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La aritmética petrolera de Evo Morales
Econoticiasbolivia, 24/06/09
Enron–Ashmore–Shell, sin invertir ni un centavo,
tomaron la red de ductos de Bolivia y lucraron con ella por
12 años. Evo les "nacionalizó", comprando
"sus acciones" en $us 241 millones y asumiendo sus
deudas por más de $us 400 millones. Hoy, exprimida, la
empresa nacionalizada busca un crédito de $us 1.000
millones para seguir operando
La Paz.– La "nacionalizada" compañía estatal
de transporte de hidrocarburos de Bolivia está pagando una
onerosa factura al haber otorgado millonarias concesiones al
consorcio Enron–Ashmore–Shell, que la exprimió por más
de una década y la dejó con deudas millonarias. Hoy, casi
todas las ganancias de la empresa se destinan al pago de las
obligaciones de las petroleras extranjeras y ya no hay
dinero para nuevas inversiones de mil millones de dólares
que se precisan con urgencia.
El flamante presidente de la estatal YPFB – Transportes,
Cyro Camacho, aseguró que se necesita con urgencia mil
millones de dólares para ampliar la red de ductos.
El funcionario dijo que la empresa no cuenta con esos
recursos por lo que se ve obligada a recurrir al crédito
externo, acrecentando la deuda que tiene con entidades como
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación
Andina de Fomento (CAF).
Camacho le dijo al matutino El Deber que los mil millones
de dólares son imprescindibles para ejecutar proyectos de
ampliación de la red de ductos, que permitirán exportar
mayor volumen de gas natural hacia Argentina y la expansión
de toda la red de ductos en el país.
Por ahora, los recursos de la empresa están destinados a
cubrir los millonarios costos que demandó la compra forzosa
de acciones que estaban en manos del consorcio Enron–Ashmore–Shell,
así como las abultadas obligaciones financieras,
tributarias y ambientales que las petroleras dejaron
impagas.
Desde septiembre del 2008, la empresa estatal está
pagando en efectivo 241 millones de dólares a Enron–Ashmore–Shell
por la transferencia de acciones y está empezando a cubrir
parte del capital e intereses de la deuda de 286 millones de
dólares que las petroleras contrataron con el BID y la CAF.
La estatal petrolera también está comenzando a honrar
los tributos omitidos por las petroleras y que alcanzan a 34
millones de dólares y tiene que hacer frente, además, a
las obligaciones derivadas del derrame petrolero del 2000 en
el río Desaguadero que, según el ex presidente de la
estatal, Gildo Angulo, demandaría otros 100 millones de dólares.
Por ello, y aunque tiene un envidiable flujo de caja con
altos ingresos, las ganancias de la estatal de YPFB –
Transportes se destinan al pago de deudas y ya no hay dinero
suficiente para encarar las nuevas obras.
Según dijo Camacho, las obligaciones heredadas por el
consorcio Enron–Ashmore–Shell y que ahora deben ser
solventadas por el Estado boliviano superan los 400 millones
de dólares.
La magnitud de estas millonarias concesiones otorgadas al
consorcio Enron–Ashmore–Shell, ––que sin invertir ni
un centavo se había apoderado en los años 90 del lucrativo
monopolio del transporte interno y de exportación de
hidrocarburos de Bolivia––, fue ocultada hasta ahora por
el gobierno del presidente Evo Morales
y sólo salió a la luz por las denuncias formuladas
por el ex presidente de YPFB – Transportes, Gildo Angulo,
y que por ello perdió el cargo que ahora ejerce Camacho.
En los años 90, con la complicidad de los gobiernos
neoliberales, la Enron, a cambio de dar
"asesoramiento", pero nada de dólares, logró
tomar el 40% por ciento del gasoducto Bolivia–Brasil.
Luego, en 1996, junto a la Shell, tomó la propiedad de toda
la red de casi 6.000 kilómetros de ductos de Bolivia a la
sola promesa de invertir algo más de 200 millones de dólares,
aunque otra vez sin poner realmente ni un centavo.
