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Unos 10.000 hombres armados aterrorizan con total impunidad
Uribe tolera el nuevo auge de los paramilitares
Por Antonio Albiñana
Público.es, 22/08/09
Bogotá.– Con diferentes denominaciones –la genérica es "bandas
emergentes"– se asiste en la mayor parte del
territorio colombiano a una recomposición del fenómeno
paramilitar con los mismos elementos presentes desde
comienzos de los noventa: narcotráfico, extorsión, toma de
tierras con desplazamiento forzado e intervención en la política.
La inseguridad y el crimen se extienden en Colombia como
evidente fracaso de la bandera con la que el presidente Álvaro
Uribe trata de ser reelegido: la "seguridad democrática".
Para la politóloga Claudia López, que levantó el escándalo de la parapolítica,
"los hechos demuestran que si las FARC desaparecieran
hoy, las cifras de violencia, excepto los muertos por
atentado y minas, permanecerían prácticamente
iguales". El Gobierno de Uribe ha centrado su política
de seguridad en la derrota de la guerrilla, mientras el fenómeno
más extendido por todo el país es el resurgimiento del
paramilitarismo. Según la Policía Nacional, el problema
incluye a ocho bandas con 4.500 integrantes. Pero diversas
ONG y la propia Defensoría del Pueblo tienen registradas más
de 82 bandas que operan en 273 municipios, con no menos de
10.000 hombres bien armados, la mitad de ellos procedentes
del viejo paramilitarismo, supuestamente desmovilizado.
El
presidente se centra en vencer a la guerrilla y hace la
vista gorda con miles de asesinatos
Desde el inicio de su segundo mandato en 2006, Uribe emprendió un proceso
de desmovilización pactada con los paramilitares, agrupados
en su mayor parte en las AUC (Autodefensas Unidas de
Colombia). Se produjeron entregas públicas de armas,
participación de organismos internacionales y hasta la
intervención de sus máximos dirigentes como Salvatore
Mancuso en la tribuna del Parlamento para explicar los
"servicios" rendidos a Colombia en su lucha contra
la guerrilla. En realidad, como denunció pronto la misión
de seguimiento de la Organización de Estados Americanos, no
se entregaba la totalidad de armas, ni las más modernas, y
el paramilitarismo se ibareorganizando en zonas como Nariño,
Córdoba, La Guajira o Bolívar. En el norte de Santander,
el propio Mancuso reconstruyó a través de sus mandos
medios el temible Bloque Catatumbo, responsable de unos
2.000 asesinatos.
En Sucre, los hombres de Jorge 40, extraditado actualmente como Mancuso en
EEUU por narcotráfico (no por los crímenes del
paramilitarismo) reconocieron al menos 1.500 muertes, que no
han recibido ningún castigo, y siguen operando, combinando
el desplazamiento forzado de campesinos con la actividad
legal a través de políticos, empresarios y funcionarios.
En realidad, el paramilitarismo nunca ha sido castigado
realmente por sus masacres y negocios ilícitos.
Las bandas emergentes más importantes que se extienden por el país son:
las Águilas Negras, que actúan ya en Córdoba, Santander,
Magdalena Medio, Antioquia e incluso en barrios populares de
Bogotá, como San Cristóbal; Los Rastrojos, herederos del cártel
del norte del Valle del Cauca y extendidos ya por gran parte
del país, y Los Paisas. Practican sus actividades de
siempre (narcotráfico, extorsión, toma de tierras y
desplazamiento forzado de los campesinos, violaciones como
arma de presión) y actúan en 25 de los 32 departamentos de
Colombia.
La política
"está más tomada por la mafia y la corrupción que
nunca", asegura una analista
También intervienen en política con la persecución de líderes
comunitarios, de organizaciones de derechos humanos y de víctimas,
y están enquistados en estructuras del Estado. El escándalo
más reciente ha sido el del jefe de Fiscalías de Medellín,
Valencia Cossio, hermano del ministro de Justicia, cuya
actividad estaba presuntamente vinculada al servicio de los
más temibles paramilitares de la región y que hoy se
encuentra a la espera de sentencia.
