Tegucigalpa, 8 de octubre. “En defensa de la democracia”, el gobierno de
facto de Honduras no escatima gastos. Lo mismo contrata una
firma de cabilderos para limpiar su imagen en Washington que
entrega recursos públicos a organismos empresariales para
que sus ejecutivos viajen a Estados Unidos y Europa (los que
aún tienen visas) a defender el golpe de Estado.
El diputado Marvin Ponce todavía no puede dar un buen apretón de manos,
luego de que la policía le rompió el brazo en una
manifestación. Pero con la izquierda muestra, desde hace
unos días, dos oficios firmados por el ministro de la
presidencia del gobierno de facto, Rafael Pineda Ponce. En
el primero ordena al Banco Central la transferencia de 2.5
millones de lempiras (poco más de 130 mil dólares) a una
cuenta privada de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI),
que encabeza el empresario Adolfo Facussé, un entusiasta
promotor del regreso del presidente Manuel Zelaya al poder
(sólo por una hora, para ir derechito a enfrentar a la
justicia y “casa por cárcel”).
Los recursos, según el texto, “serán destinados al financiamiento de
actividades dirigidas al fortalecimiento de la democracia y
el diálogo nacional”.
El segundo, ordena la transferencia de poco más de 130 mil dólares, del
presupuesto de la Comisión de Fortalecimiento
Institucional, a la firma de cabildeo Chlopak, Leonard,
Schechter y Asociados, con sede en San Francisco,
California. Se trata del primer pago de un contrato por un
monto de 292 mil dólares.
Dicho contrato pretende “contar con los servicios de consultoría de una
empresa de relaciones públicas especializada en el manejo
de situaciones políticas especiales, con el fin de
implementar un plan estratégico de comunicación para
lograr un mejor posicionamiento del gobierno ante la opinión
pública mundial”, según una copia del documento citada
por la agencia Afp. El documento fue registrado por la firma
estadounidense ante la división de cabildeo de gobiernos
extranjeros del Departamento de Justicia el 18 de
septiembre, dice la agencia.
Los
desvisados
A mediados de septiembre, Facussé fue detenido en el aeropuerto de Miami y
enviado de regreso a Honduras. Así se enteró que el
gobierno estadounidense le había cancelado la visa. Otros,
que sí pueden viajar, han gastado los dólares del gobierno
para ir a Estados Unidos y Europa, quizá para retribuir el
dinero gastado por los empresarios en la campaña contra
Zelaya anterior al golpe de Estado y luego en la organización
de las “marchas blancas” en favor del gobierno golpista.
La inversión ha rendido frutos. Según una nota del diario New York Times,
el gobierno de Micheletti ya ha gastado unos 400 mil dólares
en abogados y cabilderos que han tenido el efecto de obligar
“a la administración Obama a enviar señales
contradictorias sobre su postura en relación al gobierno de
facto, quien las interpreta como una señal de aliento.
También han retrasado dos importantes nombramientos del
Departamento de Estado para la región”.
En dicha campaña, sigue el diario, “están involucrados bufetes de
abogados y agencias de relaciones públicas con estrechos vínculos
con la secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton y el
senador John McCain” (ex candidato republicano y figura
importante del comité de en asuntos exteriores del Senado).
Según el diario hondureño Tiempo, Facussé aceptó haber recibido los
fondos y dijo que no pueden ser “reparables”
(reembolsables) “porque son para promover la democracia, a
menos que el gobierno esté en contra de la democracia”.
Marvin Ponce dice que, en todo caso, el gobierno “puede gastar el dinero
del pueblo en lo que quiera”, pero en el caso de un
contrato internacional está obligado a hacer una licitación
“y esta fue una asignación directa”, destinada a
“darle una cara bonita al golpe de Estado”.
Las
encuestas de Micheletti y las otras
La noche del miércoles, Roberto Micheletti dijo a los cancilleres de la
Organización de Estados Americanos que 85 por ciento de los
hondureños no quiere el regreso de Manuel Zelaya a la
presidencia.
Hoy, el diario Tiempo adelanta una encuesta de la empresa Consultores en
Investigación de Mercados y Opinión Pública (COIMER&OP),
una de las avaladas por el Tribunal Superior Electoral.
Realizada entre el 23 y el 29 de agosto, la encuesta revela que: 52.7 por
ciento de la población está en contra del golpe de Estado
y solamente 17.4 en favor (29.9 por ciento de los ciudadanos
no responde).
