Desde la primavera pasada la casi totalidad de los Estados centrales han inscrito la reducción de su déficit público entre las prioridades de su agenda, emprendiendo políticas de restricción presupuestaria, más o menos drásticas. Comprender las razones de las mismas, sobre todo inscribiéndolas en la dinámica de la crisis financiera de 2007–2008 y, más extensamente, en la crisis estructural del capitalismo que estalló en los años 1970, constituye el primer objetivo de este artículo. Pero también se propone explicar por qué esta nueva fase de la crisis reviste una importancia fundamental para los asalariados y asalariadas.

Algunas generalidades previas sobre la deuda pública

Antes de nada es necesario recordar algunos elementos sobre la naturaleza de la deuda pública, dado que en torno a ella persisten bastantes opiniones erróneas reforzadas por el discurso dominante actual que impide una comprensión cabal de la naturaleza de la deuda pública y sus funciones. (1)

El principal error consiste en no comprender que el Estado no es un agente económico como otro cualquiera. Si al igual que cualquier otro agente económico (la empresa o el hogar) su endeudamiento es siempre fruto de gastar por encima de sus recursos, su situación difiere de éstas por el hecho fundamental de que el Estado dispone de la capacidad de decidir, de fijar tanto el nivel de ingresos como el de gastos. El Estado tiene una amplia capacidad para aumentar sus ingresos, fundamentalmente a través de la política fiscal: le basta con incrementar las bases impositivas, aumentar los impuestos existentes o establecer nuevos impuestos. Aún cuando tenga sus propios límites, la presión fiscal ofrece al Estado la posibilidad de aumentar rápidamente y de forma sustancial sus ingresos a unos niveles que no lo pueden hacer las economías privadas. En cuanto a los gastos, también puede restringirlos a niveles y ritmos igualmente impracticables por éstas últimas: ¿qué empresa puede decidir de la noche a la mañana recortes fundamentales en determinados servicios sin poner en riesgo su existencia a corto e incluso muy corto plazo?

Otra diferencia entre los procesos de endeudamiento de los agentes privados y los públicos (el Estado, las administraciones periféricas o los organismos de protección social) y que explica, en parte, lo anterior, es el carácter político de las decisiones que determinan tanto la recaudación como el gasto, sea a través del equilibrio entre ambos (bastante raro) como del desequilibrio (más frecuente). Por ello, partimos de que los ingresos y gastos públicos dependen en definitiva de la relación de fuerzas entre los distintos bloques sociales (2), es decir, clases sociales, fracciones de clase, capas o categorías sociales que se confrontan en el seno del Estado. En una palabra, de la lucha de clases.

Por consiguiente, la deuda pública es de arriba abajo un artefacto político: tanto tu creación como su gestión dependen de decisiones políticas. En cuanto a la universalidad del fenómeno (no se conoce un solo Estado capitalista que no esté endeudado), ésta se debe a las funciones que cumple la deuda. En primer lugar, permite reducir la contribución de las clases, capas o gente rica (en cuyo primer rango se encuentra la casi totalidad de la burguesía) a la financiación de los gastos generales de la sociedad (que en buena parte están cubiertas por el gasto público), permitiéndoles enriquecerse un poco más. De hecho, la contribución adicional que el Estado tendría derecho a pedirles a estos contribuyentes, dado su nivel de ingresos y de ahorro, para equilibrar los gastos a través de los ingresos fiscales, termina convirtiéndose en créditos que otorgan al Estado para cubrir parte de sus gastos recurriendo a los empréstitos. En definitiva, la deuda pública resultante de la insuficiente contribución fiscal de la parte mas rica y acomodada de la población, permite a este sector enriquecerse aún más a través de los intereses que impone al Estado a la hora de otorgarle préstamos para la financiación de la deuda pública.

En segundo lugar, de todos los títulos que constituyen el capital financiero (títulos bancarios, de compañías aseguradoras, de fondos de inversión, etc.) los de la deuda pública son los más seguros. Simplemente, porque a diferencia de lo que habitualmente se oye, un Estado no puede quebrar, tal como puede ocurrirle a una empresa o a una economía doméstica.

Cuando un estado no está en condiciones de hacer frente a sus compromisos, de hacer frente al servicio de la deuda (de rembolsar una parte del capital principal y pagar los intereses devengados hasta esa fecha), sus acreedores (y actualmente también el FMI) “reestructuran” la deuda: vuelven a escalonar el reembolso de los préstamos mediante la concesión de nuevos créditos, normalmente incrementando las tasas de interés y el valor de las garantías sobre el patrimonio del Estado o de determinadas fuentes de ingresos, exigiéndoles, al mismo tiempo, una gestión más drástica de las finanzas.

En resumen, un Estado que se encuentre (momentáneamente) incapacitado para hacer frente a su deuda se encuentra simplemente... un poco más endeudado; endeudado por más tiempo y menos libre a la hora de tomar sus decisiones. En cuanto al rechazo puro y simple de la deuda por parte del Estado, posibilidad que siempre tiene a mano en función de su soberanía y que muestra de forma mas cabal la naturaleza política de la deuda pública, es un medida que se da muy raramente: podría hacerlo un poder revolucionario determinado a romper con el orden capitalista. El último ejemplo fue el de la joven República socialista soviética.

Por lo tanto, no sorprende que, en estas condiciones, el endeudamiento de los Estados Centrales [*] contribuya de forma decisiva en todo tiempo y lugar a la acumulación del capital financiera. Además, hoy en día los títulos de la deuda pública representan una parte importante del capital financiero a escala mundial.

Como lo sugieren las líneas precedentes, el endeudamiento es al mismo tiempo una medio directo para doblegar a los Estados centrales al dictado del capital financiero o del capital en general. Los que prestan son los que tienen el poder en última instancia: manejar los hilos de la bolsa es tener el derecho a controlar e incluso determinar la utilización del dinero que se invierte en ella. Para un Estado endeudado es difícil no ceder a las presiones de quienes les prestan el dinero otorgándoles más ventajas y privilegios a diferentes niveles (para empezar, en el terreno fiscal), y más difícil aún impulsar una política contraria a sus intereses. Dicho de otro modo, la deuda pública es, también, un mecanismo de alienación de la soberanía del Estado en beneficio del capital.

