|
Fracasa
intento para anular el referéndum
del 10 de agosto
Econoticiasbolivia,
24/07/08
Se
intensifica la batalla electoral y la “guerra sucia”
entre los prefectos derechistas y el gobierno de Morales.
Ajena a esta pugna, la Central Obrera comienza a bloquear
caminos y marchar en siete de las grandes ciudades contra
Evo y la oligarquía.
La Paz.–
Tras poner en vilo por dos días a todo el sistema político
boliviano, este jueves comenzó a desinflarse el desesperado
intento de los sectores más extremistas de derecha para
detener por vía judicial la votación electoral que definirá
el 10 de agosto si son removidos o no de sus cargos el
presidente de Bolivia y sus principales opositores en las
prefecturas (gobernaciones).
La Corte
Nacional Electoral, por boca de su presidente, José Luis
Exeni, desechó toda posibilidad de atender la demanda de
suspensión del referéndum, que se ha convertido en el eje
de la lucha político–electoral entre el gobierno indígena
y campesino de Evo Morales y la oligarquía.
Ajenos a
esta batalla, este jueves miles de trabajadores afiliados a
la Central Obrera Boliviana (COB) marchaban por las calles
de las ciudades y comenzaban a cerrar caminos para exigir la
atención a sus demandas y protestar contra el gobierno de
Morales y contra la oligarquía y el imperialismo.
Batalla
electoral
Un decreto
de la única miembro del Tribunal Constitucional, instancia
que virtualmente está en receso por la ausencia de casi
todos sus miembros, fue lanzado este lunes en la noche para
tratar de frenar el revocatorio. Aunque la medida dispuesta
por la magistrada Silvia Salame no tiene validez jurídica,
los principales dirigentes de la oposición política,
atrincherados en el Senado Nacional, en las prefecturas y
comités cívicos opositores, demandaron la interrupción
del proceso eleccionario.
De
inmediato, tal demanda fue rechazada por el gobierno de
Morales y fue la Corte Nacional Electoral la encargada de
descartar oficialmente la paralización del referéndum.
“El decreto del Tribunal Constitucional no menciona
expresamente en ninguna parte la suspensión del acto
electoral. El referéndum está enmarcado en una ley expresa
del Congreso y únicamente puede ser paralizado por una
nueva ley del Congreso o un fallo del Tribunal
Constitucional”, dijo el presidente de la Corte Electoral,
José Luis Exeni.
La decisión
del presidente de la Corte Electoral fue aceptada de
inmediato por el Gobierno de Morales, pero cuestionada por
los opositores, que reclaman ahora el pronunciamiento de los
otros dos miembros de la Corte Electoral, sobre los que
presionan para hacerlos cambiar de posición y así frenar
el revocatorio. Por ello, si la Sala Plena de tres miembros
de la Corte Electoral oficializa como suya la posición de
Exeni, la intentona de la única miembro del Tribunal
Constitucional para detener el referéndum habría fracasado
totalmente.
Pugna
por los votos
En las últimas
horas, y tras la decisión del presidente de la Corte
Electoral, se ha intensificado la lucha político–electoral
entre el gobierno de la izquierda indigenista y la oligarquía
que se encaminan a medir fuerzas en las urnas. Los unos para
recuperar legitimidad y derribar a uno o dos prefectos de la
derecha y los otros, bajo la batuta de la Embajada de
Estados Unidos, para erosionar seriamente el peso político
y electoral del presidente indígena Evo Morales con miras a
su posterior caída.
Para ello,
unos y otros, se valen de todo para enlodar al contrario,
ensuciando a toda hora las pantallas de televisión y los
medios radiales y escritos.
Guerra
sucia
Usando
millonarios recursos, la oligarquía boliviana emprendió
una dura guerra sucia contra Evo, difundida con extrema
generosidad por los principales canales de televisión,
junto a un cohecho electoral que se expresa en la apresurada
entrega de obras y dinero en las regiones, además de
acusaciones de fraude y amenazas de juicio en los
tribunales, boicot en el Parlamento, impugnaciones a la
Corte Electoral y a la ley de convocatoria al referendo y
movilizaciones de protesta en las calles y caminos.
