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Victoria obrera con toma de mina y rehenes
Econoticiasbolivia, 08/05/09
La Paz.– Recuperando su emblemática historia revolucionaria, cerca de
tres centenas de mineros bolivianos tomaron por siete días
la mina San Vicente en el norte andino de Bolivia, ocuparon
sus instalaciones y convirtieron a los empresarios y
directivos en sus virtuales rehenes, antes de lograr
arrancar de la transnacional canadiense Panamerican Silver
el compromiso de echar a sus gerentes, cesar con los abusos
y mejorar las condiciones de trabajo.
La madrugada del pasado 29 de abril, los trabajadores mineros de San
Vicente, muchos de ellos muy jóvenes y con escasa
experiencia sindical y política, tomaron la mina de plata,
zinc y cobre, el campamento, las plantas y las oficinas
administrativas de la empresa en esa localidad, situada a
120 kilómetros de Uyuni, en Potosí.
Además de ocupar el yacimiento y las instalaciones de Pan American Silver,
los trabajadores, pertrechados con dinamita, cerraron todas
las vías de acceso a la zona e impidieron la salida de los
ejecutivos, administrativos, técnicos y contratistas que se
encontraban en San Vicente. Las cadenas de televisión, que
reportaron desde la zona, mostraron imágenes de algunos técnicos
de la compañía que lograron huir del campamento,
aprovechando la presencia de los periodistas.
“No ha sido una toma, lo que pasa es que aprovechando de la televisión,
algunos técnicos han tratado de escapar como si estuvieran
presos”, aclaró este viernes en La Paz, Celestino Romay,
secretario de Conflictos de la Federación Sindical de
Trabajadores Mineros de Bolivia
La “acción directa” de los sindicalistas se prolongó hasta la noche de
este martes 5 de mayo y fue suspendida tras que ejecutivos
de la empresa y los dirigentes sindicales arribaron a un
acuerdo, avalado por dirigentes de la Federación Sindical
de Trabajadores Mineros y la Central Obrera Boliviana.
El convenio establece el retiro
del gerente ejecutivo Robert Dwiag y el gerente
administrativo José Candia, que estaban abusando de los
trabajadores, que interferían con las actividades
sindicales e intentaban aplicar extenuantes sistemas de
trabajo.
Puntos
del convenio
En La Paz, el secretario general de la Federación de Mineros, Osvaldo
Llanque, que también calificó la acción de los
trabajadores de San Vicente como una huelga con control del
centro de trabajo, y no como una toma de mina con rehenes,
destacó el convenio firmado por los trabajadores.
“Se ha acordado la destitución de estos funcionarios y la reanudación
paulatina de las actividades productivas”, dijo Llanque
tras señalar que otro punto del acuerdo es “mantener el
respeto mutuo entre la parte obrera, los administrativos y técnicos
de la empresa”
La canadiense Pan American Silver opera la mina de concentrados de zinc,
plata y cobre, en riesgo compartido con la estatal Comibol.
El 28 de abril comenzó la fase industrial de explotación
del yacimiento. Actualmente, la extracción de plata y zinc
es de 750 toneladas por día.
Grandes
consorcios mineros
La acción de los mineros de San Vicente se da en momentos en que los
grandes consorcios transnacionales, que controlan la minería
boliviana como Glencore Internacional, Sumitomo (Apex Silver
Mines Limited), Pan American Silver, Newmont Mining
Corporation (Inti Raymi), Eaglecrest Explorations Ltd, Coeur
d'Alene Mines Corp, Empresa Minera Unificada, Barrosquira y
otras, intentan paliar la baja de las cotizaciones de los
minerales, a través de una mayor explotación laboral para
así no perder ni un centavo de sus millonarias ganancias.
Las grandes compañías mineras, que han amasado verdaderas fortunas en los
últimos tres años por efecto del alza del precio de los
minerales, lo que les ha permitido duplicar su facturación
anual de 1.000 millones de dólares a 2.000 millones de dólares,
están comenzado a despedir a trabajadores, a prolongar la
jornada de trabajo a 10 y 12 horas y a congelar/reducir los
salarios como emergencia de una caída relativa en las
cotizaciones de minerales.
