Entre la secesión, la revolución y el pactismo suicida

Bolivia al borde de la partición nacional

Por José Luis Rojo y Martín Camacho
Desde La Paz para Socialismo o Barbarie, 17/09/08

“Los fascistas no pasarán, porque el pueblo los va a aplastar”[1].

La Paz.– Los tiempos se han acelerado nuevamente en Bolivia. Luego de dos años de relativa “mediatización” de la lucha entre las clases (2006–2007), en los últimos meses las convulsiones sociales y políticas que cruzan el país han vuelto a ponerse al rojo vivo.

La señal de largada de los acontecimientos más dramáticos desde el octubre del 2003 y mayo–junio del 2005 (aunque, ahora, de signo contrario) fue el indiscutible triunfo electoral de Morales y Linera en el referéndum revocatorio del 10 de agosto pasado.

El tiro por la culata

Es que, en el mismo, las cosas no ocurrieron como los cívicos y la oposición parlamentaria habían soñado. Viendo a la defensiva al gobierno del MAS y luego de cinco elecciones al hilo donde salieron victoriosos (referéndum autonómicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, y elección de nueva prefecta en Chuquisaca), sobre todo la bancada parlamentaria del opositor Podemos, imaginó que estaba más o menos al alcance de la mano la revocatoria del mandato de Morales y la convocatoria a nuevas elecciones generales…

Pero el tiro les salió por la culata. Encima, terminó dividiendo las aguas entre las mismas filas de la oposición reaccionaria, entre los “políticos” con asiento en el Congreso Nacional (mayormente de Podemos, partido del ex presidente de línea banzerista Tuto Quiroga) y los dirigentes cívicos al frente de las prefecturas, que no estaban tan convencidos de la “jugada” del revocatorio.

Independientemente de lo anterior, la cosa es que si bien era un secreto a voces que el gobierno iba a ganar el referéndum (un craso error de cálculo de Podemos al convocar finalmente al referéndum luego de triunfo autonómico en Santa Cruz del 4 de mayo), ninguno de los bandos de la oposición se esperaba semejante ratificación de Morales.

Con un 67% en el orden nacional, una elección nada despreciable en los departamentos de la Media Luna y la revocación de los prefectos opositores en los departamentos de La Paz y Cochabamba, el gobierno se alzó con un incuestionable triunfo político, mostrando que amplísimos sectores de las masas campesinas, originarias y populares–urbanas lo siguen considerando su gobierno[2]: “la mezcla de identificación étnica y políticas sociales compone el «cariño por Evo» señala, no sin falta de verdad, el analista masista Pablo Stefanoni.

Al mismo tiempo, si bien los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija (en Chuquisaca no hubo referéndum porque la prefecta, opositora, acababa de ser electa) también fueron ratificados, quedaron claramente expuestos como una minoría en el orden nacional.

Luego de unos días de dubitaciones, el gobierno terminó convocando a un nuevo referéndum, ahora para ratificar el proyecto de Constitución. Esta fue la gota que rebalsó el vaso empujando a los cívicos a la acción directa, sabedores que en el terreno electoral nacional son, hoy por hoy, una clara minoría.

Un ensayo general de secesión

Casi inmediatamente después del anuncio de convocatoria de referéndum Constitucional, la CONALDE (una suerte de estado mayor de la reaccionaria oligarquía del Oriente), a la cabeza de su sector más duro, expresado por los prefectos, convocó a “un plan de lucha” regional[3].

Su exigencia explícita: el reclamo de la devolución de un determinado porcentaje del IDH (se trata del impuesto a los hidrocarburos). Sin embargo, el verdadero trasfondo no es otro que la cerrada negativa a someterse a un referéndum constitucional que, sin faltarles la verdad,  consideran que no pueden ganar[4].

“El tema de fondo es el proyecto de Constitución del MAS. No puede ponerse en consideración el panfleto, o el producto de algo ilegal”, reconocía el presidente de la Asamblea Preautonómica de Santa Cruz, Carlos Klinsky.

El susodicho “plan de lucha” significó, en los hechos, un auténtico ensayo general secesionista y golpista que se caracterizó (a lo largo de veinte días ininterrumpidos) por bloqueos de rutas nacionales, ocupación de edificios públicos pertenecientes al Estado nacional, ataques racistas a la población originaria y campesina, e, incluso, por la abierta denegación a que el presidente de la Nación pudiera siquiera pisar el territorio de los cinco departamentos involucrados en el proceso secesionista. En verdad, esta gravísima realidad ya viene desde antes.