El
bombardeo diario de noticias e imágenes muestran a Evo y a
los suyos como marionetas de presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, como instigadores y actores de un terrorismo de
Estado que dinamita estaciones de televisión, como
destructores de la economía y de la democracia, como
causantes del alza del costo de vida, como promotores de la
división de la patria y como impulsores del racismo y del
odio entre regiones y pueblos. La intención de esta campaña
negra es lograr que las clases medias urbanas abandonen al
dirigente cocalero que ganó las elecciones de fines del
2005 con el 53 por ciento de apoyo electoral.
En la otra
orilla, Evo y los suyos hacen lo propio, azuzando la guerra
sucia contra los opositores, entregando obras y cheques a
las alcaldías y regiones, aumentando ligeramente los bonos
para los ancianos y los niños para torcer los votos de los
mayores y usando una millonaria campaña publicitaria que
pagan con recursos del Estado.
Resultados
previsibles
Hasta
ahora, todos los pronósticos apuntan a que las urnas
ratificarán en sus cargos a Morales, a García Linera y a
sus principales adversarios, con lo que quedaría sin
resolverse la dualidad de poderes que se da en Bolivia, con
Evo y los suyos gobernando en el altiplano y la oligarquía
en los valles y el oriente.
Concluido
el referéndum, la proyección de Evo es lograr un gran
acuerdo nacional con la oligarquía para preservar la
democracia representativa y fortalecer el funcionamiento del
capitalismo andino. También quiere lograr la aprobación de
una nueva Constitución Política que otorgue, por lo menos
en lo formal, más derechos a las poblaciones indígenas,
impulse el desarrollo capitalista de Bolivia y abra paso a
su reelección a partir del
2010.
La derecha,
en cambio, ya no quiere ningún pacto con Evo, menos su
nueva Constitución y su posible reelección, y apuesta a
desgastarlo y a impedir que se mantenga en el gobierno más
allá del 2010, cuando concluye oficialmente su mandato de
cinco años.
La
tercera vía
En medio de
esta batalla electoral, este jueves también comenzó a
tomar forma la lucha de la Central Obrera Boliviana (COB)
que demanda la aprobación de una nueva ley de pensiones y
la atención de un explosivo pliego de peticiones que va
desde la nacionalización efectiva del gas, el petróleo y
la minas así como la confiscación de las tierras de los
latifundistas que conspiran contra Morales, la expropiación
de los agroempresarios que lucran con el hambre del pueblo y
el aumento general de salarios.
“Ni Evo
ni la oligarquía” es la consigna que agitan los sectores
más radicalizados de trabajadores que han comenzado a
bloquear caminos y realizar marchas de protesta en las
principales ciudades del país, en lo que constituye la
primera gran manifestación nacional de protesta de obreros
y trabajadores contra el “indio presidente”.
“El referéndum
no llegará a nada, no es la solución económica para el país
(…) Daremos el voto castigo a Evo Morales y castigo a la
derecha, votaremos en blanco, no votaremos por nadie”,
dijo en uno de los puntos de bloqueo de los mineros en la
carretera a Oruro, el dirigente de la Central Obrera, Jaime
Solares, uno de los que dirigió la insurrección popular en
el 2003.
Mientras
tanto, en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Oruro, Sucre,
Tarija y Potosí, miles de trabajadores marchaban en
respaldo de la COB y condenando por igual la extrema
debilidad del gobierno de Morales para con la oligarquía,
así como su total negativa para atender las demandas de los
trabajadores.
“Este es
un gobierno antiobrero”, dijo Solares, que cuestionó la
negativa oficial para aumentar los míseros salarios por
encima del 10 por ciento (el salario promedio mensual es de
110 dólares) y su férrea defensa del sistema privado de
pensiones.