Como ya señaló Marx: “La deuda pública o, lo que es lo mismo pero en otros términos, la alienación del Estado, sea éste despótico, constitucional o republicano, marca el sino de la era capitalista. La única, digamos, riqueza nacional que pertenece realmente a los pueblos modernos, es la de la deuda pública.”(4)

¿Por qué han crecido las deudas pública de los Estados?

El análisis precedente permite comprender por qué la deuda pública es un fenómeno estructural. Ahora bien, su volumen depende de la coyuntura, sobre todo económica, y de las política impulsadas por los gobiernos. Con la ralentización del nivel de crecimiento y del ritmo de acumulación del capital que caracterizó la crisis estructural abierta en los años 1970, las deudas pública se agravaron de forma casi mecánica: con la ralentización del crecimiento los ingresos públicos (sobre todo fiscales) tendieron a disminuir mientras que, por el contrario, ciertos gastos (políticas anti cíclicas de relanzamiento, subvenciones a sectores o regiones más afectadas por la crisis, incremento del gasto por desempleo, inversiones públicas para formación o infraestructuras públicas, etc.) crecieron.

El encadenamiento de política neoliberales a partir de los año 1980 no arregló en nada esta situación; más bien al contrario, estas políticas han tenido a las finanzas públicas entre sus objetivos favoritos: la disminución de la presión fiscal (impuestos y cotizaciones sociales) a base de la reducción de las tasas impositivas o de las bases de cotización cuenta entre sus logros más importantes (en este apartado como en el resto, se han desarrollado políticas favorables a los intereses de las clases dominantes) que no han podido ser compensadas por la reducción de determinados gastos (por lo general en detrimentos de los intereses de las clases populares), agravándose el problema de la deuda pública.

Por lo tanto, las finanzas públicas de casi todos los países están en muy mal estado ya que la crisis financiera de los años 2007–2008 provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, pero también en España e Irlanda, y ampliamente difundida a través de la titulación de la deuda, se degradó de forma brutal y masiva.

Se conjugaron tres efectos de esta crisis. Por una parte, para evitar la quiebra de las instituciones del capital financiero más directamente amenazados por la bancarrota generalizada (bancos, instituciones de crédito hipotecario, compañías de seguros, fondos de inversión, etc.), todos los Estados centrales pusieron en marcha planes de salvación, haciéndose cargo de los préstamos dudosos, otorgándoles dinero o entrando, pura y simplemente, a formar parte de su capital; dicho de otro modo, nacionalizándoles total o parcialmente; y actuando, por otra parte, como garantes de los préstamos interbancarios (para evitar la contracción del crédito) y de los depósitos bancarios (para evitar la retirada masiva de efectivo).

Las sumas dedicadas a estas operaciones de reflote en otoño del 2008 fueron faraónicas. Recordemos: 700 mil millones de dólares en los EEUU; 500 mil millones de libras en el Reino Unido; 1.700 mil millones de euros por los Estados de la zona euro... En suma, los gobiernos de estos Estados centrales optaron por salvar al crédito privado (y al capital financiero, que es su intermediario y beneficiario) agravando considerablemente el endeudamiento público y aplicando, una vez más, el principio de socializar las pérdidas para perpetuar la práctica de privatizar los beneficios.

Por otra parte, a lo largo del invierno de 2008 y primavera de 2009 y para evitar las traslación a la economía real de los previsibles efectos recesivos de la crisis financiera (sobre todo su dimensión bancaria), esos mismos gobiernos pusieron en marcha planes apoyo y relanzamiento de la economía mediante sumas masivas. Recordemos: 825 mil millones de dólares en los EEUU, 200 mil millones de euros en la UE, 585 mil millones de euros en China, 115 mil millones de euros en Japón.

Por último, la recesión económica o, al menos, la fuerte ralentización del crecimiento que estos planes no han podido evitar, trajeron consigo una fuerte reducción de la recaudación fiscal de los Estados. Varios ejemplos: en Francia, el IVA no recaudó sino 129,4 mil millones en 2009 contra 137 mil millones en 2008 y el impuesto sobre sociedades se redujo de 49,5 mil millones en 2008 a 20,6 mil millones en 2009. (5)

Es cierto que, entre tanto, una parte de las sumas avanzadas por los Estados centrales durante el período más duro de la crisis para salvar los segmentos más expuestos del capital financiero (en particular a la banca) se han recuperado: bien porque no fue preciso utilizar las garantías depositadas para hacer frente a los préstamos bancarios, bien porque la banca ha devuelto (con interés) el dinero que le fue prestado. Así, sobre el programa de 700 mil millones de dólares estadounidense, sólo fueron utilizados 100 mil millones; ahora bien, a ello hay que añadir los 400 mil millones consagrados a salvar la quiebra de instituciones de préstamos hipotecarios, Fredle Mac y Fannie Mae, así como la Federal Housing finance Agency, con el objetivo de que no se derrumbara todo el sector inmobiliario y arrastrara a la depresión al conjunto de la economía.

Sin embargo, todo el dinero inyectado en el circuito económico a través de medidas de relanzamiento anticíclicas no se han recuperado más que bajo la forma de una recuperación de ingresos fiscales (que ha sido superior que si no se hubieran puesto en pie esas políticas). Sin ellas, la recesión económica hubiera sido más severa y la caída de los ingresos aún mayor. En cuanto a los ingresos perdidos, hay que decir que lo han sido para siempre; sin ninguna posibilidad de recuperación.

