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Morales expulsa al embajador de EEUU
Por Franz Chávez
Inter
Press Service (IPS), 10/09/08
La Paz.– El presidente de Bolivia,
Evo Morales, declaró persona no grata al embajador de
Estados Unidos en el país, Philip Goldberg, tras acusarlo
de respaldar a los grupos opositores autonomistas que
bloquean carreteras, ocupan entidades gubernamentales y
afectaron el suministro de gas natural a Brasil.
"No tengo miedo a nadie, ni al
imperio", dijo Morales en el Palacio de Gobierno esta
tarde, cuando instruyó a su canciller David Choquehuanca
para que enviara la nota correspondiente al diplomático
estadounidense para que abandone la sede de sus funciones.
"Es insólito que un jefe de
Estado haga conocer una decisión de declaración de persona
no deseable, aunque hay que ver esta decisión en el
contexto de unas relaciones diplomáticas
deterioradas", explicó a IPS el ex canciller Armando
Loaiza.
En el último año, el gobierno
izquierdista de Morales acusó en varias oportunidades a la
Embajada de Estados Unidos en Bolivia de ofrecer su apoyo a
los gobiernos departamentales de Santa Cruz, Beni, Pando,
Tarija y Chuquisaca en su movilización en busca de una
autonomía radical.
Loaiza precisó que, en respuesta, el
gobierno estadounidense podría adoptar una medida similar
con el embajador boliviano en ese país, Gustavo Guzmán,
profundizando la crisis en las ya difíciles relaciones
bilaterales.
Washington ha mostrado molestias por la
alineación de la política exterior boliviana a los
gobiernos de Cuba y de Venezuela, así como su reciente
aproximación a Irán, además del largo cuestionamiento
sobre la persistencia de los ancestrales cultivos de coca.
Esta decisión de declarar persona no
grata a Goldberg fue precedida de fuerte choques, como la
denuncia de la cancillería de que este diplomático había
celebrado una reunión reservada el 2t5 de agosto con el
prefecto (gobernador) de Santa Cruz, Rubén Costas, el
principal opositor al presidente Morales.
Un día después, Goldberg fue llamado
a la cancillería para informar sobre las razones de este
encuentro y Choquehuanca le pidió que tuviera
"cuidado" en su relación con los prefectos de
oposición.
Luego, Goldberg realizó el 4 de este
mes una visita de cortesía a la prefecta de Chuquisaca,
Savina Cuellar, también de oposición, generando la
molestia del gobierno.
"No queremos gente separatista ni
divisionista, ni que conspire contra la unidad. No queremos
personas que atenten contra la democracia", expresó
Morales, mientras en los departamentos de Santa Cruz (este)
y Tarija (sur), continuaban los hechos de violencia
alentados por las organizaciones cívicas y prefectos.
El senador Félix Rojas, del gobernante
Movimiento al Socialismo (MAS), afirmó que la decisión del
presidente Morales responde al artículo 4 de la Constitución
nacional, que proclama la autodeterminación de Bolivia.
Goldberg presentó sus cartas
credenciales el 13 de octubre de 2006 en La Paz, a donde
llegó rodeado de un llamativo historial en su labor diplomática.
Fue jefe de misión de 2004 a 2006 en Kosovo, formalmente
provincia de Serbia hasta que un gobierno local apoyado por
la mayoría albanesa del territorio declaró la
independencia el 17 de febrero.
Ese antecedente del diplomático fue
empleado por el gobierno boliviano como argumento para
relacionarlo con movimientos secesionistas de la llamada
media luna oriental alentados por grupos conservadores.
Desde la oposición, el diputado
Fernando Messmer, de la organización ciudadana derechista
Poder Democrático y Social (Podemos), señaló que la
actitud del gobierno es radical y no mide las consecuencias.
Como efecto inmediato en las relaciones
comerciales con Estados Unidos, el legislador Michiaki
Nagatani, del también derechista Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), advirtió que será difícil negociar
una nueva ampliación de un acuerdo comercial con Estados
Unidos que permita la exportación de manufacturas por unos
250 millones de dólares anuales.
"El gobierno debe pensar dos
veces" antes de tomar este tipo de medidas, argumentó.
