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Entrevista a Alfredo Molano, sociólogo y escritor
"El Gobierno no quiere investigar"
Alfredo Molano, uno de los columnistas más influyentes de Colombia, ha
recorrido el país como cronista de la violencia, lo que le
valió el exilio para escapar de las amenazas de militares y
paramilitares.
¿Cuál es la situación de las fosas en Colombia?
La propia Fiscalía General de la Nación habla de 25.000
“desaparecidos”, que en algún sitio tienen que estar.
Hay cementerios clandestinos enormes en Colombia. Hay gente
borrada. También es posible que hayan hecho desaparecer
muchos restos como en los hornos crematorios del nazismo.
¿Estas fosas tienen que ver con los llamados ‘“falsos positivos”?
Sí, todo esto puede estar relacionado con los “falsos positivos”
[colombianos civiles asesinados a la que se presentaba como
“muertos en combate”]. El ejército los enterraba
clandestinamente. Buena parte de ellos van a encontrarse en
estas fosas comunes.
¿Cuál puede ser la magnitud de estos hallazgos de fosas?
Terrible. Ni en los años cincuenta hubo en Colombia tanta brutalidad como
la que muestran estas acciones de los paramilitares, pero el
Gobierno no tiene voluntad de investigar a fondo, y sólo
dejará que aparezcan algunas tumbas. Además, los plazos
son larguísimos y las dificultades técnicas para las
identificaciones, pruebas químicas y ADN son enormes.
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En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al
sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del
conflicto colombiano, se está descubriendo la mayor fosa
común de la historia reciente de Latinoamérica, con una
cifra de cadáveres "NN", enterrados sin
identificar, que podría llegar a los 2.000, según diversas
fuentes y los propios residentes. Desde 2005 el Ejército,
cuyas fuerzas de élite están desplegadas en los
alrededores, ha estado depositando detrás del cementerio
local cientos de cadáveres con la orden de que fueran
inhumados sin nombre.
Se trata del mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se
tenga noticia en el continente. Habría que trasladarse al
Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para
encontrar algo de esta dimensión.
l jurista Jairo Ramírez es el secretario del Comité Permanente por la
Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y acompañó a
una delegación de parlamentarios ingleses al lugar hace
algunas semanas, cuando empezó a descubrirse la magnitud de
la fosa de La Macarena. "Lo que vimos fue
escalofriante", declaró a Público. "Infinidad de
cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de
color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005
hasta hoy".
Desaparecidos
Ramírez agrega: "El comandante del Ejército nos dijo que eran
guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la
región nos habla de multitud de líderes sociales,
campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin
dejar rastro".
Mientras la Fiscalía anuncia investigaciones "a partir de marzo",
tras las elecciones legislativas y presidenciales, una
delegación parlamentaria española integrada por Jordi
Pedret (PSOE), Inés Sabanés (IU), Francesc Canet (ERC),
Joan–Josep Nuet (IC–EU), Carles Campuzano (CiU), Mikel
Basabe (Aralar) y Marian Suárez (Eivissa pel Canví) llegó
ayer a Colombia para estudiar el caso y hacer un informe
para el Congreso y la Eurocámara. La situación de la mujer
como primera víctima del conflicto y la de los
sindicalistas (solo en 2009 fueron asesinados 41) centrarán
también su trabajo en diferentes zonas del país.
Más de mil fosas en el país
El horror de La Macarena ha puesto de actualidad la existencia de más de
mil fosas comunes con cadáveres sin identificar en
Colombia. Hasta finales del pasado año, los forenses habían
censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado
identificar a cerca de 600 y entregar los cuerpos a sus
familiares.
La localización de estos cementerios clandestinos ha sido posible gracias a
las declaraciones en versión libre de los mandos medios
presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos
a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza
una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes.
La última de estas declaraciones ha sido la de John Jairo Rentería, alias
Betún, quien acaba de revelar ante el fiscal y los
familiares de las víctimas que él y sus secuaces
enterraron "al menos a 800 personas" en la finca
Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo.
"Había que desmembrar a la gente. Todos en las
Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo
con gente viva", ha confesado el jefe paramilitar a la
fiscal de Justicia y Paz.