El resultado general no se ha hecho esperar: desde principios del año 2009 se asiste al agravamiento de los déficit presupuestarios y a la explosión de la deuda pública en casi todos los Estados centrales. Entre el 2008 y 2009 el déficit público ha pasado del 2 al 6,2% del PIB en el conjunto de la zona euro (del 0 al 3,3% en Alemania, del 0,4% al 3,4 en Austria, del 0,7 al 5,3% en Holanda, del 1,2 al 6% en Bélgica, del 2,7 al 5,3% en Italia, del 3,3 al 7,5% en Francia, del 4,1 al 11,2% en España, del 2,8 al 9m4% en Portugal, del 7,3 al 14,3% en Irlanda, del 7,7 al 13,6% en Grecia), del 4,9 al 11,5% en el Reino Unido y de un excedente del 2,5 a un déficit del 0,5% en Suecia. Mientras, entre 2007 y 2009, ese mismo déficit ha pasado del 2,85 al 11% en los Estados Unidos, del 2,4 al 7,2% en el Japón y en Corea del Sur se pasaba de un excedente presupuestario del 4,7% a un presupuesto totalmente equilibrado. Las deuda públicas han seguido el mismo camino: entre 2008 y 2009, del 69,4 al 78,7% del PIB en el conjunto de la zona euro (del 89,8 al 96,7% en Bélgica, del 66 al 73,2% en Alemania, del 43,9 al 64% en Irlanda, del 67,5 al 77,6% en Francia, del 196,1 al 115,8% en Italia, del 66,4 al 76,8% en Portugal), del 52 al 68,1% en el Reino Unido y, entre 2007 y 2009, del 62 al 83% en los Estados Unidos, del 167 al 193% en Japón. (7)

Para financiar estos déficit crecientes todos los estados han recurrido al mercado financiero, incrementando de ese modo la deuda del Estado. Obviamente para el mejor provecho (en todos los sentidos del término) de los “inversores institucionales” (bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, fondos de pensiones, etc.) recuperados por los planes de rescate llevados a cabo por esos mismos Estados a los que, en medida de agradecimiento, estos sectores financieros estaban deseosos de prestar dinero. Sólo que a tasas de interés que crecen en la misma medida que las necesidades de financiación de los Estados se agravan y se ven confrontados a la lógica del mercado, entrando en un círculo vicioso que abarca a todo el mundo, prestamistas y deudores, y al que es preciso poner fin.

¿Por qué y cómo van a desendeudarse ahora los Estados?

La necesidad de desendeudarse en la que se encuentran los Estados viene de la presión que ejercen sobre ellos eso que en el nuevo léxico neoliberal se conoce como “mercados”; es decir, los “inversores institucionales” que han sido hasta el presente, y continuarán siendo en adelante, los principales prestamistas.

En el curso de estos últimos meses, esta presión ha sido ejercida a través del aumento de la tasa de interés (tanto más alta cuanto más grande fuera el nivel de endeudamiento) con lo que el riesgo de incumplimiento de pago de los Estados que lo necesitaban, aumentando las dificultades para obtenerlos. Evidentemente en esas circunstancias, estos acreedores tenían todo el interés en dramatizar la situación para hacer aumentar aún más las tasas de interés de los préstamos que estaban dispuestos a conceder... y permitir a sus deudores reembolsarles los préstamos anteriores! Cuentan a su favor con la acción de los especuladores (entre loa que, a menudo, se encuentran ellos mismos) jugando para ello a tres niveles: 1) la complicidad de las agencias de notación que avalúan el riesgo de incumplimiento de los Estados y cuyos principales clientes son, por definición, los acreedores (y como se suele decir: no hay que decepcionar a los clientes!); 2) la especulación a la baja sobre los títulos viejos, baja provocada artificialmente por ellos al venderlos masivamente a plazos y al descubierto (sin poseerlos realmente); y, 3) la especulación al alza con los SWAP (seguros sobre créditos insolventes) vinculados a las deudas públicas. (8)

En último término, si bien es cierto que todo prestamista se beneficia del endeudamientos de su prestatario y tiene interés en que este endeudamiento no sólo se perpetúe sino que se agudice, también tiene que velar para que su deudor continúe estando en condiciones de reembolsarle la deuda y los intereses de la misma.

Si, como he recordado más arriba, de todos los deudores posibles, los Estados son los que más se pueden endeudar y su crédito es, en principio, más sólido, hay un punto a partir del cual (por el volumen de su deuda) su insolvencia de pago se hace posible e incluso probable. Y si bien cuando se llega esta situación de insolvencia los acreedores no corren el riesgo de terminar en la ruina (una vez más hay que recordar que el Estado no puede quebrar), ello no elimina todos los inconvenientes: en la mejor de las hipótesis, les obliga a realizar provisiones suplementarias, limitando su volumen de actividad y reduciendo, por ello, el nivel de su valorización; y en la peor, la reestructuración de la deuda de sus deudores suele ir acompañada de una desvalorización parcial de los anteriores títulos de deuda; es decir, de una pérdida global. Así pues, un prestamista debe cuidar que el endeudamiento de su “cliente” se mantenga a un nivel asequible para él. Para ello, le exige que adapte su “tren de vida” (la relación entre los ingresos y gastos) a ese objetivo.

Sin embargo, tras lustros de endeudamiento creciente de los Estados centrales, el crecimiento de los déficit públicos y la explosión de las deudas públicas registradas desde principios del año 2009 creó inquietud entre los “inversores institucionales” sobre la capacidad de sus deudores –o de algunos de ellos, al menos– para responder a sus compromisos. Ya no les era suficiente con levantar la voz de alarma a través de un aumento de los tipos de interés o con la especulación sobre los títulos públicos: era preciso que los países más endeudados se comprometieran a poner en orden sus finanzas para garantizar el reembolso de la deuda y de los intereses. Y las negociaciones en torno a la concesión de nuevos préstamos les dio la ocasión y el medio para ello: quien quisiera obtener dinero no tenían otra opción que someterse a sus criterios y proceder a una redefinición de sus políticas.

A través de dos vías. Para alcanzar la reducción del déficit público y lograr un saldo primario positivo (el saldo antes de la imputación de la carga de la deuda) que permita abordar un proceso de reducción de la deuda, se necesita bien incrementar los ingresos, bien disminuir los gastos, y, si es posible, ambas cosas a la vez. De hecho, la primera de estas vías repugna bastante a los gobiernos presos de los dogmas neoliberales impidiéndoles recurrir a un incremento de carga impositiva dando un giro sobre la disminución practicada a lo largo de las tres últimas décadas. (9)

Si a pesar de todo y bajo la presión de esa necesidad, algunos se han visto obligados a recurrir a ellas, su opción ha estado circunscrita, sobre todo, al incremento de los impuestos indirectos (principalmente el IVA). Esta opción es un exponente –junto al resto de la política económica– de su carácter de clase, ya que constituye el modelo impositivo más injusto porque golpea más a las rentas bajas que a las altas.

