|
Desde
la cárcel, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso hizo esa
revelación
La
mitad del Congreso tenía nexo con los “paras”
Página
12, 24/04/08
Colombia
vive la antesala de una crisis política. A horas de la
detención del primo del presidente, las denuncias contra
legisladores no le dan tregua al gobierno. Alvaro Uribe
propuso “reformar la política”, pero descartó una
asamblea constituyente.
Bogota.–
”Más de la mitad de los congresistas colombianos tiene vínculos
con los grupos paramilitares o guerrilleros.” La bomba la
tiró ayer el líder paramilitar desmovilizado Salvatore
Mancuso desde la cárcel, mientras en las calles, los cafés
y los despachos oficiales todo el mundo discutía los últimos
detalles de la detención hollywoodense del ex presidente
del Congreso y primo de Alvaro Uribe en la embajada de Costa
Rica en Bogotá, la noche anterior.
En Colombia
ayer se vivía la antesala de una posible crisis política.
La lluvia de denuncias y detenciones que se suceden semana a
semana, que ya llevan 33 legisladores tras las rejas y 64
investigados, obligó al mandatario colombiano a romper el
silencio. “Vamos a escuchar a la gente a ver qué salidas
proponen. No hay que dar saltos a la incertidumbre que
puedan desbaratar lo que ha hecho este gobierno hasta
ahora”, aseguró en entrevista a Radio Caracol.
Con ese
compromiso vago, Uribe evitó rechazar de plano la
convocatoria de una asamblea constituyente, una propuesta
presentada la semana pasada por la izquierda para
“refundar el desprestigado Congreso”, según palabras
del presidente del Polo Democrático, Carlos Gaviria. Sin
embargo, el mandatario dejó poco lugar para las ambiciones
de la oposición. “No soy amigo de los cambios a la
Constitución a toda hora”, dijo al principio en la
entrevista. Veinte minutos después y sin pensar tanto sus
palabras, el mandatario fue aún más claro. “En Colombia
existe la bendita manía de pensar que todo se arregla con
reformas constitucionales. Es un error”, aseguró, el
mismo hombre que en 2005 llamó al país a “modernizar”
la Carta Magna. Esa reforma le abrió el camino a la
reelección presidencial en 2006.
Hoy Uribe
piensa distinto y, por eso, propuso salir de la crisis con
una “reforma política”, que consta principalmente –y
muy probablemente, únicamente– en sancionar a los
partidos, cuyos legisladores sean condenados por sus nexos
con los paramilitares, las guerrillas u otros grupos por
fuera de la ley. En vez de reemplazarlos por el siguiente
candidato de la lista sábana, como sucede ahora, el
uribismo propone dejar la banca vacía. El gobierno
colombiano tuvo que presentar esta “reforma” después de
que varios de los legisladores suplentes fueran condenados
por los mismos vínculos con los paramilitares que les habían
comprobado a sus antecesores. Colombia Democrática, el
partido del primo del presidente, Mario Uribe, ganó tres
bancas en el Senado en 2006, pero ya lleva cuatro senadores
detenidos.
Dentro del
mismo uribismo reconocen que todavía no han tocado fondo.
“Todo está mal y es susceptible de empeorar”, señaló
ayer al diario español El País el senador oficialista
Armando Benedetti, uno de los pocos que por ahora ha evitado
las sospechas de la Corte Suprema. Esta semana el gobierno
sumó un nuevo escándalo después de que los medios
colombianos difundieran un video en el que una ex
legisladora oficialista cuenta cómo el presidente Uribe le
habría ofrecido cargos públicos a cambio de su voto para
aprobar la reforma constitucional de 2006.
Ayer,
cansado de la racha de sorpresas mediáticas que golpean a
su gobierno, sus aliados y su familia, el mandatario salió
a atajarse. Sin que el periodista le preguntara, Uribe
aseguró que un ex jefe paramilitar lo está denunciando
ante la Justicia por ayudar a planear una masacre de
campesinos en 1997, cuando ejercía como gobernador de
Antioquía, uno de los departamentos que fue cuna del
paramilitarismo y sede de su apogeo. “Ese bandido dice que
yo hasta agradecí a los paramilitares por esa masacre
porque liberaron a seis secuestrados, entre ellos un primo mío,
y que Santiago, mi hermano, prestó 20 paramilitares para
ese crimen”, dijo y ya no disimulaba su enojo.
