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Chávez
propone integrar un grupo de gobiernos al estilo
"Contadora", como el que negoció el desarme de la
guerrilla en Centroamérica
Uribe
reitera que durante su gobierno no habrá
despeje para
hablar con las FARC
Revista
Semana, Bogotá, 29/02/08
La
solicitud hecha en las últimas horas por los cuatro
senadores liberados por las Farc en el sentido de que el
gobierno nacional despeje los municipios de Pradera y
Florida para buscar un intercambio humanitario fue
respondida por el propio Presidente: "No".
"Ustedes saben la historia del despeje en el país. La
ciudadanía lo que quiere hoy es la presencia de la Fuerza Pública
en todo el territorio", dijo categórico.
El
Presidente incluso elevó el tono de firmeza ante las Farc y
los calificó de "chantajistas" y
"hitlerianos", por las lamentables condiciones en
que el grupo ilegal armado mantiene a sus cautivos en la
selva y ante la imposibilidad de que accedan a la visita de
una comisión médica para examinarlos. "No podemos
ocultar toda nuestra preocupación por el estado de los
secuestrados enfermos, empezando por la doctora Íngrid
Betancourt. Con la vida, con la salud no se puede
chantajear. Esos chantajes, que hacía Hitler y que ahora
hacen las Farc, son inadmisibles. Por eso, el gobierno
reclama la inmediata liberación, incondicional y
unilateral, de los secuestrados que están en malas
condiciones de salud", señaló el presidente Uribe, en
rueda de prensa ofrecida este viernes desde la Casa de Nariño.
Integrar un grupo al estilo "Contadora" que
busque salidas al conflicto
Uribe
dijo además que ni conoce, ni su gobierno tiene una opinión
sobre una propuesta formulada la víspera por su colega de
Venezuela, Hugo Chávez, de integrar un grupo al estilo
"Contadora" que busque salidas al conflicto
interno colombiano. Chávez no ha dado detalles de su
propuesta, pero asegura que tiene el respaldo de varios
gobierno de la región y de la OEA.
El
grupo Contadora fue creado en 1983 por México, Colombia,
Panamá y Venezuela para mediar entre los gobiernos
centroamericanos y las guerrillas de izquierda. "No,
no, no sé, no, el gobierno no tiene opinión sobre
eso", dijo Uribe en una entrevista con La FM de RCN.
Sobre
el despeje reiteró que no. Esa fue su respuesta al ser
consultado si su gobierno aceptaría o no evacuar a
militares y policías de una zona del país para negociar
allí un canje con las rebeldes Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia.
"No
podemos aflojar... por eso hay que tener en Colombia dos
sentimientos, dos actitudes: a estos bandidos del terrorismo
con toda la severidad... y al pueblo colombiano con todo el
amor", agregó Uribe, cuyo gobiern, al igual que el de
Estados Unidos y la Unión Europea, califica a las Farc como
una organización terrorista.
Para
negociar un canje y como garantía de seguridad para sus
voceros, las Farc han exigido el retiro de la fuerza pública
por 45 días de los 180 kilómetros cuadrados de los
municipios de Pradera y Florida, en el departamento del
Valle del Cauca.
Rechazo de Uribe
El
gobierno rechaza ese despeje alegando que si las Farc han
liberado otros rehenes sin necesidad de un despeje, pueden
hacer otras liberaciones en las mismas condiciones, mientras
presenta como contra oferta negociar el canje en cualquier
otra zona del país en la que ya no exista presencia de
militares y policías.
Esta
semana el ex senador Luis Eladio Pérez, liberado junto a
Gloria Polanco, Jorge Eduardo Géchem y Orlando Beltrán
tras seis años de cautiverio en manos de las Farc, afirmó
que si el gobierno quería demostrar los éxitos de su política
de "seguridad democrática" o mano dura contra las
Farc, podría sin problemas retirar a la fuerza pública de
Florida y Pradera.
