Al inicio del segundo
semestre del presente año, el gobierno de Panamá liderado por Ricardo
Martinelli, decidió concretar su discurso abiertamente neoliberal y
reaccionario de campaña, en el cual prometía actuar con “mano dura”, en
esta ocasión ha cumplido su promesa arremetiendo de manera brutal sobre el
pueblo trabajador panameño, especialmente, contra las y los trabajadores del
sector bananero del país, ubicado en la provincia de Bocas del Toro, región
históricamente caracterizada por la proletarización de la población indígena,
situación que ha garantizando la existencia de mano de obra barata, y por
tanto, la permanencia de las compañías bananeras transnacionales, como lo es
la Boca Fruit Company.
Martinelli y su Asamblea
Nacional de Diputados, en su ardua labor de atropello de la clase obrera
bananera, procedió a la discusión y la aprobación mediante sesiones
extraordinarias de la “Ley 30” ó “Ley de aviación comercial”, la
cual contenía como requisito para su aplicación la reforma de tres códigos,
entre ellos el código de trabajo y unas seis leyes de carácter nacional, de
esta forma la “Ley 30” ó “Ley Chorizo” como es conocida por el pueblo
de Panamá, tiene como propósito fundamental la eliminación de los más
esenciales derechos de la clase trabajadora, entre ellos, su derecho a la
huelga y su derecho a la sindicalización.
Representando un claro ataque
contra las y los trabajadores panameños y sus derechos laborales, así como
el claro deseo de desmoronamiento de las organizaciones sindicales, tomando en
consideración que la “Ley 30”, impide de plano la cuota sindical, la cual
fue pactada por la Mesa de Negociaciones de los sindicatos de trabajadores
bananeros, y aprobado en Asambleas Generales de Trabajadores, las cuales
dieron el aval democrático para que su cuota sindical fuese deducida de su
salario. Asimismo y como método paralelo a la intención del gobierno de
eliminar la organización obrera, la Ley otorga el derecho de impunidad a los
agentes policiales, quedando la policía con libre autorización de reprimir y
asesinar, teniendo como comodín, su seguridad jurídica garantizada, esto,
como forma de amedrentar cualquier intención de lucha del pueblo trabajador.
No obstante, a pesar de los
zarpazos del gobierno contra la clase obrera, la respuesta de la misma no se
hizo esperar, las y los trabajadores panameños los cuales han demostrado su
ímpetu de lucha, iniciaron de inmediato un fuerte y amplio movimiento de
resistencia, mediante los métodos revolucionarios característicos de una
verdadera lucha obrera; con cortes de ruta, paros indefinidos y la huelga
general, las y los obreros bananeros han enfrentado al gobierno de Martinelli
y sus claras políticas neoliberales.
Así, en la provincia de
Bocas del Toro, cerca de 5000 trabajadores bananeros afiliados a Convergencia
Sindical y a la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá con
el apoyo de organizaciones populares y de la sociedad civil, así como el
incondicional apoyo del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS),
quienes hecho manifiesto mediante su lucha constante la necesidad e
importancia de la unidad de la clase obrera, se manifestaron el pasado 8 de
julio, día que inició una huelga que se prolongaría por 11 días más, en
contra de la eliminación de las cuotas sindicales, su derecho a huelga, la
restricción de su libertad sindical así como en oposición a la penalización
con cárcel de la protesta social y sindical.
Sin embargo, las amenazas del
gobierno derechista de Martinelli tampoco tardaron en concretarse, el
resultado, una brutal represión por parte de la fuerzas policiales de Bocas
del Toro, reforzadas hasta los dientes con cientos de efectivos traídos de
varias provincias más y enlistados en el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRON).
A garrote y con gases lacrimógenos, dio inicio la horda de violencia liderada
por la policía bajo órdenes de su director Gustavo Perez y del Ministro de
Seguridad Pública, Jose Raúl Mulino, no obstante la cantidad exorbitante de
heridos los cuales rondaban los 150, más dos asesinados, no fue suficiente
para saciar a “Don Ricardo Martinelli”, por lo que en contra de cualquier
tipo de derecho humano y violando los convenios internacionales, la policía
“decidió calmar los ánimos” disparando perdigones a las caras de las y
los manifestantes.
En medio del peor escenario
de represión, el gobierno por medio el Ministerio Público, desató la ya
esperada ola de persecución sindical, ordenando el arresto de cerca de 20
dirigentes sindicales, entre ellos Jaime Caballero, Secretario General de
SUNTRACS, así, hasta el momento la cifra de detenidos llegó a sobrepasar los
20, llegando a más de 300, contemplando los arrestados después del Encuentro
Nacional de Dirigentes Populares, Sindicales y Gremiales, llevado a 10 de
julio. A pesar de los arrestos políticos por parte de la policía y la
intención de sabotaje, este Encuentro logró la convocatoria a una huelga el
martes 13 de julio, la cual en conjunto con las movilizaciones populares y
obreras de todo el país demandaron la liberación de las y los trabajadores
encarcelados así como la impugnación de los asesinatos cometidos por parte
del gobierno, logrando la liberación de la mayoría.
Ante la actual situación, la
cual puede representar un estallido político mayor en Panamá, el gobierno
represor de Martinelli ha llamado al dialogo a las organizaciones y sindicatos
obreros, en un afán insostenible por desarticular la lucha valiéndose de la
negociación con sectores sindicales burocráticos, como forma para cooptar la
lucha, tal parece que gracias a la represión y el miedo sembrado por el
gobierno, ya se está gestionando una “solución al conflicto” a través
de la supuesta negociación, la cual algunas burocracias sindicales aceptaron.
Desde el Partido Socialista
de las y los Trabajadores, reivindicamos la lucha de las y los obreros
bananeros, y repudiamos la supuesta “comisión de dialogo” si no se deroga
la “Ley 30” en su totalidad, la cual no es más que un método para
reventar la tradición de lucha que ha tenido en los últimos años el pueblo
trabajador panameño, quien ha interpuesto la lucha callejera como método
revolucionario para exigir el derecho al trabajo y salarios de calidad, como
sucedió en el 2008 con la lucha emprendida por los trabajadores de la
construcción y apoyado por su sindical, SUNTRACS.
Por lo que aplaudimos la aún
persistente resistencia obrera y popular de quienes por el contrario de
algunas dela burocracias sindicales y sectores entreguistas se han mantenido
en pie de lucha, exigiendo se de respuesta a un pliego de demandas presentado
durante la huelga del día 13 de julio, donde se exige la derogatoria de la
“Ley 30”, el juicio y la condena de los responsables de los asesinatos y
heridos políticos de la represión del 8 de julio, cese la persecución
sindical y se libere de inmediato al compañero trabajador y líder sindical
Jaime Caballero, el cual sigue aún como preso político.
Enfatizamos en la necesidad
de articular un espacio de unidad sindical y obrera, que funcione como
instancia centralizadora de la lucha de las y los trabajadores, cuyo método
sea la Asamblea General y la democracia obrera.
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¡Por el derecho a la huelga y la sindicalización!
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¡Abajo la Ley 30 y el gobierno de Martinelli!