El anuncio de Morales llega un día
después del desborde social impulsado por organizaciones cívicas
en la oriental ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el
saldo de varias oficinas públicas ocupadas y saqueadas,
mientras los ejecutivos de la estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmaron una explosión en el
gasoducto de exportación de gas a Brasil.
A las cinco de la madrugada de este miércoles,
el ducto fue saboteado en el kilómetro 51, entre los campos
San Alberto y San Antonio, en el sureño departamento de
Tarija, una zona que guarda dos terceras partes de la
riqueza hidrocarburífera de Bolivia.
El presidente de YPFB, Santos Ramírez,
anunció que esta acción provoca pérdidas por 100 millones
de dólares, la reducción de tres millones de los 26
millones de metros cúbicos por día que se exportan a
Brasil, el principal mercado para el carburante de este país.
Ramírez prevé que las obras de
extinción de incendio en el gasoducto y su reparación
demandarán unos 20 días.
En la ciudad de Tarija, capital del
departamento de igual nombre, sectores autonomistas
intentaron la ocupación de un mercado de abastecimiento de
productos agrícolas y de propiedad de campesinos de la región
que proveen alimentos a esta ciudad de unos 180.000
habitantes.
El presidente de la Asociación de
Juntas Vecinales de la Provincia Cercado (ciudad de Tarija),
Inocencio Almanza, informó a IPS que grupos de
universitarios, jóvenes apoyados por el prefecto
departamental, Mario Cossío, atacaron las instalaciones del
centro de abasto de alimentos donde trabajan unos 5.000
agricultores.
Durante la jornada, los campesinos
afines al gobierno resistieron la embestida de los grupos
violentos y la policía sólo atinó a dispersar a los dos
sectores con gases lacrimógenos.
En la población de Villamontes, en
Tarija, grupos de civiles atacaron a soldados del ejército,
los golpearon y desarmaron para tomar el campo petrolero de
Vuelta Grande y la planta de refinación de petróleo.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón
Quintana, ratificó su denuncia de que está en marcha un
golpe de estado cívico prefectural (por los gobiernos
locales).
Acusó a los llamados comités cívicos
y a los cinco prefectos de oposición de bloquear carreteras
y ordenar la toma de los campos petroleros. La autoridad
instruyó el refuerzo de la custodia militar para cuidar las
instalaciones de YPFB y de empresas privadas encargadas de
la explotación y comercialización de carburantes.
Por segundo día, en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista
(UJC) mantuvieron ocupadas las oficinas públicas, y al
anochecer tomaron el control de la terminal terrestre y
ferrocarrilera, desalojando a las fuerzas policiales de
custodia que huyeron del lugar ante el avance violento de
los manifestantes.
Los grupos violentos asaltaron en
varias oportunidades este miércoles un centro comercial
popular llamado Barrio Lindo, donde se instalan inmigrantes
de zonas occidentales bolivianas como La Paz, Oruro y Potosí
para vender alimentos y ropa.
Violencia desborda en Santa Cruz
Interrumpen el flujo de gas a Brasil
Por Franz Chávez
Inter Press Service (IPS), 09/09/08
La Paz.– El flujo de gas natural a
Brasil fue interrumpido en Bolivia por acción de opositores
al gobierno izquierdista, mientras en la central ciudad de
Santa Cruz de la Sierra el ejército optó por retirarse de
los edificios estatales que custodiaba ante el ataque de jóvenes
conservadores.
El ministro de Hidrocarburos, Saúl Ávalos,
quien asumió el cargo la anoche del lunes, informó que un
equipo técnico evalúa el cierre de las válvulas de la
planta despachadora de gas natural, localizada en la población
de Villamontes, en el departamento de Tarija, a 1.215 kilómetros
al sur de la ciudad de La Paz.
Bolivia exporta 26 millones de metros cúbicos
de gas natural por día a Brasil, su principal mercado para
este combustible, que sumado al que exporta a Argentina
generan ingresos por unos 2.000 mil millones de dólares al
año, la mayor fuente de ingresos del Estado.
El ministro Ávalos no adelantó las
medidas que adoptará el gobierno para reanudar las
operaciones de exportación y sólo se limitó en afirmar
que los ministerio de Defensa y de Gobierno (interior),
encargado del orden público, usarán los medios a su
alcance y autorizados por la Constitución boliviana.