En la práctica, la reducción fundamental de la deuda pública se ha llevado a cabo mediante la disminución del gasto público: congelación e incluso reducción de los salarios en el sector público, reducción de su cuantía no sustituyendo a la gente que se jubila o mediante el despido puro y duro de algunos de entre ellos, reducción consecutiva o desmantelamiento de algunos servicios públicos de algunos de ellos, recortes salariales aplicados en los subsidios públicos o en los ingresos mínimos garantizados a las personas más pobres... Estas son las medidas prioritarias en la agenda de casi todos los Estados centrales tal y como durante los últimos decenios ocurría en los Estados periféricos sometidos a las políticas de ajuste estructural del Banco Mundial y del FMI.

Las razones por las que han optado por esa alternativa son fáciles de explicar. Son coherentes con el paradigma neoliberal, que sigue siendo el referente de todos los Estados centrales, sea cual sea su orientación o color político y a pesar de las catástrofes que ya ha provocado el neoliberalismo, entre las cuales se encuentra la crisis financiera de 2007–2008. Un paradigma que enseña que siempre es preciso privilegiar la oferta sobre la demanda; es decir, optar por el enriquecimiento de los más ricos (el ahorro financia las inversiones; por lo tanto, la oferta) en lugar de la reducción de la pobreza (para que el su consumo impulse la demanda).

En estas condiciones, en lo posible, hay que evitar el incremente de la carga impositiva que podría repercutir negativamente en el ahorro de los que más tienen (los hogares de los ricos o acomodados) o, peor aún, pesar sobre el capital (reduciendo su valorización). Si finalmente, es necesario aumentar los impuestos, primero hay que golpear sobre las rentas más bajas en lugar de hacerlo sobre las altas, recurriendo preferentemente al incremento de los impuestos indirectos en lugar de a los directos (sobre la renta o el patrimonio). Al menos, así no podrán acusar a los gobiernos actuales de falta de coherencia: desendeudar a los Estados con las mismas políticas que les han endeuda hasta ahora. Es lo mismo que tratar de darle aire a un asfixiado ¡estrangulándole! No hace falta ser muy experto para prever el resultado de tales políticas.

Pero los gobiernos van más allá de las políticas que han puesto en píe estas últimas décadas. Con las políticas adoptadas para la reducción de la deuda, han dado un nuevo paso en el programa neoliberal hacia una “sociedad de bajo coste”: la reducción del gasto público que han puesto en marcha no tiene otro objetivo que reducir el costo general de los medios sociales de consumo (equipamientos colectivos y servicios públicos) que son parte de los medios de producción socializados y constituyen gastos generales de la producción capitalista. Algunos de estos medios (el sistema público de enseñanza y de protección social de la infancia, la salud, la invalidez y la vejez, etc.) constituyen elementos centrales para la reproducción de la fuerza social de trabajo.

Así pues, la comprensión del gasto público constituye en la práctica un ataque contra los elementos socializados del salario. En definitiva, más allá de una enésima operación para garantizar los intereses del capital financiero o de quienes entre ellos están más amenazados por el riesgo de impago por parte de los Estados centrales, la política de reducción del gasto público persigue un objetivo mucho más amplio que beneficia al capital en su conjunto: la reducción del coste social de reproducción de la fuerza social del trabajo: su desvalorización. Es lo que vamos a tratar a continuación.

La situación particular de la zona euro

Antes de empezar, veamos cómo se encuentran los Estados de la zona euro bajo el ángulo de los procesos precedentes. En esta zona, una gran parte de los títulos de la deuda está en manos de la banca europea: “Al 31 de diciembre de 2009, los bancos de la zona euro representaban casi 2/3 (62%) de la exposición total de todos los bancos internacionales hacia los residentes de los países de la zona euro (España, Grecia, Irlanda y Portugal). Su deuda total ascendía a 727 miles de millones de dólares en España, 402 miles de millones de dólares en Irlanda, 244 miles de millones de dólares en Portugal y 206 miles de millones de dólares en Grecia.”(10)

En estos últimos meses, las dudas en cuanto a la capacidad de determinados Estados europeos (sobre todo los que se designan bajo el acrónimo inglés PIIGS: Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) para satisfacer sus deudas que han crecido a medida que se agudizaba su déficit y aumentaba su deuda, repercutieron, consecuentemente, sobre la situación de esos bancos y, progresivamente, han generado en Europa, como en los mejores tiempos de la crisis financiera de 2008, el riesgo de contraer el crédito en el mercado interbancario, con la renuncia de los banco europeos de otorgarse créditos mutuamente debido al desconocimiento mutuo, o conocimiento cabal, de su respectivo compromiso en la financiación de las deudas públicas europeas.

El temor creciente a una suspensión de pagos de Grecia, alimentada por la fuerte degradación de su situación financiera a lo largo de 2008–2009 se agravó tras el anuncio del déficit presupuestario y el estado de las finanzas públicas, que era mucho peor de lo que se había anunciado en un primer momento (tras el cambio de la mayoría parlamentaria) desencadenando una especulación contra el euro y dando via libre a todo tipo de especulaciones sobre el riesgo del estallido de la zona euro.

Lejos de ponerse de acuerdo ante una situación que exacerba los conflictos nacionales en un contexto totalmente nuevo en virtud de los tratados que rigen la Unión Europea y la zona euro, los gobiernos de los Estados de esta zona no reaccionaron hasta el mes de mayo pasado. En primer lugar, afirmando su solidaridad colectiva de fachada cara a las crecientes dificultades de Grecia para que lograra préstamos en el mercado financiero internacional: su ayuda se tradujo en 110 mil millones de euros de los cuales 30 mil fueron aportados por el FMI. Además, crearon un fondo europeo dotado de 750 mil millones de euros (de los cuales 250 mil fueron otorgados por el FMI) para hacer frente a dificultades similares que pudieran atravesar otros Estados (los más previsibles Portugal, Irlanda y España) de la zona euro en los meses siguientes. Estos fondos se complementan con préstamos obtenidos en el mercado financiero y garantizados por los Estados europeos, lo que no hará sino agravar aún más el déficit de estos Estados para salvar a sus prestamistas y... permitir a éstos últimos de prestar a los primeros sin demasiado riesgo.