La propia Defensoría del Pueblo ha sido objeto de las acciones del nuevo
paramilitarismo. En realidad, el de siempre, porque, como señalan
fuentes de esa institución: "Se trata del
reagrupamiento de paramilitares que se habían desmovilizado
y que siguen reclutando menores". El pasado día 11, el
edificio de la Defensoría en Córdoba fue allanado y sólo
se robó un ordenador que contiene información sobre
violaciones de derechos humanos por parte de paramilitares y
de las fuerzas de seguridad. Lo mismo ha sucedido en las
sedes de Barrancabermeja y Cartagena.
Ya hay
3,5 millones de desplazados
Según el Defensor del Pueblo, las amenazas a ONG y defensores de Derechos
Humanos son constantes en Bogotá, César, Magdalena y Bolívar.
También los crímenes y amenazas para lograr el
desplazamiento violento de los campesinos. Hoy hay en
Colombia más de tres millones y medio de desplazados y su número
sigue en aumento.
Sin embargo, el Gobierno de Uribe no da respuesta al fenómeno, actuando de
forma débil y tratando la acción paramilitar (asesinatos,
extorsiones, expulsiones) como actos aislados de
"delincuencia común". Y a menudo se produce una
connivencia de las fuerzas del orden y las bandas del
paramilitarismo, con los fabulosos beneficios del narcotráfico
engrasándolo todo.
Como escribía esta semana la citada analista Claudia López en el diario El
Tiempo: "El narcotráfico se limpia y legitima a través
de políticos y funcionarios que posan de gobernadores,
alcaldes, coroneles y toda una gama de funcionarios públicos
y empresarios legales a costa de decenas de miles de
muertos". Con decenas de parlamentarios que le
sirvieron de apoyo a Uribe en su primera reelección presos
por sus nexos con el paramilitarismo, la política
colombiana, según López, "está más tomada por la
mafia y la corrupción que nunca".
Masacre de indígenas en el reino colombiano de la coca
Los paramilitares matan a 7 adultos, 4 niños y un bebé
Por Antonio Albiñana
Público.es, 27/08/09
Bogotá.– La reserva indígena awá de Gran Rosario, en Colombia, despertó
conmocionada en la madrugada del miércoles. Más de cien
disparos sonaron concentrados en una sola casa. Un niño de
diez años y un joven de 19, que lograron escapar con tiros
en el cuerpo, describieron a los atacantes como
"hombres blancos, altos, algunos con bigote, con
uniforme de campaña y armas cortas".
En el suelo de la casa quedaron los cuerpos de doce miembros de una misma
familia, entre ellos cinco niños y un bebé de sólo ocho
meses.
El poblado awá está situado cerca del puerto de Tumaco, en el departamento
de Nariño, fronterizo con Ecuador. Es una región estratégica
para el tráfico de drogas y armas. En Tumaco se vive una de
las peores situaciones de violencia y desplazamiento forzado
de Colombia. Sólo durante este año han sido asesinadas 110
personas.
Las bandas emergentes del nuevo paramilitarismo, los Rastrojos y las Aguilas
Negras, se disputan las plantaciones de más de 20.000 hectáreas
de coca y las rutas de exportación de droga. También está
presente la guerrilla. Los indígenas tratan de mantenerse
al margen de los enfrentamientos.
Pueblos
en vías de extinción
Uno de los líderes de la Organización Nacional Indígena, Evelio Rodríguez,
califica de "salvajada" la matanza de Tumaco y la
asocia con la situación general de las minorías indígenas
en Colombia.
"Es una situación muy crítica, hay 32 pueblos indígenas en vías de
extinción donde ya no nos dejan cultivar la tierra y
realizar nuestros trabajos tradicionales", subrayó
Rodríguez.
Pero esta situación no es excepcional porque, según afirma el líder de la
Organización, "hace dos días, en Córdoba, mataron a
un capitán zenú y desaparecieron otros dos. Lo mismo
sucede en el Chocó, donde las empresas multinacionales
hacen salir a los indígenas de sus territorios para
apropiarse de ellos".
Sobre la masacre del miércoles en la reserva de Gran Rosario, todas las hipótesis
apuntan a los paramilitares o al propio Ejército. En
cualquier caso, las autoridades, empezando por el Gobernador
de Nariño, Antonio Navarro, han descartado que fuera la
guerrilla de las FARC.
Navarro ha recordado en sus primeras declaraciones que una de las víctimas,
Tulia García, ya presenció la muerte de su esposo por
hombres del Ejército el pasado 25 de mayo. Con la muerte
del resto de su familia se trataría tanto de provocar el
desplazamiento como de acabar con posibles testigos en
futuros procesos.
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