Según
publicó ayer Radio Caracol en su página web, el
denunciante sería Francisco Villalba, un paramilitar que se
desmovilizó en 1998, cuatro años antes de la asunción de
Uribe, y cumple actualmente dos condenas por masacres contra
campesinos en Antioquía. Según relató ante el juez el 15
de febrero pasado, antes de la masacre de El Aro varios
mandos militares y políticos de la región se reunieron con
los jefes paras para preparar la “operación”. Los que
lideraron la planificación habrían sido el entonces
gobernador Uribe y el líder paramilitar Salvatore Mancuso.
“Volví a
ver a Uribe otra vez más –continuó su relato
Villalba–. Se presentó para decir que la operación había
sido un éxito.” El éxito dejó 19 muertos y seis
secuestrados liberados.
Costa
Rica no asilará al primo de Uribe
Por
Constanza Vieira
Inter Press Service (IPS), 22/04/08
Bogotá.–
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Costa Rica puso fin este martes al intento del ex senador
colombiano Mario Uribe, primo del mandatario Álvaro Uribe,
de huir de la justicia de su país.
"Urgente…
invitamos a desplazarse a la embajada de Costa Rica para
impedir que se le conceda asilo al señor Mario Uribe. El
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado convoca a
todos a hacerse presentes y de esta manera impedir otro acto
de impunidad", decía el mensaje electrónico a las
13:04 de este martes en Colombia.
"Sin
olvido", se leía media hora más tarde frente a la
sede diplomática ubicada en el norte de Bogotá, en una
valla que portaban miembros del Movimiento de Víctimas de
Crímenes de Estado (Movice), junto con fotografías de víctimas,
un ataúd simbólico y un cartel que rezaba "Mario
Uribe: votos manchados de sangre".
A las 11:30
se supo que Mario Uribe ––ex presidente del Senado––
había pedido "asilo político" en la embajada
costarricense, dos horas después de que un fiscal delegado
ante la Corte Suprema de Justicia dictara orden de captura
contra él por supuestos nexos con bandas paramilitares de
ultraderecha comandadas por narcotraficantes y responsables
de decenas de miles de crímenes.
El ex
senador, quien fue arrestado la misma noche del martes a su
salida de la embajada costarricense, había dicho
previamente a la fiscalía que se entregaría, promesa que
no cumplió.
El Movice
intentaba bloquear la huida de Mario Uribe y exigía que éste
se sometiera a la justicia colombiana, ante la que debe
defenderse de dos declaraciones que lo implican, proferidas
por ex paramilitares, uno de ellos el ex jefe de esas
bandas, Salvatore Mancuso, hoy preso.
Mancuso y
otros líderes paramilitares pactaron con el gobierno su
desmovilización y accedieron a procesos en los que la Corte
Constitucional les exige que confiesen "la verdad
completa" de los delitos que protagonizaron, para
acceder a beneficios penales que implican un período máximo
de reclusión de ocho años.
Otro que
acusó a Mario Uribe fue Jairo Castillo, alias
"Pitirri", testigo estrella del megaproceso que
investiga los nexos entre políticos y paramilitares
––conocido como la "parapolítica"––,
protegido por la justicia y exiliado en Canadá.
"Pitirri"
sostiene que el ex senador Uribe sería uno de los
hacendados que ampliaron sus propiedades mediante la
violencia paramilitar. En 2000, siendo presidente del
Senado, vendió una finca a un sobrino de su esposa, que dos
años después fue pedido en extradición por Estados
Unidos, acusado de narcotráfico.
"Esa
es la base sobre la cual se ha emitido una orden de captura
y creemos que ése es el fundamento para que se actúe en
este caso", dijo a IPS el portavoz del Movice, Iván
Cepeda, en medio de una serenata poco antes de la hora local
16:00 frente a la embajada de Costa Rica, en la que un grupo
de mariachis le cantaba al ex senador la popular canción
mexicana que dice: "Estás que te vas, y te vas, y te
vas, y no te has ido…".
El Movice
radicó en la embajada un documento en el que expuso que el
concierto para delinquir agravado, por el que la justicia
decidió detener al ex senador, no puede considerarse delito
político.
"La
petición que le hacemos al gobierno de Costa Rica es que no
haya ninguna concesión de asilo, cuando sabemos que lo que
hay es crímenes contra la humanidad que el paramilitarismo
ha cometido", dijo Cepeda.
Horas más
tarde la cancillería de Costa Rica hizo saber que
consideraba improcedente la solicitud de Mario Uribe, añadiendo
que "la histórica institución del asilo no debe ser
desvirtuada".