Explotación
y corrupción
Este es el caso, por ejemplo, de la compañía Sinchi Wayra, filial de la
transnacional Glencore Internacional, forjada por el magnate petrolero suizo israelí Marc Rich, a quien la
revista Time calificó en el 2001 como “el ejecutivo más
corrupto del planeta”, perseguido por el FBI por los
delitos de fraude, tráfico de petróleo y evasión de
impuestos, condenado por la Corte Federal de Nueva York e
indultado dos veces por los presidentes de Estados Unidos
Bill Clinton y George W. Bush.
Sinchi Wayra/Glencore —que heredó dolosamente en el 2005 las empresas
mineras del ex presidente Gonzalo Sánchez Lozada, cuando
este millonario neoliberal que fue derrocado por una
insurrección popular en octubre del 2003 ya era considerado
como prófugo de la justicia y sus bienes sujetos a embargo
por parte del Estado boliviano como resarcimiento por los daños
económicos y crímenes de lesa humanidad que cometió en el
país—, tiene el control de los ricos yacimientos de zinc,
oro, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, como Bolívar,
Poopó, Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo,
Colquechaquita y la planta concentradora de minerales Don
Diego y la central termoeléctrica de Aroifilia.
Allí, Sinchi Wayra/Glencore intenta evitar la reducción de sus millonarias
ganancias, acrecentando la explotación laboral.
Allí, sin embargo, los trabajadores, pese a las debilidades y limitaciones
de varios de sus dirigentes sindicales ligados a la
patronal, con movilizaciones y huelgas han logrado frenar
parcialmente los abusos de esta compañía que intentó en
el último trimestre del 2008 echar a la calle a 1.277
trabajadores y reducir el 15 por ciento del salario al resto
de sus 3.500 operarios, a los que quiso hacer trabajar en
turnos de hasta 12 horas diarias.
La lucha laboral de los mineros explotados por Sinchi Wayra/Glencore permitió
detener, por ahora, los despidos, la rebaja de salarios y el
aumento de la jornada laboral, pero no alcanzó para lograr
el incremento salarial demandado por los obreros que
intentaban que la transnacional les transfiera por lo menos
una pequeña parte de las millonarias utilidades que obtuvo
con el auge de precios de los últimos tres años.
El precario acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicalistas a
principios del 2009, que se logró bajo la amenaza
proletaria de ocupar todas las minas de Sinchi Wayra/Glencore,
establece que no habrá despidos, ni ampliación de la
jornada laboral ni aumento salarial. Pese a ello, los
herederos de Marc Rich y de Sánchez de Lozada continúan
con sus intentos de ampliar la explotación de sus
trabajadores de las actuales 8 horas diarias a 10. Los
mineros de Sinchi Wayra/Glencore se han declarado en
emergencia y algunos, los más audaces, miran de reojo lo
que hacen a 4.500 metros de altura los proletarios de San
Vicente con la transnacional Panamerican Silver.
Una mina que hace historia
Y es que la mina San Vicente, famosa mundialmente porque allí hace más de
cien años fueron abatidos los míticos bandoleros
estadounidenses Butch Cassidy y Sundance Kid, parece también
reflotar la también legendaria “Tesis de Pulacayo”, la
biblia del movimiento obrero boliviano, que postula la
ocupación obrera de las minas como mecanismo para impedir
la destrucción de la fuerza laboral y como vía para la
nación revolucionaria.
“Si los patronos se encuentran incapacitados de otorgar a sus esclavos un
pedazo más de pan; si el capitalismo para subsistir se ve
obligado a atacar el salario y las conquistas alcanzadas, si
los capitalistas responden a todo intento reivindicacionista
con la amenaza del cierre de sus instalaciones, no les queda
a los trabajadores más recurso que ocupar las minas y tomar
por su cuenta el manejo de la producción”.
