Gobiernos del istmo descuidan alimentación de
los más pobres

Por Juan Fernando Lara S.
La Nación, Costa Rica, 12/09/10

Falta de controles e inversión oficial en planes compromete acceso a alimentos. Alzas en bienes propician esa tendencia ante menor poder adquisitivo en el área.

Aún y cuando es su compromiso, la mayoría de Gobiernos centroamericanos son incapaces de asegurar el derecho a alimentarse de toda su población.

La brecha entre salarios mínimos y el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la ausencia de estadísticas y controles y el poco financiamiento público a programas que aseguren este derecho evidencian un descuido político de esta necesidad básica.

Entre finales del 2006 y el 2009, la región tuvo un repunte promedio del 25% en el costo de la CBA por la crisis mundial en alza en los precios de los alimentos y la energía (electricidad y combustibles) indican análisis del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) en Centroamérica.

En ese lapso, el salario mínimo legal en el istmo creció un promedio de 18%: siete puntos debajo del incremento del costo de la CBA; diferencia que casi ningún Gobierno regional ha cerrado.

El efecto de esta brecha se evidencia en la desnutrición crónica y retardo en tallas de menores por una ingestión deficiente de alimentos en zonas rurales. Ahi viven las familias más pobres, sin ingresos suficientes para un salario mínimo que permita adquirir los alimentos necesarios.

Bienes como el aceite vegetal, maíz, arroz, huevos y pan dulce incrementaron del 6% al 21% su valor del 2006 al 2009 según producto y país, afirma PESA.

Alimentar a la gente es obligación adquirida desde 1966 por los Estados del área al suscribir el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; acuerdo vinculante que consagra ese derecho básico. Nicaragua y Guatemala (donde los problemas son más graves) incluso refuerzan este mandato con leyes de seguridad alimentaria. La realidad, no obstante, es que tal mandato es una promesa incumplida.

Agenda olvidada

Luis Monterroso, director del Observatorio del Derecho a la Alimentación de Guatemala, señala que los Gobiernos, en la práctica, diluyen esta prioridad en su agenda pública y sus acciones semejan más reacciones espontáneas a emergencias temporales que una política de seguridad alimentaria a largo plazo.

“Ningún Gobierno persigue equiparar el salario mínimo a cada alza en el costo de la canasta básica alimentaria. Cada negociación salarial la definen empresarios y en atención solo de sus propios intereses”, afirma Monterroso.

José Luis Vivero Pol, director regional de la organización Acción contra el Hambre, afirma que, además, los Estados tampoco poseen controles y personal capaces de confirmar que se paguen los salarios mínimos en el sector rural de forma que, al final, se incumplen hasta esos límites fijados por ley.

“Mucha gente necesitada, sin capacidad de negociar, sin ahorros, aceptan trabajos temporales en el agro sea cual sea el salario que los empresarios paguen porque hay mucha oferta de mano de obra y pocas plazas. Nadie controla esas irregularidades”, lamentó Vivero.

Ambos analistas deploran el poco afán público por actualizar datos (el último censo escolar de tallas en Honduras fue en el 2000), la resistencia que sufren entidades de ayuda externa para obtener datos y la descoordinación institucional.

Un análisis del Programa Mundial de Alimentos de abril señala varios problemas: la coordinación entre sectores de protección social es poco efectiva y variable; falta vinculación entre programas de ayuda y políticas; la inversión social en nutrición es baja; la supervisión de campo es deficiente y, encima, hay escasa información técnica entre tomadores de decisión por falta de datos frescos.