Mario Uribe
fue ponente de la Ley de Justicia y Paz, marco legal para la
desmovilización paramilitar. Renunció en septiembre al
Senado para evitar que la Corte Suprema juzgara su caso. Éste
pasó entonces a la Fiscalía General de la Nación, cuyo
jefe, Mario Iguarán, fue subordinado de Álvaro Uribe en su
primera presidencia (2002–2006), como viceministro de
Justicia.
Para muchos
analistas, Mario Uribe y otros que renunciaron al parlamento
esperaban un tratamiento más laxo de la justicia ordinaria,
que dispone además de instancias de apelación y es más
lenta que la Corte Suprema.
Con Mario
Uribe suman 32 los parlamentarios presos, casi todos
oficialistas, y cerca de 70 más son investigados por
presunto paramilitarismo.
De los seis
políticos vinculados al paramilitarismo por la justicia la
semana pasada, la Corte Suprema abrió investigación
preliminar contra la actual presidenta del Senado, la
oficialista Nancy Patricia Gutiérrez, tercera en la sucesión
presidencial.
También
fue acusada la ex ministra del Medio Ambiente, Sandra Suárez,
promotora de la ley forestal y de la ley de privatización
del agua, y luego encargada de gestionar el lobby (cabildeo)
a favor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos,
hoy paralizado en el Congreso estadounidense por el opositor
Partido Demócrata.
Aunque el
fiscal Iguarán señaló a la hora 14:00 que no estaba
notificado sobre el pedido de asilo, según informaciones de
radio, un funcionario de la fiscalía indicó que si el ex
senador Uribe salía de la embajada, podría ser capturado,
y no descartó emitir una orden internacional de arresto en
su contra.
Iguarán
recordó que las dos únicas circunstancias que permiten
invocar el asilo político son delitos de naturaleza política
o persecución del Estado.
El asilo se
aplica solamente para delitos políticos, como la rebelión
contra el Estado, la sedición y la asonada, pero no cobija
delitos comunes, como se clasifican los cometidos por el
paramilitarismo.
Los Estados
no pueden proteger con el asilo a una persona reclamada por
la justicia ordinaria de otro país, recordó el ex
magistrado José Gregorio Hernández.
Los
abogados de Mario Uribe indicaron que darían a conocer más
tarde por qué el primo y principal aliado del presidente se
considera un perseguido político.
El
mandatario Uribe ha enfrentado a los altos tribunales para
que reconozcan estatus político a los paramilitares. Estos
están en proceso de rearme, suelen actuar con la fuerza pública
contra guerrillas izquierdistas y son causantes, según la
Organización de las Naciones Unidas, de 80 por ciento de
los crímenes de la longeva guerra colombiana.
Casi de
manera simultánea al pedido de asilo de Mario Uribe, el
opositor Partido Liberal rechazó en un comunicado la
anunciada creación de una comisión, designada por el
mandatario Uribe, para diseñar un nuevo tribunal, superior
a la Corte Suprema, para abordar los casos de la
"parapolítica".
El 17 de
enero de 2006, dos meses antes de las elecciones
legislativas, la embajada estadounidense anunció a varios
jefes de movimientos políticos oficialistas, entre ellos
Mario Uribe y el actual ministro de Defensa Juan Manuel
Santos, que les quitaría el visado para ingresar a ese país
si no retiraban de sus listas a candidatos acusados de
paramilitares.
Las dos
afectadas más visibles por la subsiguiente
"purga" parcial de las listas electorales fueron
Eleonora Pineda y Rocío Arias, entonces parlamentarias que
abiertamente reconocían representar a los paramilitares y
hoy presas.
El 30 de
septiembre, Pineda se unió a los testigos clave contra
Mario Uribe.
Apenas el
lunes, el senador Ricardo Elcure, quien reemplazó a Uribe
en su escaño, se entregó a la fiscalía luego de que la
Corte Suprema ordenara su captura, acusándolo también de vínculos
con paramilitares.
Colombia
Democrática
Si Mario
Uribe se entrega a la justicia, sólo quedarán libres
cuatro legisladores del partido Colombia Democrática,
fundado en el noroccidental departamento de Antioquia por
los primos Uribe en 1985, como un desprendimiento del
Partido Liberal.
En su sitio
web, Colombia Democrática establece que llegó a la
presidencia del Senado en 2000, con Mario Uribe, y a la
presidencia del país en 2002, con Álvaro Uribe.
