¿Reformas? ¿Cambios estructurales?

Por Manuel Alberto Ramy (*)
Desde La Habana
Progreso Weekly, 24/07/08

Las tierras ociosas, las invadidas por el marabú o aquellas explotadas deficientemente pueden ser entregadas a nuevos y/o viejos productores. Así lo dispone el Decreto–Ley 259 que regula el traspaso de tierras en concepto de usufructo, y que ha sido publicado en todos los medios de prensa del país.

La condición de usufructuario es personal e intransferible, salvo incapacidad del beneficiado, quien podría proponer a uno nuevo entre los que han laborado con él.

El otorgamiento de tierras se aplica a las distintas formas de propiedad y de producción – granjas estatales, cooperativas y productores individuales son beneficiados por el decreto.

Para las personas naturales la tierra entregada en usufructo tiene un término inicial de 10 años con prórrogas sucesivas de 10 años, es decir prácticamente de por vida. En el caso de las personas jurídicas (granjas estatales y cooperativas), el usufructo es de 25 años prorrogables por otros 25.

Uno de los artículos del decreto–ley estipula que el "área a entregar a cada usufructuario, bien sea persona natural o jurídica, se determina según las posibilidades de fuerza de trabajo, de recursos para la producción, el tipo de producción agropecuaria para el que se van a destinar las tierras y la capacidad agroproductiva de los suelos". La ley establece 13,42 hectáreas como límite máxime a entregar a las personas naturales, y para aquellos que posean tierras "en propiedad o en usufructo podrán incrementarlas hasta completar 40,26 hectáreas".

A primera lectura, y por cierto de profano en el tema –ya entrevistaré a algún experto– la entrega de la tierra no parece estar destinada a algún tipo específico de producción orientada desde arriba (entiéndase "verticalismo"). El texto legal dice que "serán utilizadas en forma racional y sostenible de conformidad con la aptitud de uso del suelo para la producción agropecuaria". Vale anotar la presencia decisiva del criterio técnico especializado.

Otro aspecto interesante y que abre una incógnita a despejar es cuando en el artículo 11, relativo a quiénes pueden obtener tierras en usufructo, el acápite d) se refiere a "otras personas jurídicas constituidas conforme a la ley que excepcionalmente se autoricen (…)". Esta autorización excepcional ¿a qué posibles personas jurídicas se refiere? ¿Se trata de una ventana abierta a posibles inversiones foráneas en el sector agropecuario?

La pregunta no es ociosa, ya que las personas jurídicas nacionales ya están contempladas en el decreto–ley.

El Decreto–Ley estrena el pago de impuestos para los productores nacionales, que hasta ahora solo se aplicaban a los llamados "cuentapropistas" (trabajadores por cuenta propia). El pago de impuestos ha sido a lo largo de años un tema de profunda meditación en el seno de la dirección política del país, pero siempre fue desestimado. A comienzos de este año los cubanos que trabajan en empresas mixtas y reciben gratificaciones en moneda fuerte comenzaron a pagarlos de acuerdo con una escala progresiva. Ahora les toca a los agricultores. ¿Sorpresa?

Ya Raúl Castro lo había sugerido y también definido como un elemento regulador. La aplicación de impuestos está a la vista y supone que su implementación será paulatina y estaría asociada a los también paulatinos aumentos salariales e ingresos por sobreproducción.

El 26 de julio del pasado año, el entonces presidente provisional Raúl Castro anunció en su discurso modestos cambios estructurales y otros de mentalidad y en el estilo de trabajo. Pero hizo énfasis en el tema del sector agropecuario, definido como de seguridad nacional, y anunció medidas como la entrega de tierras, que ahora se fundamenta legalmente. Este último punto llega antecedido por convertir a los municipios en el eje o pivote para estas producciones, medida ciertamente descentralizadora. La experiencia, muy reciente aún para medir su impacto, será aplicada al menos en la conformación de los planes de viviendas, que en lo adelante será atributo municipal. La realidad está en las bases productivas –a los que se estimula con salarios según la productividad de cada quien–, y en los núcleos primarios de la organización administrativa: los municipios. Obviamente se trata de respuestas realistas.

Pero lo anterior no solo muestra un corolario económico y de racionalidad administrativa y de planeamiento, sino que al partir de las bases tiende a limitar, quiérase o no, el poder político de la burocracia y debe incidir positivamente en la escala de la estructura gubernamental.

No debe sorprendernos –y repito lo dicho en trabajos del pasado año– que para finales de 2008 la re–estructuración de la Administración Central del Estado (ministerios y otros organismos autónomos) se haga en base a una racionalidad en busca de mayor agilidad y eficiencia.

¿Reformas? ¿Cambios estructurales?

No debemos perder de vista que los cambios, en apariencia aislados, responden a una concepción integral, y que las medidas descentralizadoras en un área repercuten en otras. Más concreto, y se trata de una inquietud que registro en no pocas personas, especialmente en las que laboran en el mundo del pensamiento, ¿reformas o cambios estructurales? No soy experto en el tema, pero reformas (y las hay) y cambios estructurales están íntimamente relacionadas. Lo que suceda en una repercutirá en la otra. Lo demás consiste en las opciones de por dónde empezar, si por cambios estructurales o por reformas, si por el complejo de relaciones que soportan a las instituciones o por alteraciones sensibles en estas últimas, que en definitiva no son más que el cuerpo visible de las primeras.

Ambas opciones muestran perjuicios y beneficios que se verían aumentados o disminuidos según de acertada sea la decisión, que siempre será política y obviamente tiene en cuenta la delicada situación de la economía interna y la crítica a escala planetaria. Pero lo ineludible es que hay que hay que realizar transformaciones desde, por y para el socialismo y en beneficio concreto para todos los cubanos.

Hasta el momento, y guiándome por los actos y decisiones tomadas, la ruta ha comenzado por un cambio estructural (en el sector agropecuario), pero la primacía está en el conjunto de reformas que han venido poniéndose en práctica y otras que evidentemente son previsibles, como los mencionados impuestos.

Un vuelco estructural completo, del que son partidarios algunos destacados  especialistas, pero cuyos beneficios serían más dilatados en el tiempo, además de otras posibles repercusiones, ¿es lo más oportuno? ¿O será acaso más apropiada la aplicación paulatina de reformas que, partiendo de una visión integral para esta etapa de cambios y con previsiones a largo plazo vaya imponiendo modificaciones a la estructura hasta el cambio completo?  Siempre he escrito que estamos ante un proceso que como los cohetes transita por etapas y que ha sido impulsado por la dirección política del país.

No soy especialista, tampoco dispongo de las informaciones imprescindibles para una respuesta acabada. Sin embargo los actos que ha ido tomando la dirección política del país en correspondencia con su percepción de la realidad y en la asunción de los temas más acuciantes me indican que el camino va de las reformas a los cambios estructurales y no a la inversa.

(*) Manuel Alberto Ramy es jefe de la corresponsalía de Radio Progreso Alternativa en La Habana y editor de la versión en español del semanario bilingüe Progreso Weekly/Semanal.