”El sur del país va a explotar”

Por Constanza Vieira
Inter Press Service (IPS), 01/08/05

Bogotá. Campesinos de cuatro departamentos del centro y sur de Colombia anunciaron la creación de un movimiento civil contra el Plan Patriota, la ofensiva militar gubernamental financiada por Estados Unidos contra la guerrilla izquierdista.

”El sur del país va a explotar”, advirtió Héctor Torres, delegado de las 29 juntas de acción comunal en la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari, en el central departamento del Meta, en rueda de prensa en esta capital.

”Con todas las violaciones a los derechos humanos que está cometiendo el Estado colombiano, las comunidades decidimos que no debemos quedarnos calladas”, dijo Luis Antonio Valencia, del selvático Caguán en el departamento del Caquetá, al sur del Meta.

En una declaración divulgada el viernes por comunidades de los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo, los campesinos señalan a la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y a sus enemigos, los ultraderechistas paramilitares, de sembrar minas antipersonal, violando el derecho internacional humanitario.

”Debemos defender nuestra tierra y pronunciarnos ante las organizaciones sociales y los organismos nacionales e internacionales. Por eso nos unimos las 131 juntas de acción comunal y los gremios regionales del municipio” de Cartagena del Chairá, departamento de Caquetá, que se niegan a abandonar sus fincas a pesar de la presión militar, agregó Valencia.

La propuesta es ”un movimiento nacional, campesino, que vaya encaminado a defender a los campesinos del sur del país del famoso Plan Colombia (antidrogas), del Plan Patriota (contrainsurgente) y de la injerencia norteamericana (estadounidense) en nuestros asuntos internos”, afirma un líder local en un video aficionado elaborado por las juntas de acción comunal de Cartagena del Chairá.

La declaración acusa a la fuerza pública de ”detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, tratos inhumanos degradantes, maltrato verbal y ejecuciones extrajudiciales”, entre otros actos.

El movimiento contra el Plan Patriota fue lanzado con testimonios directos de víctimas, simultáneamente en Bogotá y en Florencia, capital del Caquetá, y en medio de una marcha en el parque central de Cartagena del Chairá, cabecera militarizada de ese extenso municipio.

Según los delegados del Chairá, el ejército advirtió contra la marcha mediante volantes sin firma.

”Campesinos, si ustedes salen a la marcha es porque se están dejando utilizar de la guerrilla, para ellos llevar a cabo diferentes atentados terroristas (sic)”, afirma el texto y advierte sobre las ”consecuencias que la marcha les puede traer”.

El Plan Patriota es el mayor esfuerzo contrainsurgente emprendido por gobierno alguno en la historia de la longeva guerra colombiana, y se distingue de campañas anteriores por su duración, lleva 16 meses, y porque no se dan al público muchos detalles sobre el mismo.

No es poca cosa anunciar una oposición activa al Plan cuando las FARC parecen haber puesto fin a su aparente evaporación de más de dos años, y cuando se habita en esos escenarios de rala presencia estatal y engorroso acceso para la prensa.

Las FARC han reactivado el asesinato de concejales (ediles municipales) en sus regiones de influencia en el sur, y en julio lograron paralizar el Putumayo saboteando carreteras y el suministro eléctrico. La ofensiva guerrillera generó una crisis que obligó al gobierno a enviar ayuda humanitaria.

El sabotaje de las FARC estaría comenzando a ser superado este lunes, dijo a IPS el experto en temas militares Alfredo Rangel, director de la no gubernamental Fundación Seguridad y Democracia.

Debido al bloqueo, sólo llegaron a Bogotá cuatro de los 70 campesinos putumayenses enviados a respaldar el movimiento contra el Plan Patriota.

Con este Plan, el gobierno busca debilitar a las FARC con el fin de lograr una correlación favorable en caso de una hipotética negociación de paz.

”Nunca habrá solución militar al problema interno colombiano. Eso requerirá una reforma política sostenida”, reconoció en octubre de 2004 al diario ecuatoriano El Comercio el general James Hill, antes de abandonar la jefatura del Comando Sur del ejército estadounidense, con jurisdicción sobre América Central y del Sur.

Colombia es el tercer país con mayor asistencia militar estadounidense después de Israel y Egipto.

