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Mineros reconquistan las ocho horas y mejores salarios
Econoticiasbolivia, 27/05/09
 Victoria
obrera. Temerosa de perder sus millonarias ganancias y sus
ilegales privilegios, la transnacional Glencore se dobla
ante la lucha de los mineros
La Paz.- Cabalgando sobre una gran movilización de masas, los mineros
proletarios de Bolivia han reconquistado la jornada laboral
de ocho horas y han arrancado mejores salarios a la
transnacional Glencore, que explota ilegalmente los ricos
yacimientos de plata, oro y zinc que eran de propiedad del
millonario ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, hoy prófugo
de la justicia.
El preacuerdo, logrado la noche del martes después de dos días de
negociaciones, establece el respeto a la jornada laboral de
ocho horas, la aplicación de los precios de los contratos
vigente en el 2008, que incluye mejores ingresos para los
trabajadores, y el respeto a los derechos laborales,
incluyendo un incremento salarial del 12 por ciento, informó
anoche César Lugo, uno de los dirigentes de la Federación
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.
Este convenio fue refrendado con una carta enviada al Ministerio de Minería
por los ejecutivos de Sinchi Wayra, filial boliviana de la
Glencore.
“Sinchi Wayra S.A. ofrece poner en vigencia las antiguas cartillas de
precios de contrato (vigentes en diciembre de 2008) a partir
de la fecha hasta que la empresa y los sindicatos de
trabajadores dependientes de la empresa, concluyan una nueva
negociación y revisión general de las cartillas de
recursos de contratos”, señala la carta, que también
garantiza la jornada laboral de ocho horas y el respeto a la
Ley General del Trabajo.
Se
dobla la Glencore
Arrinconados por la presión de más de cuatro mil mineros proletarios que
en una semana habían cruzado a pie el altiplano y estaban
ya dos días en La Paz, los funcionarios del gobierno indígena
de Evo Morales y de la sinuosa transnacional Glencore
International, ya habían comenzado a ceder a las demandas
laborales desde el lunes.
La radicalidad que mostraron los mineros de base que hablaban incluso de
“echar a la empresa”, pesaron mucho para que la
transnacional diera marcha atrás en su intento de prolongar
la jornada laboral y reducir los salarios de los obreros,
para no arriesgar sus operaciones en Bolivia y, por ende,
sus millonarias ganancias.
Tras cruzar a pie el altiplano (casi 200 kilómetros), este lunes, los
mineros ingresaron a La Paz y no dejaron dudas sobre sus
intenciones, si es que la compañía Sinchi Wayra, --filial
de la transnacional Glencore Internacional, forjada por el
magnate petrolero suizo israelí Marc Rich, a quien
la revista Time calificó en el 2001 como “el ejecutivo más
corrupto del planeta”--, no daba brazo a torcer.
“¡Fuera Sinchi Wayra! Basta de saqueo y explotación transnacional que
deja socavones vacíos, enfermos, hambre y miseria”, era
la leyenda ilustrativa de uno de los tantos carteles que
agitaban los mineros a su paso por las calles de La Paz y
que era presentado en primera plana por uno de los
principales diarios del país.
Ilegalidad
y explotación
La Glencore/Sinchi Wayra tomó ilegalmente el control
de importantes minas de zinc, oro, plata, plomo y
estaño de Oruro y Potosí, (las minas Bolívar, Poopó,
Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita y la
planta concentradora de minerales Don Diego y la central
termoeléctrica de Aroifilia) de manos de Sánchez de Lozada
en el 2005, dos años después que este ex presidente de
Bolivia fuera derrocado por una insurrección popular y
fugara a los Estados Unidos.
El doloso contrato de transferencia de estas minas se hizo en Estados
Unidos, cuando los bienes y minas de Sánchez de Lozada ya
eran reclamados en los tribunales de justicia de Bolivia
como resarcimiento para las víctimas del genocidio de
octubre del 2003 (67 civiles muertos y más de 400 heridos a
bala).
Allí, en estas minas, la transnacional intentaba aplicar un “plan de
emergencia” para enfrentar la caída en el precio
internacional de minerales sin reducir sus millonarias
ganancias extraordinarias. Para ello presionaba para
aumentar la producción, haciendo trabajar dos a cuatro
horas más a los obreros sin aumentarles el salario. Este
intento por acrecentar la explotación laboral fue derrotado
por la movilización organizada de más de cuatro mil
mineros proletarios, que dejaron, otra vez, una soberbia
lección para todos los trabajadores bolivianos.
La
vanguardia muestra el camino
“Este es un problema nacional. En todo el país, los empresarios privados
se están dando el lujo de vulnerar los derechos de los
trabajadores y las leyes bolivianas”, había asegurado
antes de ingresar a La Paz el principal dirigente de la
Federación de Mineros, Guido Mitma, que caminó al lado de
sus hermanos de clase.
