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La
jubilación separa a Evo de los sindicatos
Econoticiasbolivia,
22/07/08
La Paz.–
Desairada por el presidente Evo Morales, la dirección
progubernamental de la Central Obrera Boliviana (COB) inició
con escaso entusiasmo y muy poca fuerza la movilización
popular para arrancar un nuevo sistema de jubilaciones, que
beneficie a los trabajadores más pobres y supere el actual
esquema neoliberal.
La acción
de los trabajadores, que intentan llevar adelante una huelga
general indefinida y el bloqueo de caminos desde este
martes, se da a 20 días del anunciado referéndum nacional
que definirá si Evo, su vicepresidente Alvaro García
Linera y ocho de los prefectos (gobernadores) se mantienen o
no en sus cargos.
La lucha
laboral se da tras que el proyecto de la nueva ley de
pensiones, elaborado y presentado por la COB, fuera
rechazado por el gobierno de Morales, que pretende, por el
contrario, mantener parcialmente el actual sistema
neoliberal de pensiones, aunque con modificaciones
orientadas a lograr una mayor presencia del Estado en el
manejo de los recursos y la extensión de los beneficios
para los segmentos poblacionales excluidos del sistema.
Por lo
menos, por ahora, la ruptura entre los sindicatos y el
gobierno indígena–campesino se da parcialmente y a nivel
de las cúpulas.
Propuestas
encontradas
La
propuesta de la COB plantea, en lo fundamental: i) reducir
la edad de jubilación de 65 años a 55 para los
trabajadores varones y de 60 a 50 años para las mujeres,
ii) volver al sistema solidario para que los trabajadores
activos aporten en una bolsa común para la jubilación de
los viejos, y iii) eliminar la administración privada de
los fondos de jubilación, hoy en manos de las AFPs Zurich
Financial Services y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
El gobierno
de Morales no acepta reducir la edad de jubilación en 10 años
(aunque abre la posibilidad de disminuirla en 5 años),
aprueba la salida de las AFPs Zurich y Banco Bilbao y quiere
que los recursos sean manejados por el Estado, pero no
acepta poner fin al sistema de aportes privados y quiere
mantener un esquema mixto (uno solidario para la población
de bajos ingresos y otro, manteniendo el actual, de
beneficio individual según la cuantía de sus propios
aportes).
Un
sistema privatista
Los
sectores empresariales y de derecha se oponen a ambos
proyectos y exigen que el sistema privado, iniciado en el
primer gobierno del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada en
noviembre de 1996, mediante la Ley 1732 de Pensiones, se
mantenga tal como está.
El actual
sistema privatista, que reemplazó al solidario durante el
neoliberalismo, se basa en la capitalización individual,
donde cada trabajador realiza una contribución con destino
a su propia cuenta individual, de la cual se beneficiará
con una pensión de vejez cuando se jubile.
Bajo este sistema, el trabajador aporta un 10 por
ciento de su salario, además de 1,75 por ciento para un
seguro de riesgo común que cubre accidentes ocurridos fuera
del ámbito laboral y un 0,5 por ciento de comisión de las
administradoras privadas.
Además, existe un aporte de 1,75 por ciento patronal
para un seguro de riesgo profesional, que cubre accidentes
laborales.
Protección
para pocos
El sistema
en vigencia beneficia a muy pocos. Los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE) revelan, en números
redondos, que sólo el 10 por ciento de la fuerza laboral
boliviana cotiza en el sistema de pensiones y está
habilitada para tener algún día su jubilación, otro 10
por ciento ha dejado de cotizar y su situación es incierta,
mientras que el restante 80 por ciento de la fuerza laboral
está totalmente al margen del sistema de pensiones y, si
todo sigue igual, nunca tendrá una jubilación.
En cifras
absolutas, esto quiere decir que, en el actual sistema
privado, 3,8 millones de ciudadanos, que hoy trabajan o
buscan trabajo, no tienen derecho a la jubilación, que otro
medio millón de bolivianos tendrán serios problemas a la
hora de obtener una renta para la vejez y que sólo otro
medio millón estará en condiciones de recibir un apoyo
económico cuando ingrese a la tercera edad.
