Drástica reorganización laboral preocupa a
la población

Por Patricia Grogg
Desde Cuba
Inter Press Service (IPS), 07/10/10

La drástica reorganización laboral emprendida por el presidente de Cuba, Raúl Castro, mantiene a la población entre preocupada, por la posibilidad de perder el empleo, y expectante, por el real alcance de la apertura a la actividad privada, que según estimados podría acoger inicialmente a unas 250.000 personas.

La Habana.– Según lo previsto, las inscripciones para ejercer alguno de los 178 oficios por cuenta propia autorizados deben comenzar este mes. Pero funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de la Oficina Nacional de Administración Tributaria dijeron a periodistas desconocer detalles al respecto.

Tampoco ha sido publicada la resolución del Ministerio de Finanzas y Precios, que establece el monto de los impuestos a pagar. "Quiero saber cuánto me costaría tener una licencia. Si los impuestos son muy altos, trataré de seguir como hasta ahora", comentó Caridad, modista desde hace varios años.

El gobierno se propone prescindir de medio millón de plazas laborales de aquí al primer trimestre de 2011, con el argumento de aumentar la eficiencia y la productividad del trabajo, lo cual considera imprescindible para elevar los salarios y "sostener los enormes gastos sociales" de su sistema socialista.

El reordenamiento laboral implica lograr que al menos 80 por ciento del personal esté vinculado directamente a la producción, servicios u otra actividad considerada fundamental.

El trabajador declarado "disponible" puede optar por plazas en la agricultura, la construcción o la policía, que hoy presentan déficit de personal, o el trabajo autónomo.

Según las autoridades, la eliminación de las plantillas infladas, subsidios excesivos y gratuidades indebidas, unida a liberar al Estado de un grupo de actividades, deben permitir el financiamiento de los incrementos de salario en el futuro inmediato, una reivindicación muy esperada en ese sector laboral.

"Yo no quiero ser policía, ni entiendo por qué debo dejar la capital donde vivo desde que nací para trabajar en el campo. Tampoco tengo dinero para emprender un oficio por cuenta propia. No sé qué voy a hacer si pierdo mi empleo", dijo a IPS un joven afrodescendiente de 26 años empleado de servicios en un hotel capitalino.

Castro aclaró en agosto que "nadie quedará abandonado a su suerte" y que se apoyará a quienes "realmente no estén en capacidad de trabajar (en otros empleos)". Pero ni las palabras del gobernante ni las asambleas explicativas realizadas en los centros de trabajo han logrado tranquilizar a los trabajadores que temen quedar entre los excluidos.

"Es una preocupación lógica. Romper con 50 años de paternalismo estatal no es fácil, pero este ajuste de las fuerzas productivas es absolutamente necesario, si queremos mantener otras cosas que son valiosas, como la gratuidad de los servicios de salud y la educación", comentó a IPS un economista cubano que no quiso ser identificado.

Estimaciones oficiales indican que sólo en esos dos sectores se emplea 46,7 por ciento de los gastos corrientes del presupuesto del Estado, urgido por tanto de nuevas fuentes de ingreso. El derecho de la ciudadanía a disfrutar de manera gratuita de servicios educacionales y sanitarios está garantizado por la Constitución.

El arzobispo de la Habana, cardenal Jaime Ortega, no deja de admitir las inquietudes ante la posibilidad del despido, especialmente entre los que "tienen algún cargo burocrático", pero considera a la vez que "hay un poquito de expectativa sobre los cambios y el éxito que puedan tener (...), y en algunos hay aceptación".

En personas "con capacitaciones especiales que los hacen aptos para una pequeña empresa, un pequeño negocio (...) puede haber alegría o entusiasmo", comentó a periodistas Ortega, quien ve un giro "en sí mismo positivo" en el "planteamiento de las dificultades económicas de Cuba y cómo superarlas".

Sin embargo, muchas personas han reaccionado con poco entusiasmo ante la ampliación de posibilidades de trabajo independiente. En parte porque ya ejercen alguno de los oficios sin pagar licencia ni impuestos por ingresos personales o bien porque se prevé que estos gravámenes serán mayores.

En documentos filtrados a medios extranjeros de comunicación se sostiene que las propuestas impositivas incluyen impuestos por ingresos personales, sobre ventas o servicios, por utilización de fuerza de trabajo, contribución a la seguridad social y tasa por anuncios y propaganda comercial en los casos que corresponda.

El monto de los gravámenes iría de 10 a 40 por ciento y serían pagados en moneda nacional en todos los casos, pues cuando se opere en pesos convertibles (CUC), la divisa libremente convertible de circulación nacional, se aplicará la tasa de cambio vigente en CADECA.

En esas casas estatales de cambio, el CUC equivale a 24 pesos. Según cálculos preliminares del grupo de estudios tributarios, la entrada al cuentapropismo de 250.000 personas significaría un aporte al presupuesto del Estado de 1.000 millones de pesos a partir de 2011.

Algunos economistas consultados consideran esa meta demasiado ambiciosa y poco estimulante para el ingreso masivo a esa alternativa laboral. "El régimen tributario debería ser más discreto, al menos en una primera etapa, para dar lugar a que las personas comprueben los beneficios", comentó una fuente académica.

