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Un
ex–paramilitar acusa...
Detalles
del testimonio que involucra
a Uribe con una masacre
Por
Gonzalo Guillén y Gerardo Reyes
El
Nuevo Herald (Miami), 26/04/08
Enviado
por Correspondencia de Prensa
Bogotá.-
El ex paramilitar colombiano Francisco Enrique Villalba Hernández
declaró ante la Fiscalía General de Colombia en febrero
pasado que el presidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago
participaron en la planeación de una masacre en el norte
del departamento de Antioquia, según una copia del
testimonio obtenida por El Nuevo Herald.
Parte
de la confesión de Villalba, cuya credibilidad Uribe atacó
esta semana, fue utilizada por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) para condenar a Colombia por esa
masacre, ocurrida en el caserío El Aro en 1997, según un
extenso fallo de ese tribunal hace dos años.
Villalba no comprometió al mandatario ni a su
hermano en los testimonios ante la CIDH, pero su relato fue
parte de las pruebas que sirvieron al tribunal para concluir
que en la matanza de El Aro agentes de la fuerza pública
colaboraron con grupos de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) para asesinar a sangre fría a por lo menos
15 campesinos "en estado de indefensión, despojando a
otros de sus bienes y generando terror y
desplazamiento", según el fallo, de 160 páginas.
El
mismo fallo cita un testimonio en el sentido que la
gobernación del departamento de Antioquia, entonces a cargo
del hoy presidente Uribe, se negó a prestar protección a
los habitantes de El Aro al enterarse que el ataque
paramilitar era inminente.
"Ante
esta situación, como dos meses antes de la toma, la Junta
de Acción Comunal de El Aro pidió protección a la
gobernación [de Antioquia], la cual no fue otorgada",
expresa la sentencia del CDIH.
Hasta
ahora sólo se conocían indirecta y fragmentariamente
alguno aspectos de la declaración de Villalba ante la
fiscalía colombiana revelados por Uribe sorpresivamente
durante una entrevista radial esta semana para rechazar los
señalamientos del ex paramilitar.
Pero
El Nuevo Herald obtuvo una copia completa de la declaración
que, en efecto, contiene reiterados testimonios de Villalba
de que Uribe, cuando era gobernador del departamento de
Antioquia, se codeaba con los máximos jefes de las AUC y
dio carta blanca para llevar a cabo la masacre.
"[Álvaro
Uribe nos dijo] que lo que hubiera que hacer que lo hiciéramos",
declaró Villalba al describir una reunión en la que
participaron líderes de las AUC, militares y los hermanos
Álvaro y Santiago Uribe. La declaración de 19 páginas de Villaba describe con nombre
y pormenores una estrecha relación de complicidad y
camaradería entre autoridades militares y policiales con
los cabecillas de los escuadrones de la muerte.
Villalba denunció la muerte de funcionarios de la
fiscalía que investigaban la masacre, el asesinato de
activistas de derechos humanos que colaboraban con las
autoridades en el esclarecimiento de los hechos y tres
atentados, uno de ellos con cianuro que le pusieron en una
bebida de malta. La
declaración contiene por los menos dos inconsistencias: que
uno de los militares que Villalba mencionó como
participante en una reunión a finales de 1997 había
fallecido en abril de ese año y que la fecha de la masacre
no fue en noviembre, como él sostuvo, sino en octubre de
ese año. Cuando
los paramilitares llegaron a El Aro, un caserío de unos 500
habitantes en una zona montañosa del norte del departamento
de Antioquia, llevaban una lista de sus víctimas, relató
Villalba al diario El Colombiano de Medellín.
A unos los mataron de un tiro en la nuca, bocabajo,
en la plaza del pueblo; también ultimaron a un joven de 14
años, pero en el caso del dueño del almacén de abarrotes
Marco Aurelio Areiza Osorio, un comerciante de 64 años,
apreciado en la región por su generosidad, los
paramilitares se ensañaron con una pasmosa frialdad.