“La ocupación de las minas por si misma sobrepasa el marco del
capitalismo, puesto que plantea la cuestión de saber quién
es el verdadero dueño de las minas: los capitalistas o los
trabajadores”, dice la Tesis aprobada por los mineros en
1946 y que en este mayo del 2009 parece volver a recorrer
como un fantasma las minas bolivianas.
Entre los mineros revolucionarios y los sectores más radicales del
sindicalismo boliviano la consigna central es la toma de las
minas y la expulsión de las transnacionales que hoy continúan
saqueando la riqueza minera del país y sobreexplotando la
mano de obra barata como en los mejores tiempos de la
colonia española y del neoliberalismo salvaje.
Mineros
batallan por defender las 8 horas
Econoticiasbolivia,
14/05/09
Este
lunes arranca una caminata de más de 100 kilómetros a La
Paz. Los proletarios de la mina Porco buscan el apoyo de sus
hermanos del campo y las ciudades para doblegar a la
poderosa transnacional Glencore/Sinchi Wayra, heredera de
los turbios negocios del ex presidente y prófugo de la
justicia Gonzalo Sánchez de Lozada.
La Paz.– Cerca de un millar de trabajadores de la mina Porco y de otros
centros explotados por el consorcio Sinchi Wayra, filial
local de la siniestra transnacional suiza Glencore
International, iniciarán este lunes una caminata de 100 kilómetros
a más de cuatro mil metros de altura en el altiplano con
rumbo a La Paz para defender la jornada laboral de ocho
horas.
Desde la mina de plata, zinc y plomo de Porco, el ejecutivo del sindicato
minero, Gonzalo Quispe, dijo que la caminata desde la altiplánica
localidad de Caracollo busca el apoyo de las organizaciones
sociales, sindicales y populares para frenar los intentos de
la compañía privada que quiere imponer una jornada de
trabajo de 10 horas.
La acción de los mineros de Porco busca, además, presionar al gobierno del
presidente indígena Evo Morales para que haga cumplir las
leyes laborales del país y ponga coto a los abusos de la
transnacional minera.
“Vamos a efectuar acciones de protesta en La Paz hasta que las autoridades
logren que la empresa Sinchi Wayra respete la jornada
laboral de ocho horas”, dijo el sindicalista Quispe.
Hasta ahora, las negociones emprendidas con los directivos de la empresa y
autoridades del gobierno de Morales no han dado resultados
positivos. En estas reuniones, el argumento esgrimido por
los ejecutivos de Sinchi Wayra es que de mantenerse la
jornada laboral de ocho horas se pondría en riesgo la
viabilidad del proyecto minero. Se habló, incluso, de que
la empresa ingrese a una fase de lock–out (quiebra
financiera).
Esto, sin embargo, no amedrentó a los trabajadores mineros de Porco, los
que en una asamblea general decidieron frenar los abusos de
la transnacional, defender la jornada laboral de ocho horas
y luchar hasta las últimas consecuencias por sus derechos
sociales y laborales.
A
punta de dinamita
En la asamblea, según reflejó el diario El Potosí, los proletarios de
Porco aseguraron que “el domingo viajarán miles de
mineros hasta la localidad orureña de Caracollo y desde allí
marcharán rumbo a la sede de Gobierno donde tienen previsto
paralizar el centro paceño a punta de dinamita”.
Los mineros de Porco han advertido que no cederán a las presiones de esta
transnacional que tiene un tortuoso recorrido en Bolivia.
Sinchi Wayra, filial de la transnacional Glencore
Internacional, fue forjada por el
magnate petrolero suizo israelí Marc Rich, a quien
la revista Time calificó en el 2001 como “el ejecutivo más
corrupto del planeta”, perseguido por el FBI por los
delitos de fraude, tráfico de petróleo y evasión de
impuestos, condenado por la Corte Federal de Nueva York e
indultado dos veces por los presidentes de Estados Unidos
Bill Clinton y George W. Bush.