Pero el punto más alto de la escalada lo constituyó la masacre fascista llevada a cabo en El Porvenir, departamento de Pando, el pasado 11 de septiembre, donde hay 16 campesinos y estudiantes normalistas muertos reportados hasta el momento, 50 o más  “desaparecidos”, y decenas y decenas de heridos.

Se trató de una verdadera cacería humana. Cacería organizada (no hay ninguna duda de ello) desde el mismísimo Estado prefectural y municipal, que está encabezado por uno de los cuatro principales dirigentes cívicos, el prefecto pandino Leopoldo Fernández (hoy preso)[5].

“El prefecto Leopoldo Fernández es el autor intelectual de la masacre campesina. Los responsables materiales son ex dirigentes campesinos, empleados de la Prefectura, activistas cívicos de Cobija [ciudad capital de Pando], ganaderos y políticos de la alianza derechista Podemos. «Veníamos como siempre, acompañados de mujeres y niños, pero desgraciadamente nos encontramos con una emboscada en la población El Porvenir’, recuerda Rodrigo Medina, dirigentes campesino. La Prefectura utilizó todos su vehículos en el operativo, incluyendo tractores; en cada volqueta había más de treinta personas armadas con fusiles, rifles, metralletas y revólveres”[6].

Esta monstruosa masacre (que incluyó él rematar a sangre fría a muchos heridos) fue él punto más alto del levantamiento secesionista de la burguesía cívica. Lo que la paró fue la ola de profundo odio, estupor y repudio popular todo a lo largo y ancho del país entre todas las capas de los explotados y oprimidos, justa ira popular que dejó a Bolivia al borde de la guerra civil.

Porque fue precisamente en la circunstancia en que el movimiento de masas amenazaba con desbordar al gobierno masista con un proceso de crecientes pronunciamientos, llamados a la movilización, iniciativas para marchar hacia Santa Cruz, evidencia de armamento entre sectores populares y exigencias de linchamiento del carnicero prefecto pandino[7], que las “instituciones” de la región se comenzaron a mover desesperadamente para parar la escalada en curso.

Así, los gobiernos “progresistas” de la región, encabezados por Lula (en su creciente rol de nuevo bombero regional), se apresuraron a rodear al gobierno pero con la condición política de que este llamara y concretara urgentemente al “diálogo nacional”. Dialogo convocado para apaciguar unas aguas cortando en seco lo que pudiera haber ocurrido si la crisis seguía unos días más: ¡el estallido de una verdadera revolución en respuesta a la provocación sediciosa!

Porque la absoluta verdad es que se quedó muy cerca de eso: al borde de una guerra civil; proceso ahora mediatizado por el enésimo intento de diálogo. Pero esto, en una circunstancia donde da toda la impresión que las cosas han ido demasiado lejos. Por lo tanto, lo más factible es que a pesar de todo el “show” del establecimiento de la mesa de diálogo nacional, seguramente presenciaremos nuevos capítulos del enfrentamiento en curso luego de esta nueva “tregua”[8].

¿Tras los pasos de Salvador Allende?

Después de la masacre de El Porvenir, y ante una ola de indignación nacional –cada vez más activa– que se comenzaba a expresar, los cívicos quedaron a la defensiva y perdían aire. El odio y estupor nacional podría haber detonado una movilización nacional de masas que barriera, armas en mano, a los sediciosos.

Pero, en vez de hacer esto, el gobierno de Morales y Linera se limitó a buscar el respaldo de los gobiernos regionales, decretar un inicialmente muy tímido estado de sitio en la misma Pando, y detener (forzado por las circunstancias) a Leopoldo Fernández. Todo eso fue coronado con el llamado al “diálogo nacional” con los mismos que hasta un instante antes estaban embarcados, con armas y bagajes, en un movimiento secesionista.

Porque, vergonzosamente, lo que no hizo Evo Morales en ningún momento todo a lo largo de veinte días de crisis, fue apelar a la podría haber sido la herramienta más decisiva para quebrarle el espinazo a los golpistas: la movilización de las masas. Un movimiento de masas que estaba dispuesto a salir (de hecho, lo comenzaba a hacer) ante el primer llamado de conjunto que se hubiera hecho a tal efecto. ¡Había que ver a los dirigentes masistas de La Paz llamando a los movimientos sociales a “no movilizarse”…!

Pero no: ¡Morales y Linera volvieron a elegir –en estas extremas circunstancias– el llamado al enésimo “dialogo nacional” con unos prefectos que tienen todos (no solo él de Pando) las manos manchadas de sangre y racismo!

