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Indígenas
defienden la Amazonía y
enojan a Evo Morales
Econoticiasbolivia,
13/07/09
Pueblos
originarios y comunidades campesinas conminan a frenar las
operaciones mineras y petroleras que no cuentan con su
expreso consentimiento y que destruyen el medio ambiente. El
Presidente cuestiona a los líderes de la protesta y dice
que están manipulados por las ONGs ambientalistas.
La Paz.–
La decisión de las organizaciones indígenas y campesinas
de Bolivia para impedir que se emprendan nuevas operaciones
petroleras y mineras en sus territorios, en la Amazonía,
los valles y el Altiplano, sin su expreso consentimiento y
previa consulta, han enojado al presidente Evo Morales.
Reunidos en
La Paz el 7 y 8 de julio, los representantes de los pueblos
indígenas originarios y campesinos de Bolivia habían
exigido al gobernante, indígena como ellos, que consulte y
respete la decisión de los pueblos sobre las actividades
mineras e hidrocarburíferas en sus comunidades.
Los indígenas
conminaron a Morales a detener los trabajos petroleros que
se han iniciado en la Amazonía y otros emprendimientos
mineros que se realizan en el Altiplano atentando contra el
medio ambiente, la salud y la vida de las comunidades.
“Exigimos
respeto a la Pachamama y lugares sagrados, la conservación
de la biodiversidad, agua, suelo, lagos, ríos y otros
recursos naturales en todo el territorio nacional,
especialmente en áreas protegidas, territorios indígenas
originarios y campesinos, restringiendo el desarrollo de
actividades hidrocarburíferas y mineras, y de acuerdo a los
usos y conocimientos tradicionales”, advirtieron los
originarios.
Los
representantes indígenas y campesinos retaron a los
gobernantes, además, a debatir sobre un nuevo modelo de
desarrollo sostenible y a definir una justa distribución de
las riquezas generadas por la explotación del gas y los
minerales.
Todo ello,
molestó al presidente Morales, quien este viernes acusó a
las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) defensoras del
medio ambiente de estar “manipulando” y
“confundiendo” con intereses políticos a los líderes
indígenas.
"No
solamente (hay) una oposición que son los neoliberales,
sino también alguna oposición de algunas ONGs que van
desorientando al pueblo boliviano (…) Algunas ONGs decían
“Amazonía sin petróleo (...) eso quiere decir que no
haya gas ni petróleo para los bolivianos. Entonces ¿de qué
Bolivia va a vivir si algunas ONGs dicen Amazonía sin petróleo?",
cuestionó Morales.
"Algunas
ONGs usan a algunos dirigentes sindicales o al movimiento
indígena para oponerse y se oponen y no nos facilitan las
licencias ambientales para que haya más pozos y más petróleo;
por supuesto, cuidando el medio ambiente. Es nuestra
obligación", advirtió el Presidente.
Contaminación
minera
En el
pasado reciente, las comunidades campesinas e indígenas han
ocupado varias minas de empresarios locales y extranjeros,
para frenar las operaciones de extracción de minerales a
fin de defender su territorio y su modo de vida.
Así, a
principios de mayo, y convencidos de que la explotación
capitalista de las minas sólo deja socavones vacíos,
contaminación ambiental y tierras y ríos envenados con
mercurio, las comunidades indígenas quechuas del sur de
Bolivia conminaron a la transnacional canadiense Vista Gold
Corporation para que abandone la zona y olvide sus intentos
de hacerse de una gran fortuna con la explotación de oro de
la mina Amayapampa.
En aquella
ocasión, el ministro de Minería, Luis Alberto Echazú
reconoció que ni la empresa canadiense ni el gobierno del
presidente indígena Evo Morales habían podido convencer
hasta ahora a los comunarios para que acepten las
operaciones mineras.
Entre los
indígenas y campesinos hay el convencimiento de que las
operaciones mineras destruyen a la “madre tierra” y sólo
enriquecen a las compañías privadas que se llevan al
exterior los minerales y las millonarias ganancias, dejando
en la zona de explotación sólo desolación, pobreza,
contaminación y muerte.