Exigencia
popular
Por ello,
la modificación del actual sistema es una demanda central
de los trabajadores y de la dirigencia oficialista de la COB
que confiaba en una respuesta positiva del gobierno de
Morales, que había prometido, una y otra vez, eliminar el
sistema privado de jubilación.
El proyecto
de la COB plantea que todos los recursos que hoy están
disponibles en el sistema sean transferidos a una cuenta común
para atender a los trabajadores mayores de 55 años entre
los varones y 50 entre las mujeres con una renta promedio
que les permita vivir en condiciones dignas, en un nivel muy
por encima del actual.
Este fondo
se consolidaría con los aportes de todos los trabajadores
activos, aportes de los empresarios y una subvención de
parte del Estado para otorgar más y mejores rentas para los
asalariados.
El proyecto
laboral sólo considera a los trabajadores asalariados e
independientes que realizaron aportes y no toma en cuenta a
los trabajadores por cuenta propia, comerciantes minoristas,
sectores no asalariados y campesinos.
Respuesta
oficial
En cambio, la propuesta del gobierno, que aún está siendo
afinada, plantea una renta mínima para los trabajadores que
ganen y coticen muy poco, a través de un fondo solidario.
El resto de los trabajadores asalariados e independientes
obtendrían una renta de acuerdo a sus aportes individuales.
“Con el
nuevo sistema de pensiones mixto (solidario y cuenta
individual) propuesto por el gobierno, las personas que
tengan bajos ingresos —por debajo de los Bs 1.400,
equivalentes a 200 dólares— pasarán automáticamente al
Fondo Solidario y podrán jubilarse con una pensión mayor a
la que les correspondería por sus propios ahorros”, dijo
el viceministro de Pensiones, José Luis Pérez, quien
adelantó que esta semana el proyecto será presentado al
Congreso Nacional.
El Fondo
Solidario, según Pérez, estará destinado a reforzar el
ahorro de las personas, para que puedan tener una pensión
mensual que puede estar entre los Bs 397 (56 dólares) y los
Bs 1.077 (153 dólares), dependiendo de los años de aporte
de los trabajadores.
Éstas, sin
embargo, son consideradas por la dirigencia laboral como
rentas miserables. “En el Gobierno sigue habiendo gente
neoliberal. Dicen que la propuesta de la Central Obrera
Boliviana no es sustentable, pero lo que los trabajadores
estamos pidiendo hoy es una renta digna, y tenemos que hacer
respetar el proyecto presentado”, aseguró el principal
dirigente de la federación proletaria de Mineros, Guido
Mitma.
Movilización
laboral
Los
sindicatos afiliados a la Federación de Mineros llevarán
desde este martes sus asambleas para movilizar a los compañeros.
“Los bloqueos están tomados en cuenta, y en la asamblea
general serán organizados”, advirtió Mitma.
Otros que
comenzaron a movilizarse en varios distritos del país
fueron los maestros y trabajadores en salud, que ingresan en
huelga desde este martes.
“La
huelga general indefinida estará combinada con el bloqueo
de caminos a nivel nacional. Todas la organizaciones
afiliadas a la COB deben organizarse”, manifestó el
dirigente del magisterio urbano, Miguel Gómez.
Este lunes
los preparativos eran intensos en Oruro, mientras en
Cochabamba, en el centro del país, una marcha de la Central
Obrera recorría el centro urbano reclamando una pronta
atención a la demanda laboral.
Instrumentos
del imperialismo
Como era
previsible, la movilización y amenazas de los sindicalistas
no agradaron al presidente Morales, quien acusó a los
sectores más radicales de la COB de ser “instrumentos del
imperialismo” y de favorecer con sus acciones a la derecha
y a la oligarquía que conspiran para tumbarlo del cargo.
En
respuesta, el ejecutivo de la Central Obrera de Oruro, Jaime
Solares, acusó a Morales de ser un instrumento de Hugo Chávez.