Se
viene más presión
En La Paz,
el principal dirigente de la COB, el progubernamental Pedro
Montes, advirtió que las presiones contra Morales se
intensificarían en las próximas horas. “Por más de dos
años hemos sido muy pacientes pero no hay ninguna solución
(…) Vamos a iniciar una huelga de hambre la próxima
semana”, agregó durante la marcha de protesta.
En
Caracollo, Oruro, los trabajadores mineros bloquearon por
horas la carretera hacia La Paz, mientras los maestros y los
trabajadores en salud declararon huelga indefinida a nivel
nacional.
En medio
del estallar de dinamitas, el dirigente Gerardo Coro de la
Central Obrera de Potosí lamentó que en el gobierno
de Morales “existan ministros neoliberales que
obstaculizan los cambios”. Para mañana, la COD hará una
evaluación del paro
y no se descarta que desde el lunes bloqueen las carreteras,
dijo.
Tres
fuerzas en acción
En Oruro,
el epicentro de las protestas laborales y donde se concentra
la fuerza de los mineros proletarios, un masivo cabildo
determinó enviar la tarde de este viernes al 25 por ciento
de los afiliados a los sindicatos a cerrar los caminos que
unen el oriente y los valles con La Paz. Los otros tomarían,
desde el lunes, las instalaciones de las Administradoras
privadas de Pensiones y la Prefectura (el gobierno local),
anunció el minero Jaime Solares, apoyado en la concentración
por miles de mineros de Huanuni y la Federación de Mineros.
A estas
protestas, impulsadas por los sectores más radicales del
sindicalismo boliviano, que han comenzado a recuperar su
independencia política frente al gobierno, como los mineros
proletarios y los maestros urbanos, se han sumado con
notable entusiasmo las fracciones sindicales que en las
regiones del oriente y los valles están trabajando
directamente con los prefectos derechistas y la oligarquía
local.
Así, tras
las masivas marchas de protesta, en Sucre, el dirigente
sindical Gonzalo Llanos, de la Central Obrera, anunció el
inicio de una masiva huelga de hambre a partir del martes.
“Si el gobierno no atiende a los trabajadores, que se
atenga a las consecuencias”, agregó otra dirigente de la
Central Obrera de Tarija.
Otros
dirigentes, en cambio, bloquean las movilizaciones de los
trabajadores. Este es el caso, por ejemplo, de la
Confederación de fabriles, leal a Morales, que anunció por
boca de uno de sus dirigentes, Vitaliano Mamani, que no
conocen la propuesta de la COB de nueva ley de Pensiones y
que por ello no participarán de los bloqueos y
movilizaciones.
Ley
de pensiones
La lucha
laboral se da tras que el proyecto de la nueva ley de
pensiones de carácter solidario y no privatista, elaborado
y presentado por la COB, fuera rechazado por el gobierno de
Morales, que pretende, por el contrario, mantener
parcialmente el actual sistema neoliberal de pensiones,
aunque con modificaciones orientadas a lograr una mayor
presencia del Estado en el manejo de los recursos.
La
propuesta de la COB plantea, en lo fundamental: i) reducir
la edad de jubilación de 65 años a 55 para los
trabajadores varones y de 60 a 50 años para las mujeres,
ii) volver al sistema solidario para que los trabajadores
activos aporten en una bolsa común para la jubilación de
los viejos, y iii) eliminar la administración privada de
los fondos de jubilación, hoy en manos de las AFPs Zurich
Financial Services y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
El gobierno
de Morales no acepta reducir la edad de jubilación en 10 años
(aunque abre la posibilidad de disminuirla en 5 años),
aprueba la salida de las AFPs Zurich y Banco Bilbao y quiere
que los recursos sean manejados por el Estado, pero no
acepta poner fin al sistema de aportes privados y quiere
mantener un esquema mixto (uno solidario para la población
de bajos ingresos y otro, manteniendo el actual, de
beneficio individual según la cuantía de sus propios
aportes).
|
