Colombia

 

Primicia editorial

El olor a narco-paramilitar del presidente Uribe

Por Hernando Calvo Ospina
Rebelión, 11/02/07

Dentro de algunas semanas circulará en castellano el libro “Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado”, del periodista y escritor colombiano, residente en Paris, Hernando Calvo Ospina. El prólogo tiene la firma de Ignacio Ramonet, director del prestigioso mensual francés Le Monde Diplomatique. Con la autorización del autor y la editora publicamos el Capitulo XVI.

El narco-paramilitarismo al Congreso

Fue como un “parte de guerra”. Acababan de pasar las elecciones legislativas del 10 de marzo de 2002, y el líder narco-paramilitar Salvatore Mancuso se congratulaba por Internet de que un importante porcentaje de los elegidos comulgaba con los “ideales” paramilitares. “Podemos afirmar con los datos a la mano, que la meta original del 30% ha sido largamente superada y constituye un hito en la historia de las AUC (...) Es motivo de inmensa satisfacción que los candidatos de nuestras preferencias, surgidos en su mayoría de nuestras bases sociales y políticas, y como tales, fruto de un vasto y firme esfuerzo formativo por parte de las Autodefensas, hayan alcanzado un masivo respaldo de los electores.”

A pesar de nunca haberse opuesto resueltamente al paramilitarismo, el dirigente liberal Carlos Lemos Simmons dijo ante tales resultados electorales: “Eso significa que hoy la mayor parte y la fuerza más importante en el Congreso la constituyen las Autodefensas (...) Pero lo que más asombra de todo este asunto es la indiferencia con que ha asumido tal anunció el país. Un hecho de tanta gravedad no ha suscitado en los medios, en los gremios, en el Gobierno, en la Iglesia, en la llamada sociedad civil, en las ONG o en la comunidad internacional la menor reacción (...) Por bastardas consideraciones electorales, lo que ayer era vitando y malo se volvió útil y bueno hoy...”. (1)

El ministro del Interior de entonces, Armando Estrada Villa, confirmó lo dicho por Mancuso pero ninguna medida anunció: “el análisis de esas personas, su votación y los sitios donde fueron elegidos, por ser sitios de influencia paramilitar, se llega a la conclusión de que los paramilitares ordenaron votar por ellos o llegaron a acuerdos para que éstos presionaran a las comunidades para que votaran por determinados nombres.” (2)

No era un secreto que los políticos de las regiones donde los paramilitares mandaban les pagaron 100 millones de pesos por lograr la curul al Senado. A cambio de ese dinero, los señores de la guerra garantizaron a sus protegidos que durante la campaña no tuvieran competencia en sus jurisdicciones, y el día de la elección que el pueblo votara masivamente por ellos. A cambio de ese ‘aval’, los elegidos se hacen los de la vista gorda ante sus actividades, e incluso han llegado a adjudicarles contratos públicos para sus empresas...” (3)

El stablishment sabía que el paso decisivo de paramilitarización del Estado se volvería realidad en esas elecciones, pues todo venía preparándose para ello. El mismo día de las votaciones Francisco Santos Calderón, que unos meses después sería elegido vicepresidente de Colombia, había escrito en su periódico El Tiempo: “... lo cierto es que el Congreso que vamos a elegir va a ser aún peor que el que ahora tenemos. Va a ser, con algunas excepciones, un Congreso al servicio de los caciques políticos tradicionales, de los “narcos” y de los paramilitares.” No lo dijo por visionario, sino por conocimiento de causa.

No se abrió ni una simple investigación oficial para verificar las relaciones de estos congresistas con el paramilitarismo. Y al contrario de los elegidos de la Unión Patriótica, de otras formaciones políticas de izquierda o simples críticos del sistema, no se vieron confrontados a un plan de exterminio, pues los defensores del sistema rara vez se matan entre ellos.

Uribe Vélez, un pasado entre narcotraficantes

Un columnista de El Espectador, Fernando Garavito Pardo, debió exiliarse en marzo del 2002 por amenazas a su vida, luego de haber publicado una serie de investigaciones sobre presuntos nexos del entonces candidato a la presidencia Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico y el paramilitarismo. (4)

