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Contra la política de recortes y ajuste fiscal de
Chinchilla
Repudiemos el pre-acuerdo con el Gobierno
Organicemos la huelga nacional indefinida
Partido Socialista de las y los Trabajadores (PST)
Corriente Internacional Socialismo o Barbarie, 28/02/2012
La huelga del 15 de febrero se convirtió en una importante
jornada nacional de lucha, que congregó entre 25 y 30 mil
personas en la marcha hacia Casa Presidencial, paralizó por
completo todo el gremio magisterial y la actividad portuaria
en Limón-Moín, e incorporó a amplios contingentes de
trabajadores y trabajadoras de otras instituciones estatales
–como el ICE y el AyA-.
Lo anterior confirma que en Costa Rica está operando una reactivación
de las luchas sindicales y sociales —en contraste con
el ambiente político que se presentó en los años
posteriores al referéndum del TLC—, al presentarse
mejores condiciones para impulsar una lucha a fondo contra
la agenda de recortes presupuestarios, precarización
laboral y ajuste fiscal del gobierno de Laura Chinchilla.
A pesar de esto, las dirigencias de los principales
sindicatos nacionales están actuando como verdaderos burócratas
que garantizan la estabilidad política al Gobierno, al no
impulsar una huelga indefinida contra la agenda neoliberal
de Chinchilla. Esto quedó demostrado, nuevamente, durante
la negociación del pasado 20 de febrero, donde se alcanzó
un “pre-acuerdo” entre el Gobierno y las dirigencias
sindicales, el cual representa una burla para todas las
trabajadoras y trabajadores que participaron en la huelga.
La “negociación” del Gobierno
Tras la concurrida movilización, el Gobierno abrió un
espacio de “negociación” con los sindicatos para
descomprimir la presión política y evitar que se convocara
a una huelga indefinida, tal y como plantearon las
dirigencias sindicales. Después de largas horas de discusión,
se alcanzó un pre-acuerdo que, desde cualquier ángulo que
se le mire, es una burla del Gobierno ante las demandas
planteadas durante la huelga.
Ante cada una
de las peticiones del movimiento sindical, el Gobierno se
limita a “discutir”, “abrir mesas de diálogo”,
“mostrar anuencia” a revisar decretos y otras frases
ambiguas; mediante estas no asume ningún compromiso real
para retroceder en sus intenciones de implementar ajustes
salariales vía decretos ejecutivos por debajo de la inflación,
formular proyectos de ley que atenten contra las condiciones
de trabajo en el sector público, entre otras cosas.
Dicho “pre-acuerdo”, solo es conciso y claro ante la demanda de un mayor aumento salarial
para el I semestre del 2012, donde se estipula que “El Gobierno manifiesta que
mantendrá la vigencia del decreto de fijación salarial por
5.000 colones”.
En síntesis, el pre-acuerdo
legitima el mísero aumento salarial otorgado por el
Gobierno y “habilita” espacios formales de discusión
para que las dirigencias sindicales presenten sus propuestas
en materia salarial y empleo público, sin que esto
represente ningún impedimento para que el Gobierno impulse
unilateralmente sus políticas contra las condiciones
laborales en el sector público.
Una política conciliadora de la burocracia sindical
En una reunión realizada el 16 de febrero, las dirigencias
sindicales establecieron cuatro puntos para entrar a
negociar con el Gobierno: “1) Un ajuste salarial de 4%, en lugar de los ¢5.000 decretados; 2) Archivo
del plan fiscal; 3) Desistir de un proyecto de empleo público;
4) No congelar las plazas en el sector público.” Aunado a
esto, se planteó que en caso
“de que la mandataria se limite solo a escuchar los
planteamientos de los dirigentes y se resista a negociar un
aumento salarial justo, será declarada una huelga
indefinida (1)”.
No obstante, luego de que el Gobierno presentara su
propuesta de pre-acuerdo donde no se cumple con ninguno de
estos cuatro puntos, la política del conjunto de las
burocracias sindicales consiste en plantear “consultas”
a sus bases. A primera vista, esta orientación aparenta ser
muy democrática, pero en el terreno concreto de la lucha de
clases representa una política de conciliación con el
Gobierno.
¿Por qué decimos esto? En primer lugar, enfriaron los ánimos
políticos de los trabajadores y trabajadoras que asistieron
a la huelga, al extender por varias semanas el proceso de
“consulta” a las bases sindicales antes de darle una
respuesta definitiva al Gobierno. En segundo lugar, el hecho
de abrir un proceso de discusión sobre la base de un pre-acuerdo
que contradice todos los planteamientos de la huelga denota
una total indisposición política de las direcciones
sindicales por asumir la convocatoria a una huelga
indefinida. En tercer lugar, ninguna dirigencia sindical ha
emitido un criterio político al respecto del contenido del
texto, limitándose a convocar a sus bases a discutirlo y
alegar que lo están estudiando.
Por ejemplo, el SEC plantea que “está estudiando dicho
documento, que será sometido a decisión de la
afiliación. Instamos a nuestra afiliación a emitir su análisis
sobre esta propuesta, señalando los aspectos a favor o en
contra de la misma (2)”. En cuanto a la ANDE, en su sitio
web solamente hay una convocatoria a una asamblea el próximo
3 de marzo para tomar una posición “consensuada”.
Mientras tanto, en ANEP la Junta Directiva Nacional definirá
la posición oficial del sindicato este viernes. Albino
Vargas, Secretario General adelantó en una pequeña reunión
para conversar sobre el tema que el borrador debe ser
aprobado pues “fue lo discutido previamente”.
