Nueva York.– La división interna entre los demócratas hace que la
aprobación del proyecto no esté garantizado. Los
promotores de la reforma sanitaria logran un pacto en el
Senado al precio de diluir la propuesta.
El acuerdo sobre la reforma del sistema sanitario en EEUU está un paso más
cerca en el Senado, pero el precio para lograr ese avance
puede ser demasiado alto: la opción de que el Gobierno
compita con las aseguradoras privadas y ponga a disposición
de los ciudadanos un seguro médico prácticamente se ha
evaporado. Para descontento de los demócratas más
progresistas, ha sido su propio partido el que ha
descafeinado la propuesta. Pese a todo, el jefe de la Casa
Blanca, Barack Obama, se congratuló ayer por el compromiso.
Harry Reid, el líder de la mayoría demócrata en la Cámara alta y autor
del proyecto de ley que se debate –y que de ser aprobado aún
tendría que consensuarse con el que recibió luz verde en
la Cámara de Representantes–, es consciente de que no
tiene asegurados los 60 votos que necesita, por más que su
partido tenga 58 escaños y suela contar con el apoyo de los
dos senadores independientes. Por eso pasó seis días
negociando con 10 senadores demócratas (cinco progresistas
y cinco conservadores) para tratar de buscar una propuesta
que favorezca el consenso.
La logró el martes por la noche y aunque se negó a dar detalles, estos han
trascendido. Mientras que su texto original estipulaba la
existencia de «la opción pública», el nuevo acuerdo la
deja solo como una posibilidad tan remota que es casi nula.
Iniciativa
similar
Lo que Reid y los 10 senadores proponen ahora –en una iniciativa muy
similar a una que hicieron grupos conservadores durante el
mandato de Ronald Reagan– es que haya varias políticas de
seguros nacionales administrados por compañías privadas
pero que sean negociadas por la Oficina de Gestión de
Personal. Esa fórmula es una réplica del sistema con el
que acceden a la sanidad los funcionarios y empleados
federales (incluyendo los miembros del Congreso), que tienen
seguros privados pero cuyos planes de cobertura negocia esa
oficina.
La única idea en la nueva propuesta que impide hablar de muerte total de la
opción pública es que, si las compañías privadas no
llegan a ofrecer cobertura y planes aceptables, el Gobierno
tendría la opción de crear su propio plan.
Pese al acuerdo del martes, Reid está lejos de tener garantizado el éxito.
Actualmente, incluso algunos funcionarios eligen no acogerse
al programa por los elevados costes de las pólizas. Incluso
uno de los senadores que participaron en las negociaciones,
Russell Feingold, apoyó «la voluntad de las partes de
acometer conversaciones de buena fe», pero anunció que no
apoyará una propuesta «que reemplazaría la opción pública
con un enfoque privado».
Medicare
La división interna no es la única complicación. Otra idea que se ha añadido
al proyecto es dar la opción de que los ciudadanos de entre
55 y 64 años puedan comprar los servicios de Medicare, el
programa público que ahora cubre a los mayores de 65 años.
Es una idea que rechazan los moderados, asustados por el
coste para las arcas públicas, pues aunque los nuevos
beneficiarios pagarían sus primas, Medicare es un programa
en que el Gobierno asume casi toda la cobertura.
Los cambios propuestos representan en realidad un intento de acelerar el
debate y quizá la votación que, utópicamente, Reid quiere
realizar antes de Navidad. Salvo por casos excepcionales
como el de la senadora republicana Olimpia Snowe, abierta a
negociaciones, los demócratas han tenido que olvidarse del
bipartidismo. Y el verdadero reto es lograr la unidad de su
propio partido.
La unidad se alejó también cuando el Senado debatió la cobertura del
aborto. Actualmente está prohibido que los fondos federales
financien la interrupción del embarazo y cuando la Cámara
de Representantes aprobó su proyecto incluyó una enmienda
que extiende el veto a cualquier plan de seguros privado si
los asegurados reciben ayudas públicas. El martes, el
Senado (habitualmente más conservador) rechazó una
enmienda similar, motivo suficiente para que algunos demócratas
conservadores amenacen ahora con no apoyar la reforma.