Lucrando desde entonces con la red de gasoductos
bolivianos y obteniendo millonarios créditos del BID y la
CAF, el consorcio sacó las correas del mismo cuero y cumplió
con sus inversiones, apresurándose a repartir millonarias
utilidades entre sus accionistas y dejando en el piadoso
olvido el pago de estas deudas financieras y los impuestos y
tributos para el Estado.
A principios de la década, el ex delegado presidencial
Juan Carlos Virreira cuantificó en 120 millones de dólares
el daño inferido por la Enron al Estado boliviano, a lo que
se sumaron otras denuncias por contrabando de hidrocarburos,
evasión de tributos, falta de inversiones y conspiración
política. Pese a ello, el juicio contra la Enron, iniciado
por Virreira, fue dejado de lado por los gobiernos de la época,
incluido el actual, al igual que las demandas de expropiación
y nacionalización de las petroleras sin pagarles ninguna
indemnización.
Por el contrario, el gobierno de Morales procedió a
legalizar y renegociar la mayor parte de los
inconstitucionales contratos petroleros, procediendo en
otros casos, como fue con Transredes (Enron–Ashmore–Shell),
a la compra forzada de acciones, pagando millonarias sumas
como indemnización a las compañías petroleras tras
intensos procesos de negociaciones.
Bolivia aún vive con la pesadilla de la Enron
Econoticiasbolivia, 23/06/09
El gobierno de Morales ocultó las millonarias concesiones
a las petroleras que, sin invertir ni un centavo, se habían
apoderado de todo el sistema de distribución de
hidrocarburos de Bolivia. El Estado paga en efectivo a la
Enron–Ashmore–Shell 241 millones de dólares y asume sus
deudas y pasivos por otros 350 millones de dólares
La Paz.– El escandaloso fraude del consorcio Enron–Ashmore–Shell,
––que sin invertir ni un centavo se había apoderado en
los años 90 del lucrativo monopolio del transporte interno
y de exportación de hidrocarburos de Bolivia––, sumó
un nuevo capítulo este junio del 2009 cuando el gobierno
del presidente Evo Morales dio a conocer que hace 10 meses
atrás ya les había perdonado sus crímenes ambientales,
asumido su pesada carga tributaria y sus millonarias deudas
financieras, además de pagarles en efectivo otra millonaria
suma, todo ello para comprarles las acciones que estas
transnacionales tenían en la empresa Transredes.
Acosado por las denuncias, el presidente de la estatal
petrolera YPFB, Carlos Villegas, reveló este jueves que el
gobierno de Morales estaba pagando desde octubre del 2008 la
deuda de 286 millones de dólares que el consorcio petrolero
tenía con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la
Corporación Andina de Fomento y que también estaba
asumiendo el pago de otros 34 millones de dólares que la
transnacional adeudaba por tributos e impuestos, así como
los millonarios gastos demandados para remediar el daño
ambiental provocado por un gran derrame de petróleo en el
2000.
Todos estos pagos, que exceden los 350 millones de dólares
debían ser realizados por las petroleras privadas que
manejaban Transredes (Enron–Ashmore–Shell) y no por el
Estado boliviano, según el decreto 29586 del presidente
Morales, que en junio del 2008 establecía la
"nacionalización" o compra forzosa de acciones de
la empresa transportadora. Este Decreto señalaba que el
pago compensatorio otorgado a las petroleras sería de 48 dólares
por acción (241 millones de dólares, en total), monto del
que, sin embargo, se debería deducir antes los pasivos
(deudas financieras, tributos no pagados y daños
ambientales).
Por ello, de haberse aplicado puntualmente este Decreto de
Morales, las petroleras no deberían haber recibido ningún
pago por la compra–venta de la empresa Transredes, ya que
el valor de sus acciones sólo sumaría 241 millones de dólares,
mientras que sus deudas y obligaciones superaban los 350
millones de dólares.