De manera
premonitoria, Colombia Democrática, cuyo director nacional
es el propio Mario Uribe, prevé una excepción en su Código
Ético, reformado en noviembre de 2006.
El Código
establece la expulsión de filas de quienes hayan incurrido
en "faltas gravísimas". La primera de ellas es
"ser condenado por delito doloso, salvo por delitos políticos".
Precisamente,
en noviembre de 2006 la Corte Suprema de Justicia impuso la
primera medida de aseguramiento en el proceso a la parapolítica
contra los senadores del noroccidental departamento de Sucre
por Colombia Democrática, Álvaro García Romero (hoy en
etapa de juicio), y Erick Morris, condenado a seis años de
prisión.
Otros
parlamentarios de Colombia Democrática procesados por
parapolítica son José María Conde y Miguel de la
Espriella, amigo del presidente Uribe, que se sometió a
sentencia anticipada.
Además,
está prófugo quien fue gobernador de Sucre entre 1998 y
2001 y luego embajador en Chile, Salvador Arana, y tiene una
investigación previa Franklin Chaparro, alcalde de
Villavicencio (2004–2007), la capital del central
departamento del Meta.
Con
51 congresistas investigados y 28 en la cárcel el poder
legislativo agoniza. ¿Cuál es la salida?
El
Congreso en ruinas
Revista
Semana, 05/04/08
El Congreso
colombiano ya puede ingresar a la lista universal de la
infamia. En la historia de los Estados modernos no figura
ningún país que tenga 51 congresistas investigados por la
justicia (el 20 por ciento del Congreso) y 27 de ellos en la
cárcel. Las razones de sus detenciones son aun más
preocupantes que la magnitud propia del escándalo: pactos
secretos con grupos ilegales, financiación de
paramilitares, constreñimiento al elector y, en algunos
casos, acusaciones de participar en masacres y secuestros.
La semana
pasada detuvieron a tres congresistas más. Y el efecto
dominó va a seguir. La mancha negra de la para–política
sigue extendiéndose por el territorio y salpicando a más
parlamentarios. La mayoría de estos 'padres de la Patria'
están involucrados en un maquiavélico proyecto político
construido sobre la dialéctica del plomo y la motosierra de
los paramilitares, y con el telón de fondo de miles de
campesinos que lloraban a sus familiares masacrados y de
millones de campesinos desplazados por el terror.
Hoy, el
temor se trasladó del país rural al Congreso de la República.
Del miedo campesino a la violencia rural se pasó al miedo a
la justicia en la clase política. En el Congreso cunde el
nerviosismo. Cuando suena un teléfono, cuando pita un fax,
o cuando se oye una sirena. Pero no es sólo la tensión y
la sensación de debilidad. Es la llegada de unos suplentes
sin criterio ni representación.
La reciente
detención del senador Rubén Darío Quintero abrió el
esperado capítulo de la para–política en Antioquia
Los
ejemplos del hoy representante a la Cámara Víctor Julio
Vargas y del senador Ricardo Ariel Elcure ilustran la crisis
de representatividad. Vargas asumió la curul con escasos
2.907 votos y Elcure con 4.017. Esas dos cifras son menores,
incluso, que los votos obtenidos por ciudadanos corrientes
para ser elegidos como ediles en localidades de Bogotá. Y
lo que es aun más grave, de todas maneras también se están
beneficiando de los votos supuestamente obtenidos con ayuda
de paramilitares: sin los 173.000 votos obtenidos por Álvaro
García, Miguel de la Espriella y Mario Uribe –los dos
primeros detenidos y el otro investigado–, su partido,
Colombia Democrática, no habría logrado superar el umbral
necesario para darle la curul que hoy ocupa Elcure.
Y el caso
se repite prácticamente con todos los congresistas que están
hoy reemplazando a los salpicados por el escándalo. Es
decir, la justicia está haciendo su tarea de sancionar a
los individuos, pero el Congreso sigue igual de enfermo. Hay
dos partidos, por ejemplo, que tienen más del 50 por ciento
de sus votos cuestionados (Colombia Viva, el 71 por ciento,
y Colombia Democrática, el 63 por ciento) y siguen con el
derecho a ocupar todas las curules que se ganaron con los
votos viciados.
En algún
momento, de llegar a consolidarse un número importante de
condenas, se tendrá también que evaluar la legitimidad de
la elección en general. Hoy están investigados o tras las
rejas, congresistas por los cuales se depositaron 2.223.447
votos, es decir, estaría viciado el 11 por ciento del total
de los votos. Y si se tuvieran en cuenta sólo los votos del
total de senadores y representantes elegidos, el porcentaje
de sufragios contaminados sería del 18 por ciento.
