El complot de la contrarreforma agraria

Un número desconocido de empresarios de agroindustrias y de funcionarios públicos de todo nivel, así como paramilitares de ultraderecha, tienen algo en común con campesinos desplazados o asesinados en Colombia: las tierras robadas a los últimos en el conflicto armado.

Bogotá.– "Es que ahí había un complot. Uno iba matando a la gente, otros iban atrás comprando, otros iban de tercero, legalizando", describió el ex jefe paramilitar "Pitirri", Jairo Castillo, exilado hace 10 años e importante testigo protegido en los juicios que se siguen en Colombia a los "parapolíticos", dirigentes implicados con la estrategia de esos grupos ilegales.

"Pitirri" es uno de los que preguntan a la justicia por qué sólo se ocupa de los que "iban matando". Por qué no inquiere por quienes se apropiaron de 5,5 millones de hectáreas, según cifras de la Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, creada por iniciativa de la sociedad civil.

La declaración de "Pitirri" fue presentada este jueves 19 en un debate parlamentario de control político sobre tierras, paramilitarismo y desplazamiento forzado por el legislador izquierdista Iván Cepeda.

Álvaro Uribe, quien gobernó desde 2002 hasta el 7 de este mes, desmovilizó parcialmente el brazo armado del paramilitarismo, para lo cual se expidió un marco legal conocido como Ley de Justicia y Paz.

Con ese nombre, una unidad de la Fiscalía General de la Nación afronta la confesión "completa" de los crímenes de centenares de ex combatientes que así pueden acceder a beneficios penales, tal como lo impuso la Corte Constitucional, y deben pagar con sus bienes la reparación de sus víctimas.

"La Unidad de Justicia y Paz ha hecho una tarea formidable en medio de limitaciones presupuestales y logísticas", señaló en el mismo debate Guillermo Rivera, legislador del hoy oficialista Partido Liberal. Según él, la fiscalía descubrió algo inesperado. Notó que los paramilitares desmovilizados, que se suponía eran dueños de enormes extensiones con las que iban a reparar a sus víctimas, reportaron propiedades más bien precarias. Hasta ahora han entregado apenas 6.600 hectáreas.

Rivera resumió así el "complot", como lo denomina "Pitirri": Con el argumento de combatir a guerrillas de izquierda, entre 1994 y 2000 se produjo en este país la más fuerte expansión paramilitar, que dejó decenas de miles de campesinos asesinados y millones de desplazados hacinados en las ciudades.

La seguridad alimentaria de esos desplazados se quedó en la parcela, que luego fue tomada por las mafias paramilitares, ya fuera mediante la compra a precios irrisorios o por ocupación a la fuerza, describió.

Entre 2002 y 2005 el gobierno de Uribe negoció la desmovilización con los paramilitares en Santa Fe de Ralito, un poblado del nororiente del país.

Mientras la opinión pública seguía las incidencias de Ralito, la mayoría de los millones de hectáreas apropiadas fueron puestas a nombre de testaferros o vendidas a empresarios.

El objetivo era evitar que esas propiedades ingresaran a los fondos de reparación de víctimas que prevé la legislación, y evadir así la restitución de bienes, según Rivera.

Entre 2005 y 2006, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía detectó evidencias de testaferrato y de que un número de empresarios se habían apoderado de tierras que originalmente eran de los desplazados.

El círculo, descrito por Rivera, se cierra de manera estremecedora: un cierto número de esos testaferros pasaron a ser beneficiarios del Estado, especialmente a través del Ministerio de Agricultura, que les concedió créditos blandos y subsidios agrícolas bajo el programa Agro Ingreso Seguro, un escándalo de corrupción que estalló en el último tramo del gobierno de Uribe.

Luego, siempre según Rivera, esos beneficiarios financiaron campañas electorales del sector más ligado a Uribe en el oficialismo, por ejemplo la del ex aspirante presidencial Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura del ex mandatario.

Colombia vive un viejo conflicto armado, con guerrillas activas desde 1964.

En el debate parlamentario, Rivera y Cepeda proporcionaron nombres propios de individuos, empresas y supuestas organizaciones de la sociedad civil que harían parte del presunto "complot".

Durante su gobierno, el propio Uribe instruyó al bloque oficialista, mayoritario tanto entonces como ahora, para que bloqueara un proyecto de ley de víctimas, que incluía restitución de bienes.

El proyecto, argumentó, resultaba oneroso para el fisco. La Corte Constitucional ordenó en repetidas ocasiones restituir los bienes a los desplazados, estimados entre tres y más de cuatro millones de personas, según fuentes gubernamentales o de la sociedad civil.

