Caracas.– La caída de unos artesanales puentecillos de tablas sobre un pequeño río limítrofe entre Colombia y Venezuela, que en tiempos de buena relación se habría obviado como un pequeño incidente fronterizo, hizo escalar la confrontación entre ambos vecinos, con el riesgo de que se produzcan choques armados.

El derechista presidente colombiano Álvaro Uribe consideró "muy grave" que militares hayan dinamitado el jueves los puentecillos desde el lado venezolano de la frontera, aunque en tono conciliatorio agregó que su país "no producirá gestos de guerra".

En Venezuela, el vicepresidente y ministro de Defensa, Ramón Carrizález, destacó que sus uniformados destruyeron "unas pasarelas improvisadas que servían a los narcotraficantes", y agregó que Bogotá "quiere ocultar el fondo del problema, y es que entregó su soberanía a Estados Unidos y convirtió a Colombia en una base yanqui".

El actual conflicto estalló cuando Bogotá anunció en julio un acuerdo con Washington para que fuerzas estadounidenses utilicen siete bases militares colombianas, lo que Caracas consideró un peligro para América del Sur y un acto de agresión directa, pues esas bases servirían para desestabilizar a su gobierno y facilitar una invasión armada.

"Entonces se rompió el modus vivendi entre Colombia y Venezuela desde que en 2002 coincidían los gobiernos de Uribe y Hugo Chávez, y que con altibajos toleraba lo que cada proyecto político adelantaba en su respectivo país", observó a IPS Carlos Romero, director de posgrado de estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela.

A esa ruptura siguió "una especie de vacío político durante meses, con cada gobierno por su lado, sin contactos o trabajos para superar la diferencia, marcada por el verbo exagerado del lado de Venezuela y el silencio del de Colombia", dijo Romero.

Ahora, según el analista, se llega a una tercera etapa, "de agudización del conflicto, lo que explica que Bogotá magnifique cualquier incidente y lo lleve a instancias internacionales, aun a sabiendas de que esa denuncia difícilmente prosperará".

Colombia presentó este viernes al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, una queja porque Venezuela dinamitó dos puentes construidos por las comunidades, considerando que la acción viola el derecho internacional y el humanitario.

Las autoridades venezolanas destacaron que no se trata de puentes o pasos fronterizos sujetos a formalidades aduaneras o de inmigración, como otros de la zona. Campesinos los utilizan para ir a faenar a un lado u otro de la frontera, llevar sus compras y, también, para el "contrabando de extracción" de gasolina y alimentos desde Venezuela.

Uribe instruyó a sus colaboradores a no responder los señalamientos que se les hacen desde Venezuela y a registrar todos los incidentes para documentar denuncias que llevarán a la OEA y a la Organización de las Naciones Unidas.

El izquierdista Chávez no ha ahorrado epítetos a las autoridades colombianas, llamando a Uribe "lacayo" y "peón del imperio", al canciller colombiano Jaime Bermúdez y al propio mandatario de "desgraciados" y, en sus frecuentes discursos, habla de la "oligarquía apátrida y pitiyanqui" de la "Colombia colonia estadounidense".

Analistas venezolanos llamaron la atención sobre una "militarización" de la nueva y más aguda etapa del conflicto, mostrada por el protagonismo del ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, al denunciar y describir la voladura de los puentes.

A su vez, las respuestas y explicaciones del lado venezolano fueron llevadas por Carrizález y el comandante de la guarnición militar en la frontera del noroccidental departamento del Táchira, el general Eusebio Agüero, quien justificó la acción como "decisión soberana".

"Es preocupante el protagonismo de los responsables de Defensa y de los uniformados, porque la frontera entre Colombia y Venezuela es muy viva y un pequeño incidente puede ser una chispa que encienda problemas mayores", dijo a IPS Fernando Gerbasi, un antiguo embajador venezolano en Bogotá.

La ciudad fronteriza de Arauca, en el noreste colombiano, fue escogida para una reunión este viernes del ministro Silva con los comandantes del ejército y de la fuerza aérea, generales Oscar González y Jorge Ballesteros, para pasar revista a la situación militar.

También este viernes un candidato presidencial colombiano para los comicios de 2010, el opositor liberal Rafael Pardo, fue retenido durante unos minutos en Ureña, en la frontera venezolana de Táchira, por efectivos de la Guardia Nacional que, según dijo el político restando importancia al incidente, lo trataron muy correctamente.

Para Romero "todavía no hay condiciones para que un simple incidente desencadene un conflicto, hay espacios para la negociación y debe insistirse en que ambos gobiernos busquen mecanismos de confianza y no jueguen con el tema de la guerra".

En las dos naciones vecinas se desataron oleadas de declaraciones y advertencias desde que, dos semanas atrás, Chávez invocó el viejo adagio "si quieres la paz, prepárate para la guerra", y pidió a militares y seguidores civiles en Venezuela "no perder ni un día para nuestra principal misión, que es prepararnos para la guerra".

El ex presidente colombiano Ernesto Samper (1994–1998), opositor de Uribe, indicó que "este es el momento más crítico en la relación entre Venezuela y Colombia, por la falta de canales de interlocución", y advirtió que "el conflicto se puede regionalizar".

Brasilia ya pidió que Bogotá y Caracas estudien una vigilancia conjunta de su frontera, con apoyo aéreo brasileño ––oferta que Chávez rechazó de plano–– y tanto Brasil como España, Francia, Estados Unidos y la Unión Europea han pedido que los dos gobiernos se abstengan de actos hostiles y busquen un acercamiento.

Bogotá pidió a España que monitoree la situación con su vecino, mientras que en Venezuela el vicecanciller Francisco Arias desestimó esos llamados pues "no tenemos un conflicto con Colombia, sino con Estados Unidos", en alusión a la tesis de que Washington actuaría contra su país.

El ángulo regional fue validado por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quienes reiteraron esta semana su preocupación por la apertura de bases colombianas a fuerzas y sofisticados equipos estadounidenses. Estados Unidos, destino principal de las exportaciones venezolanas de petróleo, ha insistido, como Bogotá, en que las bases serán usadas exclusivamente dentro de territorio colombiano para combatir el narcotráfico y la guerrilla.