Según
los testimonios obtenidos por Human Rights Watch y
periodistas colombianos, le ordenaron al comerciante que
preparara un sancocho, y después que lo sirvió lo
amarraron a un naranjo y, vivo, le sacaron el corazón,
luego los ojos y después le arrancaron los testículos.
Algunos niños que se escondieron cerca a la plaza lo
vieron todo "El bujaba [mujía] duro y luego chillaba
como un niño", le dijo uno de los menores a los
periodistas Carlos Giraldo y Miguel Garrido, de El
Colombiano. Los
paramilitares ingresaron a El Aro el sábado 25 de octubre,
un día antes de elecciones municipales. La toma del pueblo
duró unos cuatro días, durante los cuales unos 120
paramilitares con uniformes de las AUC asesinaron
campesinos, violaron mujeres, saquearon negocios y robaron
unas 900 cabezas de ganado, según documentos judiciales.
Villalba,
de 36 años, confesó que había participado en ésta y
otras masacres de las AUC.
Tres
meses después de los hechos de El Aro, se presentó ante
las autoridades judiciales porque estaba cansado de tantas
muertes y se habían planeado atentados con los que no
concordaba, dijo. Hoy cumple una pena de 33 años de prisión
en la penitenciaría La Picota de Bogotá. Según sus declaraciones a la policía, el Ejército y las
AUC planearon la toma de El Aro para escarmentar a los
guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y rescatar a unos ocho ganaderos y
comerciantes que los rebeldes tenían secuestrados. Villalba aseguró que tres días antes de la incursión en El
Aro hubo una reunió en una finca de un hacendado–que no
identificó–en el municipio de La Caucana, en el noroeste
de Antioquia. Al encuentro asistieron además de mandos
militares de la IV Brigada y de la policía, cabecillas de
las AUC y los hermanos Uribe, agregó.
"Estuvo
también Santiago Uribe y Álvaro Uribe, que era gobernador
cuando eso", dijo el testigo.
A
la pregunta de si conocía anteriormente a los Uribe,
Villalba respondió que en el caso de Álvaro no, pero que
Santiago "siempre fue conocido en la organización
porque todavía tiene un bloque de Autodefensas en Santa
Rosa de Osos". Villalba
afirmó que se enteró de quién era Uribe después de la
masacre cuando el entonces gobernador se presentó en la
misma finca a felicitarlos por el éxito de la operación.
"Supe
que era Álvaro Uribe porque él se presentó, habló con
nosotros y dijo que la operación había sido un éxito, que
los secuestrados habían salido sanos y salvos", dijo
Villaba. "Ahí llegó con un escolta, de apellido
Serna", agregó. Los
ocho secuestrados fueron liberados.
Esta
semana Uribe aseguró que jamás he estado en La Caucana.
Villaba declaró a la fiscalía que años después vio de
nuevo al escolta Serna, pero esta vez como guardia del
Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), en la cárcel de
La Picota de Bogotá. Serna lo reconoció y lo saludó,
agregó. En la reunión previa a la masacre estuvieron presentes los
cabecillas de las AUC Carlos Castaño, entonces máximo jefe
de la organización y quien fue asesinado;
Salvatore
Mancuso, segundo al mando, y otros que identificó con los
alias 'Noventa", "Cobra", el Negro Ricardo y
Junior. También
acudió un hombre a quien identificó, vacilando, como José
Ardila, de las organizaciones de autodefensas campesinas
legalizadas por el gobierno y conocidas como las Convivir.
Al
referirse al paradero de Ardila, Villalba dijo:
"[Ardila] estaba declarando en contra de Álvaro Uribe,
a él lo sacaron de la cárcel, estaba condenado a 60 años
y lo desaparecieron, no sé dónde estará".