Desde el mediodía de este martes, la
derechista Unión Juvenil Cruceñista (UJC), brazo violento
del Comité Cívico Pro Santa Cruz, atacó a soldados del ejército
encargados de la custodia de las oficinas de impuestos y del
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que
respondieron con gases lacrimógenos antes de retirarse.
Al finalizar esta tarde, una turba
irrumpió también en el edificio principal de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y procedió a
saquearla sin que se registrada resistencia alguna de parte
de las fuerzas de seguridad presentes, que optaron por
replegarse ante un inevitable enfrentamiento.
Las imágenes difundidas por las
cadenas de televisión desde el lugar mostraron una multitud
enardecida que respondió al llamado de sus dirigentes cívicos,
quienes consiguieron movilizar a una parte de la población
de Santa Cruz de la Sierra, de 1,2 millones de habitantes, a
través del tañido de las campanas de la catedral católica.
Los soldados doblegados por decenas de
manifestantes huyeron, perdiendo sus armas y equipos
antimotines como cascos y escudos.
Estas imágenes pintan la situación de
un Estado nacional que parecer haber perdido el control de
la segunda ciudad en importancia de Bolivia, que concentra
al poder económico y de hacendados que impulsan la autonomía
departamental frente al programa de corte socialista del
presidente Evo Morales.
Al anochecer, los manifestantes
apuntaban como objetivos las oficinas de la empresa estatal
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y otras
reparticiones públicas que pretenden controlar para poner
en práctica la autonomía respaldada por estatutos autonómicos,
aprobados mediante referendo local el 4 de mayo.
El gobierno de Morales desconoce estos
estatutos, porque su redacción y aprobación no se enmarcan
en la legislación vigente, e insiste en su programa de
refundación de Bolivia mediante la aprobación de una nueva
constitución que incluye autonomías más ampliada de los
nueve departamentos en que se divide el país, de las
regiones, indígenas y municipales.
Desde hace 15 días, los prefectos
(gobernadores) de los departamentos de Santa Cruz, Beni,
Pando y Tarija, en la llamada media luna oriental y
agrupados en el Consejo Nacional Democrático (Conalde),
organizan una resistencia contra el gobierno nacional
izquierdista.
Demandan, entre otras cosas, la
reposición de una parte del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos (IDH) que alcanza a unos 49 millones de dólares.
Por el contrario, el presidente Morales
desea consolidar su revolución democrática y cultural
mediante la nueva ley fundamental cuyo texto aprobado en la
Asamblea Constituyente desea aprobar el 25 de enero en
referendo nacional, previa convocatoria que debe redactar el
Congreso legislativo. Pero los hechos de violencia se
extendieron este martes a otras ciudades. En Trinidad, la
capital del norteño departamento de Beni, un grupo de
dirigentes cívicos ocupó las instalaciones del aeropuerto
Jorge Heinrich y obligó a las empresas de transporte de
pasajeros a suspender operaciones.
Esta es una de las terminales con
mediano tráfico aeronáutico y muy importante para la región
amazónica, donde este tipo de transporte es mayor a los
medios terrestres.
Al sur de La Paz, en la capital del
departamento de Tarija, del mismo nombre, también grupos
civiles con el respaldo del prefecto Mario Cossío, ocuparon
las instalaciones de la Administradora Boliviana de Caminos
(ABC) y las oficinas del INRA, una repartición sensible
para el proceso de recuperación de tierras en manos de
latifundistas, proyectada por el gobierno.
La estatal ABC ha reportado el bloqueo
de 21 puntos viales en distintas partes del país que
impiden el transporte de alimentos, amenaza con el corte de
suministro de carburantes e impide el tránsito de personas,
generando incertidumbre social.
El ministro de la Presidencia y
estrecho colaborador del presidente, Juan Ramón Quintana,
afirmó que el gobierno no desea caer en la estrategia de
provocación que busca saldos trágicos para debilitar la
imagen política del Poder Ejecutivo.
La muerte asoma por la Amazonia
Por Franz Chávez
Inter Press Service (IPS), 11/09/08
La Paz.– Las protestas de sectores
conservadores y empresariales de la llamada media luna
oriental de Bolivia cobraron las primeras ocho muertes este
jueves. Fue en una emboscada a campesinos afines al gobierno
de Evo Morales en la población de Porvenir, en el
departamento de Pando.