Para colmo de colmos, este llamado se ha hecho con un acta firmada donde lo que predominan son también los enésimos reclamos–concesiones a los cívicos en la perspectiva de “un gran Acuerdo Nacional” con estos fascistas.

Esto se hace bajo la “mediación” de “confiables” e “imparciales” instituciones como la Iglesia Católica, la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, comenzando el pasado jueves 18/09 sus sesiones en Cochabamba.

Así, el propio texto del acta acuerdo (material que es de público conocimiento) tiene ya compromisos del gobierno nacional como “reconocer el derecho de los departamentos al IDH”; “el respeto a la actual distribución de regalías a los departamentos productores”; “reestablecer plenamente la convivencia pacífica”; y la frutillita del postre: “suspender la consideración (en el congreso nacional) de la convocatoria a referéndum constitucional hasta que concluya el diálogo”.

Una verdadera vergüenza: no hay otra manera de calificar esta acta. Porque se le terminan haciendo concesiones increíbles a los que cargan sobre sus espaldas con la muerte y desaparición de casi 100 campesinos, cuando se les podría haber partido el espinazo.

Más grave aun: se trata de un tipo de política suicida que, de seguir así, sólo podrá servir para desmoralizar al movimiento de masas; porque si los fascistas no escarmientan, más temprano que tarde van a volver a levantar cabeza.

Y este no es un juicio “sectario” de gente “ajena al proceso de cambio” como suelen decir tantos ex izquierdistas renegados a la búsqueda de cuanto rinconcito esté “iluminado por el sol”.

Se trata de la mismísima experiencia histórica mundial y regional que ha estado tan atravesada por circunstancias semejantes. Sin ir más lejos, se trata del caso de Salvador Allende, de cuyo derrocamiento se cumplieron 35 años precisamente el pasado lunes 11, donde en Santiago de Chile, los presidentes del UNASUR hacían de solícitos bomberos de la situación boliviana y regional…

Porque Allende fue asesinado luego de que predicara a los cuatro vientos su “confianza” en el respeto por la “institucionalidad de las Fuerzas Armadas”, al tiempo que se esforzaba por desarmar el atisbo de acción independiente y de autodefensa de las masas obreras y campesinas que comenzaba a esbozarse.

Es una lección repetida una y mil veces: el que desmoviliza y desarma al movimiento de masas en defensa de las vías “institucionales” frente a una reacción que levanta cabeza, y que no cree verdaderamente en ninguna “institucionalidad” sino sólo en la fuerza de los hechos y las armas, prepara derrotas históricas.

La Media Luna cómo enclave racista

“De rodillas indios de mierda’, ‘griten viva la capitalidad’, ‘Sucre se respeta carajo’, ‘Llamas, pidan disculpas’, ‘Fuera de aquí, collas de mierda”[9].

Un elemento que merece ser destacado en todo análisis acerca de Bolivia, es cómo ha avanzado el proceso de partición de hecho del país. La verdad es que él mismo parece haber recorrido ya un larguísimo trecho. Esto, más allá de nuevos llamados a “diálogos”, “treguas” y “compromisos”.

Porque una vez que se pone en marcha un proceso así, exacerbándose todos los ánimos de diversos sectores de clases medias y altas y masas desclasadas (las filas sociales de los cívicos), no parece haber, realistamente, retorno.

Con la enésima negociación, los cívicos sólo buscan ganar tiempo y salirse de una situación en la que no parecían bien parados.

Es que en algún momento se terminó cruzando el “Rubicón”: quizás la “ficha” les cayó a los Prefectos el propio 10 de agosto pasado ante la magnitud del apoyo a Evo Morales. Aunque la verdad es que este camino se viene abonando desde mucho antes.

Para medir lo que venimos diciendo, hay un proceso en curso gravísimo, de dimensión más bien “social” que puramente “política”, que nos parece expresa de manera mucho más cruda y profunda que cualquier “estatuto autonómico”, la real dinámica del proceso secesionista que venimos señalando. Se trata de la política de cuasi limpieza étnica que han puesto en marcha (más abierta o enmascaradamente en cada departamento). Limpieza étnica que está generalizado situaciones como las ocurridas meses atrás en Sucre, capital del departamento de Chuquisaca.

Es decir, la masacre vivida en Pando sobre base raciales (y de clase: los compañeros eran campesinos) no pudo haber “caído del cielo”; ésta fue allanada por los crecientes sucesos donde se ha hecho costumbre apalear, escupir y vilipendiar a originarios y campesinos.