"La
seguridad democrática la podemos demostrar como si fuera
exitosa en la medida en que la fuerzas armadas tuviesen la
capacidad de recuperar en 45 días una eventual zona que
pudiese ser despejada... de Florida y Pradera... reto al
Presidente de Colombia a que despeje Florida y Pradera en la
seguridad que sus Fuerzas Armadas le recuperan esos kilómetros
una vez concluyan los diálogos", ha dicho Pérez desde
Caracas, a cuyo gobierno y delegados de la Cruz Roja
Internacional fueron entregados por las Farc.
Pérez
y los ex congresistas además han narrado las duras
condiciones de cautiverio y la urgencia de lograr la
liberación de otros rehenes, como la ex candidata
presidencial Íngrid Betancourt, de 46 años, secuestrada
desde febrero de 2002.
Los
ex parlamentarios han asegurado que Betancourt sufre del hígado
y es maltratada por los rebeldes que se han "ensañado"
con ella.
Debido
a esas revelaciones, el presidente de Francia, Nicolás
Sarkozy, dijo esta semana que está dispuesto a ir a la
selva colombiana para lograr la liberación de Betancourt.
La política es
puerta de salida de la guerra
Por Humberto Márquez
Inter
Press Service (IPS), 29/02/08
Caracas.– La
solución del conflicto armado en Colombia es política y el
gobierno debe desmilitarizar una zona para que se concrete
el canje humanitario de retenidos por la insurgencia por
guerrilleros presos, postularon en la capital venezolana los
cuatro ex parlamentarios liberados por las FARC.
Esa opinión es
compartida por Ingrid Betancourt, la ex candidata
presidencial que también tiene nacionalidad francesa y
permanece cautiva en gravísimas condiciones de salud,
aseguró Luis Eladio Pérez en rueda de prensa junto a
Gloria Polanco, Jorge Eduardo Gechem y Orlando Beltrán
Cuellar.
Los cuatro ex
legisladores fueron dejados libres el miércoles por las
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que los
entregaron en un paraje de la selva colombiana a enviados
del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien luego los
recibió como sus huéspedes en Caracas.
"Queremos
presionar a las partes para que entiendan que la solución
es política", dijo Pérez. "Si el presidente Álvaro
Uribe insiste en la terca necedad de rescates militares, lo
que va a recibir son 30 o 40 cadáveres, porque contribuiría
a una masacre que así ha sido dispuesta por el secretariado
(alto mando) de las FARC en caso de un absurdo ataque en una
de esas maniguas (terrenos boscosos y pantanosos)".
"Necesitamos
una salida política al conflicto en Colombia y una primera
luz se ha presentado al conseguir el presidente Chávez y la
senadora (liberal colombiana) Piedad Córdoba", sostuvo
por su parte el ex senador Gechem.
Para Polanco,
quien arrancó lágrimas a periodistas con el relato sobre
su cautiverio, si no se despejan Pradera y Florida, nuestros
compañeros ––unos 40 rehenes en manos de la
insurgencia, entre políticos, militares, policías y
personal estadounidense—pueden morir. A la vida se le debe
dar más valor que a un pedazo de tierra, a unos kilómetros".
Las FARC demandan
el despeje militar de esos municipios del sudoeste
colombiano para negociar en ese espacio, que pasaría a ser
controlado por sus fuerzas guerrilleras y observadores
internacionales por un plazo de 45 días. La guerrilla
izquierdista propone canjear los rehenes en su poder por
unos 500 insurgentes que hoy están tras las rejas, dos de
ellos en Estados Unidos.
Pérez dijo que a
ese respecto presentarán una propuesta al derechista
presidentes Uribe y a sus pares Chávez y Nicolás Sarkozy,
de Francia, quien se dijo dispuesto a viajar para recibir a
Ingrid si es necesario, "pero no debemos hacerla pública
hasta que se la presentemos a ellos".
