Movilización indígena en todo el país

Por Simone Bruno, desde Bogotá (*)
ALAI, América Latina en Movimiento, 17/10/08

El castillo construido sobre una burbuja de popularidad del presidente Uribe parece empezar a caerse. Nunca en los 6 años que lleva el mandatario en la presidencia se habían registrada tantas protestas ni en duración, ni en intensidad, ni en participación. La figura presidencial construida sobre una retórica beligerante ha escondido los temas sociales detrás del “sacrificio para ganar la guerra contra los terroristas”. Pero ahora los problemas de la vida real de los colombianos están explotando agraviados por una crisis económica que golpea muy duro al país.

Desde el 12 de Octubre, el mal llamado día de la raza, que la retórica occidental señala como el día en que América fue descubierta, olvidando que ya estuvo habitada, la protesta Indígena se ha sumado a la de varios sectores sociales ya movilizados. El sector judicial ha terminado ayer un paro de 43 días, algo sin precedentes;  los corteros de caña de la región del Valle del Cauca llevan más de un mes ocupando los ingenios, pidiendo dignidad y contratación directa con un salario justo;  los transportadores han terminado un largo paro hace pocos días. El sector estudiantil prepara un levantamiento para el día 23 y la Registraduría General empieza hoy un paro indefinido.

El 12 se  inició  la Minga de los pueblos  conmemorando los 516 años de resistencia, las movilizaciones se desarrollan por todo el país y esto ha sido un catalizador de la protesta recibiendo apoyo moral y material nacional e internacional. A la Minga se han sumado la CUT (Central Unitaria de los Trabajadores), la más grande del país, el sector judicial (Asonal Judicial), los corteros de caña, el sector de la educación, sectores campesinos y muchos más. Una vez más los pueblos indígenas colombianos, 102 contando los que no son oficialmente reconocidos, están demostrando ser la consciencia y la fuerza moral de un país que se ha olvidado cómo pelear por sus  derechos, emborrachado por la retórica presidencial. Este resultado no es casual, los indígenas colombianos, y más que todo los Nasa,  ha venido tejiendo relaciones con otros sectores sociales desde hace años en el intento de encontrar  puntos comunes mínimos sobre los cuales construir una serie de acciones comunes para intentar romper las divisiones históricas de los actores sociales colombianos.

Las razones de la lucha

En esto momento, en varios  departamentos del país (Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico, Chocó, Norte de Santander, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Huila, Casanare, Meta y Boyacá) miles de indígenas siguen movilizándose pidiendo diálogo con el gobierno sobre 5 puntos fundamentales, que, como ellos dicen, contienen muchos más. (1)

Una de las razones de las movilizaciones es el número de homicidios de indígenas que se ha incrementado mucho en las últimas semanas. Según la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia): "Durante los últimos seis años han sido asesinados 1.253 indígenas en todo el país […] cada 53 horas un indígena es asesinado […] y por lo menos 54.000 han sido expulsados de sus territorios ancestrales". Solo en los últimos 15 días han sido asesinados 19 indígenas.

Otra razón es el incumplimiento del Estado de los acuerdos firmados con las comunidades. Un ejemplo representativo es el del pueblo Nasa. El 21 de diciembre de 1991,  20 indígenas, incluidos mujeres y niños, fueron masacrados con la complicidad de la fuerza pública en lo que se conoce como la masacre del Nilo. El Estado fue responsable de esta masacre y así lo reconoció internacionalmente y se comprometió a cumplir con las recomendaciones de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en materia de justicia, reparación individual y colectiva. El propio ex Presidente Ernesto Samper pidió perdón públicamente a nombre del Estado colombiano a las víctimas de esta masacre, a sus familiares y al pueblo Nasa. Hasta hoy estos acuerdos no han sido  respetados, mas aun,  el actual Gobierno se comprometió, el 13 de septiembre de 2005,  a través del último acuerdo, a dar cumplimiento a todas las obligaciones pendientes en un plazo máximo de dos años. Hasta hoy no se ha cumplido la restitución de 15.000 hectáreas al pueblo Nasa.

Los indígenas se oponen también a una serie de leyes como el Estatuto Rural, el Código de Minas, Leyes y planes de aguas, la ley de bosques, impulsadas por el gobierno de Uribe, que “optan por favorecer los intereses económicos y contribuyen al despojo territorial”,  según la ONIC. Estas leyes se oponen al artículo 120 de la constitución del 1991 que señala: “el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley”.