“Los mineros no podemos jubilarnos a los 65 años y por
eso se propuso que la edad de jubilación sea de 55 años, a
fin que los aportantes perciban algún beneficio, porque el
minero muchas veces no llega a los 50 años”.
“Aplicar
el nuevo sistema de pensiones es otorgar una justa
distribución y garantizar el pago de las pensiones a todos
los bolivianos, lejos de tener administradoras o entregar
esos fondos a instituciones que permiten que se gasten esos
dineros como “deuda interna”, dijo al advertir que en
las próximas horas se acrecentarán las movilizaciones
sociales.
Candado
neoliberal
Desde la
trinchera gubernamental, el vicepresidente García Linera
advirtió, sin embargo, que no se cambiará el sistema de
ahorro individual y que no se utilizarán esos recursos,
calculados en 3.200 millones de dólares, como base para
otorgar rentas más altas para los jubilados.
"Los
recursos individuales –dijo– nadie los toca. Nadie, que
los maltrate y los use para otros fines. Esas cuentas estarán
mejor protegidas que en la actualidad e incluso garantizando
que las inversiones que ahora se tienen con ese dinero sean
más rendidoras y más seguras que las que se están
haciendo hoy. Es simplemente definir los mecanismos y los
candados que hagan que ese dinero, nadie toque bajo ningún
pretexto y la ley fácilmente puede garantizar esto".
Según
informes de la gestión pasada, las AFP "Previsión",
del español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), y
"Futuro", del grupo suizo Zúrich Financial
Service, controlan más de 3.200 millones de dólares de los
aportantes en cuentas individuales. En la visión del
gobierno, éstos fondos seguirán en las cuentas
individuales.
Rentas
dignas o miserables
El
vicepresidente también cuestionó otras limitaciones del
proyecto laboral. "La propuesta de la COB no es
incluyente porque sólo protege a los trabajadores
asalariados, discriminando y marginando a los sectores más
golpeados por el modelo neoliberal (...) campesinos,
transportistas y sectores de la economía informal",
dijo.
Este
cuestionamiento también es compartido por algunos
sindicatos obreros y campesinos que consideran que la
jubilación para todos sólo sería posible si se gravan
impuestos directos sobre las transnacionales y empresarios
locales que están ganando a manos llenas en Bolivia
explotando los recursos naturales no renovables.
El gobierno
tampoco menciona cómo podrá dar una jubilación a estos
sectores excluidos del sistema, aunque ya en el pasado
mencionó que ese beneficio ya se estaba dando con el bono
pagado por la explotación del gas y el petróleo.
En la gestión
de Morales se amplió y mejoró el denominado “bonosol”,
instituido por el derrocado presidente neoliberal Gonzalo Sánchez
de Lozada y que consistía en el pago anual de una renta
para todos los mayores de 65 años equivalente a 17 dólares
mensuales. Con Evo en la presidencia, este bono, denominado
ahora “Dignidad”, es de 25 dólares al mes y se paga a
todos los mayores de 60 años. Aunque este dinero apenas
alcanza para que cada anciano pueda pagar diariamente un
vaso de leche, un plato de comida y dos marraquetas (panes),
la propaganda oficial la presenta como una “jubilación
justa y universal”.
Diálogo
y tregua
En las últimas
horas, el gobierno de Evo convocó al diálogo a la
dirigencia oficialista de la COB para tratar de llegar a un
acuerdo, que por ahora parece bastante lejano.
Aparentemente,
la intención oficial es evitar un conflicto con los
trabajadores por lo menos hasta la realización del referéndum
revocatorio del 10 de agosto, que ratificaría en sus cargos
al presidente Morales, a su vicepresidente y a sus
principales opositores en las prefecturas , según la
percepción generalizada que se tiene actualmente en el país.
El
drama de llegar a viejo en Bolivia
Econoticiasbolivia,
22/07/08
Sólo
uno de cada 10 trabajadores bolivianos está aportando para
su jubilación. Para el resto, el futuro es negro.
La Paz.–
Llegar a viejo en Bolivia es toda una odisea, no sólo
porque la esperanza de vida apenas llega a los 63 años,
sino también porque muy pocos tendrán el beneficio de una
jubilación.