Aquí hay un típico problema de enclave racista: la población “blanca” de Santa Cruz, tiende a quedar –a mediano plazo– en minoría respecto del “aluvión” poblacional que viene del occidente del país –cuya dinámica económica, es mayor–, en búsqueda de oportunidades laborales en un región.

“Santa Cruz creció desde los años 50 con las inversiones del Estado, préstamos extranjeros (USA), regalías del petróleo, booms agrarios y dinero del narcotráfico. Este crecimiento, así como los planes de colonización alentados desde el Estado, estimularon durante las última cuatro décadas, la inmigración de quechuas y aymaras quienes llegan desde las más pobres regiones de los Andes. Actualmente, la población del departamento (2 millones) está constituida por más de un 25% de personas de origen andino. Las reacciones hacia este flujo de kollas (bolivianos provenientes de los Andes) se reflejan en la intensificación del sentimiento regionalista, en defensa de los cruceños como «cambas» (término usado anteriormente para «peones indígenas» como despectivo) y usado ahora como apelativo positivo de identidad regional”[10].

Esto es lo que está ocurriendo en todos los departamentos de la Media Luna. Una especie de reducto donde se ha agudizado al extremo el carácter no solo capitalista sino de opresión racial que tiene el Estado boliviano en su conjunto. Un carácter simbólicamente atenuado hoy a nivel del Estado nacional por razones obvias, pero que, cómo en un espejo, se ha exacerbado hasta el infinito en el Oriente del país.

“Aun cuando [para las festividades, J,L.R. y M.C.] visten como indígenas [de los llanos, ídem], las elites cruceñas tienden a enfatizar su blancura cosmopolita urbana como expresión de su aspiración de participar de una idealizada sociedad ‘global’ de consumismo de clase media alta”[11].

Por ultimo, esta realidad tiene un “contrapeso” creciente: no sólo está el hecho de que la región del Norte Integrado del departamento cruceño es de radicación mayoritariamente originaria–campesina proveniente del Altiplano. También está la inmensa concentración urbana que representa el barrio Plan 3000, una enorme ciudadela obrera y popular de inmigrantes “kollas” en el corazón mismo de Santa Cruz. Y atención: estas inmensas reservas del movimiento de masas del país muestran cada vez mayores signos de organización.

Los grupos de choque fascistas

“En El Porvenir, los sicarios se jactaban de haber liquidado a más de cien indios y comenzaron a perseguir a los alcaldes de los municipios donde ganó el sí en el referéndum revocatorio del 10 de agosto”[12].

Junto con el anterior, un elemento novedoso en el ciclo político regional y que hay que tomar en toda su magnitud es la emergencia de importantes formaciones de choque fascistas en el oriente del país.

Porque no todos los días emergen formaciones irregulares contrarrevolucionarias, reclutadas entre sectores del estudiantado de las clases altas del oriente combinado con una base de masas desclasada, y que tienen por método de “acción política” la lisa y llana vías de hecho contra los explotados y oprimidos.

La circunstancia es gravísima y el consejo clásico del marxismo revolucionario (y del propio León Trotsky en sus brillantes textos sobre el fascismo) es que no hay que dejar que levanten cabeza.

Es decir, a las vías de hecho hay que enfrentarlas en su propio terreno: con el fascismo no se discute, se lo combate. Es la enseñanza más clásica y verificada por la historia de la lucha de clases en este terreno.

La propia existencia de estos grupos derechistas irregulares que se dedican habitualmente a apalear a hombres, mujeres y niños por sus rasgos originarios, es otra expresión de lo lejos que ha llegado la situación guerra civil larvada que se vive en el país.

También es un claro indicador del creciente curso cada vez más abiertamente  contrarrevolucionario de la oligarquía cívica del oriente. Porque está claro que si estas formaciones irregulares existen y se sostienen en el tiempo es porque alguien les da de comer! Y el que les da de comer no es otro que la burguesía de la Media Luna.

Pero incluso más: a decir verdad, formaciones como la Unión Juvenil Cruceñista tienen años de existencia. Son una verdadera “institución” dependiente del Comité Cívico regional. Incluso muchos de sus actuales dirigentes, cuando jóvenes, pasaron por la “Unión”.

Un claro indicador de esta “institucionalidad” es que la Unión Juvenil tiene su propia comparsa llamada “Kerembas” (“guerreros” en guaraní) y cuyo lema es “nuestra identidad perdurará si la juventud lucha por su pueblo...”