En los últimos 6 años,  siempre según la ONIC, 53.885 indígenas han tenido que dejar sus tierras y hoy 18 pueblos indígenas colombianos están en riesgo de desaparecer porque les quedan actualmente menos de 200 habitantes y diez tienen menos de 100. Como ellos reiteran: “indígena sin tierra es indígena muerto”.

Estos derechos a la tierra y a la vida están contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en septiembre de 2007, firmada por todos los países latinoamericanos con excepción de Colombia. Hoy los indígenas se movilizan también por su aprobación en este país.

Estas son las razones que están atrás de la gran movilización de los Indígenas que piden un encuentro directo con el presidente Uribe.

Los comunicados de la ONIC traen la siguiente información sobre las acciones:  en Tolima, cerca de 2.000 indígenas Pijaos y Nasas marchan entre El Guamo y El Espinal de forma pacífica, al igual que otros 400 indígenas Embera Chamí en Armenia, capital de Quindío. En Caldas, sigue la concentración en el municipio de Riosucio, así como los indígenas en El Chocó mantienen la toma pacífica de la Defensoría del Pueblo en Quibdó. Dentro de la sede de la Defensoría hay más de 300 indígenas Emberá Dóvida y Katios trabajando en comisiones con autoridades regionales en temas como salud, educación o seguridad alimentaria. Afuera, una cantidad similar de indígenas respaldan la toma pacífica.

En el Valle del Cauca, en la vía que conecta a  Palmira con Popayán, la Florida y Pradera, en la glorieta del puente de ese lugar, están  más de mil indígenas Emberas Chami, Eperaras Siapidaras y Wannan. En Huila,  9 “chivas” que salían desde los resguardos han sido detenidas por las autoridades, luego de requisar a cada uno de los más de 500 indígenas, no los quisieron dejar pasar.

En Guajira: a pesar del invierno y los desastres en muchas de sus rancherías en Manauare y en las mediaciones de Riohacha,  los Wayúu se movilizan en la ruta del Sombrero con rumbo a la capital de la Guajira. Los marchantes,  desde el viernes,  vienen sanando el territorio con cantos, danzas, ceremonias y con la reafirmación de la palabra;  los recibirán indígenas Wiwas, estudiantes indígenas y otros sectores. El punto de encuentro es la Universidad de la Guajira.

En Córdoba: miles de indígenas Zenú y Emberas Katios del Alto Sinú y del Alto San Jorge, se unen en esta Minga, por la dignidad y derechos de los pueblos indígenas, En total, se calcula que alrededor de 40 mil indígenas han salido a carreteras y centros municipales para unirse a la Minga Nacional de Resistencia Indígena.

La María

Los enfrentamientos más duros se han dado en La María–Piendamó (Cauca) en donde 20.000 indígenas de las etnias Guambiana, Nasa, Yanacona, Totoró, Coconuco y Eperara–Siapirara se han tomado la carretera Panamericana entre Cali y Popayan, para llamar la atención nacional.

El Estado ha enviando el  escuadrón móvil antidisturbios (ESMAD), declarando que en 10 minutos despejaría  la carretera. La resistencia de los Indígenas se ha mantenido por más de 24 horas y después de dos días,  en este momento la carretera parece nuevamente tomada.

En la María se generó un enfrentamiento extremamente violento durante el cual se han registrado más de 70 heridos entre los indígenas y dos muertos, uno de los cuales es Ramos Valencia, proveniente del resguardo Tacueyó, que ha recibido una bala en la cabeza, que le atravesó de lado a lado.

Lo que ha pasado en este resguardo ha sido de extrema gravedad. La policía nacional, bajo la responsabilidad del presidente Álvaro Uribe, el gobernador del Cauca Guillermo González Mosquera y el comandante del ESMAD, coronel Jorge Cartagena, ha utilizado armas no convencionales contra la población indígena que se defendía solo con bastones de mando  y piedras. La fuerzas policiales,  además de gases, machetes y garrotes,   han utilizados fusiles de balas y tiros recalzados que son una mezcla de pólvora negra, puntillas, tachuelas y vidrios que, al detonar, generan una descarga de esquirlas. Algunas de estas granadas no convencionales no explotadas han sido entregadas a delegados internacionales que desde el día miércoles están  presentes Maria Piendamó.