Vista Gold
Corporation es una más de la decena de grandes
transnacionales que hasta ahora operan con gran éxito en
Bolivia. En los tres años del primer gobierno indígena de
la América morena (2006–2008), estos grandes consorcios
mineros virtualmente han continuado saqueando la ingente
riqueza minera de Bolivia y se han apoderado de más de
cuatro mil millones de dólares. Ellos obtienen el 95% del
valor bruto de la producción y de las exportaciones,
dejando para el Estado sólo el 5% en impuestos y regalías,
(ver: Indígenas expulsan a transnacional Vista Gold).
Saqueo
petrolero
En el ámbito
petrolero, las comunidades indígenas también han rechazado
la incursión de las petroleras en la Amazonía. El ingreso
de la norteamericana Geokinetics, para ejecutar labores sísmicas
de exploración petrolera en la Amazonía Sur de Bolivia, ha
comenzado a afectar el territorio y a las comunidades del
pueblo indígena Mosetén y Leco–Larecaja, y hay amenazas
para los pueblos Chimán, Quechua–Tacana, Tacana, Ese Ejja,
Toromona y Leco–Apolo, así como a colonias campesinas
instaladas en el área y a poblaciones ribereñas como
Rurrenabaque y San Buenaventura.
Dirigentes
indígenas y activistas ambientalistas han denunciado que en
la zona ya se han instalado dos grandes campamentos, hay
apertura de caminos de penetración, vuelos de helicópteros
diarios e incesantes, lo mismo que las detonaciones, la
parte más dramática del trabajo exploratorio, y con ello,
la destrucción irreversible del medio ambiente, de los ríos
y los bosques, de la flora y de la fauna, de la cual
dependen las comunidades indígenas para la sobrevivencia de
su modo de vida y su cultura (ver: ¿A qué juega Evo
Morales en la Amazonía?). Todo ello se lleva adelante con
anuencia gubernamental, pero sin aval indígena ni
campesino, por lo que las protestas ya se han hecho sentir,
mucho más cuando los funcionarios gubernamentales del
Ministerio de Hidrocarburos han amenazado con enviar tropas
militares y al Ejército para romper la resistencia indígena.
Manifiesto
indígena
En la reunión
en La Paz, los líderes de las organizaciones indígenas y
campesinas, ––que en su generalidad apoyan en casi todos
los temas públicos al presidente Morales, pero que no
comparten con la política gubernamental de desarrollar las
operaciones mineras y petroleras a expensas del medio
ambiente y los pueblos originarios––, conformaron la
“Comisión Nacional de Secretarios de Recursos Naturales
de las naciones y pueblos indígenas originarios y
campesinos de Bolivia”, con la participación de las
siguientes organizaciones: Consejo Nacional de Ayllus y
Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la
Confederación Sindical de Mujeres Indígenas Originarias
Campesinas–“Bartolina Sisa” (CSMIOC – “BS”), la
Confederación Indígenas de Bolivia (CIDOB), Movimiento Sin
Tierra de Bolivia (MST–B) y el Pueblo Afroboliviano.
Todos ellos
lanzaron el siguiente manifiesto para defender la vida y la
naturaleza frente a la salvaje explotación petrolera y
minera que realizan las grandes transnacionales que operan
en Bolivia, algunas en sociedad con las empresas estatales y
otras ligadas a empresarios locales.
Resoluciones
del Encuentro:
• Las
organizaciones Indígenas Originarias y Campesinas del país,
CONAMAQ y sus Suyus, CSUTCB, CSMIOC–BS, CIDOB (OICH,
CPILAP, COPNAG y APG), MST – B, el Pueblo Afroboliviano,
representantes nacionales y regionales de las naciones y
pueblos indígenas originarios y campesinos, reunidos en la
ciudad de La Paz, los días 7 y 8 de julio, en el Encuentro
Nacional Ampliado de Secretarios de Recursos Naturales.
• Amparados
en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de
la OIT, Ley del Estado Nº 1257, la Declaración de los
Derechos de los Pueblos Indígenas de ONU, Ley del Estado Nº
3760.
• Ante
los inminentes conflictos socioambientales por el desarrollo
de actividades extractivas existentes en nuestros
territorios, mismos que violan nuestros derechos colectivos
reconocidos en la Constitución Política del Estado, Leyes
y Tratados Internacionales.
• Nosotros
como afectados de los impactos negativos a los sistemas económicos,
sociales, culturales y ambientales, que se producen por la
extracción de los recursos hidrocarburíferos y mineros en
nuestros territorios, sin que los mismos tengan solución
por parte del Gobierno y sus Ministerios.