Heredera
de Sánchez de Lozada
Sinchi Wayra/Glencore —que heredó dolosamente en el 2005 las empresas
mineras del ex presidente Gonzalo Sánchez Lozada, cuando
este millonario neoliberal que fue derrocado por una
insurrección popular en octubre del 2003 ya era considerado
como prófugo de la justicia y sus bienes sujetos a embargo
por parte del Estado boliviano como resarcimiento por los daños
económicos y crímenes de lesa humanidad que cometió en el
país—, tiene el control de los ricos yacimientos de zinc,
oro, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, como Bolívar,
Poopó, Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo,
Colquechaquita y la planta concentradora de minerales Don
Diego y la central termoeléctrica de Aroifilia.
Allí, Sinchi Wayra/Glencore obtuvo millonarias ganancias en los últimos
tres años por el auge del precio de los minerales, pero
ahora, que hay una caída relativa en las cotizaciones,
intenta evitar la reducción de sus ganancias
extraordinarias acrecentando la explotación laboral.
Ganancias
y explotación
En el último trimestre del 2008, la compañía minera intentó echar a la
calle a 1.277 trabajadores y reducir el 15 por ciento del
salario al resto de sus 3.500 operarios, a los que quiso
hacer trabajar en turnos de hasta 12 horas diarias, lo que
fue frenado por la lucha sindical.
El precario acuerdo alcanzado entre la empresa y los sindicalistas a
principios del 2009, que se logró bajo la amenaza
proletaria de ocupar todas las minas de Sinchi Wayra/Glencore,
establece que no habrá despidos, ni ampliación de la
jornada laboral ni aumento salarial. Pese a ello, los
herederos de Marc Rich y de Sánchez de Lozada continuaron
con sus intentos de ampliar la explotación de sus
trabajadores de las actuales 8 horas diarias a 10.
Esta misma intención es la que tiene la decena de grandes transnacionales
que operan en Bolivia y que controlan tres cuartas partes de
la producción y exportación minera, que en los últimos
tres años ha sido valorada internamente en 4.405,9 millones
de dólares. En esta explotación transnacional de las
minas, sólo el 5 por ciento de estos ingresos se
transformaron en impuestos y regalías para Bolivia, una
nación con ricos yacimientos de clase mundial de plata,
hierro, oro, litio y gas, pero con un tercio de su población
de 10 millones de habitantes pasando hambre y otro tercio
con apenas lo suficiente para comer y nada más.
Transnacionales mineras tienen un paraíso en
la Bolivia de Evo
Econoticiasbolivia, 13/05/09
En
los tres años del primer gobierno indígena de la América
morena, los grandes consorcios mineros se han apoderado de más
de cuatro mil millones de dólares Ellos obtienen el 95% del
valor bruto de la producción y dejan para el Estado sólo
el 5%. El saqueo minero de Bolivia es igual o mayor al
sufrido en los tiempos del neoliberalismo salvaje
La Paz.– Sin el “provincianismo” de algunas fracciones de la
beligerante burguesía agroindustrial del oriente, que son
visceralmente racistas y que lucran con el tráfico de
tierras y el latifundio e intentan derribar al “indio
presidente”, la poderosa burguesía minera del altiplano,
de la mano de las grandes transnacionales a las que sólo
les interesa el brillo de los metales y el color del dinero,
están haciendo multimillonarios negocios en la Bolivia del
presidente indígena Evo Morales.
En rigor, los grandes consorcios mineros están haciendo con el Presidente
indígena tanto o más fortuna que la que hacían con los
gobiernos neoliberales, incluido el de ex presidente Gonzalo
Sánchez de Lozada, que puso, sin pudor ni control, el
Estado al servicio de la “nueva rosca” que saquea los
recursos naturales y explota la mano de obra barata,
contaminando ríos, esterilizando la tierra y destruyendo el
medio ambiente y la vida.
Los datos oficiales del Ministerio de Minería y Metalurgia, procesados por
Econoticiasbolivia, son por demás elocuentes. En los
primeros tres años del gobierno del presidente Morales, las
grandes transnacionales mineras y sus socios locales han
obtenido tal cantidad de ganancias que únicamente se
igualan en magnitud a las recibidas en 10 años de saqueo
con los gobiernos del neoliberalismo salvaje.
