Cuando el gobierno "originario" se enfrenta
con la población indígena

El 15 de agosto los pueblos de las tierras bajas del Oriente boliviano comenzaron la marcha por defensa del TIPNIS[1]; hoy hace más de 30 días que están marchando. Hay más de 2000 personas entre indígenas y pobladores de otras regiones del país, marchando durante ya 40 días. Todo radica en la imposición que tiene el gobierno a construir una carretera que atraviesa esta región que fue declarada como territorio indígena, Territorio Comunitario de Origen (TCO) y Parque Nacional.

Es uno de los temas más complicados que viene enfrentando el gobierno de Evo Morales este año. Porque acá es donde mueren las palabras: ya no es el gobierno que apoya a los pueblos indígenas y tiene palabras para defender la Madre Tierra. Esta es una de las cuestiones que pregonó siempre. Pero hoy día los mismos indígenas le están haciendo ver que su estrategia de país es meramente capitalista y extractivista.

Si durante un tiempo el gobierno -con su fraseología- engañó a alguien con el discurso del “socialismo”, eso duró muy poco. Pero hoy se termina de sacar la máscara: tampoco es realmente indigenista. Con la carretera se termina de romper el pacto que realizaron los indígenas con el gobierno. Pero veamos cómo el gobierno ingresa por sí solo en su propio laberinto sin salida, que lo deslegitima.

El conflicto indígena es el peor escenario para el masismo

Los mismos pueblos indígenas del Oriente que empezaron las marchas allá por el año 90 para que se cambie la Constitución, hoy marchan para que la misma se respete. El gobierno se empecina en llevar a cabo la carretera que une Cochabamba con el Beni con el objetivo de traer el “progreso” a las comunidades y unir estos dos departamentos. Para ponerle más énfasis, el Presidente dice que esta carretera tiene "pedido de más de 400 años".

Hace varios días que los 36 pueblos de tierras bajas y 14 de  tierras altas, encabezados por la CIDOB[2], han iniciado la marcha desde Trinidad hasta la ciudad de La Paz. En esta marcha ya son más de dos mil los que transitan en las rutas hacia la ciudad de gobierno con un saldo hasta ahora de tres muertos (dos niños y un joven).

Muchas organizaciones ya dieron el apoyo a la CIDOB, como la CONAMAQ[3], la Federación de Mineros o la Central Obrera Departamental de Oruro. Y la población también ayuda en la recolección de alimentos y vestimentas en las grandes ciudades. Las universidades de todo el país están también en la lucha por la defensa del TIPNIS. Se realizan marchas y actos de protesta. El único que está en contra es el propio gobierno que envía grupos de choque para amedrentar, amenazar y tratar de persuadir que los indígenas no pueden marchar contra un gobierno que se dice "indígena"...

Pero el gobierno tiene su arma favorita, que es decir que cualquiera es "agente del imperialismo", cosa que ya nadie se lo cree, o que "los marchistas llaman a la embajada de Estados Unidos" o "fomentan el capitalismo".

En otras palabras del propio presidente del Estado Plurinacional: “A mí me acusan que por hacer el camino entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos no respeto los derechos de la Madre Tierra, y no reconocen que al plantear el Fondo Verde se someten a los ofrecimientos del capitalismo”. Esto tiene un trasfondo concreto: el gobierno ya negoció el reparto de las tierras a los cocaleros, que son el brazo más leal que hoy tiene y tiene que cumplir con ellos. De ahí la intransigencia de no realizar la carretera por otro lugar (como debería ser: el progreso implica más carreteras, pero no es necesario para ello avasallar los derechos indígenas).

En esto el gobierno sale primero a denunciar a los movimientos sociales antes de querer solucionar el conflicto. Primero trata de deslegitimar y criminalizar a los luchadores que se pronuncian en contra él.

Pero justamente esto es lo que le falló: lo único que provocó el gobierno fue más apoyo de otros sectores descontentos. El propio Morales llegó a decir “que los marchistas estaban haciendo turismo”; eso provocó más rechazo aún de la población.

Entonces, cuando se le acabaron los insultos y los intentos de degradación, el gobierno tuvo que salir a dialogar, hasta 10 ministros se dieron a la cita para conciliar una salida pactada al conflicto.

Un gobierno que decía defender el medio ambiente (por supuesto siempre de la boca para afuera) hoy no le quedó otra que dar explicaciones a los medios internacionales y decir que la “VIII Marcha Indígena no es para defender a la Madre Tierra, sino al capitalismo…”, como lo dijo Evo Morales el domingo 21 de agosto en un programa televisivo oficialista.

Para frenar la marcha, al gobierno le quedó mandar grupos afines a bloquear la localidad de Yucumo, Pobladores de la región financiados por el propio gobierno bloquean la carretera hace semanas con la intención de impedir el paso de la marcha hacia La Paz.

Más allá de esto, Evo mandó a la policía a hacer su trabajo de frenar la marcha, con la excusa de "preservar la integridad" (¿de quién?). La policía también cumplirá la orden de no dejar pasar a los marchistas.

