EEUU logró apoyar el golpe en Honduras y
aparentar respaldo a Zelaya

Nueva York, 26 de noviembre.– El gobierno de Barack Obama está entrampado entre viejos y nuevos esquemas de la política en América Latina y, según analistas, en Honduras ha optado por legitimar un golpe de Estado si es que reconoce –como todo indica–, los resultados de las elecciones programadas para el próximo domingo.

Para algunos, la jugada de Washington siempre fue apoyar el golpe de manera discreta y aparentar públicamente que respaldaba a Zelaya. Para otros, el gobierno de Obama, entre otros de la región, fueron derrotados por las maniobras de la derecha en América Latina y sus aliados en Estados Unidos. Pero los críticos coinciden en que la política de Washington hacia Honduras ha dañado –aunque no necesariamente de manera severa– la credibilidad del gobierno de Obama en América Latina.

La decisión de Obama, días después de negociar a finales de octubre un acuerdo entre el gobierno constitucional de Manuel Zelaya y el régimen de facto de Roberto Micheletti, de apoyar el proceso electoral aun sin incluir como precondición la restitución de Zelaya, fue elogiada por sectores conservadores en Estados Unidos.

Esa decisión permitió que Arturo Valenzuela, el recién instalado secretario adjunto de Estado para relaciones interamericanas y Thomas Shannon, su antecesor en el puesto, negociador principal del acuerdo en Honduras y próximamente embajador en Brasil, fueran finalmente ratificados por el Senado después que el senador conservador Jim DeMint levantara su congelamiento del proceso en la cámara alta.

DeMint, después que Shannon y otros afirmaron que Zelaya no tendría que ser restituido antes de la elección, declaró que “me complace reportar que el gobierno de Obama finalmente ha revertido su política mal guiada hacia Honduras y que reconocerá plenamente las elecciones del 29 de noviembre. La secretaria Clinton y el secretario adjunto Shannon me han asegurado que Estados Unidos reconocerá los resultados de las elecciones hondureñas aun si Manuel Zelaya no es reinstalado”.

DeMint y otros legisladores –entre ellos la representante republicana de origen cubano Ileana Ros–Lehtinen, quien dijo que visitará las casillas que la comunidad inmigrante hondureña utilizará en Miami– tuvieron éxito en promover su apoyo al gobierno de facto en Washington. Ese régimen y sus aliados gastaron más de 600 mil dólares en cabilderos, reportó la revista The New Yorker. Entre los contratados por el régimen golpista y sus aliados estaban figuras de gran influencia en Washington como Lanny Davis, el ex abogado del presidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton, la actual secretaria de Estado, reportó anteriormente La Jornada.

Para Christopher Sabatini, principal director de análisis político del Consejo de las Américas, con la decisión del gobierno de Obama de abandonar el consenso regional de defensa de la democracia en el caso de Honduras, “hemos perdido nuestra capacidad y autoridad moral para denunciar violaciones de legislaturas y tribunales supremos en otros países, como Venezuela o Bolivia, cuando ellos toman acciones antidemocráticas”. En entrevista con La Jornada, Sabatini argumentó que dar legitimidad al golpe de Estado a través de las elecciones es un error, y “daña el perfil de Obama en la región”.

Ante el golpe, comentó, “reconocer las elecciones es una victoria para los conservadores”. De que las fuerzas conservadoras, tanto allá como aquí, fueran tan “efectivas” es “impresionante pero a la vez triste”. Pero señaló que esas fuerzas conservadoras, “aunque podrán haber ganado esta batalla (al lograr que Washington apoye y tal vez reconozca las elecciones), podrán haber perdido la guerra” por los costos de esto para la política exterior hacia América Latina.

Para Mark Weisbrot, copresidente del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), el gobierno de Obama apoyó el golpe de Estado desde el inicio. “Han logrado apoyar el golpe y a la vez aparentar respaldo a Zelaya”, declaró en entrevista con este diario. Ambos analistas, entre muchos otros, se suman a la posición mayoritaria en la región de que no se puede lavar un golpe con una elección.

Sin embargo, señaló Weisbrot, el gobierno de Obama “está sorprendido por la reacción adversa en la región a esta decisión, puede ser que estos tipos simplemente no entendieron esto”.

“No sé si estamos solos”, afirmó Ian Kelly, vocero del Departamento de Estado al preguntarle sobre cómo Washington explica su posición frente al repudio del proceso electoral por casi todos los países de la región. Un alto funcionario del Departamento de Estado subrayó: “pues, no me voy a preocupar tanto por dónde están los otros países (en torno a Honduras) por el momento”.

Según informa el Consejo de las Américas, sólo Panamá y Perú estarían dispuestos a reconocer los resultados electorales, y México no se ha definido. Otros especulan que tal vez Colombia se podría sumar a la postura estadounidense.

La apuesta del gobierno de Obama es qué se verá después, con los socios de la región, qué se hará. El vocero Kelly señaló esta semana que “consultaremos con los observadores internacionales que están ahí, y después de consultar con ellos y nuestros amigos y aliados en la región, tomaremos nuestra determinación”, sobre el proceso electoral. Los funcionarios subrayaron que ven el proceso electoral como “parte esencial de la solución a esta crisis”, pero a la vez, insistieron en que depende si son “imparciales y transparentes”.

Para algunos analistas, eso indica que el gobierno de Obama está apostando a que se superará la reacción inicial de repudio de países como Brasil y Argentina, entre otros de la región. “El tiempo, creen ellos, es su amigo”, advierte Weisbrot.