Esas denuncias coincidieron con las de Ignacio Gómez Gómez, quien también debió irse del país por la misma causa. Cuando en el 2002 el Comité Mundial para la Protección de los Periodistas, CPJ, le entregó el Premio Internacional de Libertad de Prensa, explicó que tal galardón lo recibía “Por el trabajo de los antecedentes que relacionan a Álvaro Uribe Vélez con el Cartel de Medellín. Es una investigación que se hizo en cinco partes. Una de ellas tenía que ver con la coincidencia cuando Pablo Escobar era miembro del Congreso y tenía muchísima actividad política o proselitista en los barrios pobres de Medellín, y por entonces Álvaro Uribe era el alcalde de Medellín y hacía programas muy paralelos a los de Pablo Escobar. Después Álvaro Uribe fue director de la Aeronáutica Civil. Antes de él, desde 1954 hasta 1981, el Estado había concedido 2.339 licencias, y durante los 28 meses que él ejerció, concedió 2.242 licencias, muy poco menos que en los 35 años anteriores, con el agravante que muchísimas de esas licencias, como 200, quedaron en manos del Cartel de Medellín (...) Cuando el helicóptero [del padre] era objeto de la herencia, fue encontrado en un laboratorio famosísimo de Pablo Escobar llamado Tranquilandia. El helicóptero pertenecía a [Álvaro] Uribe y su hermano. Además había una estrecha relación entre el papá de Uribe y el clan de los Ochoa, que era una familia muy importante en el Cartel de Medellín. Y la última parte [de la serie] fue cuando Pablo Escobar escapó de la cárcel y trató de hacer un nuevo acuerdo con el gobierno, y el encargado de llegar a ese acuerdo fue Álvaro Uribe Vélez. (...) De las cinco historias Nosotros sólo alcanzamos a publicar una, que es la relacionada con el helicóptero. Y el día que la publicamos el presidente se puso demasiado bravo, me insultó a mí por la radio…”.

Empezaron, entonces, las amenazas contra él, el director del noticiero y sus familias. La serie se suspendió y ninguna televisión quiso difundirlas, en Colombia ni en el exterior…

Así se ha conocido que el actual presidente de Colombia vivió sus primeros años de vida en el seno de una familia de clase media con regulares problemas financieros. Un día cualquiera la situación empezó a cambiar radicalmente a partir de los negocios del padre Alberto Uribe Sierra como agiotista, aunque por las investigaciones se puede decir que la palabra exacta para las actividades del padre es “testaferro”. O sea dueño ficticio de propiedades de narcotraficantes, algo que había iniciado con el clan de los capos Ochoa, familiares de su esposa. Los Uribe empezaron la acumulación de su propio capital y de extensas propiedades rurales: “Uribe Sierra vivía tan inmerso en ese mundo de negocios alucinantes, que, relataba un amigo, hoy podía tener 23 fincas o 10 y amanecer mañana con 41.” (5) Eso sólo lo puede lograr un mago. Y, casualmente, a los ‘narcos’ en Colombia se les dice ‘mágicos’.

A pesar de su alta envestidura, el presidente Uribe Vélez nunca ha dado una aclaración objetiva sobre la procedencia de su gran fortuna. Cuando se ha visto obligado a tocar el tema, las frases dicen de todo sin precisar nada. Si un periodista le insiste aparece su agresividad. Ninguna autoridad se ha decidido a investigar.

El padre del presidente murió en un asalto que realizaron las FARC a su hacienda en junio de 1983. Los Uribe dicen que los guerrilleros pretendían secuestrarlo y él se atrincheró para impedirlo; que el ataque se hizo para desbaratar el campo de entrenamiento paramilitar que ahí existía, aseguró el grupo guerrillero. Esa es la parte trágica de la historia. Cuando Álvaro Uribe Vélez supo del ataque, utilizó un helicóptero para llegar hasta el lugar e intentar el rescate de su padre y hermanos. Al preguntársele sobre esto, el presidente de Colombia ha respondido: “Me monté casi de noche en el primer helicóptero que consiguieron (...) El periódico El Mundo dijo al otro día que el helicóptero era del hacendado Pablo Escobar.” (6) Según informó la prensa, la aeronave era una de las más modernas del país en cuanto a tecnología de navegación, por lo tanto el “hacendado” no la iba a prestar a cualquiera.

Siendo alcalde de Medellín, con gran despliegue mediático Uribe Vélez presentó en Bogotá el programa “Medellín sin tugurios”. Muy poco después se conoció que era un plan con aparente sentido cívico financiado por Escobar Gaviria, quien buscaba la solidaridad social y la aceptación política. El referido programa consistía en construir mil casas para donarlas a pobladores que dormían en casuchas cerca de un basurero.