• Conocedores
que a la fecha el Órgano Ejecutivo desarrolla la elaboración
de normas en relación a la industria minera e hidrocarburífera,
normas que afectan a nuestros derechos como Pueblos Indígenas
Originarios y Campesinos, construidas sin participación de
los mismos y omitiendo lo establecido en la Constitución
Política del Estado.
• Que
los conflictos suscitados por la extracción de los recursos
naturales, entre las organizaciones indígenas originarias
campesinas con empresas privadas/públicas y el Gobierno,
por el desarrollo de actividades extractivas en
hidrocarburos y minería, se originan por no dar
cumplimiento a la Consulta y Participación previa, libre,
informada y obligatoria.
• Que
el Ministerio de Hidrocarburos no ha estado aplicando el
proceso señalado en el Reglamento de Consulta y Participación
a Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas
para actividades hidrocarburíferas, afectando a las
instancias de representación de las naciones y pueblos indígenas
originarios y dividiendo a sus organizaciones, con el fin de
promover el desarrollo de los proyectos hidrocarburíferos.
• Que
el Ministerio de Minería pretende aplicar procesos de
consulta pública, sin respetar lo estipulado en la
Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la
OIT, Ley del Estado Nº 1257, la Declaración de los
Derechos de los Pueblos Indígenas de ONU, Ley del Estado Nº
3760.
Por
tanto, resolvemos:
Primero.–
Se dispone la creación de la Comisión Nacional de
Secretarios de Recursos Naturales de las naciones y pueblos
indígenas originarios y campesinos del país, con la
participación de las siguientes organizaciones: CONAMAQ y
sus Suyus, CSUTCB, CSMIOC–BS, CIDOB (OICH, CPILAP, COPNAG
y APG), MST – B, el Pueblo Afroboliviano, representantes
nacionales y regionales de las naciones y pueblos indígenas
originarios y campesinos, la misma que dispone ser ampliada
a la participación de otros actores.
Segundo.–
En lo referido a la problemática minera, exigimos:
La
promulgación del Reglamento de Consulta y Participación en
actividades mineras propuesta por las organizaciones indígenas
originarias y campesinas del país; la paralización de los
procesos denominado como de “Consulta Pública en
Democracia”, desarrollados y aplicados por el Ministerio
de Minería, para iniciar proyectos mineros, hasta que no se
tenga promulgado el Reglamento de Consulta y Participación
en actividades mineras.
La
realización de la consulta y participación a pueblos indígenas
originarios y campesinos, debe respetar las estructuras orgánicas,
las normas y procedimientos propios y la territorialidad de
cada nación y pueblo.
La
paralización de las actividades mineras en los territorios
indígenas originarios y campesinos que no hayan cumplido
con el proceso de consulta y participación a los pueblos
afectados, de acuerdo a la Constitución Política del
Estado.
Tercero.–
En lo referido al tema Hidrocarburífero, exigimos la
participación de las organizaciones indígenas originarias
y campesinas en las decisiones que tome el órgano Ejecutivo
(Ministerio de Hidrocarburtos, Ministerio de Medio Ambiente
y Agua, YPFB, etc.), respetando los derechos indígenas
originarios campesinos establecido en la Constitución Política
del Estado y las leyes.
Cuarto.–
Repudiamos las acciones del Ministerio de Hidrocarburos en
las visitas a las comunidades de Mozeten y Lecos,
integrantes del CPILAP, para obtener respaldo y otorgar la
licencia ambiental a la empresa YPFB–Petroandina S.A.M. de
la Fase II del Proyecto Lliquimuni, y exigimos la nulidad de
este procedimiento por no haberse respetado las estructuras
orgánicas como manda el Art. 118 de la Ley Nº 3058 de
Hidrocarburos y el D.S. 29033, debiéndose aplicar la
consulta y participación conforme a la normativa y lo señalado
en la Constitución Política del Estado.
Exigimos la
nulidad de los procesos de consulta desarrollados omitiendo
y vulnerando los derechos, lo que puede implicar incluso la
revisión y en su caso la nulidad de la licencia ambiental
para las operaciones hidrocarburíferas y mineras. Caso del
proyecto de exploración sísmica 2D Fase II Bloque
Liquimuni (CPILAP), proyectos hidrocarburíferos de la APG,
respecto a la explotación minera de Coro Coro, Amayapanpa y
otros proyectos y actividades mineras que se desarrollan en
territorios de los suyus, marcas y ayllus del CONAMAQ.