Transnacional
95, Bolivia 5
En el trienio 2006–2008, con el presidente Morales, los acaudalados
consorcios mineros exportaron minerales y metales por un
total de 4.405,9 millones de dólares, pagando al Estado y
las regiones un tributo de apenas 220,0 millones de dólares.
Esto quiere decir que estas transnacionales por cada 100 dólares
que facturaron en el exterior, dejaron sólo 5 dólares en
impuestos y regalías para Bolivia, una nación con ricos
yacimientos de clase mundial de plata, hierro, oro, litio y
gas, pero con un tercio de su población de 10 millones de
habitantes pasando hambre y otro tercio con apenas lo
suficiente para comer y nada más.
Estos últimos tres años de saqueo minero sólo son comparables con los 10
años de la década 1996–2005, en el auge del
neoliberalismo, cuando esta “rosca minera” facturó
4.262,7 millones de dólares, dejando en impuestos y regalías
para Bolivia sólo 107,6 millones de dólares, equivalentes
al 2,5 por ciento.
En términos porcentuales, la información oficial permite establecer que
del 100 por ciento del valor bruto de la producción y de la
exportación, las compañías mineras se quedan con el 95 a
97,5 por ciento, y el restante 5 a 2,5 por ciento va para el
Estado boliviano.
Migajas
para el estado
Esta cruda realidad numérica, sin embargo, para mal de los más pobres,
podría ser mucho peor para Bolivia, según advirtió a
principios del 2008, Luis Alberto Echazú, el ministro de
Minería del presidente Morales. Esta autoridad aseguró,
con cifras en mano, que cada año las compañías mineras
estaban exportando el doble de lo que declaraban en las
aduanas bolivianas.
Con datos de la gestión 2006, el ministro Echazú demostró que el valor de
las ventas declaradas oficialmente por los consorcios
mineros privados al salir de las aduanas bolivianas fue de
1.072 millones de dólares, pero que los reportes de las
aduanas extranjeras a las que llegaban los minerales
bolivianos eran mayores a los 2.000 millones de dólares.
Esta notable diferencia, según el Ministerio de Minería, se explica porque
las transnacionales mineras exportan sin ningún control
minerales en bruto (concentrados mineralizados de alto valor
mezclados con tierra, roca y otros minerales). A ellos les
basta una simple “declaración jurada” y no hay un
laboratorio gubernamental que certifique la cantidad y
calidad de estos minerales y muchos menos el valor real de
esta exportación.
“Declaran (en Bolivia) el mineral de menos valor, cuando sale otro, o bien
declaran plomo, pero hay indio, titanio, que van como
basura; pero separados en el exterior, eso tiene más valor
que lo que declaran”, explicó el ex viceministro de Minería,
Pedro Mariobo.
Por ello, de ser correctas las apreciaciones del ministro Echazú, los
consorcios transnacionales habrían extraído de Bolivia, en
los últimos tres años, una riqueza minera calculada en más
de 8.000 millones de dólares, dejando en tributos para el
Estado apenas 220 millones.
La
nueva “rosca minera”
La explotación de los ricos yacimientos mineralógicos de oro, plata, zinc,
estaño, plomo, antimonio, hierro y otros no metálicos de
Bolivia, están en casi tres cuartas partes bajo el control
de las grandes compañías extranjeras, que operan unas de
forma directa y otras asociadas a las empresas locales,
conformando la denominada “minería mediana”. La otra
cuarta parte de la producción minera es compartida por una
decena de grandes “cooperativas”, que operan en los
hechos bajo los moldes capitalistas, junto a cientos de
pequeñas cooperativas y empresas de la minería chica, además
de las concesiones operadas por la estatal Corporación
Minera de Bolivia – Comibol (mina Huanuni y metalúrgica
de Vinto).