El Plan Patriota concentra a 18.000 efectivos apoyados por las fuerzas aérea y naval, y su centro de operaciones es la base de Tres Esquinas, en el Meta, fuertemente restringida para la prensa, con alta tecnología de inteligencia y personal militar estadounidenses.

El Plan comenzó ”con un ataque sobre áreas rurales donde residen los campesinos locales que apoyan a las FARC”, dijo Hill al admitir la existencia de la operación, a mediados de 2004.

El gobierno parte del supuesto de que la retaguardia de las FARC está en los cuatro departamentos que, con unos 260.000 kilómetros cuadrados, suman casi la cuarta parte del territorio colombiano.

El Plan prevé que el ejército ecuatoriano sirva de barrera fronteriza o ”yunque” (en términos militares) contra la guerrilla.

El Banco de Datos del jesuita Centro de Investigación y Educación Popular presentó el viernes una lista de 594 actos de agresión contra civiles en el marco del Plan Patriota cometidos en Cartagena del Chairá entre enero de 2004 y el 5 de julio de este año.

La organización responsabiliza en 579 casos al Estado, en 10 a las FARC, en uno a ambos actores y deja cuatro casos sin claridad sobre la autoría.

Las autoridades esperan apresar o dar muerte a algún ”pez gordo” de las FARC, con el fin de generar impacto psicológico y reforzar la política de ”seguridad democrática” del presidente Álvaro Uribe.

El mandatario busca que toda la sociedad se alce contra los ”terroristas”, como califica a la guerrilla rural surgida en 1964 en respuesta a otra campaña con asistencia estadounidense, el Plan LASO (por Latin American Security Operation), que enfiló baterías contra sectores campesinos.

Así, se habilita el pago de informantes civiles y se mantienen unidades de soldados campesinos reclutados en la propia región para golpear más eficazmente a la guerrilla, cuyos miembros suelen provenir de las comunidades.

A su vez, el Plan Colombia fue diseñado con el Departamento de Estado estadounidense para asegurar la continuidad de la producción petrolera y combatir los cultivos de coca, materia prima de la cocaína, cuyo comercio resulta estratégico para las finanzas de las FARC.

El Plan Colombia continúa con costosas campañas de fumigación aérea sobre plantaciones de coca, utilizando una mezcla de químicos producidos por empresas estadounidenses, como la gigante Monsanto.

En 2003, otras 16 empresas de Estados Unidos recibieron contratos por más de 150 millones de dólares en el marco del Plan Colombia, afirma Ricardo Vargas, director de Acción Andina e investigador asociado del Instituto Transnacional, con sede en Ámsterdam, en su libro ”Narcotráfico, guerra y política antidrogas”, publicado a mediados de julio.

Las fumigaciones son acompañadas de cinco helicópteros artillados en plan de combate, y muchas veces hay desembarco de tropas en las fincas de los campesinos, que además denuncian la destrucción sistemática de sus cultivos de alimentos.

En el Caguán, según constató IPS en un viaje realizado en marzo, los militares se comportan como ejército de ocupación y tratan a la población como enemiga potencial.

La guerrilla obstruye incluso la misión médica y desconfía de alternativas legales de sustento para los campesinos, promovidas por organizaciones civiles.

Desde septiembre, los narcotraficantes dejaron de comprar pasta base (primera fase de elaboración de la cocaína) en el Caguán, el dinero circula cada vez menos y la mayoría de los cocaleros se marcharon a establecer sembrados a otras regiones de Colombia.

Permanecen en la zona sobre todo campesinos que, si bien sembraron coca en tiempos de bonanza, no llegaron a la región atraídos por ese cultivo ilegal.

La declaración manifiesta alarma ante la ”hambruna” por las fumigaciones y el bloqueo de alimentos, y señala también las barreras al paso de medicinas y de personal médico, la restricción a la libre locomoción y la ”constante acusación” de complicidad con la guerrilla a los habitantes de los cuatro departamentos.

Los campesinos pidieron a la Organización de las Naciones Unidas una verificación de sus denuncias y una ”recomendación urgente” al gobierno.

Habrá marchas sobre la capital ”si no hay solidaridad nacional” con los reclamos, dijo el campesino Torres, sin dar más detalles.

”¡Y no nos vayan a llamar cocaleros porque no lo somos!”, advirtió enérgico a los periodistas.