Quinto.–
Exigimos la participación conjunta con las instancias
competentes del Gobierno en las modificaciones al D.S. 29103
de Monitoreo Socioambiental de Pueblos Indígenas
Originarios y Comunidades Campesinas en actividades
hidrocarburíferas respetando las estructuras orgánicas
originarias para que las instancias de monitoreo local,
regional y nacional funcionen efectivamente
garantizando los derechos colectivos reconocidos por
la Constitución Política del Estado. En las modificaciones
se deberán incluir a las actividades mineras.
Sexto.–
Exigimos elaborar reglamentos ambientales para el sector
hidrocaburífero (RASH) y minero (RASM) con participación
de los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades
Campesinas, en ejercicio del derecho a la consulta en
materia de medidas legislativas y/o administrativas que
puedan afectarnos.
Séptimo.–
Exigimos a YPFB y COMIBOL (empresas estatales de
hidrocarburos y minería, respectivamente, NdR) generar
información pública sobre sus operaciones, medidas
ambientales, sociales, planes de trabajo, nuevos proyectos,
costos, recursos humanos y EEIA.
Exigimos la
aprobación de una política de transparencia y control
social de YPFB y COMIBOL, y una política de relación con
comunidades indígenas, sobre la base de las propuestas de
las organizaciones.
Exigimos
respeto a la Pachamama y lugares sagrados, la conservación
de la biodiversidad, agua, suelo, lagos, ríos y otros
recursos naturales en todo el territorio nacional,
especialmente en áreas protegidas, territorios indígenas
originarios y campesinos, restringiendo el desarrollo de
actividades hidrocarburíferas y mineras, y de acuerdo a los
usos y conocimientos tradicionales.
Octavo.–
Exigimos la adecuación a la normativa existente que
permita contar con un sustento legal en el período de
transición que vive el país, construida con la participación
de las Organizaciones Sociales.
Noveno.–
Exigimos una reglamentación consensuada con las
organizaciones sociales para la elaboración de los EEIA
porque son la base para la ejecución y seguimiento de
planes y proyectos de actividades hidrocarburíferas y
mineras.
Décimo.–
Hay necesidad de diferenciar dos procesos, uno para
compensaciones (en proyección) y otro para indemnizaciones
(imprevistos). La indemnización no puede operar como un
procedimiento emergente de la expropiación. Su valoración
debe ser estimada por el daño ambiental, no como pago de
obras o bienes de beneficio comunal. La indemnización no
puede estar restringida a los casos en trámite.
Décimo
primero.– Para determinar la compensación e
indemnización, exigimos respeto a la territorialidad de los
Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (TCO,
comunales, territorio ancestral, etc), que comprende los
componentes de la naturaleza: agua, aire, suelo, fauna y
flora, culturales, sociales, económicos, jurídico–institucionales
y humanos en todas sus expresiones. No son suficientes los
criterios de pérdida de producción, conocimientos
tradicionales y/o aprovechamiento de recursos naturales.
Deben estar también los criterios de manejo y conservación
de los recursos naturales de acuerdo a nuestras normas y
procedimientos propios.
Décimo
segundo.– Exigimos que no existan plazos para iniciar
demandas de indemnización. La demanda, que no es reclamo,
debe ser presentada al o los Ministerios del ramo, no así a
la empresa. Las inspecciones para determinar daño deben ser
hechas por técnicos del gobierno y de las organizaciones.
La decisión
final, concertada entre los Pueblos Indígenas Originarios y
Comunidades Campesinas y el Estado, no pueden ser objeto de
conciliación.
La
compensación no puede depender del proceso de Consulta y
Participación, con el Convenio de Validación de Acuerdos
donde se incluya una propuesta de compensación, ya que en
este no se identifican posibles daños socioambientales,
sino en los EEIA.
El monto de
compensación debe estar en el EEIA, y aprobado por el
Gobierno a través de la Consulta a los Pueblos Indígenas
Originarios y Comunidades Campesinas (Art. 30 Constitución
Política del Estado).
Décimo
tercero.– El reglamento que se proponga o disponga
debe especificar y separar muy bien las compensaciones de
las indemnizaciones. La propuesta de compensación no puede
formar parte de los acuerdos relacionados a la consulta,
sino formar parte de los EEIA. El régimen de
indemnizaciones debe estar relacionado al monitoreo
socioambiental.