Un grupo de funcionarios de la
prefectura (gobernación) de Pando interceptó el avance de
los campesinos que acudían a una asamblea desde diferentes
regiones de la amazonía boliviana con el propósito de
organizar la resistencia contra grupos del movimiento civil
pro–autonomista regional que ocupan edificios de entidades
del Estado boliviano.
La radio católica Fides confirmó que
murieron ocho personas y otras 34 resultaron heridas, de
ambos bandos, en los enfrentamientos registrados 30 kilómetros
al sur de Cobija, la capital del departamento de Pando
ubicada a unos 1.200 kilómetros al norte de La Paz.
El saldo trágico se da en el marco de
las movilizaciones iniciadas el martes con la acción de
miembros de la derechista Unión Juvenil Cruceñista (UJC),
que atacó y tomó el control de las oficinas públicas de
la central ciudad de Santa Cruz de la Sierra, tras doblegar
la custodia de militares y policías.
El movimiento cívico y autonomista,
dirigido por el prefecto del departamento de Santa Cruz, Rubén
Costas, y apoyado por los gobiernos de Beni, Pando, Tarija y
Chuquisaca, que conforman la media luna oriental de Bolivia,
ha puesto en práctica una estrategia de asfixia económica
con el bloqueo de las principales rutas y el corte parcial
del suministro de gas a Brasil y Argentina.
Este jueves, el presidente izquierdista
Morales, el primero de origen indígena en la historia de
Bolivia, responsabilizó a los grupos de terratenientes de
las llanuras orientales de Bolivia, de "financiar
actitudes delincuenciales" y advirtió que la
"paciencia tiene límites".
Otro de los líderes de la oposición,
el empresario y terrateniente Branko Marinkovic, que preside
al Comité Cívico Pro Santa Cruz, acusó a su vez al
gobierno nacional de promover la violencia y los saqueos a
comercios populares de propiedad de migrantes aymaras
procedentes del occidente boliviano.
El hospital Roberto Galindo, de Cobija,
fue el escenario dramático donde el personal de emergencia
atendió a los heridos del enfrentamiento, que presentaban
cortes profundos por el uso de machetes, hachas de leñador,
escopetas, fusiles, según los reportes de radio.
Algunos de los fallecidos exhibían
heridas de las armas de fuego empleadas en la emboscada, que
comenzó en horas de la madrugada para impedir la realización
de una asamblea en la localidad de Filadelfia, una población
menor ubicada a unos 50 kilómetros al sur de Cobija, según
el relato de la representante del Comité de Vigilancia,
Leyla Tudela.
El ex alcalde de Cobija y líder del
Movimiento Amazónico de Renovación Democrática (MAR),
Miguel Becerra, declaró a una cadena radial que se trató
"de una masacre y humillación a los campesinos,
algunos de los cuales fueron atropellados por un camión de
la prefectura".
Por su parte, los seguidores del
prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, acusaron a Becerrra
de promover los hechos de violencia.
El viceministro de Coordinación con
los Movimientos Sociales, Sacha Llorenty, estrecho
colaborador de Morales, declaró que la muerte de las ocho
personas es resultado de una "balacera (tiroteo) de
sicarios que protagonizaron la masacre de Cobija".
Llorenty responsabilizó de los hechos
al prefecto Fernández, un terrateniente y dirigente de
derecha de larga tradición en la política boliviana, quien
declaró al anochecer del jueves que actuará en el
"marco que las circunstancias exijan".
Fernández pidió una pausa en el
conflicto para pacificar a la región. Pero expresó, en
respuesta a las declaraciones del gobierno nacional que
"el último en retirarse de la pelea" será él.
"No me retiraré de la lucha y que no vuelvan a
intentar abusarnos", advirtió.
Con una imploración al gobierno de
Morales, el jefe de la derechista agrupación Poder Democrático
y Social (Podemos), el ex presidente Jorge Quiroga
(2002–2002), reclamó a los bandos en pugna el retiro de
sus grupos organizados.
"Es una súplica, por experiencia
como ex presidente, advierto que se puede desbordar y
descontrolar el conflicto que puede dejar muchos
muertos", alertó.
