede eludir irresponsablemente este camino. Basta de
concertar con los conspiradores y saboteadores del verdadero
proceso de cambio. El cambio no debe ser frase hueca sino
cambio estructural para recuperar nuestros recursos
naturales y explotarlos a través del Estado bajo control
social. Nacionalizar e industrializar nuestras riquezas debe
ser el objetivo inmediato”, agrega.
Notas:
1
La última experiencia, anterior a la de Evo, en la que la
empobrecida población boliviana votó masivamente por la
izquierda fue a fines de los años 70 a favor de la Unidad
Democrática y Popular (UDP), conformada por nacionalistas y
comunistas estalinistas. La UDP llegó al poder en 1982,
tras superar una serie de golpes militares, pero sólo
gobernó en contra de los pobres, defraudando a sus votantes
que viraron hacia la derecha y al neoliberalismo desde 1985.
La UDP frenó la rebelión popular contra las dictaduras y
se desgastó en su intento por administrar la crisis económica
sin afectar a la burguesía y a los grupos de poder, y sin
alterar la injusta distribución de riqueza ni mejorar la
suerte de los más pobres, a los que castigó con más
inflación y menos pan.
2
Quintana explicó que en los gobiernos neoliberales,
unguidos con el voto popular y presididos por los
derechistas Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada,
Hugo Banzer y Jorge Tuto Quiroga, entre otros, en la
Embajada de Estados Unidos se definía todas las políticas
entreguistas de nuestros recursos naturales. “Todos esos
presidentes eran marionetas" que lo único que hacían
"era obedecer las decisiones políticas que salían
desde la Embajada (…) la cooperación, entre comillas, de
Estados Unidos estuvo dirigido al saqueo y la entrega de
nuestros recursos naturales y nuestras empresas".
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