Asimismo, el Banco Central Europea (BCE) ha sido autorizado a comprar títulos de deuda pública de los Estados europeos, que hasta el momento, a diferencia de su homólogo estadounidense, no podía hacer debido su obsesiva política de control de la inflación. De ese modo que así espera incrementa la liquidez sobre el mercado de los títulos públicos y, por otro, reducir la tensión sobre este mercado que conduciría a un alza de las tasas de interés sobre los préstamos futuros desvalorizando los título en circulación y perjudicando a quienes los tienen: los acreedores de los Estados. Una vez más, se trata de beneficiar al capital financiero.

Aún cuando estas dos primeras medidas contradicen los tratados que rigen la institución monetaria europea (lo que explica las reticencias de los más rigurosos –a la cabeza de los cuales se encuentra el gobierno alemán–; ¿Pero, de qué valen los tratados cara al imperativo categórico de salvar al capital financiero cuyos títulos están expedidos en euros?), los siguientes se inscriben, por el contrario, en la más pura ortodoxia neoliberal.

Porque, como contrapartida, lo que se exige a todos los Estado miembros es el más estricto rigor presupuestario, conminándoles a reconducir su déficit público a los límites previstos en Maastricht (a lo sumo el 3% del PIB) de aquí al 2013. Grecia se vio obligada a prometer reducir su déficit en cinco puntos a lo largo de este año, pasando del 13,6 al 8,7%, así como de economizar 30 mil millones de euros en 3 años, recortando el gasto público (supresión de la treceava y catorceava paga del personal funcionario, congelación de la contratación, no sustitución de 4 sobre 5 funcionarios, reducción de 600 millones de euro en la subvención a los hospitales, recorte de 540 millones de euros a los fondos de pensión...) e incrementando los impuestos (tabaco, alcohol, carburantes, teléfonos móviles, impuesto especial sobre negocios rentables y el valor de la propiedad, la lucha contra el fraude y la evasión fiscal que es desde hace mucho tiempo el deporte nacional, etc.).

Medidas similares a estas va a ser adoptadas en todos los Estados de la zona euro: España se ha comprometido a economizar 65 mil millones de euros en los próximo 3 años a través de la reducción del 5% del salario personal funcionario, la no sustitución de 9 funcionarios sobre 10 y la prolongación de la edad de jubilación de 65 a 67 años; Portugal ha congelado los salarios del funcionariado hasta el 2013 y suprimir 73.000 empleos en cuatro años; Italia promete economizar 27 mil millones de euros mediante la no sustitución de 4 funcionarios sobre 5 y la prolongación de la edad de jubilación de 59 a 61 de aquí a 2013; Francia ahorrará 45 mil millones de euros mediante la no sustitución de 1 funcionario sobre 2 y el retraso de la edad de jubilación de 60 a 62 años de aquí a 2016 al mismo tiempo que agita proyectos de despido de funcionarios; el Estado irlandés ha reducido en un 10% los salarios del funcionariado y no va a reemplazarlos una vez que se jubilen, recorta las prestaciones por desempleo e incrementa los impuestos. Incluso la virtuosa Alemania a prometido economizar 81 mil millones de euros en los próximo 4 años para reducir su déficil del 5 al 3% de su PIB, que no deberá sobrepasar los 10 mil millones de euros en 2016, a través, fundamentalmente, de retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años entre 2012 y 2029. En resumen, la carrera hacia la demolición social ya ha comenzado en Europa y está en marcha en la zona euro bajo el pretexto de reducir la deuda pública.

Los “ajustes estructurales” que van a aplicar los gobiernos a sus respectivas poblaciones serán mucho más drásticas en la medida que, prisioneras de la zona euro, no podrán jugar sobre el efecto de la recuperación económica (incrementando los ingresos presupuestarios) como lo hacían antiguamente a través de la devaluación monetaria o mediante una política crediticia más laxa susceptibles de relanzar la economía pero también de alimentar la inflación y, por consiguiente, devaluar las títulos de deuda en moneda nacional. En resumen, después de haber perdido el control de estos instrumentos tradicionales de política económica como son los tipos de cambio y las tasas de interés, los gobiernos de la zona del euro no pueden sino acudir a sus conciudadanos y contribuyentes para presentarles la factura de la deuda y hacérsela pagar antes de sus respectivos Estados ... en beneficio del capital y las capas más ricas y prósperas.

El espectro de la depresión

¿Cuáles son los efectos socioeconómicos previsibles de los planes de austeridad presupuestaria comprometidos por los gobiernos de los Estados europeos?

En primer lugar, está claro que no lograrán bloquear el crecimiento de la deuda pública y mucho menos a hacerla disminuir. A pesar de su carácter drástico, los recortes previstos en el gasto público, al igual que el aumento de los ingresos fiscales, debido a la débil recuperación económica (por otra parte, frenada por los recortes en el gasto público – Volveré sobre este punto) será insuficientes para restaurar el equilibrio fiscal, y mucho más para lograr un superávit primario que permita iniciar un proceso de desendeudamiento. A lo más que pueden llegar estos planes de austeridad es a contener los déficit públicos y a ralentizar el crecimiento de las deudas públicas, evitando su deriva incontrolada que, por otra parte, constituye su objetivo inmediato conforme a los deseos de los operadores financieros y los acreedores de los Estados europeos.