Las extrañas “casualidades” del presidente Uribe Vélez con algunos capos del narcotráfico no se detienen. En marzo de 1984 la policía llegó hasta lo que se consideraba el laboratorio de procesamiento de cocaína más grande y moderno del mundo, conocido como ‘Tranquilandia”, cuyo propietario principal era Escobar Gaviria. Ahí se hallaron varias aeronaves, tres de las cuales tenían licencia de funcionamiento expedidas por la Aeronáutica Civil cuando su director era Álvaro Uribe Vélez (marzo 1980, agosto 1982) También se encontró un helicóptero que por herencia pertenecía a los hermanos Uribe Vélez...

A pesar de todo ello, el presidente insiste en afirmar: “no tuve relaciones con Escobar, ni cuando se usaba.” (7)

Después de dejar la dirección de la Aeronáutica, el futuro presidente de Colombia fue elegido gobernador del departamento de Antioquia. Desde ese cargo se convirtió en el principal promotor e impulsor de las Cooperativas de Seguridad Rural, “Convivir”. El jefe narcoparamilitar Carlos Castaño Gil diría que Uribe Vélez logró “sacar adelante cooperativas de seguridad, con las cuales nunca estuve de acuerdo. No voy a negar que a las autodefensas les sirvió, pero no tanto se avanzó con ellas. Quienes las aprovecharon fueron los narcotraficantes, que se dedicaron a montar pequeñas Convivir en sus fincas...” (8)

El 30 de julio del 2004 la Presidencia de Colombia rechazó públicamente un documento desclasificado en mayo, y proveniente de la Defense Intelligence Agency, DIA, uno de los servicios de seguridad más secreto y poderoso de Estados Unidos, dependiente del Pentágono. El informe dice en su aparte: “Álvaro Uribe Vélez, político y senador colombiano, colabora con el cartel de Medellín desde altos cargos en el gobierno. Uribe estuvo implicado en actividades de narcotráfico en Estados Unidos. Asesinaron a su padre en Colombia por conexiones con el tráfico de narcóticos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es amigo personal de Pablo Escobar Gaviria...” (9)

El comunicado de la Presidencia no da ningún argumento que desmienta con severidad tan grave señalamiento, pero pretende que se desestime el documento porque “se trata de información que no fue evaluada”, pues el texto dice, efectivamente, “Not finally evaluated”. Lo llamativo es que contra muchos de los numerosos narcotraficantes que se encuentran ahí descritos sí se utilizó esa información en investigaciones y juicios.

Familiares del presidente...

No tengo idea, no me he enterado de eso”, respondió el presidente Uribe Vélez ante la pregunta del periodista. Ni una palabra más. El día anterior, 21 de junio de 2005, el congresista Gustavo Petro Urrego había afirmado en una sesión parlamentaria que el hermano del presidente colombiano, Santiago, había sido investigado penalmente por la creación de un grupo paramilitar y el asesinato de varios campesinos. “En los procesos judiciales del pasado aparece sindicado el hermano del presidente de la república como conformador, auspiciador y erector de grupos paramilitares”, sostuvo Petro Urrego.

El grupo paramilitar “Los doce apóstoles” habría tenido sede en la hacienda “La Carolina”, en el departamento de Antioquia, cuya propiedad comparten los hermanos Uribe Vélez. El hermano del Presidente fue interrogado por la fiscalía en 1997 respecto a delitos de secuestro, extorsión y asesinato cometidos por “Los doce apóstoles” entre 1993 y 1994. El grupo paramilitar fue acusado de asesinar 50 personas, y de haber cometido una masacre de la cual fueron hallados los cuerpos de cuatro personas y otras dos permanecen desaparecidas. Por este caso existe una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La misma noche que el congresista hizo la denuncia, el fiscal Luis Camilo Osorio confirmó que el hermano del mandatario había sido objeto de una investigación en 1999, pero también indicó que se había declarado “un auto inhibitorio a favor del señor Uribe Vélez y se ordenó el archivo definitivo” ese mismo año.

Petro Urrego insistió en que Álvaro Uribe Vélez, por ser el presidente de la nación, debe “explicarle a toda Colombia qué pasó con el proceso judicial que se seguía contra su hermano, que lo vinculaba directamente al paramilitarismo y a delitos de lesa humanidad...”.

El parlamentariotambién denunció que tres parientes del Presidente colombiano, entre ellos dos primos hermanos, lideraron otra banda paramilitar conocida como “Los Erre”, señalada de haber asesinado a otro medio centenar de personas en varios municipios del departamento de Antioquia. Estos familiares fueron condenados en primera instancia y estuvieron presos cerca de un año, hasta que un juez de apelaciones los puso en libertad y archivó el caso por considerar que no había pruebas suficientes contra los acusados. Los parientes del mandatario son Carlos Alberto Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa y Mario Vélez Ochoa, también familiares del clan de los capos Ochoa.