“Esta marcha es para que todas las empresas respeten las ocho horas, no sólo
en las minas privadas. Los empresarios abusan en todos los
sectores, en las fábricas, en las empresas de la
agroindustria. Están abusando de los mineros, están
abusando de los fabriles, están abusando de los
trabajadores en el comercio, en las construcciones, en todo
lado. Esta lucha es para todos. El gobierno tiene que asumir
su responsabilidad y hacer cumplir las leyes laborales”,
decía el minero Mitma, mientras sus compañeros cantaban a
voz en cuello: “venceremos, venceremos / mil cadenas habrá
que romper / venceremos, venceremos / los mineros sabremos
vencer”.
La lucha minera comienza a dar frutos
Econoticiasbolivia, 26/05/09
Arrinconados
por la presión de más de cuatro mil mineros, los
funcionarios del gobierno indígena y de la sinuosa
transnacional Glencore han comenzado a ceder. Los
trabajadores ya reconquistaron la jornada de ocho horas y
ahora van por mejores contratos y aumento salarial
La Paz.- Arrinconados por la presión de más de cuatro mil mineros
proletarios que en una semana han cruzado a pie el altiplano
y ahora están en La Paz, los funcionarios del gobierno indígena
de Evo Morales y de la sinuosa transnacional Glencore
International, que explota irregularmente las minas que
pertenecían al millonario prófugo de la justicia y ex
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, han comenzado a ceder
a las demandas laborales.
En el segundo día de negociaciones con los ministros de Morales y
ejecutivos de la transnacional, los mineros bolivianos parecían
consolidar sus posiciones en torno a la jornada laboral de
ocho horas, el precio de los contratos de producción y el
aumento general de salarios.
Hasta ayer, la transnacional, aprovechando la extrema pasividad del Gobierno
de Morales, intentaba imponer una jornada laboral de 10
horas, quería reducir el precio de los contratos y se
negaba a otorgar un incremento salarial del 12 por ciento.
Pero, ahora, ante la radicalidad que muestran los mineros de
base que hablan incluso de “echar a la empresa”, parecen
dar marchas atrás, para no arriesgar sus operaciones en
Bolivia y, por ende, sus millonarias ganancias.
Este lunes, los mineros han ingresado a La Paz y no han dejado dudas sobre
sus intenciones, si es que la compañía Sinchi Wayra,
--filial de la transnacional Glencore Internacional, forjada
por el magnate petrolero suizo israelí Marc Rich, a quien la
revista Time calificó en el 2001 como “el ejecutivo más
corrupto del planeta”--, no daba brazo a torcer.
“¡Fuera Sinchi Wayra! Basta de saqueo y explotación transnacional que
deja socavones vacíos, enfermos, hambre y miseria”, era
la leyenda ilustrativa de uno de los tantos carteles que
agitaban los mineros a su paso por las calles de La Paz y
que era presentado en primera plana por uno de los
principales diarios del país. Este martes, en su segundo día
en la ciudad, los cuatro mil mineros se han llamado a
descanso por 24 horas para reponer fuerzas tras la caminata
de casi 200 kilómetros y han dejado que sus dirigentes
discutan y negocien con el Gobierno y la empresa. Este miércoles
ya han programado volver a las calles y a la dinamita, si no
hay un acuerdo que les sea satisfactorio.
Se
impone la jornada de 8 horas
Aparentemente, la amenaza sindical ha comenzado a surtir efecto. Por lo
visto y escuchado en el inicio de la reunión de este
martes, la Glencore virtualmente ya habría desistido de
aplicar una jornada laboral de 10 horas, dada la dura
resistencia encontrada en los sindicatos y la amenaza
latente de nuevas y agresivas movilizaciones en La Paz de
los más de cuatro mil mineros que han llegado desde Potosí
y Oruro para defender sus derechos.
Uno de los dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, César
Lugo, muy vinculado con el sector patronal, dijo que la
empresa ya accedió “por presión” a respetar las ocho
horas laborales que establece la Ley General del Trabajo y
no aumentar a 10 horas.
Ilegalidad
y explotación
La Glencore/Sinchi Wayra tomó ilegalmente el control
de importantes minas de zinc, oro, plata, plomo y
estaño de Oruro y Potosí, (las minas Bolívar, Poopó,
Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita y la
planta concentradora de minerales Don Diego y la central
termoeléctrica de Aroifilia) de manos de Sánchez de Lozada
en el 2005, dos años después que este ex presidente de
Bolivia fuera derrocado por una insurrección popular y
fugara a los Estados Unidos.