Frente a la emergencia de estas formaciones, un hecho de enorme valor son las expresiones de sectores campesinos de la propia región en general, y de Santa Cruz en particular, que parecen comenzar a organizarse para su autodefensa. Incluso, en distintos medios se han visto fotos de varios campesinos armados de fusiles. Esto está muy bien: ¡ya mismo hay que formar, a nivel de todos los sindicatos obreros y campesinos, comités de autodefensa armados!

Este paso se debe dar por dos razones: a las clases explotadas y oprimidas no hay quien les pase por arriba si están organizadas. Y, además, la mejor “receta” frente a las formaciones irregulares fascistas siempre ha sido escarmentarlas antes que crezcan. Es decir, el movimiento de masas tiene que ver que ellos también la “ligan”[13]. En el caso contrario, puede comenzar a imponer es una grave desmoralización.

Lo que venimos señalando, se agrava cuando estas circunstancias quedan impunes; ésta viene siendo la tónica hasta la última masacre en Pando, donde el clamor popular ha sido tan fuerte, que al gobierno no le quedó más remedio que encarcelar al Prefecto de dicho departamento, lo que no ha dejado de ser una conquista popular (siempre y cuando no se les ocurra dejarlo en libertad en algunos días…).

Incluso la detención de Fernández muestra los procedimientos gubernamentales: de ninguna manera llamar a las masas para aplastar a los sediciosos. Por el contrario, hay una sistemática política de decirles que se queden en sus casas dejando que “las instituciones hagan su trabajo”.

Una última razón de la existencia de formaciones del estilo de UJC y otras, tiene que ver con la situación donde todavía las diversas fracciones burguesas no pueden (o no logran) apelar abiertamente a las Fuerzas Armadas contra la población civil. En estas circunstancias, se apela entonces a estos grupos fascistas para que vayan haciendo el trabajo sucio.

En todo caso, ésta es también una enseñanza y experiencia que se debe tener en cuenta en otros países de Latinoamérica, donde si bien la situación no es tan polarizada, están en desarrollo rasgos reaccionarios.

El rol de las Fuerzas Armadas

Como veníamos señalando, uno de los “enigmas” de la actual situación política en Bolivia es cual será la evolución de las Fuerzas Armadas. Unas Fuerzas Armadas que están atravesadas por la contradicción de que aun están integradas por conscriptos mayoritariamente de origen originario, pero que no por esto dejan de tener una tradición histórica brutalmente antiobrera y antipopular.

Porque con la limitada “excepción” de las experiencias de rasgos nacionalistas de un Busch, Toro, Ovando y Torres, la memoria popular boliviana –muy justamente– asocia a los gendarmes con la represión al servicio de los explotadores. Esto está expresado en una tradición de brutales masacres[14] contra obreros mineros y campesinos, masacres que jalonaron la historia del país prácticamente todo a lo largo del siglo pasado y que también muchas veces se apoyaron en una gran capacidad política para enfrentar a campesinos con obreros mineros (caso del dictador Barrientos en la década del ‘60).

Y este siglo XXI debutó con el antecedente de los muertos en las jornadas de febrero y octubre del 2003, junio del 2005, por no hablar de la vida de dos mineros que se acaban de cobrar (esto, por ordenes del propio gobierno nacional…) sólo meses atrás.

Esto no quita que haya contradicciones reales, que son las que explican el –hasta ahora– cierto alineamiento “con el gobierno constitucional” que las mismas están mostrando. Es que no está claro cuál podría ser el “negocio” para las Fuerzas Armadas (institución nacional y centralizada por excelencia) con la partición del país. Además, pesa todavía (como en todo el resto de la región; por lo menos hasta ahora) la salida ignominiosa de las experiencias de dictaduras militares.

Por si lo anterior no alcanzara, el hecho es que el gobierno de Morales y Linera no está siquiera rozando las bases del capitalismo boliviano y, además, logró una clara mayoría electoral recientemente...

Sin embargo, aquí hay otro típico rasgo suicida de la política del gobierno masista: confiarse en el apego a la “institucionalidad” de las Fuerzas Armadas.

En este sentido, en una entrevista realizada a Evo Morales meses atrás y ante la pregunta sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el proceso político del país respondía lo siguiente: “[Las Fuerzas Armadas] hasta ahora están muy identificadas. Yo me he impresionado pese a que todos los altos mandos son mis mayores (…). Yo, Evo, como ex soldado, respeto y me hago respetar. Los militares respetan entonces la institucionalidad”[15].