Décimo
cuarto.– Exigimos que se dé espacio al control social
con concurso de las organizaciones indígenas, originarias y
campesinas de tierras altas y bajas al interior del
Directorio de YPFB.
Décimo
quinto.– Convocamos a un debate nacional de las
organizaciones indígenas originarias campesinas con las
instancias del Gobierno sobre la necesidad de generar un
nuevo modelo de desarrollo sostenible, más allá de las
actividades hidrocarburíferas y mineras, y sobre la
distribución de la renta del gas y minerales, como señala
la CPE promulgada este pasado 7 de febrero de 2009.
Es dado en
ciudad de La Paz, a los ocho días del mes de julio de 2009
¿A
qué juega Evo Morales en la Amazonía?
Por
Manuel Lima (*)
Especial para Econoticiasbolivia, 05/07/09
El genocida
peruano Alan García intentó abrir la Amazonía para que
sea explotada por las transnacionales petroleras. Usó bala
y metralla para acallar a los indígenas, pero no pudo. Hoy
Evo Morales, con otros métodos, quiere hacer lo mismo con
las selvas de Bolivia. Esta es la denuncia del Foro
Boliviano sobre el Medio Ambiente y Desarrollo.
La Paz.–
La empresa Geokinetics, un pulpo de la industria petrolera
con sede en Houston, Texas, Estados Unidos de Norteamérica,
ya comenzó las labores sísmicas de exploración petrolera
en la Amazonía Sur de Bolivia, afectando el territorio y a
las comunidades del pueblo indígena Mosetén y Leco–Larecaja.
Los planes a desarrollar también afectarán a los pueblos
Chimán, Quechua–Tacana, Tacana, Ese Ejja, Toromona y Leco–Apolo,
así como a colonias campesinas instaladas en el área y a
poblaciones ribereñas como Rurrenabaque y San Buenaventura.
Esto fue
verificado en el terreno por distintas comisiones de trabajo
de la que forman parte varias organizaciones indígenas. Ya
se ha iniciado la fase 1 de la exploración: se han
instalado, al menos detectados, dos grandes campamentos (en
Palos Blancos, Departamento de La Paz, y cerca de la
comunidad Pukara, en el Departamento de Beni), abierto
caminos de penetración, los vuelos de helicópteros son
diarios e incesantes, lo mismo que las detonaciones, la
parte más dramática del trabajo exploratorio, y con ello,
la destrucción irreversible del medio ambiente, de los ríos
y los bosques, de la flora y de la fauna, de la cual
dependen las comunidades indígenas para la sobrevivencia de
su modo de vida y su cultura.
Esta agresión
evidente a todos los derechos de los pueblos indígenas de
la Amazonía Sur de Bolivia está siendo realizada por una
empresa petrolera cuyo origen es desconocido tanto para las
organizaciones y pueblos indígenas como para la población
boliviana en general.
A la vez,
esta agresión nace del más absoluto desprecio por el
derecho de consulta y el consentimiento previo de los
pueblos indígenas que no fueron ni siquiera informados
sobre los alcances y riesgos que trae aparejada la actividad
petrolera.
Ese
desprecio a los derechos humanos de los pueblos, incluye
acciones de soborno a dirigentes de algunas organizaciones y
comunidades indígenas, lo que agrava el cuadro de
avasallamiento de las mismas, a pesar de que el propio Evo
declaró que no se comprarían dirigentes como antes hacían
las trasnacionales (La Razón, La Paz, 29/10/2008)
De allí,
esta denuncia de carácter nacional e internacional para
detener todos los atropellos ya anotados, de los cuales
existen pruebas que ya no se pueden ocultar, y que es
preciso condenar de la manera más enérgica, apelando a la
solidaridad y a la movilización general de todos los
sectores que luchan por una Amazonía para la Vida.
Evo
debe decidir y actuar
Lo más
increíble de todo esto es que esta agresión a los pueblos
indígenas amazónicos se está verificando bajo el mandato
del primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
el compañero Evo Morales.
En ese
marco, preguntamos y demandamos una explicación sobre la
presencia de esta empresa petrolera yanqui en un área que
se constituyen en la puerta de ingreso al resto de la Amazonía,
territorio cuyo control y dominio es un objetivo estratégico
de los norteamericanos, hecho que ya fue denunciado en
innumerables ocasiones, incluso por el propio gobierno
boliviano encabezado por Evo.
