¿Va hacia la dictadura el régimen de Daniel Ortega?

Por Alberto Ramírez
El Trabajador Nº 72 (PST de Costa Rica), enero / febrero de 2008

La oposición burguesa integrada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el Partido Conservador (PC) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), se unificaron en el llamado bloque contra la dictadura, supuestamente, para evitar que en Nicaragua se instale ese tipo de régimen político. Muchos políticos burgueses, analistas políticos y diversos sectores sociales creen que el FSLN pretende instalar un régimen parecido a la antigua dictadura somocista, que gobernó Nicaragua desde el año 1936 hasta 1979. Algunos políticos burgueses manipulan la cuestión de la dictadura, para ganarse a las masas a sus posiciones.

El analista político y jurista, Carlos Tunnermann, sostiene que: "Estamos llegando a una situación en el país donde si no hacemos un esfuerzo ahora, no va a haber Estado de Derecho. Si en la Asamblea Nacional no se aprueba la iniciativa que presentó el bloque parlamentario contra la dictadura sobre la interpretación auténtica de la Ley de Amparo, para impedir que en el futuro se pueda recurrir de amparo contra el proceso de formación de la Ley, no necesitamos entonces tener Asamblea Nacional porque se le está quitando la capacidad de legislar.

Entonces el Ejecutivo gobernaría por decreto y eso es dictadura" (1). Existen diferentes criterios sobre la forma en que el FSLN se enrumba a la dictadura, la posición anterior es la de un sector intelectual burgués.

En Nicaragua no existen las condiciones políticas ni económicas para que Ortega y el FSLN puedan instalar un régimen fuerte, mucho menos una dictadura militar. En cuanto al factor político tenemos varios elementos que contrarrestan cualquier tendencia hacia la dictadura.

En primer lugar, la oposición burguesa se ha unificado y tiene mayoría parlamentaria, que le resta capacidad a Ortega de gobernar por decreto y de facto. El FSLN está aislado, su aliado en los pactos, el PLC, se le ha retirado, lo cual no quiere decir que facciones de este partido no negocien. El diputado liberal Francisco Aguirre, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, negoció con Ortega la aprobación del presupuesto de la República a cambio de pasar a Arnoldo Alemán de la casa por cárcel a país por cárcel y permitirle a éste la movilidad por el territorio nacional.

En segundo lugar, la mayoría de las masas nicaragüenses tienen una "conciencia democrática" en un proceso de arraigo muy fuerte, debido a las trágicas experiencias políticas tanto con la dictadura dinástica de la familia Somoza como del régimen bonapartista sui-generis del FSLN (1979-1989), imagen espectacular del carácter militar y totalitario de esa organización ex-guerrillera, surgido de la revolución popular nicaragüense. Los jóvenes que no vivieron la experiencia con esos regímenes también han interiorizado a la democracia burguesa.

Por tanto, cualquier intento no sólo del FSLN sino de otro partido político, de avanzar hacia una dictadura en Nicaragua, encontraría una resistencia feroz por parte de las masas nicaragüenses que harían difícil que tal régimen político se instalara en el país.

En tercer lugar, el FSLN, no contaría con el apoyo del ejército para sostener semejante aventura.

Aunque las actuales fuerzas armadas, en su cadena de mando, son hijas o descendientes de la ex-guerrilla del FSLN, no obedece a los dictados de este partido, sino que es un ejército que responde a la defensa del orden y la constitución del sistema capitalista y su actual régimen presidencialista con rasgos democráticos.

En cuarto lugar, un régimen dictatorial no tendría el apoyo del imperialismo yanqui ya que iría a contracorriente para hacer ganancias y negocios no sólo en Nicaragua y Centroamérica. Una dictadura desestabilizaría las condiciones para explotar y expoliar a este país y el área centroamericana.

En cuanto a las condiciones económicas del país, estas no facilitan la instalación de una dictadura militar. La inversión extranjera continúa llegando, tanto por la implementación del TLC entre Estados Unidos y Centroamérica como por el eventual Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Estos acuerdos y la masiva penetración del capital extranjero en Nicaragua y la región centroamericana, la ubican como enclave productivo y de servicios del imperialismo yanqui y europeo, lo cual determina que las economías de estos países estén controladas por las transnacionales estadounidenses y europeas.

Por otra parte, Nicaragua es uno de los países más dependientes del mundo de la ayuda económica extranjera. De tal modo que el movimiento del FSLN hacia una dictadura, lo pondría en riesgo automático de perder su fuente de financiamiento. La gran dependencia económica externa de los gobiernos de Nicaragua, los convierte en siervos domesticados, a pesar de cualquier pose de verborrea antiimperialista coyuntural, de los organismos financieros internacionales y del imperialismo mundial. La dependencia llega a límites de violación de la soberanía nacional. El Fondo Monetario Internacional (FMI) sanciona el presupuesto de la República, determina los porcentajes de aumentos de salarios que son lícitos otorgar a los trabajadores y en fin, dicta y determina las políticas económicas del gobierno de Daniel Ortega.

Entonces, ¿hacia qué tipo de régimen político va Nicaragua? Si la ley marco o ley 610 entra en vigencia a partir del 20 de enero, el régimen avanzaría al semi-parlamentarismo (2). Dicha ley establece las reformas parciales a la Constitución, las cuales "...contemplan cambios en los artículos 138, 143 y 150, entre los que se destaca el compartimiento entre el poder Ejecutivo y Legislativo para nombrar a los ministros, viceministros, al Procurador y subprocurador General de la República, jefes de misiones diplomáticas, y a los presidentes o directores de entes autónomos. Estos nombramientos propuestos por el Presidente serán firmes hasta que la Asamblea Nacional los ratifique mediante una mayoría del sesenta por cientos de los votos...Además, las reformas le conceden a la Asamblea Nacional la capacidad de pedir informes a los funcionarios públicos y mediante un proceso estipulado, de no cumplir la petición los legisladores podrían destiturlo"(3). Esta ley marco, engendro de Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, aprobada en enero del año 2005 para controlar al entonces Presidente Enrique Bolaños, se le volvió un boomerang en su gobierno a Daniel Ortega.

Aunque Ortega no va hacia una dictadura militar, tampoco quiere el semi-parlamentarismo o parlamentarismo mientras el esté gobernando. El régimen ideal y hecho a su medida es el presidencialista con rasgos democráticos.

El régimen semi-parlamentario o parlamentaria Ortega solo le sirve cuando se encuentre en la oposición para controlar al gobierno de turno. Al parecer el juego político de demócrata, al estar aislado por sus antiguos aliados, se le está acabando a Ortega y, tarde o temprano, tendrá que beber del veneno que produjo.

Notas:

1) Revista Semanal La Prensa. 06. I. 08

2)Régimen semi-parlamentario es aquel en el cual el poder ejecutivo comparte con el poder legislativo una serie de funciones, tales como el nombramiento de funcionarios públicos, así como su destitución y otras que antes eran solo competencia del Presidente de la República.

3) Idem.