La violencia continuaba este jueves en
el barrio popular Plan Tres Mil, una zona alejada del centro
de Santa Cruz de la Sierra y convertida en enclave de
inmigrantes indígenas aymaras y quechuas.
Los grupos de la UJC realizaron
acciones para destruir un comercio popular localizado en la
zona, pero los habitantes del lugar consiguieron repelerlos
en peleas campales que comenzaron la noche del miércoles y
continuaron esta madrugada.
Los inmigrantes asentados en la zona,
procedentes de los empobrecidos departamentos occidentales
de La Paz, Oruro y Potosí, temen ser atacados porque
comulgan con el presidente Morales, de la etnia aymara, y
representan el grupo humano de resistencia al movimiento
autonomista.
Mientras, en la población de Yacuiba,
en la frontera con Argentina, un grupo de manifestantes
consiguió ingresar en la planta de bombeo de gas natural
que alimenta a las industrias de Buenos Aires, y
consiguieron cerrar las válvulas y cortar el fluido.
La acción consumada ante la mirada
pasiva de los militares y con el conocimiento del gobierno
nacional, interrumpe el envío de seis millones de metros cúbicos
diarios de gas natural a Argentina, el segundo mercado más
importante para las exportaciones bolivianas de
hidrocarburos después de Brasil.
El miércoles, un atentado contra el
gasoducto a Brasil, disminuyó el volumen de envío en tres
millones de metros cúbicos de los 26 millones de metros cúbicos
por día, generando inquietud entre la representación
diplomática en La Paz del vecino país.
América del Sur
Gobiernos respaldan a Morales
Por Daniela Estrada
Inter Press Service (IPS), 12/09/08
Santiago.– Los gobiernos de la Unión
de Naciones Sudamericanas (Unasur) tienen la "total
disposición" de "colaborar" en la
identificación e implementación de vías de entendimiento
en Bolivia, señaló este viernes Alejandro Foxley,
canciller de Chile, país que preside este bloque.
Foxley fue el encargado de dar a
conocer en Santiago la declaración en apoyo a La Paz
preparada por los cancilleres de Unasur, conformada por
Argentina, Brasil, Colombia, Guyana, Paraguay, Uruguay,
Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Suriname y Venezuela, todos
los países de la región.
"Las naciones sudamericanas
anhelan fervientemente que a la brevedad posible se
reestablezca el orden, la convivencia ciudadana pacífica y
el diálogo orientado a normalizar el funcionamiento de la
vida democrática" en Bolivia, señaló el canciller
chileno, quien aclaró que la última palabra en la solución
de la crisis la tiene el propio pueblo del país vecino.
Hasta ahora han muerto al menos ocho
personas y una treintena resultaron heridas en las violentas
protestas iniciadas el martes contra el gobierno
izquierdista boliviano de Evo Morales, protagonizadas por
sectores conservadores y empresariales de la llamada media
luna oriental de ese país, que conforman Santa Cruz, Beni,
Pando, Tarija y Chuquisaca.
En estos departamentos con gobiernos
pro–autonomistas se han registrado bloqueos de rutas,
tomas de edificios públicos y cortes parciales del
suministro de gas a Brasil y Argentina, que se
reestablecieron este viernes.
"Es el deber de esta presidencia
pro–témpore señalar la total disposición de Unasur de
colaborar con el gobierno de Bolivia en el esfuerzo por
identificar e implementar vías de diálogo y entendimiento,
que bajo la conducción de las legítimas autoridades de la
nación boliviana permitan a las fuerzas políticas y
sociales retomar la senda pacífica, institucional y democrática
de solución de problemas e impulso al desarrollo", añadió
Foxley.
"Finalmente, y este es el mensaje
más importante, es al pueblo boliviano a quien corresponderá,
como en toda democracia, identificar las vías de solución
a las dificultades por las que hoy día atraviesa",
remarcó.
"La presidenta Bachelet ya planteó
la conveniencia de instalar una mesa de diálogo. Si Unasur
puede contribuir a que esta iniciativa se haga posible,
estamos absolutamente disponibles", indicó.
Foxley declinó referirse al
pronunciamiento sobre el conflicto del mandatario de
Venezuela, Hugo Chávez, quien se solidarizó con Bolivia
expulsando al embajador estadounidense en ese país, Patrick
Duddy, en respuesta a la presunta intervención de
Washington en los procesos políticos internos en ambos países.