El doloso contrato de transferencia de estas minas se hizo en Estados
Unidos, cuando los bienes y minas de Sánchez de Lozada ya
eran reclamados en los tribunales de justicia de Bolivia
como resarcimiento para las víctimas del genocidio de
octubre del 2003 (67 civiles muertos y más de 400 heridos a
bala).
Allí, en estas minas, la transnacional intentaba aplicar un “plan de
emergencia” para enfrentar la caída en el precio
internacional de minerales sin reducir sus millonarias
ganancias extraordinarias. Para ello presionaba para
aumentar la producción, haciendo trabajar dos a cuatro
horas más a los obreros sin aumentarles el salario.
Este extremo ya fue rechazado por los sindicatos y, tras la movilización,
los funcionarios gubernamentales advirtieron de su
ilegalidad. En este marco, el ministro de Trabajo, Calixto
Chipana, aseguró que aplicará drásticas sanciones contra
la transnacional si incumple su compromiso y continúa
burlando la Ley General del Trabajo, que establece el límite
de la jornada laboral en ocho horas.
No más
recortes de ingresos laborales
En el tema de los contratos, la transnacional también comenzó a aceptar la
idea de los trabajadores de volver, por lo menos
parcialmente, a los precios de los contratos de producción
que estaban vigentes antes de la caída de la cotización
internacional de los minerales. En los últimos meses, la
compañía ha reducido los precios de los contratos e
intentaba disminuirlos aún más, con lo que los
trabajadores ya han perdido hasta un 65 por ciento de sus
ingresos, explicó Lugo.
Ahora, aunque el tema aún era debatido en la tarde de este martes entre los
empresarios y los sindicalistas, la Glencore/Sinchi Wayra ha
dejado de lado su inicial negativa y dijo que está
considerando reponer, en alguna medida, los contratos que
estaban vigentes antes de la caída de las cotizaciones de
los minerales, con lo que se recuperaría el ingreso laboral
minero.
Aumento
salarial, aún en duda
En el tema del aumento salarial, que los mineros habían renunciado a
principios del año para evitar los despidos, pero que ahora
con la movilización ha vuelto a convertirse en una demanda
laboral, la empresa aún evalúa su impacto en las finanzas
corporativas, explicó Felipe Hartmann, representante de la
transnacional.
Los sindicalistas se amparan en un decreto del presidente Morales y en la
propia Ley General del Trabajo que establece que, bajo ningún
motivo, los trabajadores pueden renunciar a sus derechos.
Ahora, con la movilización y la acción directa de masas,
creen que están en condiciones de imponer esta demanda a la
transnacional que ha ganado a manos llenas en los últimos
tres años, pagando salarios de hambre a los trabajadores y
entregando migajas en tributos al Estado.
En el trienio 2006-2008, la producción y exportación minera, controlada en
tres cuartas partes por las grandes transnacionales, ha
dejado para el Estado boliviano un ingreso de apenas 220
millones de dólares en impuestos y regalías, según los
datos oficiales procesados por Econoticiasbolivia. En este
periodo, la facturación declarada por las empresas mineras
fue de más de 4.000 millones de dólares, que es, según el
ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, sólo la mitad
de lo que realmente se llevan los empresarios.
Participación
indígena
Otro tema que está en discusión, entre los sindicalistas mineros y los
funcionarios del Gobierno es el referido a las decisiones de
las comunidades indígenas y campesinas que han entorpecido
y, en algunos casos, impedido las operaciones mineras. Lo
que quieren los trabajadores es estabilidad laboral en esas
pequeñas explotaciones mineras, que son periódicamente
amenazadas por los lugareños, por lo que el Gobierno ha
propuesto elaborar unas directrices ministeriales orientadas
a preservar la explotación privada de las minas en consulta
con las comunidades indígenas.
Este tema ha cobrado mayor notoriedad en las últimas horas, al influjo de
una fuerte campaña mediática de los grandes medios de
comunicación y de las empresas mineras que intentan
transformar la lucha de los trabajadores contra las
transnacionales por la defensa de los derechos laborales en
otra que sea en defensa de la actividad empresarial privada
ante los “avasallamientos” de campesinos e indígenas
que rechazan la actividad minera.
Hace dos semanas, las comunidades indígenas quechuas del sur de Bolivia habían
conminado a la transnacional canadiense Vista Gold
Corporation para que abandone la zona y olvide sus intentos
de hacerse de una gran fortuna con la explotación de oro de
la mina Amayapampa. Los comunarios echaron a la
transnacional canadiense, que intentaba operar la concesión
aurífera empleando a casi 250 trabajadores, en el
convencimiento de que la explotación capitalista de las
minas sólo deja socavones vacíos, contaminación ambiental
y tierras y ríos envenados con mercurio. Hoy, cerca de un
centenar de esos trabajadores de Amayapampa están en la
movilización de los proletarios mineros.
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