Diez años del “Plan Colombia”
Plomo, más plomo y neoliberalismo
Por Aurelio Suárez Montoya
desde abajo, Bogotá, 21/01/10
En Estados Unidos, donde se conoció en primer lugar y en inglés el texto
del Plan Colombia, se aprobó bajo la denominación de
Alianza Act, ley S1758, presentado por los senadores
republicanos Coverdell, Dewine y Glaseley. Dentro del capítulo
“Focos Integrados del Plan”, se planteaba como objetivo
central (para Estados Unidos) la reducción en seis años en
un 50% de los cultivos y en igual proporción de la producción
de cocaína. En el Congreso de Colombia jamás se discutió,
y mucho menos se aprobó, no obstante, luego de una década,
en dicho Plan se condensó la estrategia general del país
en todos los órdenes, lo cual impele necesariamente a hacer
un balance de los efectos del mismo.
Del documento preliminar al respecto, elaborado en octubre de 2008 por Jo
Biden actual vicepresidente de Estados Unidos y entonces
presidente del comité de relaciones exteriores del Senado,
“Plan Colombia: Las metas en reducción de drogas no
fueron alcanzadas, pero la seguridad ha mejorado…”, se
deduce que los fines con los que se justificó no se
lograron. No resultó porque Colombia haya incumplido sus
compromisos, al contrario, luego de un enorme costo fiscal y
de miles de vidas, es centro mundial de producción y
comercio básico de cocaína.
¿En qué se invirtieron entre 1999 y 2008 los 52.241 millones de dólares,
que el país ha prodigado en este Plan, de un valor total de
58.688 al que hasta entonces había llegado? El monto mayor,
37.209 millones, (75 billones de pesos de hoy, un promedio
de 7,5 billones al año, casi más del 3% del PIB por año
en dicho periodo) se ha gastado en triplicar el rubro de
seguridad y defensa y en duplicar el número de efectivos de
la fuerza pública. Colombia se convirtió, a la larga, en
uno de los países que más gasta con estos fines en el
mundo y, si se evalúa en el contexto de las cuentas
presupuestales ejecutadas, este importe puede equivaler a la
mitad del valor de toda la deuda contratada entre diciembre
de 1999 y diciembre de 2008, es decir, uno de cada dos pesos
del endeudamiento público se ha ido en el conflicto.
La “ayuda” norteamericana, tan publicitada y que se muestra
indispensable, aún excluyendo las demás colaboraciones del
extranjero, es solamente el 11% del importe total del Plan.
Además ha tenido dos condiciones: una, desde 2003, la
Contraloría advirtió que el 75% de esa “ayuda” era
manejada por agencias gringas; y, otra, la mitad corrió
para contratos con las empresas del complejo
militar–industrial norteamericano; esto es, negocios (de
yo con yo) fundados en la lucha contra el narcotráfico en
Colombia, aún sin importar si se alcanzan o no las metas.
Un vínculo entre este Plan y los acuerdos con el FMI, en la misma década,
que persiguieron la reducción del gasto social y el aumento
del recaudo de impuestos por la vía de contribuciones
indirectas como el IVA para ampliar la capacidad de crédito
del gobierno central, lleva a concluir que en todas las
imposiciones de política económica neoliberal del Fondo
van ocultos, entre sus muchos perversos propósitos, el de
buscar espacios para compra de armamento y gasto bélico. Un
verdadero oprobio. Por algo hay documentos cruzados con el
FMI donde se especifica el aval para los compromisos con el
Plan Colombia y por lo mismo un capítulo amplio del Plan se
titula “reencauzando la economía”.
¿Qué tal esto? El futuro está marcado. Con la indigna cesión de soberanía,
y toda suerte de prebendas, para la operación de fuerzas de
Estados Unidos en siete bases militares colombianas y que
pueden extenderse a todo el territorio patrio, continuará
la afrenta del Plan Colombia. A partir de 2007 ya tuvo su
segunda versión hasta el 2013, con dos componentes claves:
“lucha contra el terrorismo” y “apertura de
mercados”.
Se recrudecerá el teatro de guerra. Adam Isacson, del Center for
International Policy, que patrocina una política de “acción
integrada” del Estado en la consolidación de los
territorios donde se ha expulsado la guerrilla, exige ante
todo, un “esfuerzo militar intensivo”, coordinado entre
el Ejército de Colombia y el Comando Sur de US Army. Sin
ello, agrega, los programas sociales no fructificarán.
Parece cumplirse la premonición de Kissinger en 2001,
respecto al Plan Colombia: “soy especialmente sensitivo
cuando los conflictos armados comienzan con fines nobles,
pero lamentablemente siempre terminan en un punto muerto,
sin ilusiones,... acaban por convertirse en una amenaza para
la estabilidad y la seguridad”.
Así vamos…, por tanto, seguirá plomo y más plomo y, desde luego, más
neoliberalismo para financiarlo.