Entre las transnacionales más poderosas que operan en Bolivia están la
estadounidense Coeur d'Alene Mines Corporation, que explota
uno de los reservorios más ricos de plata del mundo como es
San Bartolomé, en las laderas del Cerro Rico de Potosí, y
la japonesa Sumitomo, asociada hasta hace poco con
la norteamericana Apex Silver Mines Limited, que
controla otro rico megayacimiento de plata, plomo y estaño
en San Cristóbal.
Daño
ambiental y corrupción
Estas empresas están ganando a manos llenas al igual que la estadounidense
Newmont Mining Corporation, que absorbió a Battle Mountain
Gold Company y Zealand
Bolivia, y que tiene como socio menor a la boliviana Inti
Raymi. Esta compañía hizo desaparecer cerros enteros y
exprimió los yacimientos de oro de Kori Kollo y La Joya,
degradando el medio ambiente y provocando una severa
contaminación ambiental en las empobrecidas poblaciones de
las Provincias Saucari y Cercado del Departamento de Oruro
por la fuga e infiltración de cianuro, tal como lo
demuestran los estudios de la Universidad Técnica de Oruro.
Otra que tiene un prontuario de acusaciones es la compañía Sinchi Wayra,
filial de la transnacional suiza Glencore Internacional,
forjada por el magnate
petrolero suizo israelí Marc Rich, a quien la revista Time
calificó en el 2001 como “el ejecutivo más corrupto del
planeta”.
Sinchi Wayra/Glencore —que heredó dolosamente en el 2005 las empresas
mineras del ex presidente Gonzalo Sánchez Lozada, cuando
este millonario neoliberal que fue derrocado por una
insurrección popular en octubre del 2003 ya era considerado
como prófugo de la justicia y sus bienes sujetos a embargo
por parte del Estado boliviano como resarcimiento por los daños
económicos y crímenes de lesa humanidad que cometió en el
país—, tiene el control de los ricos yacimientos de zinc,
oro, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, como Bolívar,
Poopó, Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo,
Colquechaquita y la planta concentradora de minerales Don
Diego y la central termoeléctrica de Aroifilia. Allí, pese
a la resistencia de sus obreros, Sinchi Wayra/Glencore
continúa con sus intentos de ampliar la explotación de sus
trabajadores de las actuales 8 horas diarias a 10 y 12
horas.
Abusos
y explotación laboral
Otra que abusa de sus trabajadores es la transnacional canadiense
Panamerican Silver que explota la mina de plata de San
Vicente, en sociedad con la nacional Empresa Minera
Unificada.
Todas las transnacionales que operan en Bolivia han acumulado grandes
fortunas en los últimos tres años como resultado del auge
de precios de los minerales y la política gubernamental de
protección a los empresarios capitalistas, pero ahora,
cuando se presenta una caída relativa en las cotizaciones
de los minerales, las compañías pretenden mantener sus
millonarias ganancias extraordinarias a través de una mayor
explotación laboral.
Por ello, y dependiendo del grado de resistencia y combatividad de los
sindicatos mineros, han comenzado a despedir a trabajadores,
a prolongar la jornada de trabajo a 10 y 12 horas y a
congelar/reducir los salarios.
Nuevos
proyectos
Además de estos grandes consorcios, operan en Bolivia la india Jindal Steel
& Power que tomó el control de El Mutún, el reservorio
de hierro más grande del mundo. Lo propio
acontece con la norteamericana Franklin Mining and
Mill Co que avanza en sus proyectos de
explotación de plata y zinc de los relaves de Rio
Negro, Pulacayo, Potosí, mina La Escala, al igual
que la estadounidense Atlas Preocious Metals que ha
tomado la fundidora de Karachipampa, la mina Mesa de Plata e
Himalaya.
Todas estas empresas están más que satisfechas con el accionar del
gobierno del presidente Morales, según reflejó la agencia
Reuters, a poco de aprobarse la nueva Constitución Política
del Estado que garantiza las inversiones y la propiedad
privada capitalista.