Rivera pidió mecanismos expeditos de justicia transicional para devolver los bienes a las víctimas. Para ello, subrayó, es necesario "invertir la carga de la prueba en los litigios sobre tierras".

Según ese principio jurídico, no es el Estado el que tiene que demostrar dolo en una negociación o propiedad de tierras. Son, al contrario, los usufructuantes de la misma quienes deben demostrar la legalidad de su propiedad.

(*) Con aportes de Helda Martínez (Bogotá).

El complejo reto de la restitución de tierras

Recuperar dos millones de hectáreas y restituirlas a los desplazados, un objetivo que se advierte muy complejo, es el compromiso que se impuso el Gobierno. La primera tarea será develar quiénes concentran hoy las tierras despojadas por mafias y grupos ilegales. ¿Cómo lo hará?

En su discurso de posesión, el presidente Juan Manuel Santos se comprometió con los campesinos del país a que ellos se convertirán en los verdaderos dueños de las tierras más productivas y los encargados de explotarlas.

Ese compromiso también incluyó la decisión de arrebatarles a los agentes de la violencia la tenencia de las mejores tierras y restituirlas a las familias de campesinos desplazados que, por culpa de fenómenos como el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo, se han visto obligadas a abandonar cerca de cinco millones de hectáreas en las recientes tres décadas.

En metas concretas, el reto del Gobierno durante los próximos cuatro años será recuperar, como mínimo, dos millones de hectáreas que fueron usurpadas por las mafias, tal como lo dijo el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

Pero el objetivo se convierte en un auténtico reto para el Gobierno, por lo menos así se desprende tras el revelador debate que sobre tierras realizó la Cámara de Representantes la noche del miércoles y en el que congresistas del Partido Liberal y el Polo Democrático hicieron una radiografía del complejo problema que el Ejecutivo tiene entre las manos.

El propio Gobierno, a través del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, reconoció que en Colombia hay “una vergonzosa concentración de la propiedad rural en el país”, mientras el ministro de Agricultura admitió que en Colombia la población desplazada “supera los tres millones”, siendo la primera vez que un funcionario no se refiere a la cifra de dos millones y medio que citó con insistencia el gobierno anterior.

La "sutil legalización"

En la plenaria de la Cámara de Representantes, los congresistas Iván Cepeda (Polo) y Guillermo Rivera (P. Liberal) demostraron que la concentración de tierras en Colombia es tan marcada, que tan sólo el 4 por ciento de los propietarios controla el 61 por ciento de las tierras de mejor calidad, derivada, en muchos casos, por el despojo de tierras que ocasionó la ofensiva paramilitar en las recientes dos décadas.

Mencionaron que 5,5 millones de hectáreas fueron abandonadas, invadidas o transferidas en “negocios espurios”, de las cuales fueron expulsadas 385.000 familias que hoy sufren en busca de recuperar lo perdido. De estas, 1,2 millones estaban cultivadas antes de ser despojadas.

El representante Iván Cepeda reveló que detrás de la legalización de tierras despojadas hay grandes empresarios que, incluso, “contaron con la ayuda del Estado” para adquirir esos predios.

Por eso, advirtió Cepeda, muchos de los predios que habían arrebatado los paramilitares desmovilizados no han sido devueltos, pues, según sus investigaciones, la propiedad de dichos predios ha sido legalizada a través de mecanismos “sutiles”.

Cepeda mencionó casos para los que pidió urgente investigación de las autoridades. Por ejemplo, señaló a hermanos del presidente de ECOPETROL, Javier Gutiérrez, de adquirir una finca que, según su conocimiento, “fue robada por hombres de ‘Jorge 40’”.

El congresista también pidió la no extradición del desmovilizado Éder Pedraza, alias ‘Ramón Mojana’, a quien Jairo Castillo Peralta, alias ‘Pitirri’, uno de los testigos estrella de la parapolítica, señaló de haber atendido las recomendaciones del ex senador Mario Uribe de “conseguir tierras baratas” en la región del bajo Cauca.

"Ocho años en deuda"

El representante Guillermo Rivera también hizo varias denuncias en la radiografía agraria que presentó en el parlamento, especialmente la forma como varios “testaferros de paramilitares” terminaron siendo beneficiados por las políticas de subsidio agrario impulsadas por el gobierno de Álvaro Uribe y su ministro agrícola Andrés Felipe Arias.

“La voluntad y el rol del gobierno del Presidente Uribe, y en especial de su Ministro de Agricultura, distó mucho de iniciar un proceso de restitución. Incluso, las medidas de seguridad a las víctimas y las garantías para que estas pudieran reclamar sus terrenos fueron enormemente limitadas”.