Sin embargo, y como por elevación para mostrar su “independencia”, una señal de alerta la dio días atrás el comandante en jefe Raúl Trigo, cuando hizo su advertencia “contra la injerencia de Chávez en los asuntos internos del país”.

Pero además, hay un problema de fondo: las Fuerzas Armadas son la institución por antonomasia del Estado burgués y en cualquier giro de los acontecimientos podrían llegar a la conclusión de que los cívicos pueden ser más garantes del sistema que el gobierno de Morales y darse vuelta entonces.

En este sentido, ya meses atrás el sociólogo Eduardo Paz Rada de la Universidad Mayor de San Andrés alertaba sobre el grave riesgo que podría venir de las fuerzas de seguridad del Estado, cuando señalaba que “las instancias que tienen la posibilidad de evitar cualquier exceso de separatismo son las Fuerzas Armadas y la policía. Y tengo la impresión que, dentro de ellas, están empezando a surgir tendencias divisionistas, que pueden llevar a una situación mucho más caótica e inestable en Bolivia”[16].

En todo caso, a nadie se le puede escapar la reticencia que expresaron a intervenir en la reciente crisis y la lentitud con que lo hicieron cuando finalmente se decretó el estado de sitio en Pando; a la par que se corrieron rumores de que Evo Morales estaba “enojado” por el vergonzoso comportamiento de los militares en oportunidad de la ocupación de los edificios del estado nacional en Santa Cruz[17].

En síntesis: en cualquier momento, en cualquier nuevo giro de la crisis, las Fuerzas Armadas podrían darse vuelta y, entonces, la prédica de Morales, de llamar a confiar en ellas, se revelará en todo su carácter suicida.

Es esta misma realidad la que debe poner al orden del día la organización de la autodefensa obrera, campesina, estudiantil y popular para pararle la mano a los grupos de choque fascistas estilo UJC, al tiempo que se debería hacer un trabajo político entre los conscriptos, en el sentido de que se nieguen a disparar contra los explotados y oprimidos.

Entre la contención y la radicalización - El MAS, la COB, el campesinado y la clase obrera

El tercer aspecto suicida del gobierno de Morales es su política de “contención” del movimiento de masas. Porque puede ocurrir que éste finalmente termine sacando la conclusión de que “siempre caen de nuestro lado y no del de ellos” y al ver que el gobierno siempre ofrece “la otra mejilla”… termine desmoralizándose.

No es casual que producto del repudio nacional a la masacre pandina se viera obligado el gobierno a avanzar en el encarcelamiento de Leopoldo Fernández. Pero la política sistemática del gobierno no ha sido esta: ha sido siempre dejar pasar impunemente hechos y vejámenes brutales al tiempo que contener lo más posible la movilización originaria, campesina, popular y obrera[18].

Para colmo de colmos, al gobierno no le tembló la mano cuando se trató de reprimir a los mineros en lucha por la Ley de Pensiones, cobrándose dos vidas en Caihuasi, Oruro.

Sin embargo, en las semanas de la sedición golpista y, sobre todo, a partir de la masacre de Pando, se empezaron a esbozar cuestionamientos por la izquierda al gobierno. Que se entienda bien: es claramente visible cómo en la mayoría campesina, originaria y popular (pero no tanto entre los trabajadores asalariados) aún hay confianza y apoyo al gobierno de Morales.

Además, claro está, funciona el mecanismo de la polarización: el país está dividido entre el propio gobierno y la fascista y racista oligarquía del oriente, con lo cual, es muy difícil en estas circunstancias, y contra la corriente, afirmarse (como, por otra parte, es absolutamente imprescindible) con un curso independiente del gobierno reformista.

Pero, a pesar de lo señalado, en los días pico de la crisis, con sólo escuchar la radio, se puede tener un ejemplo contundente de lo a la izquierda del gobierno que se mostró todo un sector amplísimo de las masas.

Y no sólo en sus expresiones y exigencias verbales. También –como ya hemos señalado– en lo que hace a unos primeros pasos en el sentido de la autodefensa en determinados movimientos sociales; de armamento en algunos casos (sobre todo, de campesinos en el Oriente); de las intenciones que se esbozaron (y siguen hasta ahora) de movilizarse hacia Santa Cruz para aplastar a los sediciosos. Esto podría volver a repetirse en oportunidad de un nuevo fracaso de las negociaciones y / o escalada de los enfrentamientos.