Mancuso fue condenado por la justicia colombiana a 40
años de prisión por la masacres de El Aro y La Granja. En
esta última fueron torturadas y asesinadas cinco personas
el 11 de julio de 1996.
Según
el declarante, Álvaro Uribe "fue invitado por Carlos
Castaño" a la reunión previa a la masacre y luego
presentado por Mancuso ante los asistentes.
En esa reunión Uribe habló en público, detalló
Villalba. "'Álvaro
Uribe decía recomendaciones, que los secuestrados, que
todos salieran salvos y que lo que hubiera que hacer que lo
hiciéramos", dijo el testigo.
En cuanto a la finca donde se realizaron las
reuniones, el ex paramilitar señaló que "a mano
izquierda hay unos corrales y una caballeriza, esa finca no
tenía nombre pero todavía existe, nosotros llegamos un día
antes [de la reunión], con mis 22 hombres".
Villalba
declaró ante Carlos A. Camargo Hernández, fiscal noveno
especializado de la Unidad Nacional de Fiscalías de
Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que
el encuentro ''fue de día, empezó como a las 10 de la mañana
y terminó [a las] 3 de la tarde, después que almorzaron y
todo". Según
el testigo, Mancuso y Castaño llegaron "en un helicóptero
gris, pequeño, [que] bajó a la finca directamente" y
en la zona 'habíamos (sic) como 100 hombres [de escuadrones
de la muerte] con los del pueblo y los 22 que yo tenía".
Cuando
el fiscal le preguntó si los escuadrones de la muerte
recibieron ayuda de de la fuerza pública, Villalba declaró:
"Sí doctor, de la IV Brigada [de Ejército]. Lo digo
porque antes de la masacre hubo una reunión; hubieron (sic)
retiradas de tropas de los retenes [de control militar en el
área], suspendido los retenes de tropa en la
carretera".
Villalba
le dijo al fiscal que con anterioridad a sus declaraciones
de febrero de este año había entregado a la justicia
detalles de ésta y otras masacres a funcionarios del Cuerpo
Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de
Medellín.
También
declaró sobre la participación de los hermanos Uribe, de
lo cual quedaron grabaciones en cintas magnetofónicas,
indicó. Pero
"las grabaciones resultaron en manos de Mancuso",
explicó Villalba, y los funcionarios del CTI fueron
asesinados en septiembre de 1999.
'A ellos los mataron en Medellín, los mató la gente
de la banda de La Terraza y a mí me mandaron que me
callara", dijo.
La
Terraza es una enorme agencia de asesinos a sueldo de Medellín
que ha operado bajo la dirección de poderosos
narcotraficantes y paramilitares.
Sobre la reunión en la que participaron los hermanos
Uribe Vélez, dijo Villalba, también habló varias veces
con el director del CTI de Medellín, "un señor de
gafitas, joven, y le comenté lo de [la reunión] de La
Caucana y no dijo nada, se quedó callado".
El
testigo aseguró que también habló sobre estos temas con
María Teresa Gallo, fiscal especializada de terrorismo y
derechos humanos. "Me
prometió muchas cosas, como cambio de identidad, sacarme de
la cárcel y mandarme a otro país", dijo.
En
enero de 2007 Villalba trasladado a Medellín para declarar
contra el militar Juan Manuel Grajales por otra masacre
cometida por paramilitares en noviembre de 1997 en La
Balsita, municipio de Dabeiba, Antioquia.
En esa oportunidad fueron asesinadas 15 personas y
entre los responsables, asegura, "también estaba el
hermano de Álvaro Uribe, Santiago, que prestó como 20
pelados [sicarios] para eso".
Villalba
tiene una segunda condena de 37 años de prisión por la
masacre de La Balsita. Los ''pelados" que habría
prestado el hermano del presidente Uribe, pertenecían a la
banda paramilitar Los Doce Apóstoles", que según
varias versiones judiciales comandaba directamente Santiago
Uribe. Villalba
afirmó que el 13 de febrero de 1998 decidió entregarse
voluntariamente a la Fiscalía, pues militares activos,
narcotraficantes y paramilitares planeaban varios crímenes
con los que no estaba de acuerdo.