Evo,
una garantía
"Este Gobierno tiene tres años y nosotros hemos podido trabajar y
explorar sin ningún inconveniente. El factor que más
perjudicaría a la industria minera no es ni el político ni
el interno, sino la crisis internacional, y no podemos echar
la culpa al Gobierno si es que las cosas están saliendo
mal", dijo a la agencia internacional Joaquín Merino,
vicepresidente de exploración de la canadiense Apogee
Minerals que trabaja en un proyecto de plata de mediana
envergadura.
"El Gobierno boliviano considera a Pan American un modelo a seguir para
la mayor parte de las firmas mineras", agregó por su
parte Kettina Cordero, encargada de inversiones en Pan
American Silver quien señaló que “la empresa no tiene
ningún problema con el Gobierno”.
Otras que aspiran a realizar muy buenos negocios son la Mitsubishi y la
Sumitomo de Japón, LG de Corea del Sur y Bolloré de
Francia que han puesto sus ojos en la explotación del litio
boliviano. Bolivia posee alrededor del 50 por ciento de los
depósitos mundiales de litio, de alrededor de 5,4 millones
de toneladas.
Todas estas compañías operan en Bolivia con las garantías ofrecidas por
el gobierno de Morales, que recientemente ha
“constitucionalizado” sus derechos y privilegios para
explotar los principales yacimientos mineralógicos del país.
"No es nuestro objetivo ni nacionalizar ni esperar la quiebra de las
empresas privadas para que sea el Estado el que se haga
cargo", aseguró a nombre del gobierno el director de
Minería y Metalurgia, Freddy Beltrán.
Optimismo
y amenaza sindical
Con estas garantías, las compañías extranjeras están “optimistas en
cuanto al futuro”, como dice el vicepresidente de la
Apogee Minerals a la Reuters. Su única preocupación, además
de los vaivenes siempre molestos del mercado internacional
de minerales, es la potencial amenaza que representan los
sectores más radicales del sindicalismo minero, que han
comenzado a enarbolar la bandera de la “toma de minas” y
la “expulsión de las transnacionales” para frenar en
seco el escandaloso saqueo que hacen los grandes pulpos
capitalistas.
Los mayores niveles de explotación laboral y el deterioro en las
condiciones de vida de los trabajadores mineros (despidos,
aumento de la jornada laboral, mayor y más intensa carga de
trabajo y reducción de ingresos) están “radicalizando”
a los sindicatos y los están empujando a enfrentar a los
empresarios, iniciando huelgas, bloqueos carreteros e
incluso tomando temporalmente minas y rehenes, tal como
ocurrió hace poco en San Vicente y otras minas de Sinchi
Wayra/Glencore.
Esta acción directa de los trabajadores responde a sus viejas tradiciones
revolucionarias, como las inscritas en su famosa “Tesis de
Pulacayo” y que es considerada como la “biblia del
movimiento obrero boliviano”.
“Si los patronos se encuentran incapacitados de otorgar a sus esclavos un
pedazo más de pan; si el capitalismo para subsistir se ve
obligado a atacar el salario y las conquistas alcanzadas, si
los capitalistas responden a todo intento reivindicacionista
con la amenaza del cierre de sus instalaciones, no les queda
a los trabajadores más recurso que ocupar las minas y tomar
por su cuenta el manejo de la producción. La ocupación de
las minas por si misma sobrepasa el marco del capitalismo,
puesto que plantea la cuestión de saber quién es el
verdadero dueño de las minas: los capitalistas o los
trabajadores”, dice la Tesis aprobada por los mineros en
1946.
Hace un año, en la ciudad de Oruro, en el XXX Congreso de los trabajadores
mineros de Bolivia, la declaración política impulsaba a la
acción de los proletarios bajo el mismo norte: “imponer
el control social de los trabajadores en todas las empresas
del país, fundamentalmente mineras, como un paso para la
administración directa de los trabajadores”. Sin duda,
toda una amenaza para las poderosas transnacionales mineras
que, por ahora, están seguras que Bolivia es un paraíso.
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