A esto hay que apostar, buscando la creación de organismos independientes de lucha y la independencia de las organizaciones de masas respecto del gobierno de Evo, al tiempo que la organización de su autodefensa y armamento.

Esto, en primer lugar, sería necesario al interior de la misma COB, aunque, lamentablemente, su Ejecutiva acaba de dar un paso en sentido exactamente contrario, firmando una “alianza” con el gobierno de Morales que sólo puede servir para quitarle independencia.

Precisamente, respecto al rol de la clase obrera en todo el proceso en curso desde el 2003, no deja de ser compleja la situación. La clase obrera minera fue el vértice de los explotados y oprimidos del país a lo largo de medio siglo.

Pero, lamentablemente, con la crisis del estaño y la ley privatista 21.060 (que cerró los principales centros mineros), se le propinó una derrota física y política de la cual –hasta ahora– sólo muy parcialmente se ha podido recuperar. En este sentido, es de importancia estratégica el centro principal de acumulación de la clase obrera minera que representa hoy Huanuni.

Pero también es verdad, y así lo hemos defendido desde nuestra corriente, que radicaciones populares inmensas como El Alto (o lo mismo podría ser Plan 3000 en Santa Cruz) son ámbitos de acumulación y emergencia de una nueva clase obrera, de nuevos sectores de trabajadores asalariados y / o precarizados que podrían jugar un papel de cierto “relevo” de los mineros. En este sentido, es sabido el peso creciente de sindicatos como los fabriles (lamentablemente en manos del MAS) de El Alto.

Sin embargo, aquí hay otro problema a superar, que no es “estructural” o “material” sino más bien político e ideológico: las nuevas generaciones de trabajadores parecen venir con una prácticamente nula experiencia anterior. Y, además, ante el retroceso de la clase obrera minera, lo que apareció como identidad de interpelación de las mayorías explotadas y oprimidas es una justa, pero unilateral, identidad “originaria”.

En estas condiciones, la clase trabajadora aún no está pudiendo cumplir un rol central en el proceso, a excepción hecha de contingentes como los propios mineros de Huanuni o los sindicatos docentes urbanos de La Paz (también de gran peso y tradición de lucha).

A lo que venimos señalando se le agrega el evidente debilitamiento de la COB como tal. Un debilitamiento que las sucesivas direcciones –entre la adaptación al gobierno masista y desvíos “ultra izquierdistas” con frases altisonantes que no logran tender un puente hacia las poblaciones originaria y campesina–, no atinan a resolver.

Desde ya que el desafió no es nada fácil. En contra de esto también pesa el hecho del estrecho “reivindicacionismo” de la tradición lechinista[19] (aunque se rodeara siempre de frases “ultra revolucionarias”) que aun sigue pesando entre los cuadros dirigentes de la COB.

Parte de esto es la ceguera extrema a la hora de dar un paso hacia la independencia política de los trabajadores poniendo en pie un IPT (Instrumento Político de los Trabajadores). Por lo menos, se podría aprender de los cocaleros del Chapare, que montaron un instrumento político, el que derivo en el actual MAS…

A todo lo anterior se le suma la política de desprecio hacia la clase obrera de parte del gobierno masista. Esto tiene dos componentes: un taparrabos ideológico que tiende, lisa y llanamente, a “borrar” la existencia misma de la clase obrera como tal, detrás de un discurso más o menos “indigenista”, encarnado esto en las elaboraciones de intelectuales de importancia del país como es el propio vice, Álvaro García Linera.

Pero, además, de ninguna manera se puede perder de vista que Morales y Linera defienden un “modelo” de capitalismo de Estado “andino–amazónico”[20]. Es decir, su estrategia se queda en los límites del sistema, desafiando sólo determinados aspectos del “neoliberalismo” de los ’90; un desafió –como está dicho– en muchos terrenos más verbal que real. ¡Pero nunca, nunca cuestionando a la propiedad privada como tal!

Asimismo, más allá de que –como sector social– nunca se debe olvidar de que el campesinado es defensor de la propiedad privada, está el hecho que el no cuestionamiento al capitalismo, significa que en la cabeza de Morales y Linera finalmente “alguien tiene que trabajar y generar las rentas” que pretendidamente se buscan “redistribuir”.