“En términos reales, dice el diario, 75 por ciento de los hondureños
rechaza el régimen de facto, y 25 por ciento está a favor,
o sea una proporción anti–golpe de 3 a 1”.
“Asimismo, 60.1 por ciento de los hondureños quiere que Micheletti salga
del poder… En cambio, 51.6 por ciento desea el retorno del
presidente Zelaya Rosales al mando constitucional, y 33 por
ciento se opone”.
Según la misma encuesta, 44.7 por ciento de los hondureños tiene una buena
opinión de Zelaya, contra sólo 16.2 por ciento de
Micheletti.
La OEA
no ha podido revertir el golpe: Zelaya
Desde su encierro en la embajada de Brasil, Manuel Zelaya despide a los
cancilleres: “la OEA no ha podido revertir el golpe. Han
pasado 100 días de represión contra el pueblo y el
gobierno de facto se atreve a decir que de la silla
presidencial no se va a mover. ¿Qué va a hacer ahora la
comunidad internacional?”
Los funcionarios que se quedan piden calma: “Estamos contra el tiempo, es
urgente que esto se solucione, mientras antes mejor, menos
serán los costos. Hay que tener confianza en el diálogo”,
dice John Biehl, asesor de José Miguel Insulza.
Las pláticas siguen. La delegación de Zelaya ratifica el plazo del 15 de
octubre. Juan Barahona dice al salir de la sesión
vespertina que, al parecer, hay interés de entrarle
“seriamente” al diálogo.
El diálogo impulsado por la OEA, empantanado
Tegucigalpa, 8 de octubre.– A los golpistas les urgía darle la estocada
final al acuerdo de San José, y parecen haberlo conseguido,
con la bendición de algunos países de la Organización de
Estados Americanos (OEA) que, pese a los desplantes de
Roberto Micheletti, siguen elogiando “un acuerdo a la
hondureña”.
En términos diplomáticos se trata, como dice la secretaria de Relaciones
Exteriores de México, Patricia Espinosa, de que
“cualquier solución la tienen que construir los hondureños”.
Para el gobierno de facto, de que no hay salida si ésta es
contraria a “los principios de la Constitución que rigen
al país”, como afirma la vicecanciller Martha Lorena
Alvarado. “Hay que cruzar el puente cuando se llegue al río”,
pone su aporte Víctor Meza, ministro de Gobernación del
presidente Manuel Zelaya. Más claridoso resulta el líder
sindical Juan Barahona, también sentado a la mesa del diálogo:
“Nomás nos estamos pajeando”.
Una fuente cercana a la negociación dice que ya está en la mesa el tema de
la restitución del presidente, aunque oficialmente sólo se
ha informado que aún se discuten las modalidades del diálogo
y otros atorones que lo entorpecen.
Insiste
en que gobierne un “tercero”
“El gobierno de Micheletti ya está manejando su propuesta de la tercería”,
asegura la fuente. No se trata sino de la salida que el
presidente de facto ha machacado una y otra vez: me voy a
cambio de que también Zelaya se despida de la presidencia.
La misión de la OEA se planta frente a dos centenares de periodistas sólo
para leer un comunicado. En los rostros de los cancilleres y
altos funcionarios no hay rastros de la “sorpresa” que,
según un funcionario de la OEA, dicen sentir por la regañiza
que el día anterior les puso Micheletti.
El canciller costarricense, Bruno Stagno, es el encargado de dar lectura a
un breve documento que describe de manera general las
actividades realizadas por la misión entre miércoles y
jueves, declara que “abriga la esperanza de un acuerdo”
y establece las “condiciones apropiadas” para el diálogo:
“1. El restablecimiento y permanencia de todas las garantías
constitucionales; 2. La restitución de todos los medios de
prensa cuyo funcionamiento hubiera sido interrumpido, y 3.
Que se permita el normal acceso y consulta del presidente
Zelaya con sus representantes en la mesa de diálogo”.
Nada más. Los cancilleres y los otros altos funcionarios se
despiden, sin admitir preguntas.
¿El organismo hemisférico flaquea o se tambalea?
Habrá que ver si el gobierno de facto le hace caso a la OEA en “el normal
acceso y consulta”, porque los representantes de Zelaya
apenas lo pudieron ver por vez primera el miércoles, a las
ocho de la mañana.
En los otros dos puntos ni hablar. El miércoles, la policía repartió
macanazos y gases lacrimógenos a los zelayistas. El
comisario Daniel Molina, vocero de la policía, dijo que los
manifestantes estaban “violando el decreto” que suspendió
el derecho a la circulación, entre varios más. Y no le
faltaba razón.