Las cosas
están muy complicadas. La actual situación del Legislativo
lo ha vuelto frágil y manipulable. Las últimas
legislaturas han brillado por su paquidermia. Temas que
necesitan debate y son cruciales están paralizados: como el
de darle a la Corte Suprema y quitarle al Ministerio de
Trabajo la facultad de declarar una huelga ilegal
–exigencia para aprobar el TLC en Estados Unidos–; o la
ley que se necesita para encontrar una salida al limbo jurídico
en el que están 9.000 paramilitares. Pero también se ha
vuelto un Congreso asustadizo –la agresión entre los
congresistas está a flor de piel– y manipulable –sobre
todo con una Presidencia de la República tan fuerte y un
primer mandatario tan popular–.
¿Cómo
puede este Congreso cuestionado, al que le quedan más de
dos años de vigencia, debatir reformas fundamentales del
Estado? ¿Qué puede ocurrir si llega hasta el Capitolio un
proyecto de reforma o un referendo que proponga la reelección
por tercera vez? ¿Es ilegítimo este poder legislativo?
Es un
cuadro surrealista y dramático que obliga a pensar qué
hacer con este Congreso. Porque definitivamente lo peor que
le puede pasar al país es que se imponga la tesis de que es
mejor dejar las cosas así, y que el Congreso siga como una
especie de elefante blanco que termine convirtiéndose desde
la institucionalidad en un monumento a la impunidad.
La solución
no es nada fácil. En las leyes están previstas las
sanciones para los congresistas, pero no para los partidos,
por este tipo de prácticas. Por eso ya se alzan voces de
revocatoria y anticipación de elecciones. La senadora
uribista Gina Parody pidió "tomar medidas
extraordinarias para hacer frente a esta crisis
extraordinaria" y propuso "una reforma
constitucional en la que se llame a nuevas elecciones, con
sanciones para los partidos que inscriban candidatos
vinculados con la ilegalidad".
El senador
del Polo Democrático Gustavo Petro y el presidente del
Partido Liberal, César Gaviria, se mostraron también
partidarios de la revocatoria, siempre y cuando se adelanten
todas las elecciones que corresponden a 2010. Otros, como el
ex senador Rafael Pardo, abogan por una reforma
'estructural' que depure la política. Y el editorial del
Nuevo Siglo pide retomar la idea de la primera campaña de
Uribe de reducir el Congreso de dos a una sola cámara y el
número de legisladores de 266 a 150, para lo cual se podría
adelantar las elecciones.
El
Presidente –que hace un año promovía aprobar las
sanciones para los partidos vinculados con los
paramilitares– pidió esta semana que Colombia no dé un
salto al vacío. Y, como es costumbre, ya hay movimientos cívicos
recogiendo firmas para descabezar al agonizante Congreso.
¿Por qué
no es viable una revocatoria? Aunque es una figura muy
popular, hoy es prácticamente imposible que logre el efecto
que se espera. La sola recolección de firmas es un trámite
demorado y si se suma a los otros pasos engorrosos de ley,
se agotan los dos años y cuatro meses que le quedan a este
Congreso. Y como bien lo sugirió el Presidente, es un
mensaje innecesario para los inversionistas extranjeros y
deja un amargo sabor de pérdida de control y de
instituciones desbaratadas que le restan confianza al país.
En Colombia
se ha revocado tres veces el Congreso: en 1905, durante el
gobierno de Rafael Reyes, para poder hacer los cambios
constitucionales que estaban congelados en el Congreso por
el rezago de los roces entre los partidos tras la Guerra de
los Mil Días. En 1949, el presidente Mariano Ospina Pérez
trató de anticipársele a un Congreso que lo quería
tumbar. Y en 1991, por la séptima papeleta ante la
necesidad de cambios estructurales en el país.
La baraja
de posibilidades para tratar de cerrar las zanjas que se están
abriendo en pleno corazón de la democracia no es muy
amplia. La carta más atractiva, sin duda, es la de aprobar
la reforma política que ya lleva medio camino recorrido,
con ciertos retoques imprescindibles.
En esta
reforma constitucional, que ya fue aprobada en primera
vuelta, están contempladas las sanciones necesarias para
purgar el Congreso actual. Pero el problema es que hasta
ahora está diseñada para ser aplicada a partir del
Congreso que se elija en 2010.