No
entendemos cómo se acepta la presencia norteamericana
cuando ha quedado demostrado por los últimos sucesos de
Baguá, Perú, que esa presencia sólo conlleva muerte y
genocidio para los hermanos indígenas. Los mismos intereses
que representa Geokinetics en Bolivia (quien, a la vez, está
instalada en el Perú) son los que han conducido a la
masacre de Baguá. ¿Debemos llegar a ese extremo de violación
de los derechos humanos para que la empresa petrolera yanqui
salga de la región?
Aquí
tampoco podemos callar que funcionarios del Ministerio de
Hidrocarburos boliviano han amenazado a los dirigentes indígenas
con militarizar la zona, en caso que exista oposición a la
exploración petrolera.
Preguntamos:
¿qué se esconde detrás de todo esto? Las informaciones públicas,
conocidas hasta ahora, decían que la empresa a la cual se
había concesionado los bloques petroleros de la selva era
YPFB–Petroandina SAM, o sea una empresa mixta estatal
boliviano–venezolana.
Ahora nos
enteramos y denunciamos este sub–contrato con una empresa
norteamericana que no sólo consideramos lesivo a la soberanía
nacional sino que viola y burla el espíritu del proceso de
nacionalización de los hidrocarburos, por el cual el pueblo
boliviano salió a las calles de las ciudades de El Alto y
de La Paz a enfrentar al neoliberalismo en la llamada
"Guerra del Gas" que ocasionó más de 60 muertos,
en octubre de 2003.
Preguntamos:
¿esta es la nacionalización por la cual murieron nuestros
compatriotas?
¿Por qué,
en ese mismo marco, se da prioridad a un proyecto de también
dudosa viabilidad técnica, sabiendo incluso que hace veinte
años YPFB exploró la misma región (perforando el pozo
Lliquimuni X1) y no se informó de ningún hallazgo
significativo?
¿Por qué
la política nacional de hidrocarburos no da prioridad a
temas más urgentes como la separación de líquidos de los
hidrocarburos que ya se exportan y por lo cual perdemos
cientos de millones de dólares o exigen el cumplimiento de
los 47 contratos a las transnacionales que siguen operando
en territorio nacional?
¿Por qué
esa obstinación y ese empecinamiento avasallador de
personas y derechos de entrarse, a como de lugar, a la
Amazonía?
Conscientes
del daño ambiental irreparable que ya está empezando,
tampoco podemos creer los cantos de sirena de la empresa
yanqui, de Petroandina y de los funcionarios del Ministerio
de Hidrocarburos cuando hablan de mitigar esos daños,
cuando hace unos días se acaba de saber que el presidente
de YPFB, Carlos Villegas, perdonó a la empresa trasnacional
Transredes la deuda con el Estado y las comunidades indígenas
del altiplano boliviano (La Paz–Oruro, año 2000) a raíz
del mayor desastre ecológico de su historia ocasionado por
el derrame de petróleo por la ruptura de un ducto a cargo
de la referida empresa.
No
entendemos cómo el compañero Evo que conoce de la agresión
y las masacres perpetradas por la presencia norteamericana
en la región del Chapare, a los cuales enfrentó como
dirigente sindical durante veinte años en defensa de la
hoja de coca, ahora pueda avalar la presencia de Geokinetics
en la Amazonía. Preguntamos: ¿será que debemos
enfrentarnos a los gringos, como él y las seis federaciones
del Trópico de Cochabamba lo hicieron contra la DEA?
A la vez,
no entendemos cómo el gobierno que más se ha hecho
respetar contra la permanente ingerencia norteamericana en
los asuntos internos de Bolivia, permita esta presencia
yanqui en suelo boliviano.
¿Cómo
entender que los mismos norteamericanos que han sido
denunciados por las propias autoridades nacionales de
conspirar para derrocar y asesinar a Evo y que han estado
detrás de la Masacre de Porvenir, en Pando, donde murieron
decenas de campesinos, y que ponía en marcha el Golpe Cívico–Prefectural
contra el gobierno y para dividir Bolivia, ahora hayan
iniciando un proceso de destrucción irreversible de los
recursos naturales de la Amazonía Sur?
