Se agrava la situación social en Colombia y repercute en Ecuador

Por Renato Vilacís
World Data Service, 19/07/05

En Bogotá, el Consejo Público de Ministros abarcó el análisis de temas de educación, cultura, salud, comunicaciones y protección social para Colombia desde 2002.

Funcionarios de educación señalaron que 275,000 personas fueron alfabetizadas en 2003–2005 y 1.000,000 de niños ingresaron a alguno de los niveles de enseñanza.

En las universidades se crearon 212,000 nuevas plazas y se prevé agregar otras 122,000 en los próximos dos semestres, según los planes oficiales. Las autoridades indicaron que 5.500,000 personas se benefician de un sistema subsidiado de salud y el año pudiera cerrar con 18.000,000.

Pero, para muchos, las cifras no reflejan totalmente la realidad y estiman que "la salud pública (de 17.000,000 de colombianos) pasa por la peor crisis de la historia" debido a la Ley 100.

En cultura fueron apoyados 3,215 proyectos en igual período y se destinaron 1,000.000,000 de dólares para estímulos a intelectuales y científicos. Pero, los avances que cita la administración de Álvaro Uribe curiosamente están vinculados a sectores privatizados bajo el enfoque neoliberal oficial.

El analfabetismo anda por 10% de la población (sin contar los funcionales) y muchas escuelas han cerrado por falta de presupuesto o maestros (700 muertos desde 1995) y miles desterrados. En Colombia, 2.000,000 de niños en edad escolar, no saben lo que es un aula y tienen que laborar para ayudar a la familia.

Entretanto, la universidad es dirigida, bajo las políticas neoliberales, a la privatización que la desliga de la investigación de soluciones a los problemas nacionales.

El empleo se considera un punto débil en la ejecutoria del gobierno de Uribe, con una tasa que toca 12,5% de la población activa.

De los 17.500,000 colombianos que forman el mercado laboral, apenas un poco más de 5.000,000 tienen una plaza fija y el resto vive de la economía marginal. Entre los jóvenes (23% de la población y 40% de la fuerza laboral), el fenómeno es peor, con 24% de paro forzoso, según cifras oficiales.

Expertos oficiales alegan que todo se debe al reacomodo económico y no consideran desempleada a la persona si laboró al menos un día o actúa en la economía marginal.

Siete de cada 10 personas son pobres y 12.000,000 viven en extrema pobreza, por lo que muchos consideran que la situación ha empeorado desde los 1960s cuando estalló el conflicto interno.

En la segunda mitad del siglo pasado una reforma agraria fue proclamada por presión de los campesinos y avanzó algo, pero luego involucionó. Los terratenientes recuperaron lo distribuido gracias a los paramilitares vinculados al narcotráfico y, a renglón seguido, el Pacto de Chicoral anuló la reforma.

Desde 1980, los paramilitares y terratenientes impusieron una contrarreforma agraria que desalojó a 3.000,000 de colombianos de sus tierras. En tal proceso, y al costo de miles de vidas, 1,5% de los propietarios concentran 82% de la tierra colombiana.

Según Insurrección, un boletín electrónico de la guerrilla colombiana, el 0,5% de los latifundistas son paramilitares relacionados con el narcotráfico y detentan 5.000,000 de 9.000,000 de hectáreas cultivables. En los sindicatos, apunta, "los derechos de los trabajadores, la contratación colectiva y las convenciones pactadas anteriormente desaparecieron del escenario laboral".

La ofensiva causó 1,200 sindicatos destruidos, miles de trabajadores despedidos, 3,000 activistas sindicales asesinados y otros miles obligados a emigrar o desplazarse.

Entre los factores negativos, la fuente señala la concentración de la riqueza, la opresión de los trabajadores y el saqueo de los fondos estatales.

En la industria, 10% de los propietarios emplean a 90% de los colombianos y sus fortunas crecen desproporcionadamente.

Colombia ha visto en el más reciente cuarto de siglo el asesinato de 10,000 dirigentes sociales o políticos y la desaparición o exilio de otros 5,000. Este país sufre la violencia en escalada del terrorismo de estado que causó 300,000 muertes y 800,000 desplazados a las ciudades en 1940–1962.

Washington ha reunido una misión diplomática de 2,000 funcionarios, con 2,000 militares 1,000 "contratistas" del Pentágono y cientos de agentes encubiertos de la CIA y la DEA.

Todo se engloba en el Plan Colombia, dirigido por el Comando Sur de Estados Unidos con sede en La Florida, bajo los nombres de Patriota y Escudo.

El paramilitarismo es una herramienta estratégica que forzó a amplios sectores sociales a presentar unas 2,000 pruebas de violaciones de la justicia ante la Corte Penal Internacional.

La solución al conflicto interno colombiano –apuesta la mayoría– tiene que ser política, para construir una sociedad con justicia social, democracia y soberanía.

Pero, esa paz no servirá de nada si los colombianos pierden su capacidad para defenderse, hacer respetar sus derechos, estima Insurrección.

Entretanto, la cumbre de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) reforzó la idea de que Bogotá no cuenta con muchos seguidores en la región. Dos vecinos, Ecuador y Venezuela, avanzaron en el camino de la integración después de un encuentro en Lima entre los presidentes Alfredo Palacio y Hugo Chávez.

Palacio ha marcado una diferencia respecto a la política apegada a Washington y a Bogotá de su predecesor, Lucio Gutiérrez. Con los planes Colombia, Patriota y Escudo, entre otras iniciativas, la Casa Blanca de Bush pretende modelar a Colombia como un Israel andino.

Durante el mandato de Gutiérrez se alentaron los planes Colombia y Patriota, en el sur colombiano, con violaciones de derechos de las poblaciones en la frontera. Analistas consideran que el fin del gobierno Gutiérrez aisló a la política de "seguridad democrática" de Bogotá.

Quito ha sido claro en que su misión es garantizar la seguridad ecuatoriana y no involucrarse en el conflicto interno colombiano, que se quiere internacionalizar.

El ministro de Defensa, general Aníbal Solón Espinoza, describió la frontera bilateral como "insegura" debido a la falta de control de la parte colombiana.

Mientras, el ministro de Gobierno y Policía, Mauricio Gándara, significó que su país limita con territorios controlados por la guerrilla y no por el ejército colombiano.

Para las autoridades ecuatorianas no resultan muy atractivas las fumigaciones a los cultivos de coca que dañan el entorno hasta 10 kilómetros del límite entre los dos países.

Entre los perjuicios se citan problemas respiratorios, nacimientos con deformidades, abortos, desertificación y muchos otros, llevados a la Organización Mundial de la Salud.

Según El Comercio, de Ecuador, los aviones fumigadores tienen pilotos estadounidenses contratados por el Pentágono.

Militares y paramilitares colombianos han sido acusados de traspasar la frontera para ocupar escuelas y viviendas en Carchi, Esmeraldas y Sucumbios. Más de 500,000 colombianos se desplazaron a Ecuador, lo que agrava la pobreza en esas áreas y no es extraño que el ejército de Ecuador se negara a operaciones conjuntas contra las guerrillas.

Pero, las posiciones de Palacio –que incluyen negarse a aceptar la impunidad de las tropas estadounidenses– dificultan los planes estratégicos de Estados Unidos.

Así, Quito empieza a estar en la mirilla, con referencias a un corte de la asistencia económica y de "cercanías" a Venezuela que supuestamente estimulan a militares relacionados con Gutiérrez.