La
propuesta más viable y necesaria sería que en la segunda
vuelta se corrija y se establezca para que las sanciones se
apliquen de manera inmediata y así se evitaría soportar un
parlamento herido de muerte por más de dos años. Desde el
punto de vista jurídico, hay quienes sostienen que no se
puede alterar de esa manera la reforma, sin embargo, sería
la Corte Constitucional la que daría la última palabra.
El primer
punto que contempla la reforma es que si un congresista es
condenado por vínculos con grupos ilegales, su partido
pierde la curul. Es decir, hoy ya habrían perdido escaños
Colombia Democrática (Miguel de la Espriella y Eric
Morris), Colombia Viva (Dieb Maloof), Partido Conservador
(Alfonso Campo) y Apertura Liberal (Jorge Luis Caballero). Y
se tendrían que hacer de nuevo las sumas y restas
necesarias para ver qué nuevos congresistas, de otros
partidos, pueden llegar a ocupar esas vacantes. Lo cual
significaría que partidos independientes como Mira, o de
oposición como el Polo Democrático, tendrían una bancada
más grande. E incluso, la lista liderada por el ex alcalde
Enrique Peñalosa –que no salió– podría llegar al
Senado.
El segundo
punto es que los votos de cada congresista condenado se le
restan al partido respectivo y si con la suma del resto de
votos de la colectividad no alcanza el umbral, pierde todas
las curules que tenía y la personería jurídica.
Y el tercer
punto plantea que si el partido pierde más del 50 por
ciento de sus representantes o senadores, pierde también la
personería. En este momento estarían en riesgo partidos
como Colombia Democrática, de Mario Uribe (con tres
detenidos y cuatro investigados); Colombia Viva, de Dieb
Maloof (con un detenido y cuatro investigados); Convergencia
Ciudadana, de Luis Alberto Gil (con un detenido y cinco
investigados), y Apertura Liberal, en el que milita el hijo
de la empresaria del chance Enilse López, la 'Gata' (con un
detenido y cuatro investigados).
Pero ¿qué
tan legítimo es que un Congreso cuestionado como este se
encargue de reformar la Constitución? Ya lo ha hecho, entre
otras, con la reforma a las transferencias a los entes
territoriales. Sin embargo, en este caso sería diferente si
se tiene en cuenta que se trata de una reforma en la que, a
manera de acto de contrición, los partidos mismos buscan
castigarse para purificar la democracia.
Por eso,
incluso, un grupo de consultores del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (Pnud) propone retirar los otros
puntos de la reforma política que no tienen que ver con
estas sanciones: es decir, el aumento del umbral de 2 por
ciento a 5 por ciento, que les recorta el espacio a los
partidos medianos y privilegia a los grandes, y el castigo a
la doble militancia. Ese tipo de cambios se podría
discutir, cuando ya se haya llevado a cabo la purga y se
relegitime el Legislativo.
No es fácil
que los partidos acepten esta propuesta. Por eso es
indispensable que se busque un pacto político entre los
distintos grupos para que impulsen una reforma que le
devuelva la credibilidad a un Congreso que va mantener una
agonía dos años más.
Este
coletazo de la para–política deja varias reflexiones. La
primera, el abismo que existe entre la realidad regional y
la realidad que se vive en las grandes ciudades. La
fragilidad de las instituciones muchas veces capturadas por
los grupos armados o por clanes políticos mafiosos. Esta
triste realidad es suficiente para descartar cualquier
propuesta de régimen parlamentario que cada cierto tiempo
asoma la cabeza.
La segunda
reflexión es que la historia de los escándalos políticos
colombianos es la historia de la mutación del narcotráfico.
Con un agravante, que con el transcurso del tiempo ha
empeorado. En los 80, Pablo Escobar y sus secuaces llegaron
al Congreso. Pero los tentáculos del narcotráfico no sumarían
el 5 por ciento de los parlamentarios. En los 90, cuando el
cartel de Cali decidió sobornar sutilmente a los políticos,
el proceso 8.000 llevó a 26 congresistas a la cárcel (10
por ciento). Hoy, la alianza entre mafia y paramilitarismo
lleva 51 congresistas investigados (19 por ciento).
Pero así
como hay un resquebrajamiento del Congreso, hay un
fortalecimiento de la Justicia. En medio de la crisis
sobresale el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y de la
Fiscalía, a pesar de las dificultades. O, ¿qué otro país
de América Latina puede decir que la justicia pudo
arrodillar a la política?
|