Rivera mencionó el caso de 10 palmicultores y refinadores de aceite de palma que contribuyeron con 29,5 millones en el 2002, y 27 millones para el referendo y han recibido 8.000 millones en subsidios y 279 millones en créditos blandos.

Incluso reveló que el extraditado jefe paramilitar alias ‘Macaco’ devolvió la finca Las Margaritas en Putumayo, junto con 160 millones de pesos que correspondían a una deuda por créditos blandos con el programa FINAGRO.

Por eso, el parlamentario le advirtió al gobierno de Juan Manuel Santos que su primer reto para consolidar el propósito de devolver dos millones de hectáreas a los campesinos desplazados será establecer quiénes ostentan hoy la propiedad de estos predios.

Además, dijo Rivera, se hace urgente un censo de “Tierras y predios”, tal como lo ordenó un Auto de la Corte Constitucional en el 2009, para así determinar “las cifras reales” con las que el Gobierno debe contar para afrontar esta “herencia que le dejó el gobierno Uribe”, como el congresista calificó la restitución de tierras.

Las fórmulas

El Gobierno admitió esa radiografía y consideró fórmulas para cumplir con su meta de la restitución de tierras, que serán incluidas en el conjunto de disposiciones que conforman el proyecto de Ley de Tierras, que será radicado en el Congreso.

Dicho proyecto, como explicó el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, tendrá como propósito el desarrollo de políticas que permitan “romper con la cadena de testaferrato” que se apoderó de los predios de campesinos desplazados.

Restrepo también explicó que la Ley de tierras que se propone tramitar será complementaria a la Ley de Víctimas. Y anunció que se reversarían “adjudicaciones espurias” realizadas por el INCODER.

Pero la principal herramienta con la que el Gobierno pretende meterle el diente al problema de la tierra será la creación de una “jurisdicción especial” para la extinción del dominio de bienes de grupos ilegales, los cuales serán restituidos a las víctimas del desplazamiento.

Y en ese contexto, según explicó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, una de las disposiciones novedosas será la de “invertir la prueba de la carga” para demostrar la propiedad de los predios.

Esto significa que no sería responsabilidad de las víctimas de desplazamiento sustentar ante las autoridades la pertenencia de sus tierras, sino que será el Estado el que asuma esa función.

¿Y cómo lo hará? Para que ese procedimiento sea expedito, Vargas Lleras explicó que se obligará a los empresarios a demostrarles a las autoridades que su tenencia y su derecho de dominio es legítimo.

El representante Guillermo Rivera, quien aplaudió esa medida, dijo que les dará mayor agilidad a los procesos judiciales de esa naturaleza, que podría tardar menos de dos años.

La parábola de “Colombia”

Al campesino Albeiro Valdez (“Colombia”) le mataron la familia para robarle sus tierras. Años después, el Estado se las devolvió. Ahora ni el Vicepresidente de la República pudo evitar que asesinaran a Valdez y que las tierras volvieran a sus enemigos.

“Colombia” fue enterrado sobre los restos de su padre y hermano, también muertos por los paramilitares cuando los desplazaron por primera vez

Urabá.– A “Colombia” lo encontraron a un lado del camino que lleva al mar, entre Turbo y Necoclí, tirado en una platanera con los brazos levantados, como pidiendo auxilio. Nadie se extrañó de su muerte porque él mismo ya la había anunciado, y hasta había dicho quién iba a cometerla. Cinco meses antes, el Estado le había devuelto las 38 hectáreas de tierra que los paramilitares le robaron a su padre en la vereda El Tigre, corregimiento de El Totumo, en el golfo de Urabá. Aquel fue un día feliz.

Él y su familia, acompañados por unas cuarenta personas, caminaron hasta el predio devuelto, a tres horas de camino del casco urbano, y tomaron posesión entre abrazos, canciones y un sancocho de gallina que alcanzó para todos. Era tanta la alegría que ya nadie se acordó de las amenazas de Jairo Humberto Echeverry Bedoya, el terrateniente de la zona, dueño de 1.000 hectáreas de campo en la parte oriental del golfo. El hombre les había salido al paso y les advirtió que si insistían en llegar hasta el predio devuelto, que él contaba como suyo, "no respondía".

Ya tarde en la noche, en medio de la celebración, bajo un cielo de estrellas amontonadas y cocuyos titilando entre el pasto, con el resplandor del mar allá muy lejos, “Colombia” les mostró el lugar donde los paramilitares fusilaron a su padre y a su hermano. Él logró escaparse y ya nunca más volvió, hasta esa noche, trece años después. El gobierno acababa de entregarle un documento a “Colombia” en el que aparecía su nombre: Albeiro Valdez Martínez. Era el acta de restitución, y él feliz se la mostraba a todos como si fuera un diploma de graduación.