Por último,
está claro que todo lo denunciado contradice la
incuestionable labor de defensa de los derechos indígenas
que nuestro presidente Evo Morales está realizando en el ámbito
internacional, donde es valorado y respetado como un paladín
en la defensa de esos derechos, como ya se demostró cuando
Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en elevar
a rango de ley la Declaración Universal de los Derechos de
los Pueblos Indígenas de la ONU o cuando, a propuesta del
propio Evo, la referida ONU aprobó la Declaración
Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
Por esa
misma Madre Tierra que ya está siendo agredida, contaminada
y destruida, por esos mismos derechos de los pueblos indígenas
que están siendo pisoteados, avasallados y desconocidos, es
que imploramos a nuestro compañero presidente, en nombre de
lo más sagrado, como es la defensa de la tierra y de la
vida, es decir de la Amazonía, que ordene la inmediata
suspensión de toda actividad petrolera exploratoria en los
territorios indígenas y que expulse a Geokinetics para
evitar que siga la destrucción y nuevos vejámenes a los
derechos humanos y prevenir cualquier violencia.
No queremos
otro Baguá, por culpa de las empresas petroleras, ni por la
imposición de una visión desarrollista de explotación
indiscriminada de los recursos naturales.
Queremos
que se respeten los derechos consagrados y las leyes
nacionales y convenios internacionales pero especialmente el
paradigma de nuestro gobierno representado por el Vivir
Bien, es decir vivir en armonía con la naturaleza, como
vivimos siempre y como el hermano Evo proclama en los foros
internacionales.
Queremos
que se valoren, en ese marco, los esfuerzos de indígenas y
campesinos amazónicos no sólo por preservar la vida y la
naturaleza de la Amazonía, sino las opciones económicas
viables que ellos impulsan, como la producción de castaña
y cacao ecológico o el ecoturismo, que demuestran que el
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad es el camino
alternativo al modelo de acumulación basado en la extracción
de recursos naturales no renovables, vigente desde la creación
de la república y que ha amarrado al país a la pobreza.
En ese
sentido, proponemos el debate ideológico y la reflexión
consciente, y aceptamos el desafío propuesto por el propio
compañero Evo Morales en la última reunión consultiva de
la CIDOB de debatir, de manera abierta, franca y fraternal,
estos temas y todo lo relacionado con el presente y el
futuro de la Amazonía.
Un debate,
urgente y necesario, que también Evo alentó con relación
a la propuesta ecuatoriana, encabezada hoy por el propio
Presidente Correa, de dejar el petróleo amazónico en el
subsuelo, y exigir a cambio el pago de la deuda ecológica a
los países industrializados, en el marco del debate mundial
sobre los efectos y consecuencias del Cambio Climático.
Creemos que
estas verdades deben ser escuchadas, que lo actuado por los
funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos viola todos los
derechos de los pueblos indígenas y debería ser sancionado
y que es preciso acabar con la presencia norteamericana en
el territorio amazónico, más cuando ello sólo significa
depredación ambiental, división social, degradación
cultural y sometimiento a dictados de políticas que no
responden a los verdaderos intereses de los pueblos.
(*)
Manuel Lima es presidente de FOBOMADE (Foro Boliviano sobre
Medio Ambiente y Desarrollo).
Indígenas
expulsan a transnacional Vista Gold
Econoticiasbolivia,
13/05/09
La Paz.–
Convencidos de que la explotación capitalista de las minas
sólo deja socavones vacíos, contaminación ambiental y
tierras y ríos envenados con mercurio, las comunidades indígenas
quechuas del sur de Bolivia han conminado a la transnacional
canadiense Vista Gold Corporation para que abandone la zona
y olvide sus intentos de hacerse de una gran fortuna con la
explotación de oro de la mina Amayapampa.
El ministro
de Minería, Luis Alberto Echazú, confirmó la amenaza de
los indígenas y aseguró que "algunas comunidades se
oponen al emprendimiento minero" transnacional por
temor a daños ambientales. El ministro Echazú reconoció
que ni la empresa canadiense ni el gobierno del presidente
indígena Evo Morales habían podido convencer hasta ahora a
los comunarios para que acepten las operaciones mineras.
Entre los
indígenas y campesinos hay el convencimiento de que las
operaciones mineras destruyen a la “madre tierra” y sólo
enriquecen a las compañías privadas que se llevan al
exterior los minerales y las millonarias ganancias, dejando
en la zona de explotación sólo desolación, pobreza y
muerte.