De ahí que la política hacia la clase obrera no haya dejado de ser extremadamente conservadora, por decir poco. El propio gobierno parece no tener vergüenza en reconocer esto como “la agenda pendiente del gobierno del MAS”. Como señalara meses atrás la agencia noticiosa Bolpress, “la protesta fabril en Cochabamba adquiere gran trascendencia política en este momento de transición. El obrero y el asalariado de clase media se han distanciado del gobierno de Morales porque sus condiciones de vida no han mejorado, a diferencia de otros sectores sociales campesinos e indígenas que han sido beneficiados con bonos y programas de asistencia estatal. En una reciente reunión nacional, los maestros rurales, una de las bases sociales más importantes del MAS explosionaron al constatar que Morales no ha cumplido ninguna de sus promesas y niega categóricamente cualquier posibilidad de reajustar los sueldos en función a la inflación [cualquier similitud con otros países de la región es pura “coincidencia”, J.L.R. y M.C.]. En la transición política en Bolivia, es un problema sin resolver, «una deuda pendiente del gobierno», como reconoce el vicepresidente García Linera en referencia al «núcleo asalariado con salario fijo»”[21].

El gobierno de Morales y Linera es un gobierno reformista de frente popular, donde las organizaciones de masas gestionan el Estado burgués. Pero, además, con la particularidad de que no es una dirección reformista de la clase obrera la que está al frente del Estado, sino una campesina originaria y de representantes de sectores medios intelectualizados.

En estas condiciones, la clase obrera, debe –sí o sí– construir su propio camino para poder aspirar a cumplir una rol independiente en la crisis nacional que desborde y supere los límites reformistas (y cada vez más suicidas) de la experiencia del MAS.

En este camino, y cómo ámbito para afirmar su hegemonía dentro de una alianza obrera, originaria, campesina y popular deberá dar pasos en la puesta en pie de una “institucionalidad” alternativa a la del Estado burgués: una Asamblea Popular Nacional, Obrera, Originaria y Campesina como la que se empezó a esbozar en El Alto en las jornadas de mayo–junio del 2005.

Revolución o contrarrevolución

¿Cuál es la dinámica política en la que ha quedado inmerso el país? Es una buena pregunta que encierra una contradicción. Porque dado lo lejos que han llegado los acontecimientos, es poco realista pensar que, a pesar de todo, se vaya a terminar imponiendo la perspectiva reformista que defiende el MAS boliviano.

¿Cual es la contradicción? Qué los reclamos y él programa de los dirigentes cívicos han llegado ya demasiado lejos: no sólo se han deslizando en un “simple” sentido reaccionario: su curso ya roza una dinámica abiertamente contrarrevolucionaria.

Claro, esto tiene todavía sus mediaciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos para nada están a favor –hoy por hoy– de una salida secesionista; no hay que olvidar que muchos de ellos son de origen “posneoliberal”.

Además, hay que ver todavía cómo evoluciona la propia situación internacional (y las elecciones yanquis dentro de ella), donde no hay diferencias de sustancia entre un Obama o un Mcain, pero sí podría haber matices de importancia[22].

Sin embargo, insistimos: opinamos que las cosas han llegado demasiado lejos. No todos los días se convoca a una casi abierta secesión golpista y se da rienda suelta a operativos que apuntan a una creciente limpieza étnica. Cuando esto ocurre, no hay marcha atrás que valga por más “dialogo” al que se convoque.

Es la dinámica de los propios hechos la que coloca en la palestra política una perspectiva de revolución o contrarrevolución. En este sentido, un agudo analista señalaba días atrás lo siguiente: “Bolivia está al borde de la guerra civil. Aunque el gobierno y los líderes de la oposición acordaron sentarse a negociar, las rebeliones son muy difíciles de controlar una vez que se desatan, y su propia inercia las lleva a radicalizarse. No hay salida política posible cuando se desconoce la ley, las autoridades legítimamente elegidas y las reglas de juego de la democracia. Cuando las disputas se dirimen a través del uso de la fuerza, ganan los que tienen más fierros”[23].

Es por esto mismo que la estrategia de Morales y Linera (un capitalismo de Estado andino–amazónico por la vía pactada) luce, a estas alturas, no sólo suicida, sino completamente irreal. Porque no es nada “realista” seguir alentando expectativas en una salida pactada.

En este terreno, su política muestra todas sus “credenciales”: ¿Cómo, creíblemente, se puede parar con “dialogismo” e “institucionalidad” el curso cada vez más abiertamente contrarrevolucionario y racista de la burguesía del Oriente?

No hay como: hay que apostarlo todo a las tendencias en curso a la revolución social o será la contrarrevolución secesionista lo que marcará las coordenadas principales de los acontecimientos en el heroico país del Altiplano.