Incluso la dirigencia de la APSE, que
se asume como el ala “clasista” del movimiento sindical,
al momento de escribir este comunicado no ha tomado posición
pública sobre el pre-acuerdo y, por el contrario, sostiene
un comportamiento similar al del resto de burocracias
sindicales. Sin lugar a dudas, esta falta de
posicionamiento de la dirigencia de la APSE explica
la desarticulación actual de la “Coordinadora Nacional de
Lucha”, la cual todavía no tiene posición pública sobre
el pre-acuerdo de negociación.
¡Impidamos la capitulación al
Gobierno repudiando el pre-acuerdo!
¡Preparemos la huelga indefinida
contra el ajuste fiscal de Chinchilla!
Desde el Partido Socialista de las y los trabajadores
(PST), hacemos un llamado a todas las trabajadoras y
trabajadores para que exijan el rechazo de sus sindicatos
a firmar este pre-acuerdo, y emplacen a sus dirigencias
sindicales para tomar medidas efectivas para organizar una
huelga indefinida contra la agenda de los recortes
presupuestarios y de ajuste fiscal de Chichilla.
Esto significa librar una batalla política dentro del
movimiento sindical, al respecto de que la estrategia para
enfrentar al gobierno de Laura Chinchilla consiste en la
derrota política de su agenda neoliberal y capitalista, y
no en realizar movilizaciones para abrir espacios de
“negociación” –tesis sostenida por Albino Vargas en
la ANEP-.
Notas:
1.-
“Sindicatos ratificaron agenda a discutir en reunión con
Chinchilla”. Norma Umaña, www.apse.co.cr
2.-
“SEC
reitera que borrador de propuesta por el gobierno será
sometido a análisis y aprobado por la afiliación”.
www.seccr.com
Borrador de acuerdo
El día de hoy 20 de febrero, tuvo
lugar un encuentro entre la Sra. Presidenta de la República
y los representantes de los sindicatos del sector público.
La Sra. Presidenta estuvo acompañada de los Ministros de la
Presidencia, Hacienda, Educación, Trabajo y Comunicación.
El objetivo de la reunión fue
escuchar el planteamiento de los representantes sindicales
en torno a temas salariales del sector público y
restablecer mecanismos de diálogo entre el gobierno y los
sindicatos.
Ante los temas planteados se acordó
lo siguiente:
• Demanda 1: “Que se
realicen los cambios necesarios al decreto sobre la rectoría
de empleo público para que no lesione las atribuciones de
la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP)”.
Ante esta demanda, el Gobierno
mostró su anuencia a revisar el decreto y a efectuar los
ajustes correspondientes, de manera que la entidad rectora
en materia de empleo público no cercene las facultades que
la ley otorga al CNSSP.
Para tales efectos se acordó
establecer una mesa de trabajo conformada por representantes
de ambas partes, la cual procurará llegar a un acuerdo en
el plazo de una semana, a partir de su instalación.
Durante ese período se suspende cualquier decisión emanada
de dicho Decreto.
• Demanda 2: “Respetar el
acuerdo del 2007 para que el ajuste sea de al menos 1.9%
(costo de vida para todos) y se incorporen otros elementos
de cálculo en la fórmula como inflación adelantada”.
El Gobierno manifiesta que mantendrá
la vigencia del decreto de fijación salarial por 5.000
colones. Sin embargo, se compromete a iniciar la discusión
inmediata en el seno de la CNSSP, de las propuestas de
fijación salarial tendientes a atender las preocupaciones
generadas en el sector sindical ante la no aplicación de la
fórmula del año 2007 durante el primer semestre del año
2012, ya sea mediante la restitución de esta misma fórmula
para el segundo semestre del 2012, o mediante la aplicación
de una nueva fórmula fijada de mutuo acuerdo.
• Demanda 3: “Discusión
y formulación de la política salarial del sector público”.
Se acuerda conformar una mesa de
trabajo en el seno de la CNSSP, cuyo objetivo sería
elaborar propuestas de ley que aborden los aspectos
estructurales en materia de empleo y salarios del sector público.
Dicha mesa utilizará como base un
“estado de situación sobre política salarial del sector
público” que sería elaborado por parte de la OIT, y que
sería presentado en un plazo no mayor a un mes.
Recibido el informe, la mesa de
trabajo se avocará a plantear las propuestas para la cual
contará con un plazo de un mes adicional. Para ello,
cada parte presentará una propuesta.
• Demanda 4: “Que no se
presente ningún proyecto de ley de empleo público antes de
su conocimiento, discusión y eventual acuerdo en el seno de
la CNSSP”.
Dado que las partes se han
comprometido en el punto 3 de este acuerdo a conformar una
mesa de trabajo para analizar propuestas de ley en materia
de empleo y salarios del sector público, el Gobierno no
enviará ningún proyecto a conocimiento de la Asamblea
Legislativa hasta tanto no haya agotado su análisis y
discusión en dicha comisión. Si vencido el plazo de
trabajo en un mes, establecido en el punto anterior y no se
llegase a ningún acuerdo, cada una de las partes podrá
remitir sus propuestas de ley para su tramitación a la
Asamblea Legislativa
Finalmente, en tanto no se aclaren
los alcances del voto número 10832-112008-10602 de la Sala
Constitucional, el Gobierno se compromete a no aplicar
rebajos salariales o sanciones disciplinarias a los
participantes en el movimiento de huelga del 15 de febrero
del 2012.
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Este texto fue tomado de la página de APSE (www.apse.or.cr)
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