"Lo que demuestra la actual crisis
es que el referendo revocatorio realizado en Bolivia, más
allá de respaldo que obtuvo Morales, no fue suficiente para
solucionar los problemas internos del país. Esto es un
primer signo de alerta", dijo a IPS el analista chileno
Guillermo Holzman.
El hecho de que Morales haya expulsado
al embajador de Estados Unidos en el país, acción
replicada por Washington, y que haya permitido el corte de
suministro de gas a Argentina y Brasil, en vez de
garantizarlo apoyándose en las Fuerzas Armadas, indica que
su estrategia es "regionalizar" el conflicto
interno, sostuvo este académico de la Universidad de Chile.
También "Venezuela entró
concientemente a la crisis cooperando a su regionalización
y exportación", añadió.
Chávez inclusive dijo estar dispuesto
a apoyar movimientos armados en Bolivia si Morales fuese
derrocado o asesinado.
A juicio de Holzman, la Unasur y la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) deberían jugar un rol
importante en este conflicto, no tanto así la Organización
de Estados Americanos (OEA), encabezada por el chileno José
Miguel Insulza, puesto que Estados Unidos integra dicha
institución.
Este viernes, el mandatario de Ecuador,
Rafael Correa, entregó su respaldo a Evo Morales y, en su
calidad de presidente temporario de la CAN, convocó para
octubre una cumbre de ese bloque, conformado por su país,
Colombia, Perú y la propia Bolivia.
"Realmente estamos muy preocupados
por la situación que se vive en la hermana República de
Bolivia, yo quisiera ratificar a nombre de Ecuador, como
presidente pro–tempore de la Comunidad Andina, todo el
respaldo a la democracia de Bolivia, representada sin lugar
a dudas por el presidente Evo Morales", dijo Correa.
También se solidarizaron con el
gobierno de Morales otros presidentes de la región, el
peruano Alan García, el derechista colombiano Álvaro
Uribe, la centroizquierdista argentina Cristina Fernández y
los izquierdistas Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y
Tabaré Vázquez, de Uruguay.
"Frente a la coyuntura que se ha
presentado en la hermana República de Bolivia, el gobierno
de Colombia desea expresar al gobierno y a la nación
boliviana su apoyo al presidente Evo Morales, a las
instituciones democráticas y al estado de derecho",
indicó un comunicado divulgado este viernes por Bogotá.
"Colombia en su calidad de país
amigo de Bolivia, junto con Brasil y Argentina, confirma su
disposición, tan pronto el gobierno de Morales lo considere
pertinente, de contribuir en la recuperación de la
normalidad", añade.
Por su parte, el presidente uruguayo Vázquez
expresó en un comunicado su "total respaldo y
solidaridad" a su homólogo Morales, "elegidos
libre y democráticamente por el pueblo", e hizo un
llamado a la "solución pacífica de las
controversias".
El analista Holzman, empero, indicó
que la declaración de Unasur de este viernes es la
respuesta tradicional de los países ante un conflicto,
pero, por lo visto, Morales pretende un compromiso mayor de
la región, indicó.
Para Holzman, esta no es la mejor
estrategia que pudo seguir el gobierno boliviano, puesto que
no asegura que el conflicto interno se solucione. Además,
implica un gran costo para los países de la región,
principalmente por sus relaciones bilaterales con Estados
Unidos.
"El escenario más pesimista es
que se produzca un quiebre profundo en la región",
advirtió.
Si Morales explicita a sus pares
latinoamericanos cuál es la estrategia que pretende seguir
para acabar con la crisis, éstos podrán tomar una postura
más clara y se podría avanzar en un mecanismo de diálogo
y negociación regional, planteó.
Pero si el mandatario boliviano sólo
quiere que sus pares avalen su forma de gobierno y
cuestionen todos los actos de la oposición en su país, será
más difícil conseguir apoyo, añadió.
Holzman cree que Estados Unidos va a
mantener un papel más bien de observador, aunque
seguramente la crisis boliviana y los problemas con
Venezuela serán parte de la campaña presidencial de ese país.
La incógnita es cuál va a ser la
reacción de Washington si Chávez decide no seguir
exportando petróleo a ese país.
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