Esto no ocurrió ni en tiempos de Banzer, cuando una marcha indígena de aquella época, después de 40 días, llegó a La Paz. El gobierno de ese entonces tuvo que firmar decretos para determinar los TCO (Tierras Comunitarias de Origen).

El gobierno no respeta ni su Constitución…

Veamos qué dice la Constitución Política del Estado Plurinacional que tanto pregonó el gobierno para que hoy termine mirando para otro lado. En el capítulo cuarto, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originario-campesinos, en el artículo 30, incisos 4,7,10, 15, 16 y 17, define la "libre determinación de estos pueblos" y si el Estado tiene que realizar trabajos en la zona, es bajo "consulta previa".

El Gobierno se vale de estos artículos para argumentar que los indígenas no quieren dialogar. Pero de fondo vemos que lo que quiere establecer es la "consulta previa", sabiendo que el sector mayoritario de la región está hoy conformado por los colonizadores que desde varios años atrás, han ido avasallando el territorio. De este modo hace oídos sordos ante el clamor del pueblo que, al unísono le dice No a la carretera que atraviesa el Parque Nacional.

Es más, en el art. 31 de la Constitución se determina que estos pueblos tienen que ser "protegidos", pero no con la destrucción de una parte de su medio ambiente: el gobierno los debería proteger de avasalladores, narcos o madereros. En las actuales condiciones, lo que debería ser un progreso, una carretera, se transforma en su contrario: sólo fomentará la desnaturalización de los pueblos que viven en esta región y la devastación de la flora y fauna del lugar.

La apuesta a una nueva burguesía "masista"

El conflicto se desencadenó por la carretera, pero hoy conlleva muchas cosas más. El gobierno se juega mucho a la hora de salir de este conflicto. Es el proyecto de país que tiene el MAS: crear una nueva burguesía afín a los intereses de los que hoy están en el gobierno. Y para esto la relación con Brasil es importantísima. El crédito que pagará la carretera viene del país vecino. Más allá de que es un proyecto mucho más amplio, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) que fue aprobado por varios países de la región en el año 2000. Digamos cuando la región era parte del proyecto neoliberal.

Se trata de la mejora y construcción de los denominados “corredores  transoceánicos” (entre el Atlántico y el Pacífico) dentro de los que, por su esencial ubicación geográfica, al centro de Sudamérica, Bolivia juega un especial papel: acá es donde entra la problemática del TIPNIS.

Para este proyecto están las entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gobierno de Brasil y cuenta con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fonplata y el Banco Mundial.

Es por esto que el gobierno de Evo Morales ya negoció con todas las entidades financieras, pero jamás consultó de antemano a los pueblos que viven en esta región.

Pero veamos un poco quiénes y qué características tienen los pobladores y quiénes se disputan estas tierras: los cocaleros serían los primeros beneficiados.

Para explicar mejor, citaremos a un investigador del CEDLA que nos refleja estas particularidades. Enrique Ormachea escribe: “Una buena parte de los cocaleros son ya campesinos ricos o acomodados porque obtienen ganancias gracias a la apropiación de trabajo ajeno, pues producen normalmente con el concurso de peones asalariados. Por el contrario, los indígenas yuaracarés, moxeños y chimanes que habitan en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) –y la mayor parte de los indígenas de las tierras bajas– además de realizar actividades agrícolas en chacos que usufructúan individualmente y que combinan con otro tipo de actividades económicas vinculadas con el mercado (como la extracción de recursos forestales y la elaboración de artesanías), normalmente se ven obligados a vender temporalmente su fuerza de trabajo a ganaderos, madereros y a los propios cocaleros para asegurar sus medios de subsistencia. En este sentido, mientras los primeros son pequeños y hasta pequeñísimos capitalistas, los segundos son mayoritariamente semiproletarios.[4] Es por esto que el gobierno favorece a unos y perjudica a la gran mayoría de los pobladores indígenas del lugar.

No hay necesidad concreta de realizar esta carretera que vale más de 400 millones de dólares. Las localidades que une, como Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, no son productoras o fuentes de gran tráfico de personas. Pero el gobierno debe cumplir las promesas hechas a sus bases cocaleras.

Que los reclamos no confluyan

La cuestión que el gobierno está reflejando es la preocupación de que en poco tiempo estarán presentes las elecciones judiciales. Lo que no quiere es que los conflictos se terminen interponiendo con unas elecciones que vienen con pronóstico reservado para el MAS.

Este es el problema del gobierno si la marcha continúa y se interpone con las elecciones judiciales. Quedaría muy desprestigiado si la población le termina dando la espalda y el voto nulo termina ganando. Por esto las frases del propio Presidente diciendo que la campaña por el NO es "delincuencial".

Es por eso que hoy el TIPNIS demuestra mucho más que la defensa de un territorio: demuestra la estrategia que quiere seguir el gobierno.

Es por esta razón que hoy el TIPNIS expresa mucho más que la defensa de un territorio: demuestra la estrategia que quiere seguir el Gobierno. Pone en evidencia las intenciones de un gobierno que se aleja cada vez más de sus bases populares y se acerca a sectores de la burguesía.