Los planes se cumplieron. Según el testigo, este
grupo asesinó al periodista y humorista Jaime Garzón, al
abogado Jaime Umaña y al defensor de derechos humanos Jesús
María Valle Jaramillo.
Valle
había advertido desde 1996 que narcotraficantes, militares
y escuadrones de la muerte se disponían a cometer la
masacre de El Aro. En respuesta, el hoy presidente Uribe,
entonces gobernador de Antioquia, acusó públicamente a
Valle de ser enemigo de las fuerzas armadas y el ejército
lo enjuició por calumnia.
Luego fue asesinado en Medellín.
A
Valle, dice Villalba, "lo mató la banda de La Terraza
y a mí me mandaron a que me callara [...] lo mandaron a
matar por las investigaciones que llevaba sobre la masacre
del Aro. Era uno de los que me ayudaba porque supo cuando yo
me entregué y me iban a matar para que no dijera
nada". El
fiscal que estaba encargado de la investigación de Valle,
tuvo que salir del país, dijo.
Además
del presidente Uribe y su hermano Santiago, en los
expedientes judiciales figuran el ex general Carlos Alberto
Ospina–comandante de las fuerzas armadas durante el primer
gobierno de Uribe––, quien en el momento de los hechos
era comandante de la Cuarta Brigada de Ejército, acantonada
en Medellín, y el general de Ejército Alfonso Manosalva
Florez, quien según testigos como Villalba y Mancuso entregó
a los escuadrones de la muerte la lista de las personas que
debían matar en La Granja y El Aro.
El
presidente Uribe señaló como una de las inconsistencias de
la declaración de Villalba que la afirmación que Manosalva
estaba presente en una reunión en noviembre de 1997 con líderes
paramilitares cuando éste había fallecido en abril de ese
año.
Villalba
relató que ha sido víctima de tres atentados. El primero
ocurrió en la cárcel de la ciudad de Palmira después de
haber hablado con la fiscal Gallo.
"Un muchacho de las autodefensas, Edison Parra,
[condenado por un homicidio en el Llano, me dio una puñalada
del lado izquierdo, a la altura del pecho".
Dos meses después, "en el mismo patio me
hicieron otro atentado con cianuro en una Pony Malta [marca
de bebida de malta]. Me la hizo Edwin Tirado, también de
las AUC, que ahora está en la cárcel de Montería, él era
un ex trabajador de Mancuso".
"Los
atentados se los atribuyó a Mancuso, en esos días yo
estaba declarando contra la Fuerza Pública", agregó.
El
presidente Uribe Vélez empuja políticas
de guerra contra
Ecuador
Por
Apolinar Díaz–Callejas
Argenpress,
01/05/08
Bogotá.–
El Presidente Alvaro Uribe Vélez no oculta su condición de
adepto a las políticas de guerra y antidemocráticas del
Presidente norteamericano George W. Bush, que quiere
bloquear y hacer desaparecer a los gobiernos democráticos
que se han ido generalizando en los países
latinoamericanos. En estos momentos, la realidad es que por
primera vez en la historia latinoamericana, desde la
independencia misma, han surgido y se están consolidando
gobiernos nacionales que han ido remplazando las viejas
estructuras políticas retardatarias y pronorteamericanas,
que han caracterizado a nuestra región. Cuba, Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Ecuador, Brasil,
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina, es decir, la
gran mayoría de las naciones latinoamericanas están
gobernadas, con la excepción visible de México, El
Salvador, Honduras, Colombia y Perú, por movimientos políticos
de la izquierda democrática, que luchan por superar
doscientos años de atraso social y de estructuras económicas
y políticas dependientes del poderío militar y económico
de los Estados Unidos de Norteamérica. El solo impacto
visual de los mapas continentales de esa realidad política
produce entusiasmo y optimismo sobre nuestro futuro, a lo
cual hay que agregar las posiciones similares de algunos
gobiernos de las Islas del Caribe.