Chávez, por su
parte, ha propuesto "formar un grupo de países amigos
tipo Contadora (que contuvo la guerra civil centroamericana
hace dos décadas) para lograr el canje humanitario. Se podría
formar inmediatamente para recibir emisarios de Marulanda
("Manuel Marulanda", jefe de las FARC) y del
gobierno, para discutir la liberación". El ministro
colombiano del Interior, Carlos Holguín, reiteró la posición
de Bogotá en el sentido de que "zona de despeje no es
posible", aunque sí "una zona de encuentro, donde
quieran (las FARC), en un área despoblada sin presencia de
ellos ni del ejército".
La tesis de Uribe
es que la zona de despeje en un anterior diálogo con la
guerrilla, durante el gobierno de Andrés Pastrana
(1998–2002) que le precedió, San Vicente del Caguán no
produjo resultados para la paz y permitió a la guerrilla
reabastecerse, fortalecerse y sostener su práctica de
secuestros.
Pérez desafió a
Uribe "a demostrar el éxito de su política de
seguridad democrática despejando los municipios de Pradera
y Florida para que luego de 45 días las Fuerzas Armadas
recuperen ese territorio".
Relató que las
columnas guerrilleras que le transportaban se paseaban por
territorios "recuperados" o "bajo
control" de unidades militares y policiales, y que
incluso estuvo en varias ocasiones cautivo en el norte de
Ecuador, aunque no cree que en Venezuela.
En un aparte con
IPS, Pérez dijo que, "si Uribe teme que el despeje, de
un área muy pequeña del territorio colombiano y durante
muy pocos días, se la convierta en epicentro de una nueva
ola de secuestros, entonces eso significa que su política
de seguridad democrática no es tan fuerte como se le vende
a los colombianos".
"Ya hubo
demasiadas muertes testimoniales. Uribe debe asumir su
responsabilidad y comprender que los medios pueden llegar a
condicionar a los fines, y que la fuerza no es el mejor
medio de alcanzar la paz", añadió Pérez.
Beltrán dijo que
"las FARC han empezado a entender que ese método
abominable del secuestro no es la salida", y estimó
que "uno de los puntos de un acuerdo humanitario es que
las FARC acepten que no optarán más por el secuestro como
recurso político".
Pérez caracterizó
a las FARC como "una fuerza política y militar que
utiliza prácticas terroristas, entre ellas el
secuestro", pero rehusó la etiqueta de
"narcoguerrilla".
"No creo que
sea directamente una narcoguerrilla, pero sí tiene
participación en el negocio del narcotráfico, porque cobra
un porcentaje cuando se hacen operaciones de tráfico de
drogas en las zonas donde opera", argumentó Pérez a
IPS.
Los cuatro ex
rehenes coincidieron en su preocupación prioritaria por el
caso de Betancourt, que está en una situación de salud
"supremamente difícil" y se encuentra
emocionalmente muy abatida, aunque "lucharemos igual
por la libertad de todos, pues no creemos que hayan rehenes
de primera, de segunda y de tercera", según Beltrán.
"Yo en
particular le debo la vida a Ingrid. Cuando en la selva caí
víctima de un infarto y un paro diabético, fue ella quien
me ayudó, desde lavarme la ropa hasta auxiliándome para
caminar. Al Dios de los colombianos le pido que en mis últimos
días me permita estar con mi familia y retribuirle por ese
apoyo a Betancourt", expresó Pérez.
Los cuatro
anunciaron que acompañarán las jornadas contra la
violencia, el paramilitarismo y por el acuerdo humanitario y
la paz, que distintas organizaciones convocaron para el 6 de
marzo en Colombia, después que el pasado 4 de febrero en
los cinco continentes hubo demostraciones bajo la consigna
"No más FARC".
Pérez interpretó
que "se da una toma de conciencia en la sociedad
colombiana contra la violencia. Las FARC son una forma de
violencia. Eso es lo rescatable de esas marchas".