El lunes, Micheletti le jugó el dedo a la comunidad internacional al
derogar, en consejo de ministros, el decreto que él mismo
había firmado, suprimiendo la libre expresión, el derecho
de manifestación y debido proceso.
Pero hasta ahora la derogación no ha sido publicada en la Gaceta Oficial,
por lo que el decreto derogado sigue vigente y la policía
puede dispersar cualquier concentración de 20 personas o más.
Los periódicos locales informan que el decreto no se ha
publicado porque la rotativa nacional está descompuesta,
aunque diputados de oposición aseguran que desde el lunes
se han publicado dos ediciones de la Gaceta Oficial, sin que
aparezca la famosa derogación.
¿Restitución de los medios?
El gobierno de facto mantiene fuera del aire a Radio Globo y al Canal 36, y
Micheletti ya ha advertido que no volverán al aire.
Quizá de esos ingredientes viene la expresión que la canciller mexicana,
Patricia Espinosa, utiliza para referirse a las
posibilidades del diálogo que arranca: “Somos cautos”,
dice en entrevista.
“La solución no sólo pasa por la restitución de Zelaya: pasa por ahí,
pero también por garantizar que el proceso electoral se
lleve a cabo de manera adecuada” y por “entendimientos
claros de cómo se va a gobernar de aquí a que pasen las
elecciones”, se sigue de largo Espinosa.
–Puntos
que están en el acuerdo de San José ya aceptado por
Zelaya. Y ahora en la mesa está también el rechazo que les
expresó Micheletti el miércoles.
–Fue básicamente el mismo planteamiento que Micheletti nos hizo la vez
pasada. Se puede leer como una propuesta para posicionarse
en una nueva etapa, aunque hubiéramos preferido, por
supuesto, un mensaje más conciliador.
Espinosa valora, en otro tema, la relación “siempre muy fluida” que México
ha tenido con Zelaya, con quien se reunió, en compañía de
los demás visitantes, la noche del miércoles. “Le
reiteramos nuestra solidaridad y deseo de que México va a
seguir acompañando este proceso de diálogo”.
Frente a los análisis que ven en Honduras el fin de la OEA, la canciller
sostiene que si bien “no ha resuelto el conflicto, sí ha
demostrado liderazgo para ocuparse del tema”. Y sostiene
que la experiencia hondureña debe servir para “empezar a
reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la Carta Democrática
de la OEA. Hay planteamientos que nos dicen que no nos
permitió actuar antes de que ocurrieran estos hechos;
bueno, este es un ejercicio que habrá que plantear”.
–Aquí
le dieron mucho vuelo a sus declaraciones en el Congreso, en
el sentido de que México apoya la democracia en Honduras y
no individuos. Se leyeron como una falta de apoyo a Zelaya.
–La postura de México es de principios, de defensa al orden
constitucional y democrático. Al hablar de que no apoyamos
a individuos, ¿qué es lo que queremos decir? No hemos roto
con el Estado hondureño; el tema no son los individuos,
sino que tiene que ser institucional, un tema de Estado.
–¿Y
ya quitaron la bandera de la embajada?
–México nunca rompió relaciones con Honduras y ahora tuve oportunidad de
comentarle al doctor Carlos López Contreras (ministro de
Exteriores del gobierno de facto) que no tenemos ningún
interés en entrar en una confrontación adicional.
Un
aplauso
Los cancilleres no acaban de irse cuando diez policías son sorprendidos por
los zelayistas que han llegado hasta el hotel donde se
celebra la reunión de dos en dos, para evitar que los
detengan. En unos minutos son algunos centenares, con
carteles nuevos (del tipo “Soy periodista en Honduras y
tengo derecho a mentir”) y muchas ganas de gritar.
Llegan más policías y la emprenden contra los manifestantes para alejarlos
de la entrada del hotel. Hasta ahí llegan. Ni modo que
echen gas lacrimógeno a los enviados de la OEA.
A la profesora Hedmé Castro la echan a empujones y le arrebatan su
credencial de procuradora de Derechos Humanos. Llegan más
policías. Roger López se acerca a la valla policiaca con
una bandera roja. “Me voy a limpiar el culo con tu bandera
y después te vas a morir”, le dice un coronel de apellido
Romero.
Con todo y los magros resultados de la misión internacional, desde el carro
de sonido piden “un aplauso para los cancilleres de la
OEA”. Y se los brindan.