“Lo que nos jugamos en Honduras no es nada menos que la credibilidad de la OEA y de sus miembros en cuanto a mantenerse fieles al llamado a la defensa colectiva de la democracia consagrado en la Carta (Democrática)”, dijo esta semana Valenzuela en el Consejo Permanente de la OEA. Pero para varios líderes y analistas en la región como en este país, lo que en verdad está en juego es la credibilidad de Estados Unidos en el hemisferio.

Obama justifica el giro de postura

Nueva York, 25 de noviembre.– El gobierno de Barack Obama ha decidido abandonar al presidente constitucional Manuel Zelaya y apostar a la legitimidad de las elecciones en Honduras realizadas bajo el gobierno golpista, rompiendo así con el consenso de la mayoría de los países de América Latina, incluso con aliados como Brasil.

Inicialmente, Obama había declarado “ilegal” el “golpe de Estado”, y junto con la Organización de Estados Americanos había rechazado, entre titubeos y señales contradictorias, la legitimidad del gobierno de facto y exigió la restitución del gobierno constitucional. Al frustrarse las negociaciones mediadas por Óscar Arias, Estados Unidos amenazó, a la par del resto del hemisferio, con no reconocer los resultados de las elecciones del 29 de noviembre.

Pero esta posición cambió a partir del 30 de octubre, cuando después de intensas negociaciones con enviados del Departamento de Estado, se proclamó un acuerdo entre el gobierno de facto de Roberto Micheletti y el presidente constitucional Manuel Zelaya. A pesar de que el gobierno golpista no cumplió el acuerdo, pocos días después el gobierno de Obama declaró que reconocería los resultados de las elecciones si éstas son calificadas de “imparciales”, aun sin la reinstalación de Zelaya.

Ayer, Obama reiteró la nueva postura estadounidense en una carta enviada al presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en la cual justificó el apoyo estadounidense a la elección en Honduras, ya que con eso la situación después de los comicios “partiría de cero”, según filtró un funcionario brasileño. O sea, algo así como borrón y cuenta nueva.

La actual postura estadounidense fue expresada esta semana por el recién instalado secretario adjunto de Estado, Arturo Valenzuela, en una sesión a puerta cerrada del Consejo Permanente de la OEA. Aunque recordó que “Estados Unidos, junto con el resto de los estados miembros, emitió un veredicto unánime al considerar que el presidente debidamente elegido en Honduras… fue derrocado de su cargo en un golpe de Estado”, afirmó que la solución a la crisis, bajo lo estipulado por el acuerdo del 30 de octubre, es proceder con las elecciones.

Sin embargo, Valenzuela condicionó la realización del proceso al aclarar que “si bien una elección realizada de manera compatible con las normas internacionales es una condición necesaria para que Honduras vuelva a ser miembro de la OEA, no es una condición suficiente... Para que eso ocurra, las partes en Honduras deben aplicar plenamente los acuerdos de Tegucigalpa y San José. Esto significa que se ha de constituir un gobierno de unidad nacional que represente a todos los sectores de la sociedad y del Congreso. A su vez, el Legislativo debe votar con toda prontitud la restitución del presidente Zelaya”.

Pero en ningún momento exige la reinstalación del presidente constitucional como condición.

Valenzuela justificó el proceso electoral como mecanismo legítimo que “se atiene al calendario electoral normal que estipula la Constitución hondureña, y había estado en camino varios meses antes del golpe”. Subrayó que “ésta no es una elección inventada por un gobierno de facto en busca de una estrategia de salida, ni una manera de esconder un golpe de Estado”, sino un proceso que “permite que el pueblo hondureño ejerza su voluntad soberana”.

A la vez, reconoció que “nos preocupan los informes de violaciones de derechos humanos y esfuerzos deliberados de incitar a la violencia y el enfrentamiento en ambos lados políticos de Honduras y que podrían afectar el proceso electoral”. Por lo tanto, afirmó que “recurriremos a los observadores internacionales de la sociedad civil y a nuestros propios observadores para determinar si las elecciones han cumplido con las normas internacionales”.

El Departamento de Estado está financiando misiones de observación electoral del Instituto Republicano Internacional (IRI) y por su contraparte el Instituto Democrático Nacional, ambas vinculadas al Fondo Nacional para la Democracia. Algunos críticos acusan que el IRI en particular fue inmiscuido en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela.

Por otra parte, este miércoles unas 175 mujeres defensoras de derechos humanos y feministas, incluidas tres premios Nobel de la Paz, enviaron una carta abierta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, instándole a condenar las violaciones de derechos humanos en Honduras. Con base en lo documentado por organizaciones de derechos humanos, escriben que “el régimen de facto ha participado en una campaña sistemática de intimidación, abuso físico y sexual, además de tortura. Cada vez más, las mujeres han sido el blanco de esta campaña. Le instamos a condenar la violencia desatada contra la gente de Honduras, y en particular contra las mujeres hondureñas”.

Agregan que “fue la ruptura del orden democrático en el país lo que dio lugar a la crisis actual en derechos humanos de las mujeres en Honduras. Por lo tanto, solamente el retorno del gobierno constitucional puede parar el rápido deterioro de los derechos de la mujer. Unas elecciones precipitadas e improvisadas –sin la participación completa de la sociedad hondureña, el reconocimiento internacional o el restablecimiento del presidente constitucional– no pueden ser consideradas libres ni justas, y no garantizan una vuelta al Estado de derecho”.