En el papel, el Estado se comprometía a "acompañar a su familia en el restablecimiento de sus derechos, así como a prevenir nuevos hechos violentos". Era letra muerta. Firmaban el documento Eduardo Pizarro, presidente del Comité Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr); Jaime Jaramillo Paneso y Gerardo Vega Medina, ambos miembros del mismo comité; Sandra Rojas Manrique, defensora del Pueblo; Nubia Hoyos Ardila, asesora del Ministerio del Interior y de Justicia; y Jairo Herrán Vargas, personero de Medellín. Las firmas de algunos de los funcionarios parecen autógrafos de futbolistas, con trazos amplios, importantes, y hasta ahora inútiles.

Una tarde, apenas días después de aquella fecha, dos hombres armados tocaron a la puerta de “Colombia”. Le dijeron que su tierra ya tenía dueño, que no se hiciera matar. Se identificaron como miembros de las temidas Águilas Negras. Historia repetida: en total, 1.400 familias, unas 7.000 personas, están esperando la devolución de sus parcelas en Urabá. Hasta ahora solo 70 predios, de más de 1.000 que se calculan en poder de testaferros de paramilitares, han sido regresados a sus legítimos propietarios. Pero la devolución nada garantiza.

Fue el caso de “Colombia”: en diciembre, después de la visita de los dos hombres armados, el campesino logró que el vicepresidente Francisco Santos lo atendiera. Fue una especie de cónclave en la oficina del director regional del Sena en Apartadó. Allí también estaban Jaime Jaramillo Paneso, comisionado del Cnrr; Alexandra Parra, asistente privada del vicepresidente; y Hernán Giraldo, comandante de la XVII Brigada del Ejército.

A Santos se le ocurrió que hablaran con el terrateniente acusado de las amenazas y le advirtieran que nada podía pasarle a “Colombia”. Lo dijo así, muy decido. Entonces lo llamaron desde el celular del comandante de la XVII Brigada y pusieron el teléfono en alta voz.

"Cuidado le ocurre alguna cosa a este campesino porque eso sería muy grave", le dijo el oficial en presencia de todos. Echeverry Bedoya, advertido de que allí estaba el mismísimo vicepresidente de la República y otros tantos funcionarios, saludó a los asistentes con educación y recordó que entre ambos ya había una conciliación, que no había de qué preocuparse.

Pero “Colombia” no quedó tranquilo y exigió que le dieran protección, entonces accedieron a hacerle un estudio de riesgo para saber si le asignaban escoltas. El veredicto fue que su nivel de peligro era "ordinario", el mismo de un vendedor de periódicos.

El 10 de mayo de 2010, cinco meses y 18 días después de que Estado le devolvió las 38 hectáreas de tierra que los paramilitares le quitaron a su padre asesinado, Albeiro Valdez Martínez fue hallado muerto. Se sabe que horas antes el campesino asistió a una reunión con las Águilas Negras en zona rural de Turbo, lugar al que fue citado para que explicara sus nexos con supuestas organizaciones defensoras de derechos humanos. A sus vecinos del Totumo les dolió la noticia, pero nadie se mostró sorprendido. Ni siquiera con todo lo que pasó después.

En el acta del levantamiento, los peritos de la Sijin afirmaron que las características del cuerpo, tirado a un lado del camino, con signos de arrastre y golpes en brazos, cabeza y espalda, permitían establecer que la causa de su muerte era violenta. Sin embargo, el médico legista que firmó el certificado de defunción como muerte violenta, horas después cambió su dictamen por muerte natural. Aún faltaba una última agresión.

El 25 de junio de 2010, a las 9:30 de la mañana, luego de una visita al predio, "y tras constatar que no se encontraba nadie allí ni quien opusiera resistencia", el alcalde encargado del municipio de Necoclí, Edelfred Villalobos Ortega, firmó un acta de devolución de las 35 hectáreas a un nuevo propietario a partir de la fecha: el terrateniente Jairo Humberto Echeverry Bedoya. Así va el país en los días de sus fiestas patrias. Y cualquiera que pase por el cementerio de Turbo lo puede constatar:

Albeiro Valdez Martínez fue enterrado sobre las tumbas de su padre y su hermano también asesinados. Como casi nadie lo conocía por el nombre, los familiares escribieron su apodo sobre el cemento fresco para que todos estuvieran seguros de que ahí, a 300 pasos del mar, por decisión de los hombres y no de Dios, yace “Colombia”.