En lo inmediato,
dados los quebrantos de salud al cabo de seis años de
cautiverio, permanecen en Caracas efectuándose exámenes médicos,
pero los cuatro desean regresar lo más pronto posible a
Colombia.
Rehenes detrás de
un cerco
Por Constanza
Vieira
Inter
Press Service (IPS), 22/02/08
Bogotá.–
Esta vez, el gobierno colombiano no se quejó de desconocer
las coordenadas del sitio donde serían liberados por las
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) cuatro
políticos rehenes de esa insurgencia izquierdista.
Esta
vez, el gobierno colombiano no se quejó de desconocer las
coordenadas del sitio donde serían liberados por las FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) cuatro políticos
rehenes de esa insurgencia izquierdista.
"Si
hay un operativo militar es un gran peligro para los
rehenes", dijo el canciller francés Bernard Kouchner
en la mañana del jueves, tras reunirse con el presidente
colombiano Álvaro Uribe.
Al
anochecer, Bogotá anunció que tenía ubicado al segundo
grupo de rehenes que está en proceso de ser liberado
unilateralmente por las FARC.
El
ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, aseveró que el ejército
sabe que están en un lugar aledaño al mismo donde fueron
entregadas el 10 de enero por las FARC las políticas
Consuelo González y Clara Rojas, cerca del poblado de
Tomachipán, en el sureño departamento del Guaviare.
Se
trata de los políticos Gloria Polanco, Luis Eladio Pérez,
Orlando Beltrán y, posiblemente, Jorge Eduardo Gechem.
Todos
son ex parlamentarios. Los tres primeros fueron tomados
rehenes en distintos hechos en 2001 y Gechem el 20 de
febrero de 2002.
Según
Santos, Gechem está a 15 kilómetros de distancia de los
otros tres y en grave estado de salud.
Con
ese mensaje, Bogotá parece interesado en mostrar que ha
conquistado territorio en la guerra que libra contra la
insurgencia, con apoyo y financiación de Estados Unidos
mediante el Plan Colombia.
El
diario El Tiempo, del cual Santos es accionista, confirmó
la versión guerrillera en cuanto a la persistencia de
"intensos operativos militares" en Guaviare, en
los que participan, precisó, "incluso sofisticados
aviones estadounidenses".
Por
la interceptación de comunicaciones operacionales, las FARC
saben que las instrucciones a las naves de la Fuerza Aérea
Colombiana son dadas en inglés, según dijo a IPS en 2005
una fuente de la comandancia guerrillera.
El
gobierno colombiano aseveró que permitirá que la liberación
de rehenes siga su curso, pero se teme la reacción que
pueda tener la unidad guerrillera que los escolta.
Las
FARC han cumplido hasta ahora su amenaza de ejecutar a los
rehenes si se ven acosadas por la fuerza pública.
Esa
insurgencia campesina comunista, en armas desde 1964, aspira
a canjear a un grupo de entre 40 y 45 personas por unos 400
ó 500 guerrilleros presos, inclusive dos que fueron
extraditados por Uribe a Estados Unidos. Las FARC retienen
además, desde febrero de 2003, a tres estadounidenses que
trabajaban para el Plan Colombia.
Según
el ministro Santos, el gobierno "conoce desde hace algún
tiempo" la ubicación de los cuatro rehenes.
Pero
hizo pública la explosiva información horas después de
que Uribe rechazara de plano la propuesta de Kouchner de
incluir a su rival regional, el presidente venezolano Hugo
Chávez, en el grupo de países que intentan acercar a las
partes en conflicto para lograr un acuerdo humanitario.
Chávez
fue involucrado a principios de agosto en este drama
humanitario por iniciativa de la senadora opositora
colombiana Piedad Córdoba, del Partido Liberal.
Días
después, Uribe aceptó oficialmente la mediación de ambos,
pero le puso fin el 21 de noviembre, lo que dio pie a una
grave crisis entre los dos países fronterizos.
Uribe
intervino invariablemente de modo polémico en las tres
oportunidades en que Chávez y Córdoba anotaron un logro en
su gestión.