Es
un momento crucial para la historia y futuro de Latinoamérica,
en la cual el gobierno republicano, ultraderechista y
agresor del Presidente Bush, ha tenido que someterse a esa
realidad, pese a sus esfuerzos por utilizar algunos países
de la América Latina para que apoyen su rumbo imperialista,
como ocurre con México, El Salvador, Colombia y Perú. Pero
la presencia del poderío imperialista norteamericano en
nuestra región es especialmente aguda y agresiva en
Colombia, en la que el Presidente Uribe Vélez se ha
mostrado como adherente totalmente sumiso a las políticas
del Presidente Bush.
Como
es bien sabido, Estados Unidos mantiene una poderosa base
militar en Ecuador, cuyo gobierno ha manifestado claramente
que ese eslabón armado norteamericano en Ecuador va ha
desaparecer al vencimiento del contrato respectivo. De
inmediato, tanto en Washington como en Bogotá comenzó a
divulgarse la información de que la base militar gringa en
Ecuador sería trasladada a Colombia, que es lo que yo creo
que va a ocurrir durante el gobierno de Uribe Vélez en
Colombia, pues el sometimiento de Uribe Vélez al Presidente
Bush es total. En estos momentos ya Estados Unidos mantiene
un personal militar cerca de mil hombres que combaten en el
conflicto interno de Colombia, a la vez que el país recibe
crecientes suministros de armas modernas norteamericanas y
soporta comisiones militares gringas que participan en las
acciones de guerra del gobierno Uribe Vélez en el país. La
realidad es, vista por un colombiano como yo que ya cumple
87 años de edad y que a lo largo de toda su vida ha
participado e intervenido en los asuntos políticos y
exteriores colombianos, que le permiten tener una opinión
objetiva e independiente sobre el sometimiento total del
gobierno Uribe Vélez a los dictados del presidente Bush.
Por
todo ello, observo con alarma creciente que el lenguaje y
acciones del Presidente Uribe Vélez y su Ministro de
Relaciones Exteriores, quien todavía no sabe cueles son las
funciones jurídicas y políticas de ese ministerio, están
encaminados a convencer desde ya a nuestro país y a la
comunidad internacional de que es inevitable un conflicto
armado con Ecuador. Uribe Vélez se siente completamente
acorralado en Colombia con una opinión pública y política
cada vez más enérgica y abierta de oposición al gobierno
de fuerza de Uribe Vélez y sus manifiestos propósitos de
guerra contar Ecuador. Cuenta para ello con los dos
“Santos”, que aunque minoritarios son los socios
principales de los nuevos propietarios del antiguo diario
liberal El Tiempo de Bogotá, quienes no ocultan su ideología
de extrema derecha y pronorteamericana.
Pese
a todo ello, estoy convencido que el pueblo colombiano no se
someterá a los rumbos militaristas de guerra contra Ecuador
del gobierno Uribe Vélez. Creo que la reacción del pueblo
colombiano será enérgica, como ha ocurrido muchas veces en
su historia contra los rumbos militaristas y agresivos del
gobierno de Uribe Vélez.
Crímenes sindicales
La
presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores de
Colombia, CUT acaba de informar en comunicado del 21 de
abril del año en curso que 22 sindicalistas, de los cuales
7 eran dirigentes sindicales, han sido asesinados en lo que
ha corrido de este año. Indica que 18 sindicalistas
asesinados son de la Central Unitaria de Trabajadores de
Colombia, CUT, 3 de la Confederación General de
Trabajadores, CGT y 1 de la Confederación Colombiana de
Trabajadores, CTC. Con ello se completan 2.597 sindicalistas
asesinados desde 1986 fecha en fue creada la CUT.
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