En este contexto, situar las deudas públicas europeas bajo el límite del 60% previsto en el tratado de Maastricht se convierte en pura utopía: según el último escenario previsto por la OCDE en el horizonte de 2025, la deuda austriaca estará en el 83% del PIB, la neerlandesa en el 85%, la española en el 85%, la alemana en el 86%, la irlandesa en el 132%, la italiana en el 130%, la greca en el 137% y la media de la UE se situará en el 101%. Sólo la deuda de Luxemburgo (53%) se situaría bajo el límite de referencia (hay que tener en cuenta que en 2007 ésta deuda era del 11%). (11)

Por eso es comprensible que los “mercados” (los operadores financieros en el nuevo léxico neoliberal) no se hayan entusiasmado por el anuncio de estos planes. Las tasas de interés exigidas para otorgar nuevos préstamos a Grecia apenas se han ablandado (lo que da cuenta de una falta de confianza de los acreedores en la capacidad de Grecia para sanear sus finanzas públicas); los concedidos a Portugal, Irlanda y España e, incluso, a Italia, son algo superiores a los acordados con Alemania o Francia; el BCE sigue estando obligado a realizar préstamos a la banca privada, prueba de que los bancos siguen desconfiando unos de otros; el Libor (interés al que se prestan los bancos entre sí a corto plazo) ha pasado del 0,25 al 0,55% en marzo pasado, el euro continúa depreciándose (–20% frente al dólar y –13% frente a las divisas de sus principales socios comerciales de la zona desde 2009), etc.

Para lograr ralentizar más el endeudamiento de los Estados europeos sería preciso recurrir no ya a recortes más fuertes en el gasto sino a aumentos significativos en los impuestos. A modo de ejemplo: mientras que la no sustitución de un trabajador o trabajadora funcionaria sobre dos no le permite economizar al Estado francés más de 500 millones de euros por año, con el deterioro irremediable de los servicios público que supone esta medida, la reducción del IVA en los restaurantes (que no se vio acompañada por la reducción de previos y la creación de empleo prometidas) produjo un perdida de 3 mil millones de euros en la recaudación fiscal y las exoneraciones a la patronal en las cotizaciones sociales le cuestan al Estado (teóricamente) 25 mil millones de euros suplementarios. (12) ¡Ya sabemos por qué los gobernantes europeos son tan reacción a aprovechar los recursos potenciales de los impuestos! Si los actuales planes de austeridad puestos en pie por los gobiernos europeos tienen pocas posibilidades de restablecer el equilibrio financiero de sus respectivos Estados corren, en cambio, el riesgo no sólo de quebrar la tímida recuperación económica que se esbozó a finales del 2009 sino se hundir Europa en una nueva recesión o, incluso, en una depresión.

Porque, inevitablemente, estos planes van a limitar la demanda final. De entrada, de forma directa, a través de la reducción del gasto público: reducción de los empleos públicos, reducción de los salarios reales e incluso nominales de las y los funcionarios, de las transferencias sociales, de la obra pública, etc. Ése es el efecto inmediato de los recortes presupuestarios en los distintos ministerios. Pero, más aún de forma indirecta: el crecimiento más lento, por no hablar de recesión, hará aumentar el número de gente en paro (con las y los trabajadores despedidos y la gente joven que no encuentra su primer empleo), de los trabajadores y trabajadoras precarios, incrementará el tiempo medio de permanencia en el desempleo y hará bascular hacia la pobreza y la asistencia social a un número creciente de parados y paradas. Por lo tanto, ejerce presión sobre los salarios (ralentizando su crecimiento en el mejor de los casos, estancándolos en su mayoría y, en algunos casos, reduciéndolos bajo el chantaje del despido) e incitará al ahorro doméstico preventivo (al menos a quienes lo puedan hacer). En una palabra, estas políticas van a desequilibrar un poco más la repartición del “valor añadido” (de la riqueza socialmente suplementaria producida anualmente) entre los salarios y la plusvalía, en detrimento de los primeros y en beneficio de la segunda. He tenido la ocasión de demostrar que ésta es la cuestión que se encuentra en el corazón de la actual crisis estructural del capitalismo y que es responsable, in fine, de todos los desórdenes que han conducido a la crisis financiera de 2007–2008.

Estas medidas no pueden sino agravar el profundo mal que padece actualmente la economía capitalista, responsable de su decaimiento y de la repetición continua, desde hace más de veinte años, de sus recuperaciones rápidamente abortadas por las crisis financieras y las recesiones. (13)

Si bien en principio la caída del euro favorece las exportaciones hacia las zonas en las que la recuperación económica es fuerte (sobre todo Asia), no llegará a compensar los elementos recesivos precedentes; sobre todo, dado el carácter altamente autoconcentrado de la economía Europa: su tasa de apertura comercial (importación + exportaciones/ PIB) no es más que del 16%. (14)

Otra amenaza para la economía europea es el encadenamiento de una espiral depresiva debida a la contracción de la demanda bajo los efectos de la necesidad y la voluntad del desendeudamiento de los Estados. Algunos economistas se refieren a ello de forma abierta: “En tanto que los agentes privados están lejos de haber pagado sus deudas, se espera que los agentes públicos lo hagan. Una situación peligrosa que se conoce bien desde Irving Fischer. La deflación de la deuda (un proceso de caida generalizada de los precios y de la actividad debido a la voluntad de los agentes económicos de privilegiar su desendeudamiento) fue un elemento característico de buena parte de los años 30 y es la amenaza que pesa hoy sobre la economía europea. No hemos evitado la crisis de los años 30; sólo su primera parte.” (15)

Aún cuando este escenario catastrófico no es el más probable, si es cierto, por el contrario, que Europa conocerá una nueva crisis de la deuda pública tanto en Grecia como, sin duda, en Portugal, España e Irlanda, a más tardar en el horizonte de 2013– 2014 o, probablemente, antes, cuando se haga evidente que los Estados no serán capaces de mantener sus compromisos de reducción del déficit, desacelerando el crecimiento y, a fortiori, yendo a una nueva recesión que limitará sus ingresos fiscales y aumentando de forma automática algunos de sus gastos económicos (subvenciones a los sectores más afectados por la recesión) o sociales (lo que se refiere a las prestaciones por desempleo y a las rentas básicas).

Esta nueva crisis será más grave dado que en su ínterin se va a degradar la situación financiera. Dado que una gran parte de los títulos emitidos por los Estados están en manos de los bancos europeos, la nueva crisis de la deuda pública se transformará en crisis bancaria, afectando de lleno a la “economía real” europea y amenazando la estabilidad financiera de los Estados que han actuado como garantes.