Las informaciones oficiales disponibles hasta el momento permiten adelantar entre los aspectos novedosos de la apertura al trabajo por cuenta propia, la libre subcontratación de mano de obra en 83 actividades y la derogación de regulaciones que impedían, entre otras, la renta de viviendas completas en divisa, así como de automóviles.

Esas facultades en materia de alquiler se extienden inclusive a personas que tienen autorización para residir en el extranjero o a quienes salgan del país por más de tres meses. También se estudia la posibilidad de que los cuentapropistas puedan acceder a un crédito bancario para echar a andar la actividad escogida.

Para analistas, todas estas medidas empiezan a abrir una puerta que puede llevar a resoluciones más audaces, aunque en lo inmediato, el reajuste laboral y sus consecuencias genera nuevas tensiones en la familia cubana, especialmente en aquellas encabezadas por personas de menor preparación profesional.

Gobierno decide eliminar “gastos irracionales” en
el sector salud

Por Gerardo Arreola
Corresponsal en Cuba
La Jornada, 06/10/10

La Habana, 5 de octubre.– El gobierno de Cuba eliminará “gastos irracionales” en el sector de la salud, para lo cual entró en un plan de “reorganización, compactación y regionalización”, anunció hoy el diario oficial Granma.

El ajuste surge al mismo tiempo que las autoridades reducen el aparato burocrático para lo cual despedirán a más de medio millón de trabajadores en los próximos seis meses. El sector salud tiene 600 mil empleados.

Esta es la tercera restructuración en gran escala de la salud pública cubana, después de las que se realizaron en 2007 y en 2008 para enfrentar conflictos en los dos primeros niveles de atención primaria, el médico familiar y el policlínico.

Armando Andrés Marrero Mederos, director de Salud en la provincia La Habana –circundante a la capital– puso algunos ejemplos de la situación actual en su zona: algunos de los 25 hogares maternos tienen cinco camas o menos, pero en todos hay más de 20 empleados; hay bases de ambulancias que sólo tienen un vehículo, pero hay más de 30 trabajadores en cada una de ellas. En ocho municipios existe doble aparato de dirección de salud –en el gobierno y en el policlínico de cada localidad– con más de 30 personas en cada lugar, entre directivos y trabajadores.

Marrero agregó que se evaluó al personal de la provincia para determinar la cantidad necesaria de plazas y en siete hospitales de la zona ya se redujo la planta laboral. También indicó que se estudia la demanda real de servicios como ultrasonido, endoscopía y laboratorios, entre otros, para ajustar los recursos.

El presidente Raúl Castro anunció en agosto pasado el inicio del despido masivo. Sin embargo, desde el año pasado había advertido que el gobierno suprimirá los subsidios sociales, para mantener gratuitos sólo los servicios públicos que prevé la Constitución, como la enseñanza y la atención sanitaria.

Necesidad de “finanzas públicas sanas”

En otro artículo, en su edición de este martes, Granma alegó la necesidad de unas finanzas públicas sanas. Sobre los subsidios dijo que “aún es pesada la carga que soporta el Estado. Entre los más importantes se cuentan los alimentos incluidos en la canasta básica, los combustibles domésticos y los medicamentos. Es un asunto que va a requerir análisis y participación para hallar respuestas efectivas, además de un uso racional de los recursos y la práctica permanente del ahorro, entendido en el sentido más amplio”.

El diario agregó que “nuestra sociedad está urgida de ajustar los gastos sociales a las posibilidades reales de la economía, sin paternalismos ni romanticismos”.

En la línea de austeridad, desde finales de 2009 la dirigencia cubana empezó a exhortar a sus médicos a reducir el gasto en los hospitales y ordenar sólo los análisis y medicamentos indispensables.

Como parte de un ejercicio de control, las autoridades ejecutaron a principios de 2010 una inspección general de almacenes del sistema de salud en la provincia central de Villa Clara, según reportó Granma en marzo pasado.

La revisión “demostró en poco tiempo el desorden existente en la distribución y control de los recursos y las grandes reservas del sector en materia de uso racional de los insumos”, señaló el diario. “Cientos de productos médicos y no médicos resultaron identificados en cada lugar; muchos de ellos (…) no se encontraban disponibles en otras instancias del propio sistema y corrían el riesgo de llegar al punto de vencimiento o deterioro”.

Entre agosto y septiembre últimos, el primer vicepresidente, José Ramón Machado Ventura, hizo una extensa gira por la provincia, en la que incluyó reuniones con trabajadores de la salud, para llevarles el mensaje de trabajar con austeridad, sin demérito del servicio.

Entre otras indicaciones, Machado pidió evitar “el exceso de exámenes” y la emisión de recetas innecesarias. Al mismo tiempo, expuso que la mitad de la población está insatisfecha con el servicio y la atención en los centros de salud, por lo que reclamó soluciones a esas quejas.

Machado fue particularmente duro a su paso por Santiago de Cuba (oriente), al evaluar la campaña contra el mosquito transmisor del dengue. “Los niveles de infestación”, señaló el vicepresidente, “no se corresponden con los recursos entregados” en la región.