A
fines de noviembre, una misión de la guerrilla que
trasladaba pruebas de supervivencia de los rehenes
––exigidas a las FARC por Francia y por legisladores
estadounidenses del opositor Partido Demócrata–– fue
interceptada en Bogotá por orden del gobierno. Las
mensajeras están en proceso de extradición a Estados
Unidos.
La
liberación de Rojas y González, prevista para el 31 de
diciembre en una operación que contó con garantes de ocho
países encabezados por el ex presidente argentino Néstor
Kirchner, se demoró 10 días por bombardeos en la región.
Hoy
se sabe que meses antes de esa operación, Uribe sabía que
el hijo de Rojas, Emmanuel, no estaba en poder de la
guerrilla que prometía liberarlo, pero sólo a último
momento divulgó que el niño estaba en una institución
estatal para menores abandonados o maltratados.
En
todo caso, el mandatario prioriza la acción militar y
aspira llevar a las FARC a negociar bajo las condiciones del
gobierno, es decir que los guerrilleros liberados por el
canje abandonen la guerrilla.
Al
retornar de una gira por Europa en enero, Uribe ordenó
ubicar los campamentos guerrilleros donde estaban los
rehenes y prisioneros, sin atacarlos, para luego, con
mediación internacional, obtener su liberación
incondicional.
La
apuesta del gobierno es que, ante tal demostración de
fuerza, las FARC desistan de asesinar a los rehenes si se
ven cercadas por el ejército.
Pero
por ahora, las tres intervenciones de Uribe no muestran
necesariamente ese dominio militar. Se han realizado en
momentos de riesgo en operaciones previamente anunciadas por
la guerrilla.
Kouchner
indicó que al hablar el jueves sobre las medidas militares
en el caso de los rehenes, recomendó "al presidente
Uribe contenerse, y lo entendió perfectamente".
En
la tarde, el gubernamental alto comisionado para la Paz,
Luis Carlos Restrepo, escribió en su sitio de Internet que
"lo impensable con las FARC sucedió", y están
haciendo liberaciones unilaterales "para fortalecer la
imagen del presidente Chávez como persona clave en las
salidas humanitarias".
Según
Restrepo, las FARC intentan convocar en torno a Chávez
"un grupo de países que influyan sobre el presidente
Uribe para que acepte de nuevo su mediación".
El
canciller francés sólo consiguió el rechazo de Uribe al
abordar la creación de un grupo amplio de países para
llevar a las partes a un acuerdo de canje que abra la puerta
para negociaciones de paz, previa liberación unilateral de
todos los rehenes civiles en manos de las FARC.
"Esa
idea del grupo aún no ha sido aceptada, ni su geometría ni
su composición. Continuamos trabajando en esa dirección",
dijo Kouchner.
Ese
grupo de naciones sería integrado por Brasil, Francia,
Suiza, Cuba y Argentina, entre otros, pero Uribe rechazó
que se sumara Venezuela, algo que los demás ––y las
familias de los secuestrados–– consideran fundamental,
en vista del eco que Chávez ha logrado como interlocutor de
la guerrilla.
"El
presidente Chávez ha desempeñado un papel en las primeras
liberaciones... Pero Francia no puede exigir (a Colombia).
Como país amigo, en cambio, puede proponer y ser muy
perseverante a favor de los rehenes, y a favor de la
paz", indicó Kouchner.
Restrepo
resta credibilidad a informes de prensa basados en fuentes
de las FARC, según los cuales la insurgencia desestima la
mediación de la Iglesia Católica y de España, país
aliado del gobierno de Uribe.
El
comisionado reiteró un ofrecimiento de Uribe efectuado en
diciembre, ya rechazado por las FARC, de determinar una zona
deshabitada de 150 kilómetros cuadrados, aún sin presencia
militar, donde "delegados de las partes" se reunirían
con "el único propósito de dialogar", acompañados
por garantes internacionales.
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