La comunidad internacional se dio cuenta de la gravedad de los hechos y está acompañando la movilización. Han llegado funcionarios de las embajadas de Canadá, Suecia, Suiza, Estados Unidos y España y representantes de Naciones Unidas y de la Comunidad Europea, ACNUR, OCHA y UNICEF. Los visitantes han pedido a la fuerza pública  no invadir el resguardo de la Maria porque,  según la Constitución nacional, las autoridades indígenas son autoridad estatal en sus resguardos. Y los resguardos no pueden ser allanados sin la previa aprobación indígena. La fuerza pública,  una vez recuperada la carretera,  se infiltraron en el resguardo y quemaron varias viviendas.

Además del ataque a bala,  los comuneros indígenas han sido víctimas de una ofensiva  mediática vergonzosa.

Ofensiva mediática

Varios medios de comunicación no han hecho más que citar fuentes gubernamentales, sin darse la pena de ir a verificar las noticias, y acusan a las Indígenas de utilizar armas de fuego y de estar  infiltrados por la guerrilla de las FARC.

Contra estas mentiras hablan los hechos, los muertos y los heridos indígenas documentados en  fotos. El proceso de toma de la carretera es una decisión que viene desde abajo, los comuneros en asamblea proponen a los gobernadores de sus cabildos las acciones a tomar, ellos se reúnen,  deciden y reportan a las asambleas, no hay guerrilla, hay las decisiones de un pueblo extremamente consciente que toma decisiones en manera comunitaria.

La criminalización de la protesta es un ejercicio muy practicado en Colombia en donde las FARC se trasforman en la excusa para aplastar los movimientos sociales. Según el Presidente,  guerrilleros son los estudiantes,  los corteros, los jueces, los indígenas, los profesores, los trasportadores y los campesinos. Si así fuese,  su política de seguridad democrática seria un verdadero fracaso, estando todo el país infiltrado por la guerrilla.

Los mismos que acusan de ser guerrilleros a los campesinos son los que están juzgados por crímenes de paramilitarismo, estos si reales, como demuestran los 60 parlamentarios involucrados en el escándalo de la parapolitica, o el mismo ex gobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera, que tanto ha atacado los indígenas Nasa.  Chaux,  luego de haber desempeñado el cargo de gobernador, fue nombrado por el presidente Uribe, embajador en República Dominicana, función a la tuvo que renunciar por sus probadas conexiones con el paramilitarismo.

Mientras terminamos estas notas llegan noticias de una nueva toma de la carretera en la María y nuevos ataques con armas de fuego por parte de la policía y el ejército.

La represión de estos días se está dando en el marco de las más grandes protestas contra el gobierno Uribe, hoy mismo se espera una gran marcha de apoyo a los pueblos Indígenas en la capital Bogotá.

(*) Simone Bruno  es periodista italiano.

La resistencia, conocida como Minga, se extiende por todo el país y pone en jaque
a las autoridades

El ejército y la policía utilizan "armas no
convencionales y bombas llenas de tornillos",
denuncian

Por Jorge Enrique Botero
Corresponsal en Bogotá
La Jornada, 18/10/08

La movilización de las comunidades indígenas de Colombia se extendió hoy por todo el país, cuyas principales carreteras quedaron paralizadas por las batallas campales que protagonizan miles de aborígenes contra batallones de la policía y del ejército.

Voceros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) dijeron a La Jornada que los choques dejan un saldo de un indígena muerto y 89 heridos "la mayoría de ellos por impactos de bala". Según el consejo, fuerzas combinadas del ejército y la policía colombianos han disparado ráfagas contra los manifestantes.

"También han usado armas no convencionales, bombas llenas de tornillos y puntillas que cuando estallan producen muchos heridos. Uribe nos declaró la guerra", denunció Daniel Piñacué, uno de los líderes de la protesta.

Por su parte, el gobierno informó que al menos 20 uniformados han sido heridos en los enfrentamientos con los indígenas, cuyo epicentro es la vereda La María, en el suroccidental departamento del Cauca, donde se concentran al menos 20 mil manifestantes.

La Minga, como se denomina la movilización, completa hoy cinco días y amenaza con prolongarse ya que los líderes de la protesta exigen negociar sus demandas directamente con el presidente Álvaro Uribe, quien no sólo descartó dicha posibilidad, sino que aseguró tener pruebas de "infiltración terrorista de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)" en la movilización.