Sin embargo, pese a la aritmética y a las leyes, ocurrió
todo lo contrario, a espaldas de la población. El gobierno
boliviano selló nuevos compromisos en septiembre y octubre
del 2008 con las petroleras, a las que les pagó en efectivo
241 millones de dólares, liberándoles de toda obligación
y deuda, por lo que el pasivo de más de 350 millones de dólares
se cargó al Estado boliviano.
El pago de los 241 millones de dólares a favor de Enron–Ashmore–Shell
fue hecho público en septiembre y octubre de 2008, pero no
el monto de los millonarios pasivos (más de 350 millones de
dólares) que se mantuvo en secreto hasta la pasada semana,
que recién se dio a conocer tras que el presidente del
directorio de Transredes, Gildo Angulo, denunciara públicamente
el caso, y por ello fuera inmediatamente destituido del
cargo.
Angulo cuestionó el millonario costo que será cubierto
por el Estado (casi 600 millones de dólares) y dijo que
esta situación fue manejada con alto sigilo, ya que ni
siquiera el nuevo Directorio de Transredes, nombrado por el
gobierno de Morales, conocía de ello.
Frente a ello, el presidente de la petrolera estatal,
Carlos Villegas, explicó que estas concesiones se
realizaron para impedir que las petroleras acudan a un
arbitraje internacional.
Una historia de piratas
La historia reciente de los fraudes y latrocinios de la
Enron en Bolivia arrancó en la década de los 90, en pleno
apogeo del neoliberalismo, cuando las riquezas naturales del
país altiplánico eran entregadas sin pudor ni vergüenza a
las transnacionales que eran símbolo de la corrupción
empresarial a nivel mundial. El 8 de diciembre de 1994, el
primer vicepresidente indígena de Bolivia, el aymara Víctor
Hugo Cárdenas, firmaba el Decreto Supremo 23908 que avalaba
y convertía en ley un contrato entre el gobierno neoliberal
y la Enron que sería rubricado un día después en Miami
entre el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y
los directivos de la petrolera. El Decreto y el contrato
eran ilegales e inconstitucionales, ya que no fueron
refrendados por el Congreso boliviano, pero igual entraron
en vigencia porque permitía que la Enron, a cambio de
"asesoramiento" y sin poner ni un centavo, tome el
control del gasoducto entre Bolivia y Brasil.
Ya en Bolivia, la Enron, junto a la Shell, a fines de 1996
se apoderó, otra vez sin invertir ni un centavo, de toda la
red de más de 6.000 kilómetros de ductos de petróleo y de
gas que atraviesan siete de los nueve departamentos de
Bolivia, logrando el monopolio de la distribución interna y
de exportación de hidrocarburos. Para ello bastó que la
Enron y la Shell prometieran a los gobernantes neoliberales,
con los que se habían asociado en Miami, invertir en el
desarrollo de ductos algo más de 200 millones de dólares.
Lucrando desde entonces con la red de gasoductos
bolivianos y obteniendo millonarios créditos del Banco
Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de
Fomento, el consorcio sacó las correas del mismo cuero y
cumplió con sus inversiones, apresurándose a repartir
millonarias utilidades entre sus accionistas y dejando en el
piadoso olvido el pago de estas deudas financieras y los
impuestos y tributos para el Estado.
Años después, en el 2006, y en plena bancarrota a nivel
mundial, la Enron transfirió sus acciones a la británica
Ashmore, compartiendo la mitad de las acciones con la Shell.
Esta acción le permitió, además, diluir la acción de los
sectores sociales que desde el levantamiento popular del
2003, que derrocó a los neoliberales que habían firmado
los leoninos contratos con las petroleras en Miami, habían
identificado a la Enron como el símbolo del latrocinio
neoliberal, por lo que buscaban enjuiciarla, hacerla pagar
por los daños cometidos en Bolivia y luego echarla del país.