Los datos
son alarmantes y muestran que si no cambia de raíz el
sistema de pensiones y la actual estructura de la economía,
asentada en la informalidad y el subempleo, nueve de cada 10
bolivianos no gozarán de los beneficios de la jubilación y
literalmente estarán obligados a trabajar hasta morir.
Los datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan, en números
redondos, que sólo el 10 por ciento de la fuerza laboral
boliviana cotiza en el sistema de pensiones y está
habilitada para tener algún día su jubilación, otro 10
por ciento ha dejado de cotizar y su situación es incierta,
mientras que el restante 80 por ciento está totalmente al
margen del sistema de pensiones y, si todo sigue igual,
nunca tendrá una jubilación.
En cifras
absolutas, esto quiere decir que, en el actual sistema
privado, 3,8 millones de ciudadanos, que hoy trabajan o
buscan trabajo, no tienen derecho a la jubilación, que otro
medio millón de bolivianos tendrán serios problemas a la
hora de obtener una renta para la vejez y que sólo otro
medio millón estará en condiciones de recibir un apoyo
económico cuando ingrese a la tercera edad.
Y esto no
tiene visos de cambiar: el proyecto de transformación del
actual sistema privado, elaborado por las organizaciones
sindicales, no encuentra consenso ni entre los propios
trabajadores ni el gobierno.
Desgracia
de muchos
Los
informes estadísticos muestran que en el actual sistema
privado de pensiones, ––controlado por las
Administradoras privadas (AFPs), por la Zurich Financial
Services y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria–– están
afiliadas formalmente 1.024.294 personas, pero que sólo
495.396 cotizan regularmente.
“Esto
quiere decir que el 52 por ciento de los afiliados no tendrá
jubilación, o tendrán rentas miserables, puesto que bajo
el actual sistema privado de pensiones sólo se jubila u
obtiene una renta de jubilación correspondiente al mínimo
para sobrevivir, quienes han cotizado constantemente y en
determinados montos, muchos más altos que lo que le permite
los ingresos mensuales promedio a la inmensa mayoría de
bolivianos”, dice el economista Santiago Ibarra.
Casi todos
los afiliados al sistema son trabajadores dependientes, por
lo que apenas el 4,3 por ciento de los afiliados son
trabajadores por cuentapropias e independientes.
Los
excluidos
Las cifras
oficiales están mostrando que la población protegida es
muy reducida y se circunscribe al personal que figura como
empleados regulares, en planilla y con contratos formales,
de las empresas privadas formales y del Estado.
Fuera del
sistema y sin posibilidades de jubilación están los
trabajadores que son eventuales, que no figuran en planillas
o están subcontratos por las empresas privadas, el personal
eventual y consultores de las reparticiones públicas.
Los
desempleados, campesinos, la mayor parte de los obreros y
trabajadores informales están también al margen de todos
estos beneficios futuros, por lo que la jubilación tiende a
ser un beneficio para muy pocos, lo que muestra la
inviabilidad e injusticia de este sistema privado, además
de sus grandes limitaciones e insuficiencias.
Cuestionamientos
Desde los
sectores sociales, los cuestionamientos al sistema privado
de pensiones son mayores y apuntan a su radical transformación
para que este derecho llegue a las mayorías y para que deje
de ser un gran negocio para las AFPs, que ganan muchos
millones con los aportes que reciben de los trabajadores.
“El 70
por ciento de la población mayor de 55 años está excluida
del sistema de pensiones (…) Este sistema no está hecho
para garantizar el derecho a la jubilación de los
trabajadores, sino para generar millonarias ganancias a las
AFP”, asegura Ibarra.
El
economista advierte que “en la medida en que la inmensa
mayoría de la población percibe ingresos mensuales
inferiores a lo necesario para realizar cotizaciones
mensuales que le permita en el futuro una renta jubilatoria
aproximada al mínimo necesario para vivir, de hecho, la
actual ley excluye a las mayorías pobres del derecho a una
renta de jubilación o, en su caso, también de hecho, las
compele a jubilarse a los 65 años de edad con pensiones mínimas”.
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