En la cultura indígena guambiana y paez, Minga significa unión, solidaridad, encuentro, trabajo comunitario, reciprocidad.

"En esta Minga participan unos 50 mil indígenas de 18 departamentos que le exigen al gobierno el cumplimiento de pactos sobre tierras, respeto a los resguardos históricos, acceso digno a la salud y a la educación y cese de la violencia contra las comunidades y sus líderes", dijo a La Jornada Aída Quilqué, consejera del CRIC.

Los consejos regionales indígenas aseguran que sólo entre el 17 de septiembre y el 12 de octubre de este año han sido asesinados 15 indígenas en diversas regiones del país, la mayoría de ellos por miembros de la fuerza pública en hechos asociados con tomas de tierras o protestas aborígenes.

Voceros oficiales, sin embargo, no sólo niegan las acusaciones sino que le restan legitimidad a las demandas. "Las protestas están manipuladas por quienes pretenden sabotear el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos", aseguró Uribe el miércoles en discurso transmitido en radio y televisión.

El mandatario calificó de "terroristas" a los manifestantes y esgrimió de prueba el testimonio de un policía que habría perdido sus manos durante enfrentamientos con los indígenas el martes pasado.

Según la versión de los líderes indígenas, el ejército y la policía han infiltrado a decenas de sus efectivos entre los manifestantes. "Escogen a miembros de la fuerza pública con rasgos indígenas, los visten de civil y los infiltran en nuestras filas", aseguró Daniel Piñacué, mientras enseñaba ante las cámaras de la televisión los morrales cargados de explosivos e instrumentos de guerra que les han decomisado a los infiltrados.

"La idea es que ellos dejen sus morrales escondidos para que después aparezcan como evidencias de que nosotros estamos utilizando armas", explicó.

La táctica de infiltrar militares de origen indígena entre la Minga no sólo ha fracasado, sino que le ha costado caro a los soldados.

Los canales de televisión difundieron hoy imágenes del castigo que propinaron miles de manifestantes a los infiltrados, en la realización de un "juicio popular": nueve latigazos en las piernas y una "limpieza purificadora" con agua de yerbas "para que nunca más vuelvan a ejercer la violencia contra su propio pueblo". Igual suerte han corrido otros militares capturados por los indígenas.

Aunque el epicentro de las confrontaciones ha sido la Carretera Panamericana, una de las más transitadas del país, también se reportan acciones de protesta en puntos distantes de Colombia: en Chocó, emberas y katíos tomaron la sede de la Defensoría del Pueblo; en La Guajira, los wayuus caminan hacia la capital departamental, Riohacha; indígenas pijaos y nayas marchan hacia El Espinal, en el central departamento de Tolima, mientras que owas ocupan oficinas públicas en Boyacá.

Se calcula que la población indígena en Colombia está compuesta por unas 600 mil personas repartidas en 81 etnias, 60 por ciento de las cuales se concentra en las cumbres de la cordillera de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta. La Constitución Nacional reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país, pero los aborígenes aseguran que dicho reconocimiento es "letra muerta".

La principal reivindicación que levantan las comunidades indígenas es el derecho a sus territorios ancestrales, lo cual genera constantes tomas de latifundios ociosos y la respectiva confrontación con la fuerza pública.

Analistas políticos consideran que la explosiva situación en varios puntos de la geografía nacional es expresión inicial de conmociones sociales que se avecinan, fruto del modelo de desarrollo impulsado por la administración del presidente Uribe, "que privilegia el gasto militar sobre el social, impulsa las privatizaciones y apoya megaproyectos agrícolas de palma africana en detrimento de la producción de alimentos".

Según la senadora Piedad Córdoba, "las movilizaciones indígenas y populares están demostrando que la supuesta popularidad de Uribe no es más que un gran invento mediático. y el cuento de que detrás de toda protesta están las FARC tampoco le servirá más, pues dicho argumento riñe con la idea que ha vendido según las cual la guerrilla está liquidada".

Paralelamente a la Minga indígena de resistencia tienen lugar paros de trabajadores de los ingenios azucareros y de empleados de varias instituciones públicas.

Miles de trabajadores de la rama judicial regresaron hoy a sus labores, pero se declararon en alerta tras un paro de 42 días que paralizó el sistema de justicia y sirvió de pretexto al gobierno para declarar el estado de conmoción interior, actualmente vigente.