Le reclamo a Uribe que, sabiendo que sus familiares directos están procesados por paramilitarismo, se atreve a llevar una ley que declara la impunidad para los paramilitares...” Fue la especie de acusación lanzada por Petro Urrego durante esa sesión del Congreso colombiano, que culminó con la aprobación de la llamada “Ley de Justicia y Paz”, la cual confiere estatus político a los narco-paramilitares que se encuentran en “negociación” con el gobierno del presidente Uribe Vélez. Con la ley se beneficiarían sus familiares.

Por fin, el 4 de diciembre de 2006, en declaraciones a W Radio de Bogotá, el presidente Uribe Vélez debió admitir que su hermano sí fue investigado por involucramiento con el paramilitarismo.


NOTAS

1.- El Tiempo. Bogotá, marzo 28, 2002.

2.- El Colombiano. Medellín, abril 24, 2002.

3.- “Los tentáculos de las AUC” Semana. Bogotá, julio 10, 2005.

4.- Garavito, junto al corresponsal para América Latina de la revista estadounidense Newsweek, Joseph Contreras, publicaron “Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez. (El señor de las Sombras)”. Ed. Oveja Negra. Bogotá, 2002.

5.- El Mundo. Medellín, 16 de junio 1983.

6.- El Tiempo. Bogotá, abril 21, 2002.

7.- El Tiempo, abril 21, 2002.

8.- Aranguren Molina, Mauricio. “Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos”. Ed. Oveja Negra. Bogotá, 2001.

9.- La información completa se encuentra en: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/index.htm.


Nuevo golpe a la credibilidad del presidente colombiano. Detenido el hermano de la ministra de Exteriores y otros 5 congresistas de Uribe. Álvaro Araújo era el presidenciable de los ultraderechistas, según la investigación

Los lazos entre paramilitares y políticos agitan Colombia

Por Gloria Helena Rey
Corresponsal en Bogotá
El Periódico, 17/02/07

Aunque el presidente Álvaro Uribe le ha dado un respaldo total, el futuro político de la ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, María Consuelo Araújo, pende de un hilo. Su hermano Álvaro y otros cinco congresistas de la coalición gubernamental fueron detenidos ayer, acusados de asociación para delinquir y de tener vínculos con los grupos paramilitares de extrema derecha, después de que el Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia judicial en Colombia, ordenara su arresto el jueves.

Los cargos contra Álvaro Araújo son los más graves, según admitió Alfredo Gómez, presidente de la sala penal del tribunal. El Supremo le imputa también el secuestro de Víctor Ochoa, excandidato a la alcaldía de la ciudad de Valdellupar, en el departamento del César (norte). Ochoa fue capturado en el 2002 por un grupo paramilitar. Además, en el ordenador decomisado a un cabecilla ultraderechista, conocido como Jorge 40, apareció un documento en el que se cita al hermano de la titular de Exteriores como el candidato de los paramilitares a la presidencia del país.

La situación de la ministra se agravó aún más ayer cuando el mismo tribunal pidió a la fiscalía que investigue a su padre, el exministro de Agricultura y exsenador Alfredo Araújo Noguera, también por vínculos con los paramilitares.

Peticiones de dimisión

La opinión pública y la oposición ya han pedido a María Consuelo Araújo que dimita. "El presidente debe permitirle renunciar, por el bien del país, y para no someterla a un desgaste personal y emocional tan grande", afirmó el senador liberal Rafael Pardo, quien adujo razones de "ética y moral". Las encuestas de varios programas de radio coincidieron también en la petición mayoritaria de dimisión de la ministra, e incluso empezaron a circular cadenas de correos electrónicos reclamándola.

Sin embargo, en una breve rueda de prensa María Consuelo Araújo afirmó que, aunque la situación es muy difícil, seguirá en el cargo "trabajando con eficacia, honradez, resultados y alegría".

'Parapolítica'

Con la detención de estos seis congresistas, se eleva a ocho el número de parlamentarios favorables a Uribe arrestados en el llamado escándalo de la parapolítica. El ministro del Interior, Carlos Holguín, admitió que lo sucedido es un duro golpe para la coalición que controla el Congreso.

Estas detenciones también pueden afectar inmediatamente las sesiones extraordinarias del Congreso, convocadas por el Gobierno de Uribe para sacar adelante el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y el Plan de Desarrollo. La comisión del Senado que presidía Araújo, encargada de analizar la parte agraria del TLC, no se ha reunido en las últimas dos semanas.