A principios de la década, el ex delegado presidencial
Juan Carlos Virreira cuantificó en 120 millones de dólares
el daño inferido por la Enron al Estado boliviano, a lo que
se sumaron otras denuncias por contrabando de hidrocarburos,
evasión de tributos, falta de inversiones y conspiración
política. Pese a ello, el juicio contra la Enron, iniciado
por Virreira, fue dejado de lado por los gobiernos de la época,
incluido el actual, al igual que las demandas de expropiación
y nacionalización de las petroleras sin pagarles ninguna
indemnización.
Por el contrario, el gobierno de Morales procedió a
legalizar y renegociar la mayor parte de los ilegales
contratos petroleros, procediendo en otros casos, como fue
con Transredes (Enron–Ashmore–Shell), a la compra
forzada de acciones, pagando millonarias sumas como
indemnización a las compañías petroleras tras intensos
procesos de negociaciones.
Salida amistosa
Así, el 17 de septiembre de 2008, el gobierno boliviano
acordó pagar en efectivo 120,5 millones de dólares a la
holandesa Shell a cambio de sus acciones en Transredes. En
esa ocasión, el Presidente Morales ponderó el proceso de
"negociación amistosa con las empresas que operan en
Bolivia" y destacó una vez más que el país precisa
socios y no patrones para poder explotar sus riquezas
naturales.
El Ministro de Hidrocarburos y Energía, Saúl Ávalos
Cortez, destacó que el espíritu de Bolivia no era
confrontar ni expropiar sino dialogar para establecer
acuerdos conforme a normas nacionales e internacionales.
"Los bolivianos somos muy respetuosos de los
capitales", dijo Ávalos, según los reportes de prensa
del Ministerio de Hidrocarburos.
Lo propio aconteció un mes después, el 17 de octubre de
2008, cuando se hizo público el acuerdo por el que el
Estado boliviano pagaba otros 120,5 millones de dólares a
la británica Ashmore, heredera de la Enron
"Nos sentamos todos en la mesa de negociaciones. El
resultado: el convenio que se firma, uno exactamente similar
al de la empresa Shell, es decir, 48 dólares por acción,
monto que los bolivianos consideramos justo y que la empresa
ha considerado también justo para aceptar esta transacción",
dijo en la ocasión el ministro responsable de la Defensa
Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce.
Palabras al viento
En dicha ocasión, como reflejó el matutino La Razón, el
vicepresidente Álvaro García Linera llegó a decir: "Transredes
desde su inicio estuvo marcada por irregularidades. No se
crea que nos hemos olvidado de esas oscuras reuniones del ex
presidente Sánchez de Lozada con los representantes de
Enron y el regalo de acciones y recursos del Estado".
Otro que criticó a las petroleras fue el presidente
Morales, que las acusó de conspirar contra su gobierno.
"He aguantado desde el 2006. Tenía mucha información
que esta empresa (Enron–Ashmore–Shell) estaba
permanentemente conspirando contra el Gobierno nacional y la
democracia, pero eso terminó, y que sepan las otras
empresas que vengan a trabajar, que vengan a invertir, es su
obligación trabajar y también recuperar su inversión,
tienen derecho a las utilidades, eso está
garantizado", dijo.
El gobernante recordó, además, el daño que produjo
Transredes al río Desaguadero después del derrame de 29
mil barriles de petróleo y afirmó que los efectos
ambientales son irreversibles.
"Si quisiéramos revisar los daños que hizo
Transredes en el río Desaguadero, daños irreversibles que
jamás con dinero o cualquier recompensación se puede
recuperar, a ellos más les interesa las ganancias y no les
interesa el medio ambiente, la vivencia de los seres
humanos, de plantas, de seres humanos. Si queremos revisar
con seguridad veremos que estas empresas
le hicieron mucho daño en el tema del medio
ambiente; pero lo peor y no tengo por qué callar, no es
posible que algunas empresas transnacionales, empresas
extranjeras vengan acá hacer actividades políticas. No
aceptamos autoridades o gerentes, o empresas que venga a
conspirar contra la democracia o contra el Gobierno
nacional", agregó.
La cruda realidad
Pero, más allá de los discursos, la realidad financiera
que ahora afronta la empresa estatal del petróleo que se
hizo cargo de Transredes es la de pagar más de 350 millones
de dólares en impuestos, deudas y mitigación ambiental.