Vista Gold
Corporation es una más de la decena de grandes
transnacionales que hasta ahora operan con gran éxito en
Bolivia. En los tres años del primer gobierno indígena de
la América morena (2006–2008), estos grandes consorcios
mineros virtualmente han continuado saqueando la ingente
riqueza minera de Bolivia y se han apoderado de más de
cuatro mil millones de dólares. Ellos obtienen el 95% del
valor bruto de la producción y de las exportaciones,
dejando para el Estado sólo el 5%. El actual saqueo minero
de Bolivia es igual o mayor al sufrido en los tiempos del
neoliberalismo salvaje, según se establece a partir de los
datos del Ministerio de Minería, procesados por
Econoticiasbolivia.
Contaminación
y explotación
Entre las
transnacionales más poderosas que operan en Bolivia están
la estadounidense Coeur d'Alene Mines Corporation, que
explota uno de los reservorios más ricos de plata del mundo
como es San Bartolomé, y la japonesa Sumitomo, asociada
hasta hace poco con la norteamericana Apex Silver Mines Limited, que controla
otro rico megayacimiento de plata, plomo y estaño en San
Cristóbal.
Estas
empresas están ganando a manos llenas al igual que la
estadounidense Newmont Mining Corporation, que tiene como
socio menor a la boliviana Inti Raymi. Esta compañía hizo
desaparecer cerros enteros y exprimió los yacimientos de
oro de Kori Kollo y La Joya, degradando el medio ambiente y
provocando una severa contaminación ambiental en las
empobrecidas poblaciones de las Provincias Saucari y Cercado
del Departamento de Oruro por la fuga e infiltración de
cianuro, tal como lo demuestran los estudios de la
Universidad Técnica de Oruro.
Otra que
tiene un prontuario de acusaciones es la compañía Sinchi
Wayra, filial de la transnacional suiza Glencore
Internacional, forjada por el
magnate petrolero suizo israelí Marc Rich, a quien
la revista Time calificó en el 2001 como “el ejecutivo más
corrupto del planeta”.
Sinchi
Wayra/Glencore tiene el control de los ricos yacimientos de
zinc, oro, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, como
Bolívar, Poopó, Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo,
Colquechaquita y la planta concentradora de minerales Don
Diego y la central termoeléctrica de Aroifilia. Allí, pese
a la resistencia de sus obreros, Sinchi Wayra/Glencore
continúa con sus intentos de ampliar la explotación de sus
trabajadores de las actuales 8 horas diarias a 10 y 12
horas.
Otra que
estaba abusando de sus trabajadores es la transnacional
canadiense Panamerican Silver que explota la mina de plata
de San Vicente, en sociedad con la nacional Empresa Minera
Unificada. Los abusos provocaron que la pasada semana, cerca
de tres centenas de mineros tomaran por siete días la mina
San Vicente en el norte andino de Bolivia, ocuparan sus
instalaciones y convirtieran a los empresarios y directivos
en sus virtuales rehenes, antes de lograr arrancar de la
transnacional canadiense Panamerican Silver el compromiso de
echar a sus gerentes, cesar con los abusos y mejorar las
condiciones de trabajo.
Además de
ocupar el yacimiento y las instalaciones de Pan American
Silver, los trabajadores, pertrechados con dinamita,
cerraron todas las vías de acceso a la zona e impidieron la
salida de los ejecutivos, administrativos, técnicos y
contratistas que se encontraban en San Vicente.
Emergencia
oficial
Por ello,
ante el peligro que se reediten las acciones de San Vicente
y se concreten las amenazas de los indígenas, el Ministerio
de Minería envió una comisión de emergencia a la mina
Amayapampa a 270 kilómetros al sur de La Paz ante el ultimátum
para que la empresa abandone la zona.
"Nosotros
respaldamos un acuerdo entre empresa y comunarios y hemos
propuesto la consulta porque tampoco estamos de acuerdo en
que se explote un yacimiento en contra de la voluntad de los
pobladores", dijo Echazú.
La empresa
se adjudicó el yacimiento y ha prometido inversiones por
unos 30 millones de dólares para explotar a cielo abierto
pero no ha logrado ingresar a una fase intensiva por la
presión de las comunidades aledañas.
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