La alternativa a esta situación sería la de un relanzamiento combinado de la demanda interna en los Estados que generan grandes excedentes y cuyos déficit públicos son menores, tales como Alemania, Austria, Holanda y los Estados nórdicos. Pero no parece que esa sea la opción que se adopte en la Unión Europea, ampliamente dominada por los intereses nacionales (los conflictos de intereses entre los diferentes bloques nacionales) y cuyas instituciones no prevén, por otra parte, ningún mecanismo de “gobernanza económica común” más allá de las políticas sobre los déficit públicos.

Todo lo dicho hasta ahora sugiere, sin embargos, que van a ser los trabajadores y trabajadoras quienes van a constituir las principales víctimas de las políticas de austeridad presupuestaria puestas en pie por los gobiernos europeos. Bastante afectados por las tres décadas precedentes de bajo crecimiento, interrumpida periódicamente por recesiones, su situación corre el riesgo de degradarse aún más bajo el efecto de las políticas actuales. Por una parte, afectando directamente al salario indirecto: a los elementos socializados del salario bajo la forma de prestaciones diversas (prestaciones de desempleo, seguro médico, pensiones de invalidez o edad avanzada, etc.) o a los servicios públicos (eseñanza, equipamientos deportivos o culturales, dispensarios y hospitales, etc.). En una palabra, estas políticas van a dar un fuerte y amplio impulso, sin precedentes hasta ahora, al desmantelamiento, hasta ahora ralentizado, de lo que se conoce como Estado de Bienestar o Estado Social.

Porque, sin duda, de todas las funciones del Estado que están sujetas a dieta, ésta última es la que más riesgo corre de ser puesta a régimen de pan y agua.

Por otra parte, y como ya lo he mencionado, los efectos recesivos, incluso depresivos, de estas políticas van a degradar las condiciones de empleo, de trabajo y de remuneración del conjunto de los asalariados y asalariadas, incrementando su tasa de explotación, aumentando el “ejército industrial de reserva” (desarrollando la precariedad y el paro), extendiendo de la pobreza y la miseria, con su inevitable cortejo de desesperación y revueltas impotentes cuyas expresiones (hundidas en la delincuencia y revueltas en los barrios populares) terminan siempre por volverse contra sus autores que son, también, las principales víctimas.

En resumen, las políticas de austeridad presupuestaria adoptadas por los gobiernos europeos van a determinar, sin duda, una nueva etapa en la ofensiva que ha emprendido el capital contra los trabajadores y trabajadoras para hacerles pagar un precio cada vez más caro por su propia crisis. Esta nueva etapa marca, también, una reorientación de la ofensiva cuyo objetivo es más atacar el salario indirecto que el directo.

Si bien en las últimas tres décadas las medidas han estado orientadas fundamentalmente al golpear sobre las condiciones de intercambio y uso de la fuerza de trabajo, intensificando su explotación, comprimiendo los salarios, degradando la protección jurídica de la gente asalariada, el capital, a través del Estado, ataca ahora las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo: el sistema eductivo, la vivienda social, impulsando nuevos recortes en el sistema público de salud (liberando al estado de su responsabilidad hacia la gente enferma), reduciendo de forma drástica y generalizada las pensiones para lo que se han preparado a conciencia bajo el argumento de la ampliación legal de la edad de jubilación y la necesidad de incrementar la duración de los años cotizados para acceder a ese derecho, etc.

El objetivo final de estas políticas no es otro que el desmantelamiento de los pilares básicos sobre los que se construyó la relación salarial en la época fordista, con el efecto derivado la fragmentación de la clase obrera entre una parte, cada vez menor, que continuará beneficiándose de esa herencia, y el resto que, poco a poco, será desposeído de ella e incluso situado fuera de ese campo.

La clase obrera, con trabajo o en desempleo, como principal víctima de las políticas de austeridad presupuestaria, es también la única que puede hacerla fracasar. La radicalidad de los ataques que le dirige el capital no puede darse sin reacción por parte de los trabajadores y trabajadoras, a riesgo de conocer una regresión histórica de sus condiciones materiales y sociales de existencia, sin precedentes desde el nacimiento del capitalismo en Europa, El reto no se reduce a salvar algunas de las conquistas sociales logradas por la clase obrera y sus organizaciones en épocas anteriores. Lo que todo el mundo debe ser consciente es de que lo que está en juego es la preservación de las conquistas sociales de la civilización moderna que consiste en que la sociedad debe hacerse cargo de los sectores más débiles y más pobres: niños y niñas y personas mayores, enfermas e incapacitadas); más aún, se trata de la lucha por la vida, por su preservación, refuerzo e intensificación, contra la muerte: contra el reino del capital y la acumulación del trabajo muerto que no tolera la vida más que en la medida que pueda explotarla bajo la forma de trabajo vivo, como un vampiro que se perpetúa y se regenera succionando la sangre de sus víctimas. (16)

Sin embargo, el carácter crucial de estos retos no garantiza que tal movilización vaya a darse ni que sea exitosa. Sobre todo, porque esta nueva agresión del capital se da en una situación de degradación continua de la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo, en el que se combinen la dispersión de las y los trabajadores, el debilitamiento de su nivel de combatividad, la influencia que mantienen las organizaciones sindicales y sus políticas heredadas del antiguo movimiento obrero social–demócrata asimilada al social–liberalismo y pronta a frenar, engañar y socavar las luchas; y la debilidad de las fuerzas anticapitalistas. En estas condiciones, si estos conflictos tienen lugar, es necesario que las fuerzas anticapitalistas intervengan con ideas claras.

Como mínimo será necesario exigir que la reducción de los déficit públicos se haga no mediante una reducción de los gastos (sobre todo sociales) sino un incremento de los ingresos fiscales, tasando sobre todo al capital (principalmente, al capital financiero) y a las rentas y patrimonio de la gente rica y acomodada.

Lo que tendría una doble virtud: tanto de influir poco en la demanda (sólo marginalmente sobre lo de los artículos de lujo) porque se realizará sobre el ahorro de estos hogares, como de corregir (un poco) las desigualdades entre las rentas y de patrimonio que no han dejado de ahondarse en el curso de estas dos últimas décadas.