"En la actualidad YPFB Transportes tiene una deuda de
286 millones de dólares, que son créditos que provienen de
la Corporación Andina de Fomento, del Banco Interamericano
de Desarrollo, los tenedores de bonos y la banca
local", explicó Carlos Villegas, presidente de la
estatal petrolera.
Villegas informó que la nacionalizada transportadora de
hidrocarburos tiene previsto pagar este año 55 millones de
dólares de su deuda y 25 millones de dólares en intereses.
La empresa estatal también hace planes para pagar los
millonarios tributos omitidos por Transredes y para afrontar
los daños ambientales ocasionados por el derrame petrolero
del 2000 y que son el nefasto saldo del paso de las
petroleras por Bolivia, que aún vive la pesadilla de la
Enron.
Derrame petrolero
Esta transnacional fue la responsable del derrame de
29.000 barriles de petróleo crudo en el cauce del río
Desaguadero, en el altiplano boliviano, ocasionado el 20 de
enero del 2000 por la ruptura de un oleoducto.
Durante los siguientes días, el petróleo fue arrastrado
río abajo por cerca de 200 kilómetros, contaminando la
principal fuente de agua y de irrigación de 7.000
pobladores de unas 120 aldeas indígenas asentadas a orillas
del Desaguadero.
Los daños fueron enormes y de magnitud. Durante 11 meses,
más de 3.000 pobladores de la región, contratados por las
petroleras, recogieron en bolsas el petróleo derramado en
las orillas del río y limpiaron gran parte de los
pastizales, marcando las zonas donde los daños fueron
mayores y casi irreversibles.
A los comunarios, según la versión de las petroleras, se
les entregó diversos tipos de compensación para el corto y
mediano plazo, quedando en el tintero los programas de largo
aliento que permitan mitigar y anular los efectos de la
contaminación en el largo plazo.
Un estudio de Norma Mollo, especialista de la Liga de
Defensa del Medio Ambiente, permitió establecer que el
derrame afectó a aproximadamente un millón de hectáreas
correspondientes a comunidades de los departamentos de La
Paz y Oruro, con daños consecuentes a toda la fauna y flora
existente en la región.
"Además del daño ambiental provocado, este
incidente ha influido también en la estructura social de
las comunidades. Diversos conflictos se han desatado entre
comunidades y familias, conflictos que no han sido resueltos
hasta la fecha y que quedan como secuelas silenciosas de ese
suceso".
El informe señala que Transredes aún tiene temas
pendientes con comunidades del departamento de Oruro por el
derrame del 2000. Estos temas pendientes y que hasta ahora
no encuentran respuesta se resumen en los siguientes:
• La autoridad ambiental de entonces, el Viceministerio
de Recursos Naturales y Medio Ambiente, había aplicado una
multa equivalente a la suma de 1,9 millones de dólares por
haber infringido la Ley de Medio Ambiente.A esa sanción se
sumó otra multa de alrededor de 100 mil dólares por no
haber tramitado la licencia ambiental respectiva para el depósito
de los suelos impregnados con petróleo.
• La empresa que realizó la Auditoría Ambiental había
efectuado una serie de recomendaciones, una de las cuales
resalta la sugerencia de realizar un monitoreo a la salud
humana, lo que debería efectivizarse en las personas que
estuvieron expuestas al impacto del derrame. Se sugirió,
también, la implementación de programas de atención a la
salud de los animales, así como el monitoreo al agua, suelo
y bentos en la cuenca del Desaguadero. Aspectos, todos
estos, que no fueron atendidos.
• Finalmente, habrá que mencionar que los comunarios no
fueron tomados en cuenta en la Auditoría Ambiental. Específicamente
fueron soslayados los pobladores de Kochi Piacala (Municipio
de El Choro) y la comunidad de Iroco, pese a estar asentada
en la misma cuenca. Los primeros, inclusive, en varias
oportunidades realizaron marchas y otras medidas presión
para ser atendidos.
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