Pero más radicalmente, sería necesario exigir el repudio de la deuda pública como medida de justicia social y fiscal. Lo que no sería otra cosa que hacer pagar a los acreedores de los Estados el conjunto de los impuestos que no han pagado hasta ahora y que ha contribuido a aumentar la deuda pública y que ahora está siendo utilizado de forma especulativa y sin limites, y que es directamente responsable de la crisis financiera, cuya solución ha degradado por segunda vez las finanzas públicas. En suma hacerles pagar el precio justo de su incivismo y su rapacidad.

(*) Alain Bihr es profesor de sociología en la Universidad de Franche–Comté (Francia). Ha publicado recientemente en Editions page deux, Collection Empreinte, “La logique méconnue du capital” (2010).

Notas:

(*) El autor se refiere a los Estados de los países ricos diferenciándolos de los Estados de los países emergentes. (Nota del Traductor).

1. Retomo aquí los fundamental de dos artículos anteriores: “Sommaire rappel de quelques vérités élémentaires sur la dette publique” - A Contre-Courant, n°162, février-mars 2005- (“Dette publique” in La novlangue néolibérale, Editons Page deux, Lausanne, 2007) ; y “Que cache la croissance de la dette publique ?”, A Contre- Courant, n°211, janvier-février 2010.

2. Un bloque social es un sistema, algunas veces muy complejo, de alianzas jerarquizadas entre diferentes clases, fracciones, capas o categorías sociales, algunas veces rivales entre ellas; alianzas constituidas bajo la dirección de una de ellas que ocupa allí lo que se llama una posición hegemónica; y en la que la unidad es asegurada por una red de organizaciones comunes así como por una ideología común.

3. El hecho de que, en nuestros días, con la ayuda de la “globalización”, los títulos de la deuda pública de la inmensa mayoría de los Estados no estén mayoritariamente en inversores y contribuyentes de esos mismos países sino de otros países, no modifica fundamentalmente el raciocinio precedente: que sea prestada a su propio Estado o a Estados terceros por intermediarios de los actores financieros que son los bancos, las compañías de seguros, los fondos de inversión, etc., el ahorro de los hogares ricos y de gente acomodada podría estar siempre sometida (en todos los sentidos del término) a una tasación impositiva y servir para financiar los gastos públicos por la vía de los impuestos más que por el de la deuda. La “ globalización financiera sólo universalizó (universalizando su campo de ejercicio) el procedimiento de enriquecimiento de estos hogares por la vía del endeudamiento de los Estados.

4. Le Capital, Editions Sociales, tome III, page 196.

5. Institut national de la statistique et des études économiques, “Principaux impôts par catégorie”, www.insee.fr/fr/indicateurs/cnat_annu/base_2000/finances_publiques/princip aux_impots_2009_valeur.xls

6. Chiffres cités par Frédéric Lordon, “L'urgence du contre-choc”, Le Monde Diplomatique, marzo 2010, page 9.

7. Eurostat, Newsrelease Euroindicators 55/2010, abril 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042010-BP/EN/2-22042010- BP-EN.PDF; et OCDE, Perspectives économiques de l'OCDE, n°87, mayo 2010, page 255, http://www.oecd.org/dataoecd/45/19/45305161.pdf

8. El crédito cruzado SWAP (coberturas de fallo) son unos contratos de seguridad destinados a garantizar a los acreedores contra faltas de pago eventuales por parte de sus deudores. Pero, contrariamente a una prima de seguro clásica, su nivel no depende de la probabilidad del riesgo sino únicamente de la relación entre demanda y oferta de este tipo de contrato. Por añadidura, este tipo de contrato puede adquirirse aunque no se posea el título de crédito al cual se refiere, sin exponerse, por consiguiente al riesgo de falta de pago que cubre!; ¡Es como si pudiéramos asegurarnos contra la destrucción del coche del vecino! En fin, se trata de títulos líquidos, es decir que se puede revender después de haberlos suscrito o rescatado. Cuando se refieren en títulos de la deuda pública de un Estado, su compra masiva provoca, en el mejor de los casos, la subida de sus cotización (lo que les permite a los especuladores realizar al paso de las “ plusvalías especulativas), perjudicando el crédito de los títulos en los cuales se refieren y haciendo aumentar los tipos de interés a los cuales deben ser emitidos los títulos siguientes; degradando de hecho la situación del Estado deudor y aumentando el riesgo de riesgo real de pago de su parte; en el peor de los casos, estas compras masivas provocan este riesgo y les permiten a los especuladores embolsar el importe de la seguridad. ¡Cuando se es asegurado contra el incendio del coche del vecino, tenemos evidentemente todo interés en ver cómo se quema!

9. A modo de ejemplo, si no existieran las desgravaciones introducidas desde 1999, la deuda pública francesa sería 20 puntos inferior a la que es actualmente y la carga de los intereses de la deuda, 0,5 menos del PIB de lo que es hoy. Cf. Paul Champsaur y Jean-Philippe Cotis, Rapport sur la situation des finances publiques, La Documentation française, mayo 2010, page 13 www.elysee.fr/president/root/bank_objects/Rapport_Finances_publiques.pdf

10. Banque des règlements internationaux, Bulletin trimestriel, junio 2010, pages 4-5; http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1006b_fr.pdf

11. OCDE, ibid.

12. Cifras dadas por Laurent Cordonnier, “Un pays peut-il faire faillite”?”, Le Monde Diplomatique, marzo 2010, page 10.

13. “Sur la crise (1): “Le triomphe catastrophique du néolibéralisme”, A Contre- Courant, n°199, novembre 2008 ; “A propos d'un excès de plus-value”, en la web A l'Encontre, le 20 janvier 2009; “Pour une approche multidimensionnelle des crises de la production capitaliste”, en la web A l'Encontre el 13 juin 2009.

14. Cifra dada por Laurent Jeanneau y Guillaume Duval, “Zone euro: la croissance au péril de la rigueur”, Alternatives Economiques, n°293, julio-agosto 2010, page 19.

15. Jacques Le Cacheux, “La sortie de crise sera plus dure à gérer que la crise ellemême “, Alternatives Economiques, n°291, mayo 2010, página 73.

16. “Prendre aux mots la dimension mortifère du capitalisme contemporain”, en la web A l'Encontre el 9 junio 2010.